"La policía ha desahuciado a mediodía de hoy a una familia en Alto de Extremadura, en Madrid, utilizando
un amplio operativo con ocho furgones de las fuerzas antidisturbios de
la Policía Municipal de Madrid, a pesar de la presencia de medio
centenar de militantes stop desahucios convocados por la Asamblea de
Vivienda de Latina.
En esta ocasión se trata de Charo, su
pareja y sus dos hijos de 5 y 8 años, que fueron a su vez desalojados
hace un lustro de su vivienda familiar en el poblado de Puerta de
Hierro. Desde entonces, esta familia ha estado acogida por distintos
parientes, trasladándose de casa en casa sin dejar de buscar
alternativas y en espera de una vivienda social que nunca llega.
Ante dicha situación, esta unidad familiar decidió ocupar una vivienda vacía cuyos antiguos propietarios abandonaron
por miedo a ser desahuciados al no poder hacer frente a la hipoteca,
contratada con Bankia, una ejecución hipotecaria cuya orden ha llegado
ahora, a pesar de que los antiguos inquilinos ya no se encuentran en
España.
Desde hace meses la familia de Charo ha intentado ponerse en contacto con Bankia, solicitando que se regularice su situación mediante un contrato de alquiler social.
Sin embargo, la entidad no sólo no ha querido negociar sino que en la
última visita de la familia a la sucursal bancaria donde está contratada
la hipoteca los responsables de la misma llamaron a la policía,
episodio que finalizó con varias escenas de tensión.
La Asamblea de Vivienda de Latina
reclama a Bankia que ofrezca el piso en régimen de alquiler social. "Si
hemos rescatado a Bankia, sus casas deben ponerse al servicio de la
sociedad, en forma de parque de vivienda social en régimen de alquiler",
afirman desde el colectivo, que recuerda que "son ya miles las familias
que, ante la falta de recursos económicos y de respuestas reales a la
emergencia habitacional desde las instituciones, han tenido que ocupar
viviendas vacias".
En las últimas semanas se han vivido en Madrid varios tensos desahucios en los que las administraciones han utilizado amplios dispositivos policiales y fuerzas antidisturbios,
en lo que parece un recrudecimiento del trato a este tipo de
convocatorias por parte de jueces, Delegación de Gobierno y
Ayuntamiento." (Diagonal, 16/02/2015)
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