"(...) Desde el inicio de la crisis se han
producido en España más de cinco millones de despidos de trabajadores
con contrato indefinido, aunque como se sabe sus salarios estaban
cayendo. Ese desproporcionado ajuste de empleo apenas tiene que ver con
el del sector de la construcción (en el que el empleo es
mayoritariamente temporal).
Se trata de un un ajuste silencioso y
taimado porque 9 de cada 10 de esos despidos han sido individuales, no a
través del despido colectivo es decir, sin negociación alguna. En 7 de
cada 10, sin que el empresario tuviera que justificar razón alguna y sin
posibilidad material de revisión posterior por un juez.
Son los
denominados despidos improcedentes, cuya regulación (más bien
desregulación, habría que llamarla) provenía de una reforma realizada en
2002.
Esa es la principal explicación de por qué en España el desempleo pasó del 8% al 26%, cuando la media europea apenas ha alcanzado el 12%. No es solo el grave problema de la elevada temporalidad del empleo. Las empresas se encontraron, al llegar la crisis, con una regulación del despido que les permitía realizar todo el ajuste a costa del empleo, de forma instantánea.
Porque a ello ha de
añadirse que el ordenamiento laboral español no establece un sistema de
prevalencia de las medidas laborales de ajuste: las empresas eligen
libremente entre la panoplia de fórmulas, sin que los despidos sean la
última de ellas. Más aún, las medidas de ajuste no diferencian entre
situaciones o dificultades coyunturales y estructurales de las empresas,
de tal modo que pueden utilizar los despidos también para hacer frente a
cualquier problema transitorio por leve que este sea.
Y desde la
reforma de 2012 lo pueden hacer con un despido improcedente, sin causa,
que tiene un coste aún más bajo que el que dio lugar al abuso del
despido desde el inicio de la crisis.
También mediante un despido por
causas económicas, que les permite llevarlo a cabo en situaciones de
dificultad irrelevantes, que en ningún caso exigirían tan traumática
solución. Su carácter causal o justificado ha quedado, en consecuencia,
prácticamente vacío de contenido.
Recomponer y llevar de nuevo a la
racionalidad económica y laboral el despido (en el marco de la
regulación de un sistema racional de ajustes laborales) es, por lo
tanto, la segunda asignatura pendiente si no queremos que, por mucho
empleo que se genere en la recuperación, al más mínimo síntoma de
debilitamiento de la economía nos encontremos con otro tsunami de
despidos aún mayor que el que hemos padecido. (...)" (Antonio Gonzáles, Economistas frente a la crisis, 19/10/2015)
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