"(...) Desde los años noventa se ha asumido el
riesgo de quiebra de las pensiones en un horizonte lejano. Ese riesgo
futuro se convirtió, en seguida, en oportunidad inmediata para obtener
ventajas; por un lado, en forma de negocio para fondos de pensiones
privados; por otro, político y social, al conseguir que sindicatos y
trabajadores aceptaran ajustes o asumieran leyes restrictivas.
Ese riesgo se alimenta por oleadas. Un
informe de la ONU de 1996, en la postcrisis de la recesión de 1993,
estimaba que la población española sería de 29 millones en 2050. En el
mismo año, la Dirección General de Migraciones consideraba que la
entrada de un flujo de más de 100.000 inmigrantes al año sería
inasumible para la economía española.
En seguida, aparecía un “riguroso
informe de expertos” que confirmaba como imprescindible la necesidad de
complementar las pensiones con fondos privados.
Nadie recuerda hoy que, diez años más
tarde, España superaba los 46 millones y la inmigración recibida en el
periodo 2001-2006 supuso un flujo anual promedio de 600.000 personas; ni
que esos inmigrantes, no solo contribuyeron al crecimiento sino que
permitieron recuperar la natalidad. (...)
La crisis de 2008 ha actualizado también
los informes que insisten en los riesgos del sistema de pensiones. Una
vez más, sus resultados son aireados, las hipótesis de partida
oscurecidas.
En 2013, el mismo Instituto de Estudios Fiscales emitía un informe
para favorecer la última reforma del gobierno de Rajoy y justificar la
inclusión de un factor de sostenibilidad automático en el sistema de
pensiones. Este factor, que provoca un ajuste a la baja en función de
una serie de parámetros, se empezará a aplicar en 2019, en la recién
nacida legislatura. (...)
Mientras los riesgos futuros (a 25 años)
sobre el sistema de pensiones se presentan como alarmantes con
hipótesis irreales, la realidad del día a día se muestra tozuda para
toda una generación que ha precarizado su existencia y que ve casi
imposible acceder a una pensión contributiva digna para su jubilación.
La cifra de desempleados promedio en los
últimos 5 años, según la EPA, es de 5,5 millones de personas, las
mismas que al finalizar 2015. Después de crecer el PIB un 3% el último
año se mantiene un colectivo de parados de larga duración de 3,4
millones de los que el 75% no reciben ayudas.
Los datos del CIS
muestra al 60% de los hogares reconociendo ingresos inferiores a 1200 €
al mes y un tercio con menos de 600 €. Buena parte de esos hogares
obtienen ingresos del trabajo negro e informal que
se ha multiplicado por la crisis hasta superar el 20% del PIB.
Todo
ello se concreta en más de 11 millones de trabajadores en precario,
según los cálculos realizados por los expertos de FEDEA con una tasa de infrautilización (por paro o precariedad) del 35% de media nacional.
Es obvio que con este panorama el
problema de las pensiones futuras se muestra totalmente diferente,
porque serán muy pocos los que puedan acceder a una pensión contributiva
digna. (...)" (Ignacio Muro, Economistas Frente a la Crisis, 25/01/16)
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