"La Sareb ha hecho honor a su nombre artístico de “banco malo”: las 80 viviendas que cedió al Gobierno de Aragón para usos sociales y realojo de familias desahuciadas son inhabitables.
Esa conducta sitúa a la sociedad estatal como la nota discordante del
sector bancario en la comunidad, que ha comenzado a movilizar su parque
de vivienda y a ofrecérselo al Gobierno PSOE-Cha en aplicación del decreto de emergencia aprobado en diciembre.
“No sirve ninguna, están en muy mal estado”, señala la directora general de Vivienda del ejecutivo autonómico, Mayte Andreu, que anota que “el parque que la Sareb cedió a través del convenio se encuentra en un estado deplorable, las casas necesitan una rehabilitación integral”. Algunas de ellas han sido desvalijadas, y a varias les faltan la grifería o las baldosas.
“No sirve ninguna, están en muy mal estado”, señala la directora general de Vivienda del ejecutivo autonómico, Mayte Andreu, que anota que “el parque que la Sareb cedió a través del convenio se encuentra en un estado deplorable, las casas necesitan una rehabilitación integral”. Algunas de ellas han sido desvalijadas, y a varias les faltan la grifería o las baldosas.
El Sareb cedió esas 80 viviendas durante cuatro años al Gobierno de Aragón mediante un convenio,
suscrito en febrero del año pasado con el ejecutivo PP-Par, por el que
la comunidad iba a destinarlas a alquileres sociales con rentas
mensuales de entre 75 y 300 euros.
“El acuerdo viene a confirmar nuestro compromiso con la sociedad”, dijo entonces, Jaime Echegoyen, el presidente del banco malo. Acababa de firmar un acuerdo por el que el Gobierno de Aragón se comprometía, además de a asumir el mantenimiento de los inmuebles y las reparaciones, a pagar un canon de 190.000 euros anuales que cubriera el acondicionamiento de las casas, los seguros y los gastos de comunidad.
“El acuerdo viene a confirmar nuestro compromiso con la sociedad”, dijo entonces, Jaime Echegoyen, el presidente del banco malo. Acababa de firmar un acuerdo por el que el Gobierno de Aragón se comprometía, además de a asumir el mantenimiento de los inmuebles y las reparaciones, a pagar un canon de 190.000 euros anuales que cubriera el acondicionamiento de las casas, los seguros y los gastos de comunidad.
El Gobierno de Aragón, sin embargo, sí está logrando que la banca
movilice su parque de viviendas vacías procedentes de desahucios y ejecuciones hipotecarias para destinarlas a realojar a personas sin techo y a familias en situación de vulnerabilidad.
De hecho, una entidad financiera, la Unión de Crédito Hipotecario (UCI), ya ha puesto a disposición del Departamento de Vertebración del Territorio más de cien casas y pisos vacíos en la comunidad para incorporarlas al Fondo Social de Vivienda que contempla ese decreto.
Paralelamente, explicó Andreu, tres bancos han iniciado los convenios para aportar pisos, o recursos para rehabilitar las de otras entidades o solucionar problemas de infravivienda, a ese programa. No obstante, declinó ofrecer cifras sobre el número de inmuebles que ya están sobre la mesa por no estar cerrados los acuerdos.
Las cuatro entidades han movido ficha antes de que, este viernes 18 de marzo, concluya el plazo para presentar el primer listado con las “viviendas desocupadas” procedentes de ejecuciones hipotecarias que la banca posee en la comunidad. (...)" (Público, 16/03/16)
De hecho, una entidad financiera, la Unión de Crédito Hipotecario (UCI), ya ha puesto a disposición del Departamento de Vertebración del Territorio más de cien casas y pisos vacíos en la comunidad para incorporarlas al Fondo Social de Vivienda que contempla ese decreto.
Paralelamente, explicó Andreu, tres bancos han iniciado los convenios para aportar pisos, o recursos para rehabilitar las de otras entidades o solucionar problemas de infravivienda, a ese programa. No obstante, declinó ofrecer cifras sobre el número de inmuebles que ya están sobre la mesa por no estar cerrados los acuerdos.
Las cuatro entidades han movido ficha antes de que, este viernes 18 de marzo, concluya el plazo para presentar el primer listado con las “viviendas desocupadas” procedentes de ejecuciones hipotecarias que la banca posee en la comunidad. (...)" (Público, 16/03/16)
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