Las diputaciones provinciales constituyen hoy en España la principal fuente de ineficiencias en el sector público

"(...) Lo primero que debe señalarse es que no hay ahorro inmediato significativo de la supresión de las diputaciones provinciales. Debe tenerse en cuenta que los funcionarios permanecerían y los servicios que actualmente se ofrecen deberían seguir prestándose.

 Si se suprimieran, sí desaparecerían los gastos directamente asociados con los órganos de gobierno, pero los bomberos, las imprentas provinciales, algunos servicios sociales (tienen muy pocos), los servicios de recaudación de tributos municipales, las carreteras y otros servicios deberían proseguir, al menos a corto plazo.

Sentado lo anterior, las diputaciones provinciales constituyen hoy en España la principal fuente de ineficiencias en el sector público. Sirva como ejemplo ilustrativo que en alguna diputación hace años que se pactó una jornada laboral de 30 horas. Además, por lo general, es sabido que los sueldos públicos en las diputaciones no soportan comparación con las demás administraciones. 

Por otra parte, los incentivos son perversos: la diputación provincial no recauda ninguna clase de impuestos de los ciudadanos. Solo tienen la potestad de establecer un recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas, cuya reforma en 2002 lo despojó del grueso de sus bases imponibles. 

Y siendo que no exigen tributos, gastan volúmenes de recursos considerables como hemos visto, sin que los votantes sepan de donde provienen. Lo anterior se agrava con su naturaleza política de representación indirecta: los diputados provinciales son elegidos formalmente por los concejales de la provincia, en la práctica, por los partidos políticos.

La literatura económica ha identificado múltiples ineficiencias cuando una administración pública puede gastar sin recaudar y sin necesidad de ser reelegido: hay ausencia de responsabilidad, intercambio de votos que impulsan un gasto excesivo, u otros problemas. Así nos encontramos con casos como alguna diputación que tiene una política de natalidad, lo que nada tiene que ver con sus funciones legales.

Si bien los beneficios no serían de un día para otro, la supresión de las diputaciones provinciales no tardaría en permitir ahorros significativos. Supongamos que se realiza mediante la integración en las comunidades autónomas, tal como se hizo en su momento en Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia y La Rioja (los consejos y cabildos Insulares no se cuestionan). 

Así, las diputaciones provinciales en 2014 realizaron gastos de inversión por importe de 1.401 millones, cuya necesidad es probablemente muy discutible, al menos en parte. Todos conocemos alguna anécdota de la construcción de un polideportivo en un pueblo en el que la persona más joven tiene 60 años. 

O bien, si aceptamos que existen amplias ineficiencias en los 2.500 millones de consumo público de 2014 (personal más gastos en bienes y servicios), en pocos años ese gasto se reduciría.

Otra fuente de ahorro importante en el medio plazo vendría de que las actuales diputaciones provinciales, una vez integrados sus servicios en las comunidades autónomas, permitirían a estas suprimir sus propios servicios provinciales. 

 Actualmente existen duplicidades entre servicios provinciales de comunidades y diputaciones (por ejemplo en Castilla y León o en Andalucía). Este proceso necesitaría su tiempo, bastaría con no reponer las plazas de los empleados conforme se vayan jubilando, pero sucedería en todo caso.

 Ciertamente las ineficiencias no se manifiestan en todas las diputaciones provinciales por igual y por supuesto que se prestan servicios útiles a los ciudadanos del medio rural. Nadie lo discute, lo que merece una reflexión es si lo mismo podría hacerse con menos recursos y menos implicaciones en términos de clientelismo político. 

Suprimir las diputaciones introducirá una reducción de los conflictos políticos locales entre estas y las CCAA, mejorará la calidad e imagen de los servicios públicos y como hemos tratado de ilustrar en estás líneas, reducirá el gasto público innecesario."             (Alain Cuenca, Bez)