Cuando a una empresa se le desgravaba, el Gobierno aportaba a la caja de la Seguridad Social el importe de la misma. El Gobierno de Rajoy acabó con ello. Una más de las acciones socialmente criminales de la política económica, como el recorte de impuestos a los ricos

"(...) El déficit galopante de la Seguridad Social es otro efecto colateral de estas políticas. A los especialistas ortodoxos les gusta explicar el problema en clave meramente demográfica. 

El envejecimiento de la población provocado por la mayor longevidad (lo que debería considerarse un éxito social) se traduce en un aumento del volumen de pensiones a pagar (más gente pensionista y pensiones individuales más elevadas) al tiempo que se estrecha la pirámide poblacional. Esto es sólo parte de la verdad.

Hasta 2007 la Seguridad Social tenía superávit, la salida de activos se compensaba con la llegada de inmigrantes y las rentas salariales en crecimiento (en volumen) incrementaban los ingresos de caja. El déficit ha sido sobre todo provocado por tres factores: la caída del empleo ‒mucha menos gente cotizando‒, la caída de las contribuciones de los que han obtenido empleo tras el crac ‒la precarización, la extensión de los contratos a tiempo parcial y los ajustes salariales reducen lo que cada cotizante medio aporta a la caja única‒ y la política de empleo del Partido Popular.

Esta política se ha basado en subvencionar generosamente a las empresas con desgravaciones en las cuotas de la Seguridad Social. En general, la política de subvenciones al empleo se considera ineficaz, porque hay más “peso muerto” que otra cosa: la mayor parte de subvenciones va a parar a los bolsillos de empresas, que hubieran creado empleo sin las mismas.

 Pero esto no es todo, anteriores gobiernos también practicaban estas políticas, pero de forma algo más sensata. Cuando a una empresa se le desgravaba, el Gobierno aportaba a la caja de la Seguridad Social el importe de la misma con el objetivo de mantener el equilibrio financiero. El Gobierno de Rajoy acabó con ello, y ahora lo que se descuenta a las empresas se deja de ingresar. 

Es una más de las acciones socialmente criminales de la política económica del actual gobierno (como el recorte de impuestos), y no parece tener otro objetivo que aumentar los problemas financieros de la Seguridad Social para justificar una nueva etapa de desmantelamiento parcial. El argumento que seguirá a la crisis financiera es previsible: recortes a las pensiones, sobre todo a las altas (sonará progresista) y nuevas medidas de promoción de los planes privados.

Es cierto que los cambios demográficos afectan a cualquier modelo de Seguridad Social, y que la sostenibilidad financiera y social de la misma es una cuestión central. Pero hay que sacar el debate del estrecho espacio del discurso oficial, que simplemente conduce a recortes y ajustes inicuos (que desconocen la complejidad de situaciones que genera el mercado laboral) y debe considerarse no sólo la relación entre Seguridad Social y empleo, sino también cuestionarse que la base de las pensiones sean exclusivamente las rentas salariales.

 El debate sobre la sostenibilidad conduce al debate central sobre la distribución de la renta y sobre el papel que tiene el sistema impositivo en la misma. La defensa numantina del modelo actual sirve para movilizar a la gente en reclamación de sus derechos. 

Pero difícilmente podrá sostenerse cuando exista una amenaza creíble de quiebra del sistema. Por eso es más necesario que nunca oponer una perspectiva más amplia y abrir el debate en términos de regulación macroeconómica, fiscalidad y política laboral.  (...)"         (Albert Recio Andreu, Mientras Tanto, 31/05/16)