"La relación entre libertad y seguridad sufre en España un
claro desequilibrio a favor de la segunda, o en perjuicio de la primera,
en materia de seguridad ciudadana.
Las tasas de delincuencia del país
se encuentran entre las más reducidas de Europa mientras las de
población penitenciaria destacan por su elevación entre las de los
Estados de ese mismo ámbito. Resulta paradójico: más presos de lo normal
con menos delincuentes de lo habitual al mismo tiempo.
Parece, en cualquier caso, un caso de inflación punitiva,
en el que los legisladores amplían constantemente el catálogo de
infracciones de las leyes penales, en un proceso expansivo en el que
crecen los ámbitos y las acciones criminalizados al tiempo que se
agravan las condenas, con lo que su aplicación se traduce en un insólito
aumento de las reclusiones –y de su duración--, en las que, por otra
parte, no siempre se materializa el componente educativo o de
reinserción que convive en las condenas con el retributivo o de castigo. (...)
La criminalidad, además de ser reducida, tiende a la baja en España. Según Eurostat,
el sistema estadístico de la UE, el país pasó de registrar 2.396.900
infracciones criminales –delitos y faltas-- en 2008 a 2.268.900 en 2012,
periodo en el que la cifra también se redujo en otros quince países
comunitarios.
Y, según el Ministerio del Interior, la delincuencia cayó a
partir de entonces de una manera vertiginosa, ya que el 2015 se cerró
con un cómputo oficial de 2.035.625 que supone un descenso ligeramente superior al 15% conforme avanzaba la crisis económica. Esos datos situaron la tasa de criminalidad en
43,7 delitos y faltas por cada 1.000 habitantes, “la más baja de los
últimos doce años”, señala el departamento que dirige Jorge Fernández
Díaz. (...)
Estos datos sitúan a España en el grupo de países con menos delincuencia de la UE. Concretamente, entre los cuatro últimos según
la última estadística del Ministerio del Interior. Solo Italia,
Portugal y Grecia mejoran su situación, que se encuentra a mucha
distancia de la que se da en países como Suecia o Bélgica, que triplican
y duplican, respectivamente, sus índices.
Duplicar en presos a los países con mayor criminalidad
Sin embargo, y por el contrario, España ocupa el décimo lugar en la clasificación de los países comunitarios por su índice de población reclusa:
150 presos por cada 100.000 habitantes que le sitúan al mismo nivel que
el Reino Unido, pese a que este sufre una tasa de criminalidad dos
tercios superior, y que hacen que duplique las de Suecia y Dinamarca y
que le saque un 50% a Bélgica, los tres países con mayores índices de
delincuencia de la UE. (...)
¿A qué se debe esa extraña convivencia entre una baja tasa de
delincuencia y un elevado índice de población penitenciaria? (...)
“Se delinque menos”, ratifica Mateo Ayala, que desmonta una
de las leyendas urbanas sobre la normativa criminal. “Eso de que no se
entra en presidio cuando la pena no llega a los dos años no es cierto
–explica--.
Es potestativo de cada tribunal, que, además de que la
condena no supere esa duración, tiene en cuenta otros dos aspectos como
el hecho de que sea un delincuente primario [sin antecedentes o con
ellos cancelados] y que haya cubierto la responsabilidad civil
[indemnizaciones] del asunto”.
Y junto con esos requisitos, añade, “en
ocasiones se valora la peligrosidad del reo y su disposición a
reinsertarse”. Eso, en la práctica, hace que gente con condenas de unos
meses acabe cumpliéndolas entre rejas.
Coincide en el análisis con María Ángeles Rueda, profesora
de Derecho Penal en la misma facultad. “Una causa que puede explicar la
elevada tasa de población penitenciaria en España puede residir, por una
parte, en que el número de conductas que se consideran delictivas y que
se castigan con penas de prisión superiores a dos años es muy superior
al de otros países”, indica, antes de anotar que, desde 1995, “se han
producido casi 30 reformas del Código Penal, y casi todas ellas con una
ampliación del número de delitos y una agravación de las penas”. (...)
Resop considera “posible reducir el número de personas
encarceladas sin que aumente la criminalidad ni la alarma social”
aplicando “medidas alternativas a la prisión para los delitos más
comunes”.
Y, como muestra, resalta que desde 2010, con la reducción de
las penas por la venta de drogas al menudeo, la expulsión de las presos
de origen extranjero y la menor aplicación de la prisión preventiva por
parte de los jueces, “la población penitenciaria se ha reducido en
14.000 personas y la tasa de delincuencia ha seguido descendiendo”.
“El exceso de población penitenciaria en nuestro país se
corresponde con un déficit en nuestro Estado del Bienestar”, concluyen,
ya que “el 60% de las personas presas lo están por delitos contra el
patrimonio (robos y hurtos) y delitos contra la salud pública (tráfico
de drogas)”, mientras que otro “65% tiene problemas de drogodependencia y
un 8% problemas graves de salud mental”. (...)
Sin embargo, no es la política criminal, a menudo diseñada de manera
vehemente y a golpe de noticiario, lo único que falla en el sistema. Un estudio de la Generalitat de Catalunya
cifra la tasa de reincidencia en el 34%.
“Siete de cada diez personas
excarceladas han vuelto a la prisión en los cinco años posteriores de
seguimiento”, señala el informe, que contiene dos datos de alto interés
criminológico: la reincidencia baja al 18,1% cuando el preso ha
regresado a la calle a través de un tercer grado, un régimen progresivo
de libertad que exige que tenga un trabajo, y se desploma hasta el 11,6%
cuando el recluso ha estado en libertad condicional." (Eduardo Bayona, CTXT, 05/10/16)
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