La mitad del gasto sanitario público de Madrid va a la privada

"Casi uno de cada dos euros del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid va a manos privadas. Es lo que se desprende del informe El papel del sector privado en los Presupuestos de la Consejería de Sanidad en 2015, presentado hoy por el grupo de trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad.

Así, de los más de 7.292 millones de euros de presupuesto público para sanidad, se han destinado a actividades realizadas con medios ajenos al menos 3.143,9 millones, un 43,11% del presupuesto. Sin embargo, si se tienen en cuenta, entre otros, datos como la fortísima desviación al alza del gasto farmacéutico, que estaba previsto en 1.584 millones y ha sido finalmente de 2.112 millones, se concluye que casi el 50% del gasto sanitario público acaba en manos privadas.

De hecho, el gasto farmacéutico, el que engloba la compra de productos farmacéuticos por los hospitales públicos, la prescripción de recetas médicas en Centros de Atención Primaria y el Plan Estratégico de Farmacia, es uno de los más importantes, ya que supera el 30% del gasto de la Consejería de Sanidad en el año 2015.

 Frente a esto, el grupo de Audita Sanidad invita a una reflexión sobre la necesidad del uso de medicamentos genéricos y añade que el uso de productos de marca cuando existe un equivalente genérico con la misma eficacia “sólo puede entenderse como una política destinada a beneficiar directamente a las grandes multinacionales farmacéuticas”.

Los conciertos, convenios y concesiones se llevan la segunda gran tajada del pastel, más de 1.245 millones de euros, un 17,1% del presupuesto de la Consejería de Sanidad. Este porcentaje, además, se sitúa muy por encima del 12% de la media en el resto del Estado. En este apartado se engloban las concesiones con los cuatro hospitales modelo PPP (gestión enteramente privada) y los siete de modelo PFI (gestión privada de los servicios no sanitarios), que este año alcanzan los 425 millones de euros en concepto de canon. 

Según indica Vicente Losada, miembro de Audita Sanidad y de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, hay estudios que demuestran que este modelo provoca un gasto siete veces superior que si la gestión de estos hospitales fuera asumida enteramente por la Consejería de Sanidad.

También dentro de esta partida se engloban gastos como los realizados por “empresas de proceso de datos”, y es que, según denuncian desde este grupo, la Consejería de Sanidad es la única que ha privatizado los servicios informáticos, mientras que en las demás corren a cargo de una agencia pública. 

En financiar este servicio se van 42,6 millones de euros, mientras que el servicio privado de ambulancias se lleva 56 millones de euros. Otros conceptos, como los conciertos con la Fundación Jiménez Díaz o con el Laboratorio Clínico Central, obtienen un 5,30% del presupuesto, 386,3 millones de euros.

Quirónsalud se traga el dinero público 

Precisamente, la Fundación Jiménez Díaz pertenece a Quirónsalud (anteriormente IDC, y anteriormente Capio), al igual que tres de los cuatro hospitales de modelo PPP (Rey Juan Carlos I de Móstoles, Hospital de Valdemoro y Hospital de Collado-Villalba), y los Centros de Especialidades de Quintana y Pontones.

 El dinero público recibido por Quirónsalud por estos conceptos se acerca a los 516 millones de euros, más de un 7% del presupuesto de la Consejería. Pero a esto habría que sumar varios millones más por su acuerdo con la Asociación Española Contra el Cáncer, a su vez contratada por la Comunidad de Madrid, para hacerse cargo de las mamografías desde 2012 a 2016. Así, en total, los recursos públicos transferidos al gigante de la sanidad privada serían de 517,75 millones de euros.

 Después de un trabajo de investigación de varios meses para desgranar los contratos correspondientes a los 3.143 millones que se han entregado a la privada, el grupo sólo ha podido identificar un 60,2%. El otro 39,80% de los contratos no han podido ser identificados, pues se hallan dentro de una “estructura absolutamente opaca”. 

Y es que todos los contratos inferiores a 18.000 euros pueden ser adjudicados sin publicidad y a dedo. “Sospechamos que puede haberse fraccionado muchos contratos en varias partes, convertir uno de 60.000 euros en cuatro de 15.000, y eso sí sería grave, ilegal e ilegítimo”, indica Losada.  (...)"               (Gladys Martínez López , Diagonal, en Rebelión,  30/09/16)