La crisis económica ha sido una crisis inducida o reconducida para incrementar la desigualdad social y reducir la democracia a nivel global

"En el ensayo escrito junto a Zygmunt Bauman, Estado de Crisis, Carlo Bordoni define la “postdemocracia” como una crisis de igualización y trivialización de los procesos democráticos, en los que la política va perdiendo progresivamente contacto con los ciudadanos desembocando en un estado de incomodidad y hastío que puede ser definido como “antipolítica”.

(...) una profunda irritación, seguida del alejamiento de una esfera política que se considera inútil y que produce sensaciones de desazón y repugnancia. Ese malestar, en combinación con otros factores, abre una ruta directa hacia los autoritarismos de los que podemos encontrar ilustrativos y trágicos ejemplos en la Europa del primer tercio del siglo pasado. 

Algunos de los efectos más característicos de la etapa postdemocrática señalados por Bordoni son:

La desregulación económica, que significa una disminución o cancelación de las capacidades normativas de los Estados para implementar medidas correctoras de los fallos del mercado, así como aquellas tendentes a orientar la economía hacia la satisfacción equitativa y sostenible de las necesidades sociales. 

Esta desregulación acaba suponiendo la supremacía de los mercados financieros globalizados. Se trata de un proceso ambiguo destinado a la progresiva eliminación de los poderes y controles públicos al que se pretende revestir de un sentido subyacente de “liberación” de las normas y poderes coercitivos del Estado. 

Es el primer paso hacia el neoliberalismo privatizador de los servicios públicos y drástico reductor del estado de bienestar y de los derechos sociales en aras de unos presupuestos, a nivel macro, sacrosantamente equilibrados. 

Haciendo olvidar que el Estado no es una empresa privada, cuyo principal objetivo es generar dividendos, sino una red de Administraciones Públicas controladas, en última instancia, por Legislativos elegidos democráticamente cuya finalidad debe ser (entre otras) proporcionar servicios sociales con espíritu equitativo, corregir los fallos del mercado y redistribuir la riqueza.

Una progresiva disminución en la participación política habitual de los ciudadanos, incluyendo los periodos electorales, que ha llegado a ser considerada frecuentemente como “normal”.

La vuelta del liberalismo económico más salvaje (neoliberalismo), que confía al sector privado una parte creciente de las funciones del Estado y de la gestión de los servicios públicos, orientados a través de los mismos criterios de rendimiento económico que una empresa privada. Incluso en los casos en que dichos criterios resulten indeseables para el Interés General y el Bien Común (...)

La reducción de las inversiones públicas junto con el decremento y decadencia del Estado del Bienestar, quedando reducido éste a una serie de servicios básicos de carácter asistencial y caritativo, solo para los más pobres  (...)

La preponderancia de los lobbies, que incrementan su poder y capacidad para diseñar políticas en la dirección conveniente a sus intereses, aunque estos puedan colisionar contra el Interés General.

La política como espectáculo de masas, en el que las técnicas de marketing y publicidad adquieren un papel preponderante se utilizan para promover el consenso en torno al predominio de la figura de un líder en el que el talento, el carisma y la integridad son menos importantes que los estudios de mercado, el poder de la imagen y una estrategia comunicativa precisa diseñada por los mejores y más caros asesores, frecuentemente externos a los partidos.

El mantenimiento de los aspectos meramente formales de la democracia para conservar la apariencia de unas libertades y derechos ciudadanos garantizados. (...)

 ¿Hacia un nuevo totalitarismo global? (II)

Wolfgang Streeck, sugiere que la actual crisis económica y financiera global es una consecuencia directa del fracaso de los sistemas democráticos a la hora de controlar los excesos y los fallos del mercado, mientras que, seguramente, haya sido una crisis inducida o reconducida para incrementar la desigualdad social y reducir la democracia a nivel global, especialmente en cuanto a su capacidad de fiscalización y control de los mercados y del poder de las corporaciones globalistas. 

Varios hechos constatados refuerzan este enfoque: las privatizaciones generalizadas en nombre del progreso, los beneficios y la eficiencia; la retirada de capitales invertidos en diversas áreas estratégicas de los intereses nacionales y su desmaterialización en la vorágine de los mercados financieros; el colapso inducido de los modelos keynesianos, que implican una intervención de los gobiernos en la economía y su nada inocente sustitución dogmática por los dictados hayekianos. 

Así, el presente declive generalizado de la democracia sustantiva a nivel global es debido, principalmente, a la crisis del Estado, a su incapacidad para actuar como un interlocutor potente y decisivo como mediador social, como regulador de la economía y como provisor de seguridad, siendo progresivamente sustituidos los sistemas sanitarios y de seguridad social por consorcios aseguradores privados habitualmente controlados por la gran banca. 

La desmaterialización del capital, su transformación y licuefacción en productos financieros que pueden ser transferidos en milisegundos de un punto a otro del globo e invertidos en activos materiales e inmateriales diversificados, rompe con la tradición de una economía en la que el capital adoptaba una forma visible y concreta, más o menos integrado en un territorio y susceptible de ser controlado o supervisado por alguna forma de poder político.

En este contexto, el vacío de poder que el Estado deja, es rápidamente ocupado por la élite corporativa global, que lo ejerce sin ningún tipo de control democrático ni institucional con el único fin de aumentar sus beneficios y su poder en una espiral retroalimentada en la que los daños colaterales o externalidades negativas generadas, sean estas cuales sean, son consideradas siempre como asumibles en aras del Beneficio, el fin último de toda corporación capitalista. (...)

La íntima asociación de la neo oligarquía con un capital corporativo oligopolístico cada vez más financiarizado y poderoso ha conseguido que ninguna nación, cultura, región, grupo o comunidad en el mundo pueda considerarse fuera de su alcance e influencia política y económica.

 Gran parte de la riqueza, el poder y los privilegios de esta neo oligarquía se sustenta en el traslado de sus pérdidas y riesgos al Estado y a los contribuyentes. Para que esto pueda seguir siendo así resulta esencial alinear los intereses de los políticos, a todos los niveles, con los del oligopolismo corporativo, principalmente, mediante tres vehículos de influencia que ya se han apuntado anteriormente: la financiación de partidos políticos; el lobbying, y las distintas modalidades de “puertas giratorias”. 

La influencia combinada del poder de la neo oligarquía y el poder oligopolístico sobre la gobernanza, la política, los sistemas judiciales, los medios de comunicación, el sistema financiero, la producción y otras áreas estratégicas, provoca una continua disminución de la justicia social y la equidad. Cuantos más aspectos de la sociedad y la política pasan a ser controlados por la neo oligarquía y los oligopolios, más se resiente el Interés General y el buen gobierno.  (...)

Adaptando a este contexto la definición con la que Juan J. Linz describe el totalitarismo, podemos afirmar que estamos en una etapa que podríamos considerar, como mínimo, de pre totalitarista, en la que el clásico modelo de totalitarismo ejercido por el Estado, o las facciones políticas que lo controlen, está siendo sustituido por un totalitarismo de mercado o corporativo privado, más sutil, aunque no menos dañino y despiadado en sus efectos finales agregados.  (...)"                 (Rodrigo del Olmo – El Periscopi , en Attac España, 21/09/16 (I) y 22/09/16 (II)