Reducir el stock de la deuda y aliviar de manera drástica el presupuesto dedicado al pago de sus intereses es una condición indispensable para poder aumentar masivamente los gastos sociales y las inversiones

"(...) Si los gobiernos de izquierda quieren realmente romper con las políticas de austeridad y de privatizaciones que se desarrollan actualmente en toda Europa, entrarán inmediatamente en conflicto con las potentes fuerzas conservadoras tanto a nivel nacional como europeo (...)

Es ilusorio pensar que se puede convencer a las autoridades europeas y a la patronal de las grandes empresas (principalmente financieras e industriales) de abandonar el curso neoliberal reforzado desde 2010. (...)

 Reducir radicalmente el stock de la deuda y aliviar de manera drástica la parte del presupuesto dedicado al pago de la deuda es una condición sine qua non para poder aumentar masivamente los gastos sociales y las inversiones (...)

Un Gobierno de izquierda tiene que socializar el sector bancario (es decir, la expropiación de las acciones privadas ytransformar a los bancos en un servicio público bajo control ciudadano), tomar medidas estrictas de control de movimientos de capitales, recaudar un impuesto sobre el patrimonio del 1 % más rico, rechazar los préstamos condicionados por la prosecución de la austeridad y de las privatizaciones, rechazar el pago de una deuda ampliamente ilegítima, ilegal, insostenible desde el punto de vista del ejercicio de los derechos humanos, incluso odiosa. 

Uno de los numerosos instrumentos de los que dispone un Gobierno de izquierda para favorecer la participación y el apoyo popular, reforzando al mismo tiempo su posición frente a los acreedores, es la auditoría de la deuda con una participación ciudadana activa, con el fin de identificar la parte de la deuda que no se debería pagar, que sería necesario repudiar.

Sin pretensión de ser exhaustiva/os se pueden avanzar las definiciones siguientes:

Deuda pública ilegítima: deuda contraída por los poderes públicos sin respetar el interés general o en favor del interés particular de una minoría privilegiada. Por ejemplo, la generada por ‘elefantes blancos’ como el aeropuerto de Castellón.

Deuda ilegal: deuda contraída en violación del orden jurídico o constitucional aplicable. Por ejemplo, la originada por los casos de corrupción, como los que evidencian las operaciones ‘Malaya’, ‘Púnica’ o ‘Gürtel’.

Deuda pública odiosa: créditos ligados a la implementación de políticas que violan los derechos sociales, económicos, culturales, civiles o políticos de las poblaciones afectadas por el pago de dicha deuda, con el conocimiento de los acreedores. Por ejemplo, la deuda contraída para rescatar a la banca española implementando políticas diseñadas por la Comisión Europea para imponer más austeridad violando derechos económicos y sociales de la ciudadanía.

Deuda pública insostenible: deuda cuya devolución impide a los poderes públicos garantizar los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo: La deuda pública española, del 101% del PIB . El pago de la deuda supone una de las mayores partidas de los Presupuestos Generales del Estado, lo que impide destinar miles de millones de euros a servicios básicos.

El punto 9 del artículo 7 del Reglamento (UE) nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo de 2013 —que ya habíamos denunciado porque constituye la puesta bajo tutela de los estados miembros sometidos a planes de ajuste estructural — prescribe para esos países la realización de una auditoría integral a fin de determinar por qué el endeudamiento aumentó de manera exagerada y desvelar irregularidades. He aquí el texto completo del punto 9 del citado artículo 7: 

 «Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas con el fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad.»

El Gobierno griego de Antonis Samaras (2012-2014) se abstuvo de aplicar esa disposición del reglamento para así ocultar a la población griega los verdaderos motivos del aumento de la deuda y las irregularidades vinculadas al respecto. Los demás gobiernos europeos bajo asistencia financiera, incluyendo el de Mariano Rajoy, tampoco hacen la auditoría. 

La Comisión Europea no exige tal auditoría porque se dio cuenta de que esta disposición del reglamento puede ir en contra de sus intereses y de los intereses de los acreedores. Nosotra/os abogamos por que un Gobierno de izquierda tome medidas unilaterales de autodefensa frente a las imposiciones injustas de las instituciones europeas. Hace falta desobedecer y al mismo tiempo es posible fundar tal decisión refiriéndose a este artículo del reglamento que los gobiernos ‘austeritarios’ y la Comisión Europea no aplican."        (Fátima Martín y Éric Toussaint , Público, en Rebelión, 301/11/16)