"Un grupo de cinco bomberos de la Generalitat ha grabado un vídeo en el que denuncian con su testimonio que tras muchos incendios domésticos se esconden situaciones de pobreza energética.
Con su vídeo, publicado con la etiqueta #BombersILP, los Bombers de la Generalitat se han adherido a la campaña de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios y la pobreza energética.
Aunque
no existen datos oficiales sobre los incendios causados por situaciones
de pobreza, los bomberos explican en sus vídeo cómo se han encontrado
con incendios mortales causados por una vela que era usada para
alumbrarse porque no tenían luz en el piso o por un brasero para
calentarse porque no tenían calefacción.
Los bomberos denuncian
cómo han observado en los últimos años un incremento de la gravedad de
los siniestros relacionados con la creciente problemática de la pobreza
energética, que, según la Alianza contra la Pobreza Energética, afecta a 320.000 familias en Catalunya.
Los bomberos recuerdan el incendio en una vivienda de El Vendrell (Tarragona) en
el que murieron cuatro menores el 26 de marzo del año pasado, miembros
de una familia de inmigrantes que había sido desahuciada de otro piso, o
la pareja de ancianos que murió por inhalación de humos porque quemaban
alpargatas para calentarse ya que no tenían suministro eléctrico.
Según
los impulsores de la ILP, "en la gran mayoría de incendios domésticos
encontramos un patrón común: un corte de suministro por falta de
recursos que deja a las familias sin acceso a bienes de primera
necesidad como la luz o la calefacción".
Los bomberos certifican
que son factores de riesgo habitual las instalaciones eléctricas
defectuosas, las tomas de suministros irregulares, sobrecargas de
instalaciones y electrocuciones, además de los relacionados con la
utilización de estufas improvisadas de leña y de gas.
Tanto los
bomberos que participan en el vídeo como la plataforma cívica que ha
lanzado la ILP han denunciado que los informes oficiales de los
accidentes muchas veces obvian que la causa ha sido una situación de
pobreza o de infravivienda." (El Periódico, 08/04/15)
"Rosa tenía 81 años, vivía sola y Gas Natural Fenosa le había cortado la luz en septiembre.
En la madrugada del lunes se olvidó de apagar las velas que iluminaban su piso en la calle Santa Ana de Reus (Tarragona) y llegó la catástrofe: ardió el colchón en el que dormía la anciana, que murió envuelta en llamas.
La vulnerabilidad energética sigue causando víctimas (por incendios o enfermedades respiratorias), pese a las medidas tomadas por las empresas, las Administraciones públicas y las ONG. No existen estadísticas oficiales, pero un estudio de la Academia de Ciencias Ambientales señalaba que se producen más muertes por este motivo que por accidentes de tráfico.
En 2015, murieron 1.126 personas en la carretera. El caso de la mujer de Reus es el más extremo de los efectos que tiene sobre la salud no disponer de medios para mantener la casa a una temperatura adecuada. Los fallecimientos más frecuentes se relacionan con el aumento de infecciones, sobre todo respiratorias, en niños y mayores.
(...) en España hay más de siete millones de personas que no pueden mantener su hogar a la temperatura adecuada.
Durante años, la vulnerabilidad energética ha sido un problema invisible. Crecía poco a poco, pero nadie le prestaba atención. Tuvo que llegar la crisis de 2008 para que los partidos se dieran cuenta de la gravedad de la situación, aunque optaron por medidas paliativas en lugar de actuaciones de tipo estructural como otros países europeos. (...)
Otros Estados de la UE, donde viven 54 millones de personas en situación de vulnerabilidad energética, llevaban años tomando medidas para atajar el problema: mejora de la eficiencia energética en las viviendas, control del precio de la energía y políticas de rentas familiares.
Sin embargo, en España han tenido que ser los Gobiernos autónomos y algunos Ayuntamientos los que se han decidido a actuar para intentar frenar la escalada causada por la caída de las rentas familiares y el aumento del precio de la electricidad.
Paradójicamente, es Cataluña, donde murió Rosa, la comunidad más avanzada en la lucha contra la pobreza energética. Legisló en tres ocasiones para evitar los cortes a los más vulnerables. Y fue la primera autonomía que intentó crear la llamada tregua invernal entre noviembre y marzo, en la que no se puede cortar la luz a ningún hogar.
La ley fue recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. La norma vigente establece el principio de precaución por el que las eléctricas deben asegurarse antes de cortar el suministro de que el afectado no se encuentra en situación vulnerable.
Ese principio de precaución falló en Reus y ello ha abierto un enfrentamiento entre Gas Natural Fenosa, el Ayuntamiento de esa localidad y la Generalitat. La compañía asegura que existe desde 2014 un acuerdo con el Consistorio por el que se ha atendido a 150 clientes vulnerables. Añade que en la lista de ciudadanos desvalidos no figuraba el nombre de Rosa P. V. (...)
En el resto de España, son los Ayuntamientos los que tienen que informar a las compañías eléctricas sobre las personas que viven en situación de pobreza o de vulnerabilidad energética. Además, Andalucía aprobó en 2015 un programa extraordinario para el suministro de un mínimo vital por valor de 6,5 millones de euros, Galicia implantó en la pasada legislatura el ticket eléctrico total y el País Vasco presupuestó 200.000 euros en subvenciones para este año.
Los Consistorios de Madrid y Barcelona se han mostrado especialmente activos en la defensa de los hogares que sufren vulnerabilidad energética. Sus alcaldesas respectivas, Manuela Carmena y Ada Colau (el anterior regidor barcelonés, Xavier Trias ya intervino al pagar facturas), incluyeron en sus programas electorales la prohibición de cortar la luz a hogares de rentas bajas y proclamaron que la electricidad debería ser un derecho básico protegido. (...)" (El País, 17/11/16)
"Rosa tenía 81 años, vivía sola y Gas Natural Fenosa le había cortado la luz en septiembre.
En la madrugada del lunes se olvidó de apagar las velas que iluminaban su piso en la calle Santa Ana de Reus (Tarragona) y llegó la catástrofe: ardió el colchón en el que dormía la anciana, que murió envuelta en llamas.
La vulnerabilidad energética sigue causando víctimas (por incendios o enfermedades respiratorias), pese a las medidas tomadas por las empresas, las Administraciones públicas y las ONG. No existen estadísticas oficiales, pero un estudio de la Academia de Ciencias Ambientales señalaba que se producen más muertes por este motivo que por accidentes de tráfico.
En 2015, murieron 1.126 personas en la carretera. El caso de la mujer de Reus es el más extremo de los efectos que tiene sobre la salud no disponer de medios para mantener la casa a una temperatura adecuada. Los fallecimientos más frecuentes se relacionan con el aumento de infecciones, sobre todo respiratorias, en niños y mayores.
(...) en España hay más de siete millones de personas que no pueden mantener su hogar a la temperatura adecuada.
Durante años, la vulnerabilidad energética ha sido un problema invisible. Crecía poco a poco, pero nadie le prestaba atención. Tuvo que llegar la crisis de 2008 para que los partidos se dieran cuenta de la gravedad de la situación, aunque optaron por medidas paliativas en lugar de actuaciones de tipo estructural como otros países europeos. (...)
Otros Estados de la UE, donde viven 54 millones de personas en situación de vulnerabilidad energética, llevaban años tomando medidas para atajar el problema: mejora de la eficiencia energética en las viviendas, control del precio de la energía y políticas de rentas familiares.
Sin embargo, en España han tenido que ser los Gobiernos autónomos y algunos Ayuntamientos los que se han decidido a actuar para intentar frenar la escalada causada por la caída de las rentas familiares y el aumento del precio de la electricidad.
Paradójicamente, es Cataluña, donde murió Rosa, la comunidad más avanzada en la lucha contra la pobreza energética. Legisló en tres ocasiones para evitar los cortes a los más vulnerables. Y fue la primera autonomía que intentó crear la llamada tregua invernal entre noviembre y marzo, en la que no se puede cortar la luz a ningún hogar.
La ley fue recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. La norma vigente establece el principio de precaución por el que las eléctricas deben asegurarse antes de cortar el suministro de que el afectado no se encuentra en situación vulnerable.
Ese principio de precaución falló en Reus y ello ha abierto un enfrentamiento entre Gas Natural Fenosa, el Ayuntamiento de esa localidad y la Generalitat. La compañía asegura que existe desde 2014 un acuerdo con el Consistorio por el que se ha atendido a 150 clientes vulnerables. Añade que en la lista de ciudadanos desvalidos no figuraba el nombre de Rosa P. V. (...)
En el resto de España, son los Ayuntamientos los que tienen que informar a las compañías eléctricas sobre las personas que viven en situación de pobreza o de vulnerabilidad energética. Además, Andalucía aprobó en 2015 un programa extraordinario para el suministro de un mínimo vital por valor de 6,5 millones de euros, Galicia implantó en la pasada legislatura el ticket eléctrico total y el País Vasco presupuestó 200.000 euros en subvenciones para este año.
Los Consistorios de Madrid y Barcelona se han mostrado especialmente activos en la defensa de los hogares que sufren vulnerabilidad energética. Sus alcaldesas respectivas, Manuela Carmena y Ada Colau (el anterior regidor barcelonés, Xavier Trias ya intervino al pagar facturas), incluyeron en sus programas electorales la prohibición de cortar la luz a hogares de rentas bajas y proclamaron que la electricidad debería ser un derecho básico protegido. (...)" (El País, 17/11/16)
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