Sigue la globalización... las multinacionales están consiguiendo que tribunales privados puedan multar a los gobiernos que quieran protejer a su población

"(...) El Senado aprobó el CETA

El 22 de septiembre, el polémico acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés, entró en vigor casi en su totalidad. Un 90% de sus directivas se comenzarán a aplicar sin que el acuerdo haya sido ratificado por muchos de los parlamentos de los Estados miembros.  (...)

¿Cómo te afecta?

Los tratados de libre comercio, como el TTIP o el CETA, han ido orientados a eliminar las barreras no arancelarias. Los controles de calidad, las normativas fitosanitarias, la prohibición del uso de ciertos colorantes alimentarios o transgénicos, son barreras para el libre comercio que el CETA quiere derribar. 

Los estándares entre Canadá y la Unión Europea han sido negociados a la baja y en secreto. Los efectos de los alimentos que nos vamos a comer con el CETA, como el salmón transgénico o los antibióticos de engorde, todavía no se pueden calcular. Las desregulaciones en sectores como la sanidad, el empleo o energéticos tampoco se pueden calcular. 

Además, si a un Estado miembro se le ocurre cambiar una legislación que contradiga lo que las multinacionales han conseguido gracias a estos tratados, podrá ser denunciados ante un tribunal de ISDS.

Un nuevo ISDS para todo el planeta

Los juzgados de arbitraje entre Estado e inversor basados en el mecanismo ISDS (investor-state dispute settlement) están siendo uno de los principales escollos para que se firmen tratados de libre comercio como el de la UE y Canadá (CETA), o los que se están negociando con Japón y con los países oceánicos.

 La opinión pública es contraria a que sea un juzgado privado el que pueda dictaminar sentencias e indemnizaciones a pagar por los Estados a empresas multinacionales que los denuncien por, entre otros motivos, cambiar una legislación que lleve a la empresa a perder dinero o simplemente no ganar lo esperado. 

Pero la Comisión Europea (CE) no quiere desechar esa idea, por mucho que no le guste a la población civil, y ha puesto en marcha un Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC). El 29 de noviembre, el Parlamento Europeo debatió sobre esta propuesta de la CE, aunque la última palabra la tiene únicamente el Consejo Europeo –formado por los Estados miembro–, que dará instrucciones a la Comisión para que siga avanzando en la creación del MIC. Ni el Parlamento Europeo ni los parlamentos nacionales pueden decidir sobre el mandato.

¿Cómo te afecta?

Este tipo de juzgados privados dan más capacidad y poder a las multinacionales para intervenir y sortear las políticas públicas y le quitan soberanía a los Estados para cambiar sus legislaciones o para intervenir o regular algún mercado.

 Es decir, que el beneficio de esas empresas puede quedar por encima de lo que elijamos en las urnas o hacer que pagar indemnizaciones a multinacionales sea una de las próximas partidas presupuestarias a tener en cuenta como, por ejemplo, en la siguiente noticia que también pasó desapercibida.  (...)"                 (Yago Álvarez, El Salto, 30/12/17)