13.11.18

El escándalo producido por la decisión del Pleno del Tribunal Supremo de invalidar una sentencia firme hace inocultable la podredumbre que impregna a “las más altas instancias del Estado... Eso sucede aquí, en cualquier país de la UE y en cualquier estado del planeta en el que el poder real máximo resida en una plutocracia que controla los bancos y las grandes multinacionales y que tiene los poderes del Estado a su servicio. Se llama capitalismo... El artículo 123 de su Reglamento prohíbe taxativamente al BCE adquirir deuda pública de los estados, pero cuando pese a todo la compran es a cambio de nuevas privatizaciones y reformas laborales, recortes en las pensiones, etc. ¿Cabe alguna duda de a quién representan?

"El escándalo producido por la decisión del Pleno del Tribunal Supremo de invalidar una sentencia firme de la sala de lo Contencioso del mismo Tribunal ha tenido la gran virtud, no sólo de mostrar “quién manda aquí”1, sino de hacer inocultable la podredumbre que impregna a “las más altas instancias del Estado”.  (...)

Eso sucede aquí, en cualquier país de la UE y en cualquier estado del planeta en el que el poder real máximo resida en una plutocracia que controla los bancos y las grandes multinacionales y que tiene los poderes del Estado a su servicio. Se llama capitalismo.

Lo que evidencian casos como este es que verdaderamente, en algo, “Spain is different”. Aquí la cosa es más burda, como recuerdan los tribunales de derechos humanos o los de otros países de la UE. Ni siquiera hay que molestarse en guardar las apariencias.  (...)

Quienes - como el PP, y una ristra de tertulianos y “expertos”- argumentan que la sentencia debe aceptarse porque si se hiciera pagar el impuesto a los bancos se encarecería el precio de las hipotecas, están mostrando una realidad incontestable: el poder de los bancos es absoluto.

Y este inmenso negocio, desde el estallido de la crisis financiera y por obra y gracia de la Unión Europea y de su Banco Central (BCE), se hace sobre todo con dinero público.

El BCE con competencia exclusiva para imprimir y prestar dinero tras la desaparición de los bancos centrales de los países miembros, no puede comprar deuda pública de los Estados y sólo puede vender dinero a los bancos. El tipo de interés actual es del 0,25%.

El artículo 123 de su Reglamento prohíbe taxativamente al BCE adquirir deuda pública, pero cuando pese a todo hacen el favor de comprarla es a cambio de nuevas privatizaciones y reformas laborales, recortes en las pensiones, etc. ¿Cabe alguna duda de a quién representan?

El negocio se cierra cuando los Estados se ven obligados a comprar dinero a los bancos privados a cambio de deuda pública al tipo de interés “de mercado”, es decir, abonando para obtener dinero un interés mucho más elevado que el pagado por los bancos al BCE. Y la deuda pública aumenta y aumenta. 

Así, mientras los servicios y prestaciones públicos se desmoronan, La Troika y los bancos dicen que se debe a que “vivimos por encima de nuestras posibilidades y gastamos más de lo que ingresamos”. Los acreedores del Estado son los grandes bancos, de aquí y de fuera.

Y es el Estado, en este caso el español, quien con dinero público extraído de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de las becas, etc, ha rescatado a unos bancos que ya han anunciado que no devolverán los más de 60.000 millones de euros que oficialmente reconocen haber recibido.

Son esos mismos bancos los que como hienas han arrojado, y arrojan, a la calle –y muchas veces al suicidio– a cientos de miles de familias obreras que no consiguen con sus míseros salarios, o desde el paro, pagar su hipoteca o su alquiler. El resultado: un millón setecientos mil desahucios desde que empezó la crisis y cerca de tres millones de viviendas vacías.

Y las decisiones las toman exactamente los mismos consejos de administración que se autoadjudican salarios astronómicos y exhiben beneficios record cada año.

Además, es a esos bancos a quienes como “prioridad absoluta” el Estado debe pagar la deuda pública contraída, tal y como obliga el artículo 135 de la Constitución y el Tratado de Estabilidad de la Zona Euro de 2013. Para eliminar cualquier escapatoria, la Ley 2/20122 que desarrolla los marcos legislativos anteriores establece la tenaza de la reducción del gasto público que debe asegurar el pago de esa deuda.

Ese marco jurídico-político permite la intervención, real y directa, de la llamada Troika (UE, BCE y FMI), sobre los presupuestos de todas las administraciones públicas y de la Seguridad Social. (...)

Obviamente, esa sacrosanta intangibilidad de los auténticos pilares del poder se asienta sobre el desconocimiento por parte de la mayoría del funcionamiento del siniestro engranaje de la dominación. Y se alimenta cuando ante situaciones como la actual, que muestran al desnudo el omnímodo poder del capital, la izquierda institucional señala solamente a sus esbirros, en este caso al Tribunal Supremo.

 El magnate del automóvil, Henry Ford decía que si la gente supiera como funciona el sistema financiero habría una revolución antes de mañana. ¿A quién sirve el silencio acerca de la mano que mece la cuna?  (...)

La expropiación de la banca, negar el pago de la deuda y salir del Euro y de la UE, constituyen la única alternativa, la condición sin la cual no hay cambio posible."              (Ángeles Maestro, Rebelión, 10/11/18)

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