El coste de cubrir el déficit de viviendas sociales (dos millones) en 12 años sería de 300.000 millones si las construyen promotoras privadas... y de 8.000 con empresas públicas munipalizadas para nuevos inmuebles, rehabilitación de viviendas en mal estado y acondicionamiento para una población joven de los centros degradados de algunas ciudades. Una inversión que se recuperaría con los alquileres...

"(...) Coger el problema de la vivienda por los cuernos es parte de la terapia democrática que necesitamos. Según las opiniones publicadas, parece haber consenso en torno a dos aspectos: hay que movilizar las viviendas principales cerradas por sus propietarios y el Estado tiene que tomarse en serio la puesta en el mercado de arrendamientos de, al menos dos millones de viviendas sociales, cifra que nos igualaría a los países europeos que hicieron su trabajo cuando tocaba.

La experiencia de la Inspección de Hacienda contra el fraude en las ayudas juveniles al alquiler, nos indica que existen suficientes mecanismos informáticos para detectar la ocupación fiscalmente opaca de viviendas en alquiler; por lo tanto, se puede llegar a la creación de un mapa fiable de viviendas vacías y alquilables.

 Existen mecanismo fiscales para incentivar su salida al mercado y, caso de que los propietarios prefieran pagar un sobrecoste fiscal, financiar la construcción de viviendas sociales. Mecanismo existen, siempre que no se relajen los controles públicas sobre las finanzas institucionales y que acabemos con años de demagogia anti-impuestos,.

Esto último nos introduce al otro elemento que define el panorama actual de la vivienda: un déficit enorme de viviendas sociales, dos millones según la “Asociación de promotores”.   El coste de cubrir el déficit, según la citada asociación (El País, 16-12-18) sería de 300.000 millones en 12 años. 

 Un coste excesivo, porque está calculado como un mercado cautivo para ellos que serían los beneficiarios de la movilización del suelo y  gestores del parque con cargo a las finanzas públicas. Sin embargo, el coste sería como mínimo, si se hiciera como empresa pública municipalizada,  de 8.000 millones anuales durante 12 años, de inversiones en nuevos inmuebles, rehabilitación de viviendas en mal estado y acondicionamiento para una población joven de los centros degradados de algunas ciudades. 

Una inversión que se recuperaría con los alquileres, pero que implicaría un cambio profundo en la composición del endeudamiento público; una negociación con Bruselas, basada en garantías solventes; un gran programa de empleo juvenil y sobre todo, un cambio en la cultura de los españoles en relación con el hábitat y la propiedad. Mientras se avanza en un Plan serio de futuro para la vivienda de las nuevas generaciones, es necesario atajar las urgencias actuales.

 Detener los abusos de los arrendadores, con una norma que de garantías a los arrendatarios de continuidad en la ocupación de la vivienda y seguridad en el precio del alquiler, durante un tiempo que compense los avatares de los traslados y cambios de residencia y permita organizar la vida familiar.

Una propuesta como ésta, implicaría una movilización de suelo público, como no se hace en España desde hace muchos años, aunque que sí se hizo en los años sesenta, construyendo en los arrabales de viviendas sin barrio ni transportes, donde se alojaron millones de familias, y en los primeros años de la democracia, consolidando servicios de barrio y transporte; parches sobre un urbanismo feroz.

 Pero, a la vista de la nueva cultura urbanita de los jóvenes, la oferta de vivienda social debería ir acompañada de un replanteamiento del centro y los barrios tradicionales populares de las ciudades, lugar donde tiene sentido la vivienda mínima o el piso compartido, de cara a un nuevo tiempo, donde el automóvil perderá protagonismo, tanto por el precio de la energía, y del mantenimiento del vehículo, como por la necesidad de combatir la polución urbana y el cambio climático.

 Tampoco sería viable la propuesta sin una nueva Ley del Suelo “ad-hoc”, que utilizara por fin la obligación enunciada en el artículo 47 de la Constitución, de proteger el derecho del ciudadano a la vivienda en conflicto con los propietarios de suelo. La viabilidad de la propuesta implica que los ayuntamientos actúen como agentes urbanizadores al servicio de la vivienda social.  Esta sería la propuesta española a la Unión Europea de contención del populismo. 

Mi opinión, a la vista de las experiencias históricas que la avalan; a favor y en contra, tanto en nuestro país como en Europa,  es que la proposición de que nuestro país asuma la vivienda social pública en alquiler merece la pena de ser estudiada."           (José Candela, Economistas frente a la crisis)