"Como es sabido, si a partir de 2008 el desempleo se disparó en España, en 2012 se echó gasolina en el incendio.
Este último año se promulgó la bien conocida reforma laboral de Rajoy
que optó, entre otras vías de precarización del empleo, por incentivar
el uso del despido, en todas sus modalidades, como vía principal para
proteger el tejido económico-empresarial. El primer golpe fue durísimo e
inmediato: en el mes de febrero del año 2013 se alcanzaba en España un
máximo histórico en las cifras de desempleo, 5.040.222 personas. El
segundo golpe, sostenido en el tiempo, provocó una mutación en el modelo
de relaciones de trabajo, instaurando la precariedad como norma.
Esa reforma laboral nos pasa factura ahora que una emergencia
sanitaria se traduce en obligada inactividad productiva, lo mismo que
las demás reformas llevadas a cabo en otros campos durante la pasada
crisis y en los años sucesivos.
Si no se hubiera recortado el gasto sanitario y dado alas a la
privatización del sistema, no estaríamos sufriendo ahora tantos
problemas de saturación como los que tenemos. Si no se hubieran
precarizado las pensiones ni se hubiera frenado la extensión del sistema
de cuidados, nuestros mayores (y la población en general) no estarían
sufriendo como sufren ni morirían tantos en las condiciones en que
muchos están muriendo, desatendidos en residencias que son sólo puros
negocios.
Y sin la reforma laboral, no correríamos el peligro de que
muchas empresas que van a recibir ayudas del Estado para que no cierren
por causa del confinamiento de la población, aprovechen la coyuntura
para realizar ajustes de empleo oportunistas. Algo que es imprescindible
evitar para que, una vez que pase la inactividad forzada, nos
encontremos con un problema laboral tan terrible como injustificadamente
sobrevenido.
(...) es imprescindible que el gobierno garantice que las empresas que
entran en inactividad a causa del confinamiento generalizado no realicen
los despidos que en este momento se siguen produciendo. Hay que salvar a
las empresas, desde luego, pero no al precio de que aprovechen la
situación para realizar ajustes oportunistas de empleo.
Una mirada rápida a nuestro entorno nos confirma que hay diversas
fórmulas para mitigar el impacto social de la crisis y reducir el número
de despidos, unas con mayor alcance que otras. (...)
En España, el ERTE vinculado al coronavirus conlleva una protección
amplia, eliminando los requisitos ordinarios para que no existan
condiciones de entrada ni se consuma desempleo. La prestación la asume
la seguridad social y los porcentajes y topes a la percepción que van a
recibir los trabajadores se mantienen, es decir, el 70% de la base
reguladora, teniendo claro que la cuantía máxima es de 1.411,83 cuando
se tienen dos o más hijos a cargo. La nueva regulación también exonera a
las empresas del pago del 100% (o del 75% si tiene 50 o más
trabajadores) de las cuotas a la seguridad social.
En Bélgica se ha establecido un modelo similar, con pago directo por
parte de la seguridad social del 70% del salario y un tope de 2,754.76
al mes, más una asignación extra.
En Francia se ha reformado el "desempleo parcial", de manera que la
empresa que suspende la actividad paga una compensación equivalente al
70% del salario bruto (alrededor del 84% del neto) a sus empleados. Los
empleados con salario mínimo o menos deberán ser remunerados al 100%. En
todas las situaciones, el Estado reembolsa a la empresa estas
cantidades, cubriendo salarios brutos de hasta 6.927 euros. Este
"desempleo parcial" se extenderá a las personas que trabajan en el
servicio doméstico.
Por su parte, el renuente Reino Unido, cuyo Primer Ministro empezó la
pandemia "asumiendo el coste social", ha establecido un mecanismo
llamado "Sistema de Conservación del Empleo Coronavirus". Según este
mecanismo, cuando el empresario no pueda asumir los salarios y siempre
que mantenga al trabajador contratado, el Estado se hará cargo del 80%
de los salarios, con un límite de 2.500 libras. El empresario puede
complementar hasta el 100% si así lo desea (algo similar está previsto
en Francia).
Todas estas fórmulas conllevan incentivos para mantener el empleo
pero nos parece que no son suficientes si se quiere evitar que se
produzcan despidos. Se centran en actuar frente a la obligada
paralización inmediata de la actividad productiva y laboral, compensando
en mayor o menor medida la carga salarial de las empresas que
voluntariamente opten por los mecanismos de suspensión temporal, pero no
contemplan la prohibición de despedir en este momento. Una laguna que
podría llevarnos a una situación socio-laboral muy crítica, de
magnitudes ahora mismo incalculables, cuando termine esta primera fase
de inactividad por el confinamiento.
Es cierto que la solución española apunta tímidamente a esta cuestión,
pues el Real Decreto Ley 8/2020 contiene en una disposición adicional
(la sexta) que bajo el título de "salvaguarda del empleo" establece que
las medidas extraordinarias en el ámbito laboral estarán sujetas al
compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis
meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Pero esta
previsión, a modo de incentivo, queda abierta a múltiples
interpretaciones. (...)
Más allá de lo ambiguo de esta disposición y de cómo deba de
utilizarse para impedir despidos futuros, lo que está claro es que la
norma actual no impide los despidos que se están produciendo en estos
días. Y esto es ahora lo más preocupante, porque el número de personas
que están perdiendo su puesto de trabajo aumenta.
En definitiva, estamos de acuerdo en que se proteja al máximo a las
empresas en esta coyuntura tan difícil y defendemos que se garantice que
no tengan que cerrar en el periodo de inactividad, bien retardando
pagos, bien compensando su carga salarial, bien aportándoles ayudas,
bien facilitándole el crédito.
Pero, a cambio, consideramos igualmente
indispensable que el Estado tenga la garantía de que, ahora y una vez
que se supere esta primera fase de confinamiento, no se van a producir
despidos justificados formalmente por la dificultad objetiva de la
pandemia pero en realidad orientados a ajustar más cómodamente los
costes salariales en favor exclusivo de los beneficios.
Lo que proponemos ya se ha establecido en otros países. Italia,
epicentro de la crisis, decretó la prohibición del despido durante 60
días (desde el 23 de febrero de 2020) impidiendo la extinción de
contratos por causas objetivas (principalmente, motivos inherentes a la
actividad empresarial). Y Dinamarca aporta otro ejemplo quizá más digno
todavía de seguir.
Allí, el importante desembolso de fondos públicos (13% del PIB) se
orienta, entre otras medidas y previo acuerdo entre los agentes sociales
y todos los partidos políticos del arco parlamentario, a cubrir los
costes salariales de las empresas privadas (hasta el 75% de los
salarios) que acrediten causas económicas para despidos colectivos, y
siempre que las mismas se comprometan a no despedir con una duración de
tres meses. Allí hablan de "congelar" la situación de la empresas
mediante estas ayudas para que no se vean obligadas ni a despedir ni a
cerrar a pesar de que no tengan actividad productiva o comercial
mientras dura la crisis inmediata.
Somos conscientes de que ningún modelo es perfecto y que incluso
estos dos últimos que van más allá que los anteriores dejan el espacio a
la crítica, por ejemplo, porque dejan fuera a distintos colectivos.
El peligro que corremos en España es que sin un mayor compromiso
normativo la epidemia se convierta a la postre en una puerta falsa para
los reajustes de plantillas. Hay que tener muy presente que arrastramos
una regulación del despido que incentiva su uso y que la reforma laboral
prevista (prometida) para eliminar los errores de Rajoy no se llegó a
culminar. Nos parece, pues, que ahora hay que ser especialmente
prevenidos.
A cambio de la imprescindible máxima generosidad del Estado
con las empresas, y muy especialmente con las de menor dimensión y más
débiles, creemos que hay que garantizar que va a darse un compromiso
paralelo por su parte para evitar que se produzca un oportunismo
empresarial que podría provocar una verdadera catástrofe socio-laboral
en poco tiempo." (Juan Torres López, Adoración Guamán, Público, 27/03/20)
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