Consecuencias de la privatización y los recortes en Sanidad en Madrid... La Constitución permite que se pueda intervenir la sanidad privada para poner sus recursos al servicio de la pública

"La Constitución permite que se pueda intervenir la sanidad privada para poner sus recursos al servicio de la pública". 

Miguel Presno, catedrático en Derecho Constitucional, señala que la aprobación del estado de alarma permitiría que el Estado, en caso de necesidad, interviniera en la sanidad privada para asegurar los recursos necesarios en la pública. Recuerda, además, que el artículo 128 de la carta magna señala que "mediante la ley" se podrá "acordar la intervención de empresas cuando así lo exija el interés general".

 (...)  También se ha alertado de la posibilidad de que la Sanidad pública se pudiera quedar sin recursos suficientes en caso de un alto número de contagios. ¿La ley prevé escenarios en los que se puede expropiar o intervenir en la sanidad privada para poder atender esta crisis?

La palabra correcta creo que no es expropiación. El estado de alarma prevé "intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, etc". Por tanto, en una declaración de estado de alamar sí cabe. Porque, además, intervenir quiere decir que después vas a compensar económicamente.

Entonces y siguiendo la Constitución, ¿nuestra legislación actual permitiría una intervención en la sanidad privada para poner recursos en la pública.

Sí. La Constitución cuando habla del derecho a la propiedad la condiciona a la función social. El artículo 128 de la Constitución dice que toda la riqueza del país está subordinada al interés general y que "mediante ley" se podría "acordar la intervención de empresas cuando así lo exige el interés general". Se trata de una cuestión de salud pública y para algunas personas puede ser una cuestión de vida o muerte. Una UVI no se puede improvisar y si se necesitan recursos privados...

 Por eso defiendo el estado de alarma. Porque ya prevé también este tipo de situaciones. Y esto también sería aplicable al tema de las mascarillas. Creo que el Estado tiene base legal para poder intervenir todas las mascarillas que hay en las fábricas y decir que en estas condiciones va a ser el propio Estado el encargado de su distribución. (...)"                 (Entrevista a Miguel Presno, Público, 11/03/20)

"La crisis del coronavirus ha provocado la agonía en la sanidad madrileña, la cual ya había tenido dificultades para abarcar la epidemia de gripe de este invierno. 

La política de recortes y de privatización de los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid se hace más visible todavía en estos casos extremos, donde la falta de personal es evidente. 

Según los datos del Servicio Madrileño de Salud, entre el año 2010 y el año 2018, la sanidad de la región ha perdido unos 3.300 profesionales, a pesar de que la población con derecho a la asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid ha crecido en casi 500.000 personas en ese mismo periodo.

“En cuanto al gasto, los principales recortes vinieron en los ámbitos de salud pública y en atención primaria. Pero ha sido en los hospitales donde más se ha recortado en profesionales”, explica Javier Padilla, médico de familia, número 7 en Madrid por las listas de Mas País y autor del libro ¿A quién vamos a dejar morir? Sanidad pública, crisis y la importancia de lo político (Capitán Swing, 2019). A pesar del progresivo crecimiento en el número de facultativos en los últimos años, en 2018 los números seguían por debajo de los de 2010. Todo ello con medio millón más de pacientes.

Según el catálogo nacional de hospitales, Madrid cuenta con 33 hospitales públicos y 50 privados. Una de las políticas más destacadas del PP en el gobierno de la región desde 2010 ha sido la privatización constante de sus centros hospitalarios, lo que han venido denominando como “libre elección” de los pacientes y que no ha hecho más que engordar los bolsillos de las compañías que los gestionan. De esta forma, de los 33 hospitales públicos, cinco tienen una gestión privada que, según ha quedado demostrado, sus tratamientos son hasta 6 veces más caros para las arcas públicas.

Estos hospitales, según denuncian sindicatos y profesionales de la salud, se ponen ahora de lado y derivan a los paciente a los centros públicos, donde la tecnología es mejor. “Aquí tenemos varias patas. Por un lado, los seguros privados han dicho que no se hacen cargo. Por otro, los hospitales puramente privados como La Milagrosa o La Moncloa están mandando pacientes a la pública. Y, finalmente, los hospitales públicos de gestión privada también se lavan las manos y los mandan a los otros. 

Esto es un claro ejemplo de parasitación público-privada: aquellos riesgos que no quieren asumir la privada se manda a la pública”, denuncia Padilla. Este experto señala que existen mecanismos legislativos para poner a trabajar a la iniciativa privada por el bien común.

«El consejo de gobierno ha autorizado algunas restricciones que siento comunicarles pero son imprescindibles», avanzaba la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso el pasado lunes 9 de marzo. Así, el colapso sanitario actual ha provocado que se suspendan citas para determinadas intervenciones ya programadas para poder dar así cobertura a los pacientes infectados con coronavirus, lo que va a provocar listas de espera todavía mayores. A esto se suman la posibilidad de aplazar las consultas externas no preferentes, las pruebas diagnósticas y los ingresos. La presidenta anunció la apertura de las camas de reservas de los centros de apoyo.

Limpieza y mantenimiento

El problema de la sanidad no solo afecta a los profesionales de la salud. Los protocolos de limpieza y desinfección también generan una presión mayor sobre unos servicios que, en la mayoría de los casos, se encuentran externalizados en grandes multinacionales. Así, según demostró la plataforma Audita Sanidad la principal adjudicataria de los contratos de la sanidad madrileña es Clece SA, la compañía de multiservicios de ACS, el grupo de Florentino Pérez, cuyos trabajadores se encargan del mantenimiento. Unos contratos que, según denunció la plataforma ciudadana, se otorgaron a dedo en el 99,7% de los casos.

Al preguntar a Javier Padilla sobre las posibilidades que tiene la Consejería de Sanidad madrileña para exigir a las compañías que incrementen sus servicios, el experto asegura que “es muy difícil que puedan hacer algo porque generalmente los contratos están blindados”. Así, el pasado miércoles 4 de marzo, trabajadores y trabajadoras del Hospital Clínico San Carlos se concentraban para denunciar falta de medios. 

En el San Carlos, es la empresa Garibaldi –la tercera que más contratos recibe– quien se encarga de los servicios de limpieza. Según los trabajadores de la compañía, los pliegos del contrato de externalización permiten un desabastecimiento de papel higiénico de casi una semana en cualquier momento y por cualquier circunstancia, sin que esto suponga un perjuicio para ella."                 (Dan Domínguez, La Marea, 10/03/20)