La polarización de la riqueza sigue aumentando. Trasvase de rentas a través de los alquileres de los hogares pobres hacia los ricos

"La sexta Encuesta Financiera de las Familias confirma un reforzamiento de la desigualdad en el reparto de la riqueza: los hogares ricos acumulan cada vez más patrimonio financiero e inmobiliario a costa de los hogares pobres, que cada vez tienen menos casas en propiedad y pagan alquileres más altos.

El Banco de España acaba de publicar la sexta Encuesta Financiera de las Familias (EFF), correspondiente a 2017.[2] Esta encuesta se realiza cada tres años desde 2002 a una muestra de 6.000 hogares y proporciona la información más completa sobre la distribución de la riqueza entre las familias.[3] Como el día de la marmota, cada nueva edición de la EFF vuelve a mostrar la misma tendencia estructural al ensanchamiento de la desigualdad y fluctuaciones particulares asociadas a las sucesivas coyunturas económicas.

La riqueza o patrimonio de los hogares es un valor de stock e incluye el valor monetario de sus activos (inmuebles, acciones y propiedades de todo tipo) menos sus pasivos o deudas; en cambio, la renta es un valor de flujo y recoge los ingresos de los hogares obtenidos a lo largo de un año (salarios, beneficios, prestaciones monetarias, etc.).

Los informes publicados por el Banco de España distribuyen los hogares por tramos de patrimonio en cinco lotes, de más a menos riqueza: el 10% de hogares con más patrimonio neto ocupan los percentiles 90-100  y nosotros los definimos como “muy ricos”; el siguiente tramo, entre los percentiles 75 y 90, son los relativamente “ricos”; entre los percentiles 50 y 75, los “intermedios”; entre 25 y 50, los relativamente “pobres”; y los situados por debajo del percentil 25, los “muy pobres”.[4] (...)

  En los últimos quince años la polarización en el reparto de la riqueza se ha extremado entre  el 10% de hogares muy ricos, que se han vuelto mucho más ricos, y el 25% de hogares muy pobres, que ahora son mucho más pobres. (...)

La creciente polarización de la riqueza ha fluctuado en función de los ciclos económicos, tal como se desprende de la secuencia de las seis encuestas realizadas por el Banco de España:

2002-2005: En plena etapa de crecimiento y expansión financiera e inmobiliaria, todos los tramos de hogares aumentan su patrimonio en torno al 50%, salvo los hogares muy pobres que lo incrementan menos del 20%. El efecto riqueza se concentra en los estratos medios y superiores.

2005-2011: Se produce el primer ciclo de la crisis, con una fuerte caída de los valores inmobiliarios y financieros. Todos los hogares reducen su patrimonio, pero la bajada es inversamente proporcional a la riqueza: -36% los muy pobres; -23% los pobres; -21% los intermedios; -13% los ricos; y -0,5% los muy ricos.

2011-2014: Segundo ciclo de la crisis. Sólo los hogares muy ricos incrementan su patrimonio (+5%) mientras el resto sufre de nuevo importantes caídas que afectan mucho más al último tramo de patrimonio: -10% los hogares ricos; -29% los intermedios; -28% los pobres; y -111% los muy pobres.

2014-2017: Etapa de recuperación patrimonial para la mitad de hogares con más riqueza que se incrementa un 5% (+44.000€ constantes por hogar), mientras la otra mitad más pobre la reduce un 7% (-4.300€ por hogar). Esta reducción se ha concentrado en los relativamente “pobres” ya que los muy pobres lograron rebajar sus deudas al desprenderse, vía desahucios, de buena parte de sus hipotecas, como veremos más adelante.

La conclusión general es que la desigualdad en el reparto de la riqueza, que ya era grande en 2002, se ha ampliado de forma sustancial en los años siguientes, sobre todo en la fase de salida de la crisis.  La ratio o división entre el patrimonio neto medio del 10% más rico y el 50% más pobre, en euros constantes, ha pasado de 16 en 2002 (857.500€/54.100€) a 21 en 2011 (1.250.900€/60.600€) y 38 en 2017 (1.354.400€/35.700€), lo que supone que la desigualdad de la riqueza entre ambos segmentos de población se ha doblado con creces en tan solo quince años  (...)

Algo parecido ocurre si sacamos la ratio entre el 50% más rico y el 50% más pobre de los hogares españoles, que ha pasado de 6,6 en 2002 (355.400€/54.100€) a 13 en 2017 (469.700€/35.700€). Bastaría que ese diferencial fuera de doce en lugar de trece, y que esa pequeña fracción se trasvasara a la mitad de hogares más pobres, para que éstos doblaran su patrimonio medio. (...)

Los hogares con renta o ingresos más altos disfrutan de un nivel de consumo superior en todos los órdenes[7] y además tienen capacidad de ahorro e inversión, lo que les permite incrementar año a año su patrimonio. En cambio, los hogares con menos ingresos a duras penas pueden hacer frente a sus necesidades, sobre todo del alquiler y de bienes duraderos, y con frecuencia necesitan endeudarse para conseguirlos, lo que acrecienta su empobrecimiento.

Enriquecimiento masivo de un sector menor

La décima parte de los hogares que hemos calificado como muy ricos (4,6 millones de personas en 1,8 millones de hogares) ha incrementado su patrimonio medio un 58% desde 2002, acumulando una riqueza conjunta en 2017 de 2,5 billones de euros, más que todo el resto de hogares juntos. Este proceso de enriquecimiento masivo ha inflado sus activos financieros e inmobiliarios y ha permitido a este sector mantener un nivel muy bajo de deuda. (...)

Empobrecimiento también masivo de la cuarta parte de los hogares

Los hogares muy pobres (12 millones de personas en 4,6 millones de hogares) partían en 2002 de un pequeño patrimonio medio (17.000€ netos) que era cincuenta veces menor que el de los muy ricos (857.000€). Tan exiguo patrimonio se fue reduciendo hasta pasar a ser negativo en las encuestas de 2014 y 2017, lo que significa que sus deudas sobrepasan a sus activos. Si a esto añadimos que a raíz de la crisis muchos de estos hogares tuvieron que abandonar la propiedad de su vivienda, la conclusión es obvia: se trata de un sector de la sociedad que ha sido objeto de un empobrecimiento también masivo.  (...)

No obstante, las deudas de estos hogares, que habían crecido a un ritmo muy intenso hasta 2014, bajaron de forma importante en 2017, aunque todavía registran un endeudamiento superior al resto de hogares 

 Esta reducción de deuda de los hogares más pobres se puede explicar por dos factores encadenados. En primer lugar, la venta voluntaria o el desahucio forzoso de unas 400.000 viviendas entre 2014 y 2017, que les ha permitido obtener liquidez y liberarse de deudas pendientes.

En segundo lugar, el incremento del nivel de renta en la fase de “salida” de la crisis al aumentar la tasa de empleo en España en 7,2 puntos entre dichos años (1,48 millones de empleos según la EPA) lo que contribuyó a aumentar los ingresos de los hogares, no tanto porque se incrementaran los salarios sino porque había un mayor número de personas asalariadas: según la Estadística de salarios de la Agencia Tributaria, el salario medio entre dichos años aumentó un 2,8%, en euros constantes, y la masa salarial un 11,5%, o sea, cuatro veces más. (...)

Trasvase de rentas a través de los alquileres

El supuesto de que la forma de vivienda dominante en España es la propiedad no vale para la cuarta parte con menos recursos, que vive mayoritariamente de alquiler y otras fórmulas minoritarias de tenencia que no implican propiedad.[10] En 2017 vivían así casi tres cuartas partes de los hogares muy pobres (72%) y sólo el 8% del resto de la población

Los hogares “muy pobres” (parte izquierda del Gráfico) aumentaron mucho las casas en propiedad entre 2005 y 2011, pasando del 35 al 46%, y bajaron luego en picado en el sexenio 2011-2017, hasta el 28%. Este enorme descenso de viviendas en propiedad afectó en sólo seis años a unos 735.000 hogares muy pobres[11] y se debió sobre todo a la explosión de la burbuja inmobiliaria producida en España a raíz de la crisis.[12] 

Asimismo, nuevos hogares de personas jóvenes o inmigrantes encuentran serios problemas para acceder a la propiedad, ya sea por sus bajos ingresos o por la resistencia de los bancos a conceder créditos que impliquen algún riesgo, lo que aumenta la demanda sobre el alquiler. 

Por otro lado, del pequeño segmento de hogares muy pobres con casa en propiedad, la mayoría no la ha terminado de pagar y soporta una deuda hipotecaria que el Banco de España cifra en 92.700€ (valor “mediano”). Esto significa que todavía  podrían ser objeto de desahucios, a pesar de los cambios de la nueva Ley Hipotecaria (2019), en la medida que sigan teniendo dificultades para pagar las cuotas correspondientes.[13]

El “resto de hogares” (parte derecha del Gráfico) dispone con frecuencia de “otras propiedades inmobiliarias”, normalmente segundas y terceras viviendas: 93% de los hogares muy ricos, 77% de los relativamente ricos, 55% de los intermedios y 34% de los relativamente “pobres”. En conjunto, el 57,3% del “resto de hogares” disponía en 2017 de “otras propiedades inmobiliarias”, que se pueden estimar en torno a 8 millones de unidades.[14] Quince años antes, quienes disponían de viviendas secundarias eran justamente la mitad (4 millones).

Las segundas y terceras viviendas se suelen utilizar para disfrute familiar y a veces también como inversión, ya sea para revenderlas más caras o porque se alquilan a otras familias obteniendo así una rentabilidad extra. Estos alquileres generalmente van a parar a los hogares que más demandan esa modalidad de vivienda, que son precisamente los muy pobres, generando un importante trasvase de rentas desde estos últimos hacia los más ricos, que estimamos para el año 2017 en unos 22.250 millones de euros[15]. 

Esta enorme cantidad de dinero representa el 23% de la renta total producida por los hogares muy pobres, según la última Encuesta del Banco de España. En 2014, aplicando los mismos criterios, ese trasvase de rentas vía alquileres sería de 14.750 millones (16% de la renta producida ese año), una progresión que implica un importantísimo bombeo de la renta de los pobres hacia sus arrendadores.

Si a lo anterior añadimos que el precio medio de los alquileres en España, que había bajado notablemente en la etapa central de la crisis, ha subido un 44% entre 2014 y 2019, es fácil concluir que la pérdida o desahucio de viviendas en propiedad por parte de las familias pobres las ha vuelto más débiles y dependientes de las familias ricas y otros grandes propietarios de viviendas, dando lugar a una nueva fuente de acumulación de capital que contribuye de forma importante a ensanchar la desigualdad en España.

Algunos grandes inversores se han visto atraídos por la creciente rentabilidad de los alquileres en España, en especial las Socimis especializadas, muchas de ellas en manos de fondos de inversión extranjeros y ubicadas en paraísos fiscales.[16] En opinión de José Manuel Naredo, “la inversión extranjera en inmuebles cobró una fuerza nunca vista en el mercado inmobiliario español y explica en buena parte el repunte de las operaciones y los precios de los alquileres. Los popularmente llamados ‘fondos buitre’ han venido buscando, con la ayuda de ojeadores autóctonos, buenos solomillos para comprar entre los despojos inmobiliarios que ha dejado la crisis”.[17]

Aunque la mayoría de los arriendos en España se realizan entre particulares, las empresas especializadas están creciendo en el sector gracias a la compra a precio de saldo de viviendas desahuciadas por los bancos o transferidas a la Sareb (“banco malo”).[18] Aparecen también promotoras, gestoras y fondos que están impulsando un nuevo modelo de negocio, el “built to rent”, orientado a construir bloques de viviendas de alquiler, en la medida que lo consideran “un gran nicho de negocio” a largo plazo.[19] 

En este contexto no es de extrañar que dirigentes de grandes empresas y Socimis del sector de la construcción presionaran al gobierno por todos los medios para impedir o rebajar los objetivos sociales de las nuevas medidas legales que se iniciaron con el RD 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (ver).

Al encarecimiento de los alquileres se une a la falta de viviendas sociales en España, que se sitúa por debajo del 2% del parque de primeras viviendas, muy lejos del resto de países comunitarios. Una situación que impide dar respuesta al millón y medio de hogares que actualmente demandan una vivienda social en el conjunto de España,[20]  lo que  agudiza la situación de emergencia de muchas familias empobrecidas en riesgo continuo de no poder pagar las cuotas de alquiler y ser desahuciadas por sus arrendadores (Gráfico 6).

Mientras los desahucios de viviendas hipotecadas son tres veces menos que hace cinco años (han pasado de 75.000 a 25.000), los de viviendas de alquiler se mantienen constantes entre 60.000 y 70.000, sin que aparezcan síntomas de que vayan a reducirse a corto plazo. La falta de alternativas habitacionales para las familias más pobres que han sido desahuciadas lleva a una parte de ellas a ocupar inmuebles vacíos, en su mayoría pertenecientes a bancos.

 Aunque no hay estadísticas precisas, son varios los indicadores que apuntan a que el número de ocupaciones ha aumentado mucho en los últimos años. El principal dato “indirecto” sobre las ocupaciones son los procesos judiciales iniciados anualmente por “delito de usurpación de morada”, que recoge el Consejo General del Poder Judicial. Estos juicios se quinduplicaron entre 2007 (4.906 procesos) y 2015 (22.461). A partir de 2016 hubo un cambio en la legislación penal que diferenció entre procesos civiles y penales, consignando sólo estos últimos en la estadística judicial, lo que explica la bajada artificial registrada en el Gráfico 5 a partir de ese año.

Una política económica que genera exclusión social

La ocupación de inmuebles vacíos por parte de familias que no pueden pagar la vivienda es el último eslabón de un proceso de empobrecimiento que dio lugar en España a una cascada de desahucios hipotecarios en la fase central de la crisis y ahora se focaliza en los desahucios de alquiler. Previamente, los hogares muy pobres dejan de pagar la luz, el agua o el gas, con el consiguiente problema del corte del suministro, o padecen situaciones de insolvencia para acceder a necesidades básicas como la alimentación,[21] el vestido, o los gastos extraordinarios de educación y salud, etc.

La negación de estos derechos básicos, compensados sólo parcialmente por las políticas sociales, son el corolario de la política económica seguida por España en las dos últimas décadas (antes, en y después de la crisis): mientras el stock de capital empresarial se ha multiplicado por cinco entre 1994 y 2018 (de 0,5 a 3 billones de euros constantes), los salarios han reducido su poder adquisitivo en un 4% (de 1.722 a 1.650 euros/mes) y la amenaza del paro y las reformas laborales regresivas han frenado la capacidad de reacción de la población asalariada.  

En los ciclos expansivos, el anterior a 2008 y el posterior a 2014, los salarios permanecen prácticamente congelados pero el aumento del empleo y, por tanto, de la masa salarial, da lugar a una cierta expansión del consumo y del acceso a la vivienda; en los ciclos recesivos, el desempleo y los recortes salariales y sociales provocan quiebras en cadena de muchas pequeñas empresas, más desahucios y empobrecimiento de millones de hogares.

El resultado final es la polarización creciente de la distribución de la riqueza en los hogares españoles, que confirma la sexta EFF del Banco de España y ha sido denunciada recientemente por Philip Alston, relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de Naciones Unidas: “Hay dos Españas muy distintas… junto a una España próspera, otra que está al borde de sobrevivir, con unos niveles de pobreza que reflejan una opción política que se ha diseñado en los últimos años. Entre 2007 y 2017 los ingresos del 1% aumentaron el 24% mientras los de quienes estaban por debajo del 90% crecieron un 2%… 

Es estado español optó por recaudar un 5% menos en ingresos fiscales, mucho menos que cualquier otro gobierno europeo, por lo que ha tenido menos fondos para destinar a la protección social, y eso es una opción política. Y también lo es el recorte del impuesto a las empresas y a las fortunas más ricas, en contraste con el fracaso de los ingresos mínimos y la escasa disponibilidad de planes de protección social” (Conferencia de prensa del 7 de febrero de 2020). A la vista de esta evolución, resulta inevitable cuestionar el modelo social, económico y político que mantiene y amplia tan grandes desigualdades. (...)"                (Carlos Pereda, Barómetro Social de España, 05/03/20)