"La sexta Encuesta Financiera de las Familias confirma un
reforzamiento de la desigualdad en el reparto de la riqueza: los hogares
ricos acumulan cada vez más patrimonio financiero e inmobiliario a
costa de los hogares pobres, que cada vez tienen menos casas en
propiedad y pagan alquileres más altos.
El Banco de España acaba de publicar la sexta Encuesta Financiera de las Familias (EFF), correspondiente a 2017.[2]
Esta encuesta se realiza cada tres años desde 2002 a una muestra de
6.000 hogares y proporciona la información más completa sobre la
distribución de la riqueza entre las familias.[3]
Como el día de la marmota, cada nueva edición de la EFF vuelve a
mostrar la misma tendencia estructural al ensanchamiento de la
desigualdad y fluctuaciones particulares asociadas a las sucesivas
coyunturas económicas.
La riqueza o patrimonio de los hogares es
un valor de stock e incluye el valor monetario de sus activos
(inmuebles, acciones y propiedades de todo tipo) menos sus pasivos o
deudas; en cambio, la renta es un valor de
flujo y recoge los ingresos de los hogares obtenidos a lo largo de un
año (salarios, beneficios, prestaciones monetarias, etc.).
Los informes
publicados por el Banco de España distribuyen los hogares por tramos de
patrimonio en cinco lotes, de más a menos riqueza: el 10% de hogares con
más patrimonio neto ocupan los percentiles 90-100 y nosotros los
definimos como “muy ricos”; el siguiente tramo, entre los percentiles 75 y 90, son los relativamente “ricos”; entre los percentiles 50 y 75, los “intermedios”; entre 25 y 50, los relativamente “pobres”; y los situados por debajo del percentil 25, los “muy pobres”.[4] (...)
En los últimos quince años la polarización en el reparto de la riqueza
se ha extremado entre el 10% de hogares muy ricos, que se han vuelto
mucho más ricos, y el 25% de hogares muy pobres, que ahora son mucho más
pobres. (...)
La creciente polarización de la riqueza ha fluctuado en función de
los ciclos económicos, tal como se desprende de la secuencia de las seis
encuestas realizadas por el Banco de España:
2002-2005:
En plena etapa de crecimiento y expansión financiera e inmobiliaria,
todos los tramos de hogares aumentan su patrimonio en torno al 50%,
salvo los hogares muy pobres que lo incrementan menos del 20%. El efecto
riqueza se concentra en los estratos medios y superiores.
2005-2011:
Se produce el primer ciclo de la crisis, con una fuerte caída de los
valores inmobiliarios y financieros. Todos los hogares reducen su
patrimonio, pero la bajada es inversamente proporcional a la riqueza:
-36% los muy pobres; -23% los pobres; -21% los intermedios; -13% los
ricos; y -0,5% los muy ricos.
2011-2014:
Segundo ciclo de la crisis. Sólo los hogares muy ricos incrementan su
patrimonio (+5%) mientras el resto sufre de nuevo importantes caídas que
afectan mucho más al último tramo de patrimonio: -10% los hogares
ricos; -29% los intermedios; -28% los pobres; y -111% los muy pobres.
2014-2017:
Etapa de recuperación patrimonial para la mitad de hogares con más
riqueza que se incrementa un 5% (+44.000€ constantes por hogar),
mientras la otra mitad más pobre la reduce un 7% (-4.300€ por hogar).
Esta reducción se ha concentrado en los relativamente “pobres” ya que
los muy pobres lograron rebajar sus deudas al desprenderse, vía
desahucios, de buena parte de sus hipotecas, como veremos más adelante.
La conclusión general es que la desigualdad en el reparto de la
riqueza, que ya era grande en 2002, se ha ampliado de forma sustancial
en los años siguientes, sobre todo en la fase de salida de la crisis.
La ratio o división entre el patrimonio neto medio del 10% más rico y el
50% más pobre, en euros constantes, ha pasado de 16 en 2002
(857.500€/54.100€) a 21 en 2011 (1.250.900€/60.600€) y 38 en 2017
(1.354.400€/35.700€), lo que supone que la desigualdad de la riqueza
entre ambos segmentos de población se ha doblado con creces en tan solo
quince años (...)
Algo parecido ocurre si sacamos la ratio entre el 50% más rico y el 50%
más pobre de los hogares españoles, que ha pasado de 6,6 en 2002
(355.400€/54.100€) a 13 en 2017 (469.700€/35.700€). Bastaría que ese
diferencial fuera de doce en lugar de trece, y que esa pequeña fracción
se trasvasara a la mitad de hogares más pobres, para que éstos doblaran
su patrimonio medio. (...)
Los hogares con renta o ingresos más altos disfrutan de un nivel de consumo superior en todos los órdenes[7]
y además tienen capacidad de ahorro e inversión, lo que les permite
incrementar año a año su patrimonio. En cambio, los hogares con menos
ingresos a duras penas pueden hacer frente a sus necesidades, sobre todo
del alquiler y de bienes duraderos, y con frecuencia necesitan
endeudarse para conseguirlos, lo que acrecienta su empobrecimiento.
Enriquecimiento masivo de un sector menor
La décima parte de los hogares que hemos calificado como muy ricos
(4,6 millones de personas en 1,8 millones de hogares) ha incrementado su
patrimonio medio un 58% desde 2002, acumulando una riqueza conjunta en
2017 de 2,5 billones de euros, más que todo el resto de hogares juntos.
Este proceso de enriquecimiento masivo ha inflado sus activos
financieros e inmobiliarios y ha permitido a este sector mantener un
nivel muy bajo de deuda. (...)
Empobrecimiento también masivo de la cuarta parte de los hogares
Los hogares muy pobres (12 millones de personas en 4,6 millones de
hogares) partían en 2002 de un pequeño patrimonio medio (17.000€ netos)
que era cincuenta veces menor que el de los muy ricos (857.000€). Tan
exiguo patrimonio se fue reduciendo hasta pasar a ser negativo en las
encuestas de 2014 y 2017, lo que significa que sus deudas sobrepasan a
sus activos. Si a esto añadimos que a raíz de la crisis muchos de estos
hogares tuvieron que abandonar la propiedad de su vivienda, la
conclusión es obvia: se trata de un sector de la sociedad que ha sido
objeto de un empobrecimiento también masivo. (...)
No obstante, las deudas de estos hogares, que habían crecido a un
ritmo muy intenso hasta 2014, bajaron de forma importante en 2017,
aunque todavía registran un endeudamiento superior al resto de hogares
Esta reducción de deuda de los hogares más pobres se puede explicar por
dos factores encadenados. En primer lugar, la venta voluntaria o el
desahucio forzoso de unas 400.000 viviendas entre 2014 y 2017, que les
ha permitido obtener liquidez y liberarse de deudas pendientes.
En
segundo lugar, el incremento del nivel de renta en la fase de “salida”
de la crisis al aumentar la tasa de empleo en España en 7,2 puntos entre
dichos años (1,48 millones de empleos según la EPA) lo que contribuyó a
aumentar los ingresos de los hogares, no tanto porque se incrementaran
los salarios sino porque había un mayor número de personas asalariadas:
según la Estadística de salarios de la Agencia Tributaria, el salario
medio entre dichos años aumentó un 2,8%, en euros constantes, y la masa
salarial un 11,5%, o sea, cuatro veces más. (...)
Trasvase de rentas a través de los alquileres
El supuesto de que la forma de vivienda dominante en España es la propiedad no vale para la cuarta parte con menos recursos, que vive mayoritariamente de alquiler y otras fórmulas minoritarias de tenencia que no implican propiedad.[10] En 2017 vivían así casi tres cuartas partes de los hogares muy pobres (72%) y sólo el 8% del resto de la población
Los hogares “muy pobres” (parte izquierda del Gráfico) aumentaron
mucho las casas en propiedad entre 2005 y 2011, pasando del 35 al 46%, y
bajaron luego en picado en el sexenio 2011-2017, hasta el 28%. Este
enorme descenso de viviendas en propiedad afectó en sólo seis años a
unos 735.000 hogares muy pobres[11] y se debió sobre todo a la explosión de la burbuja inmobiliaria producida en España a raíz de la crisis.[12]
Asimismo, nuevos hogares de personas jóvenes o inmigrantes encuentran
serios problemas para acceder a la propiedad, ya sea por sus bajos
ingresos o por la resistencia de los bancos a conceder créditos que
impliquen algún riesgo, lo que aumenta la demanda sobre el alquiler.
Por
otro lado, del pequeño segmento de hogares muy pobres con casa en
propiedad, la mayoría no la ha terminado de pagar y soporta una deuda
hipotecaria que el Banco de España cifra en 92.700€ (valor “mediano”).
Esto significa que todavía podrían ser objeto de desahucios, a pesar de
los cambios de la nueva Ley Hipotecaria (2019), en la medida que sigan
teniendo dificultades para pagar las cuotas correspondientes.[13]
El “resto de hogares” (parte derecha del Gráfico) dispone con
frecuencia de “otras propiedades inmobiliarias”, normalmente segundas y
terceras viviendas: 93% de los hogares muy ricos, 77% de los
relativamente ricos, 55% de los intermedios y 34% de los relativamente
“pobres”. En conjunto, el 57,3% del “resto de hogares” disponía en 2017
de “otras propiedades inmobiliarias”, que se pueden estimar en torno a 8
millones de unidades.[14] Quince años antes, quienes disponían de viviendas secundarias eran justamente la mitad (4 millones).
Las segundas y terceras viviendas se suelen utilizar para disfrute
familiar y a veces también como inversión, ya sea para revenderlas más
caras o porque se alquilan a otras familias obteniendo así una
rentabilidad extra. Estos alquileres generalmente van a parar a los
hogares que más demandan esa modalidad de vivienda, que son precisamente
los muy pobres, generando un importante trasvase de rentas desde estos
últimos hacia los más ricos, que estimamos para el año 2017 en unos
22.250 millones de euros[15].
Esta enorme cantidad de dinero representa el 23% de la renta total
producida por los hogares muy pobres, según la última Encuesta del Banco
de España. En 2014, aplicando los mismos criterios, ese trasvase de
rentas vía alquileres sería de 14.750 millones (16% de la renta
producida ese año), una progresión que implica un importantísimo bombeo
de la renta de los pobres hacia sus arrendadores.
Si a lo anterior añadimos que el precio medio de los alquileres en
España, que había bajado notablemente en la etapa central de la crisis,
ha subido un 44% entre 2014 y 2019, es fácil concluir que la pérdida o
desahucio de viviendas en propiedad por parte de las familias pobres las
ha vuelto más débiles y dependientes de las familias ricas y otros
grandes propietarios de viviendas, dando lugar a una nueva fuente de
acumulación de capital que contribuye de forma importante a ensanchar la
desigualdad en España.
Algunos grandes inversores se han visto atraídos por la creciente
rentabilidad de los alquileres en España, en especial las Socimis
especializadas, muchas de ellas en manos de fondos de inversión
extranjeros y ubicadas en paraísos fiscales.[16]
En opinión de José Manuel Naredo, “la inversión extranjera en inmuebles
cobró una fuerza nunca vista en el mercado inmobiliario español y
explica en buena parte el repunte de las operaciones y los precios de
los alquileres. Los popularmente llamados ‘fondos buitre’ han venido
buscando, con la ayuda de ojeadores autóctonos, buenos solomillos para
comprar entre los despojos inmobiliarios que ha dejado la crisis”.[17]
Aunque la mayoría de los arriendos en España se realizan entre
particulares, las empresas especializadas están creciendo en el sector
gracias a la compra a precio de saldo de viviendas desahuciadas por los
bancos o transferidas a la Sareb (“banco malo”).[18]
Aparecen también promotoras, gestoras y fondos que están impulsando un
nuevo modelo de negocio, el “built to rent”, orientado a construir
bloques de viviendas de alquiler, en la medida que lo consideran “un
gran nicho de negocio” a largo plazo.[19]
En este contexto no es de extrañar que dirigentes de grandes empresas y
Socimis del sector de la construcción presionaran al gobierno por todos
los medios para impedir o rebajar los objetivos sociales de las nuevas
medidas legales que se iniciaron con el RD 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (ver).
Al encarecimiento de los alquileres se une a la falta de viviendas
sociales en España, que se sitúa por debajo del 2% del parque de
primeras viviendas, muy lejos del resto de países comunitarios. Una
situación que impide dar respuesta al millón y medio de hogares que
actualmente demandan una vivienda social en el conjunto de España,[20]
lo que agudiza la situación de emergencia de muchas familias
empobrecidas en riesgo continuo de no poder pagar las cuotas de alquiler
y ser desahuciadas por sus arrendadores (Gráfico 6).
Mientras los desahucios de viviendas hipotecadas son tres veces menos
que hace cinco años (han pasado de 75.000 a 25.000), los de viviendas
de alquiler se mantienen constantes entre 60.000 y 70.000, sin que
aparezcan síntomas de que vayan a reducirse a corto plazo. La falta de
alternativas habitacionales para las familias más pobres que han sido
desahuciadas lleva a una parte de ellas a ocupar inmuebles vacíos, en su
mayoría pertenecientes a bancos.
Aunque no hay estadísticas precisas,
son varios los indicadores que apuntan a que el número de ocupaciones ha
aumentado mucho en los últimos años. El principal dato “indirecto”
sobre las ocupaciones son los procesos judiciales iniciados anualmente
por “delito de usurpación de morada”, que recoge el Consejo General del
Poder Judicial. Estos juicios se quinduplicaron entre 2007 (4.906
procesos) y 2015 (22.461). A partir de 2016 hubo un cambio en la
legislación penal que diferenció entre procesos civiles y penales,
consignando sólo estos últimos en la estadística judicial, lo que
explica la bajada artificial registrada en el Gráfico 5 a partir de ese
año.
Una política económica que genera exclusión social
La ocupación de inmuebles vacíos por parte de familias que no pueden
pagar la vivienda es el último eslabón de un proceso de empobrecimiento
que dio lugar en España a una cascada de desahucios hipotecarios en la
fase central de la crisis y ahora se focaliza en los desahucios de
alquiler. Previamente, los hogares muy pobres dejan de pagar la luz, el
agua o el gas, con el consiguiente problema del corte del suministro, o
padecen situaciones de insolvencia para acceder a necesidades básicas
como la alimentación,[21] el vestido, o los gastos extraordinarios de educación y salud, etc.
La negación de estos derechos básicos, compensados sólo parcialmente
por las políticas sociales, son el corolario de la política económica
seguida por España en las dos últimas décadas (antes, en y después de la
crisis): mientras el stock de capital empresarial se ha multiplicado
por cinco entre 1994 y 2018 (de 0,5 a 3 billones de euros constantes),
los salarios han reducido su poder adquisitivo en un 4% (de 1.722 a
1.650 euros/mes) y la amenaza del paro y las reformas laborales
regresivas han frenado la capacidad de reacción de la población
asalariada.
En los ciclos expansivos, el anterior a 2008 y el posterior
a 2014, los salarios permanecen prácticamente congelados pero el
aumento del empleo y, por tanto, de la masa salarial, da lugar a una
cierta expansión del consumo y del acceso a la vivienda; en los ciclos
recesivos, el desempleo y los recortes salariales y sociales provocan
quiebras en cadena de muchas pequeñas empresas, más desahucios y
empobrecimiento de millones de hogares.
El resultado final es la polarización creciente de la distribución de
la riqueza en los hogares españoles, que confirma la sexta EFF del
Banco de España y ha sido denunciada recientemente por Philip Alston,
relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de
Naciones Unidas: “Hay dos Españas muy distintas… junto a una España
próspera, otra que está al borde de sobrevivir, con unos niveles de
pobreza que reflejan una opción política que se ha diseñado en los
últimos años. Entre 2007 y 2017 los ingresos del 1% aumentaron el 24%
mientras los de quienes estaban por debajo del 90% crecieron un 2%…
Es
estado español optó por recaudar un 5% menos en ingresos fiscales, mucho
menos que cualquier otro gobierno europeo, por lo que ha tenido menos
fondos para destinar a la protección social, y eso es una opción
política. Y también lo es el recorte del impuesto a las empresas y a las
fortunas más ricas, en contraste con el fracaso de los ingresos mínimos
y la escasa disponibilidad de planes de protección social” (Conferencia de prensa
del 7 de febrero de 2020). A la vista de esta evolución, resulta
inevitable cuestionar el modelo social, económico y político que
mantiene y amplia tan grandes desigualdades. (...)" (Carlos Pereda, Barómetro Social de España, 05/03/20)
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