"Con el impuesto de solidaridad se podrían recaudar alrededor de 20.000
millones anuales", afirma Carlos Cruzado, presidente de Gestha, que
propone gravar a las grandes fortunas con una tasa de entre el 1% y el
3,5% sobre la riqueza acumulada por encima del millón de euros para
financiar el coste de las medidas sanitarias provocadas por la pandemia. (...)
NT | En las últimas semanas se está hablando mucho de
un ‘impuesto de solidaridad’, una ‘Tasa Covid’ que grave a las grandes
fortunas. ¿Cuánto se podría recaudar con esta figura fiscal?
C.C | De aprobarse tal medida, podrían recaudarse
alrededor de 20.000 millones anuales. Consistiría en un recargo de
solidaridad entre el 1 y el 3,5% sobre la riqueza acumulada por encima
del millón de euros, incluidas las acciones y participaciones en
sociedades, singularmente las SICAV u otras de inversión en bienes
inmuebles, que podría aplicarse al menos durante dos años, con la
finalidad de financiar el coste de las medidas sanitarias provocadas por
la pandemia. La aplicación de esta medida debería ir acompañada
necesariamente de un eficaz control tributario de los grandes
patrimonios, para evitar su elusión.
NT | También está pendiente el impuesto sobre
determinados servicios digitales actualmente en trámite parlamentario,
y/o la conocida como ‘Tasa Tobin’. La ministra de Economía, Nadia
Calviño, se ha mostrado confiada en que puedan empezar a recaudarse a
final de este año. ¿A qué atribuye este retraso? ¿Qué cifras de
recaudación se están barajando?
C.C | La irrupción de la pandemia y la consiguiente
paralización de las actividades ha influido sin duda en dicho retraso,
si bien es cierto que la polémica con respecto a la implementación de
dichos impuestos unilateralmente, antes de la decisión que pueda
adoptarse por la OCDE o la UE en relación con la tributación de las
empresas digitales, también hay que tenerla en cuenta. Hay que recordar
que las amenazas de responder con mayores aranceles a los países
europeos que establezcan el impuesto, por parte de la administración
Trump, supusieron la congelación del impuesto ya aprobado en Francia
hasta final de este año. (...)
NT | En el imaginario colectivo una buena parte de
la opinión pública da por bueno aquello de que elevar la carga
impositiva a grandes corporaciones provocará el ‘éxodo’ de las mismas a
otros territorios con bajas cargas fiscales. ¿Existe tal riesgo?
C.C | Es difícil pensar que las grandes
corporaciones vayan a renunciar a prestar sus servicios y obtener
beneficios en nuestro país, aun cuando tengan que pagar impuestos de
acuerdo con su verdadera capacidad económica. Otra cosa es que trasladen
sus domicilios fiscales a otros territorios, como ya viene ocurriendo, y
que como consecuencia de la actual configuración de los impuestos sobre
sociedades, tributen en dichos territorios. Y ese es el problema al que
nos referíamos antes y sobre el que nos referíamos a la necesidad de
adoptar medidas de armonización. (...)
NT | El Gobierno prevé una pérdida de ingresos
tributarios por la crisis de la COVID-14 de cerca de 14.000 millones de
euros. Gestha aboga por una reforma tributaria “completa” para taponar
el “agujero” de la recaudación. ¿Qué margen hay en estos momentos para
una posible subida de impuestos y que figuras impositivas sería
conveniente tocar?
C.C | El 83% de los ciudadanos opina, según el último
estudio sobre opinión pública y política fiscal del CIS, que los
impuestos no se pagan justamente, que no pagan más quienes más tienen. Y
esa percepción se corresponde con la realidad, a la vista de las
posibilidades de elusión que la normativa facilita a quienes tienen
mayor capacidad económica.
De ello, se puede deducir la existencia de
margen para una posible subida de impuestos, que lógicamente deberá
recaer precisamente sobre ese sector de contribuyentes que actualmente
no pagan en la medida de su capacidad. Si hablamos de impuestos, y
teniendo en cuenta que, también según la opinión mayoritaria de la
ciudadanía, los impuestos se deberían recaudar sobre todo con
impuestos directos según la renta o la riqueza de las personas y
empresas, es en estos impuestos en los que habría que centrar la
reforma.
El impuesto sobre la renta es uno de ellos, y
la necesidad de ir aproximando la tributación de los rendimientos de
capital a la de los rendimientos del trabajo y de actividades
económicas, una de las cuestiones prioritarias para acabar con la actual
dualidad del impuesto. Así mismo sería necesario dotar de mayor
progresividad al impuesto, mediante la incorporación de nuevos tramos
para las rentas más altas, tal y como viene recomendando el Fondo
Monetario Internacional, para combatir el preocupante problema del
incremento de las desigualdades
. El Impuesto sobre Sociedades
es el otro gran impuesto estatal que urge reformar para acabar con la
injustificable diferencia entre los tipos medios efectivos de las
grandes empresas y los de las pymes, paradójicamente más elevados.
Y
también habría que abordar una reforma de los impuestos cedidos a las
CCAA, sobre todo en lo referente a los de Sucesiones y Patrimonio,
dada la caída de la recaudación de los mismos, como consecuencia de la
actual competencia fiscal a la baja por parte de algunas CCAA. Sería
necesario establecer unos mínimos para evitar dicha situación y suprimir
las exenciones como la establecida por Madrid en el impuesto sobre
Patrimonio, por la que se dejan de recaudar cerca de 1.000 millones al
año, beneficiando solo a los 16.000 contribuyentes con mayor capacidad
económica de la Comunidad. (...)
NT | En materia de nuevos impuestos, la fiscalía verde abre nuevas vías de recaudación. ¿Cuál es vuestra propuesta?
C.C | Desde Gestha entendemos que es necesario
abordar, dentro de la reforma fiscal pendiente, una reforma fiscal verde
para hacer efectivo el principio de que quien contamina paga y
establecer un marco de responsabilidad medioambiental, fundamental en un
momento en el que tanto la Eurocámara como nuestro Gobierno han
declarado la emergencia climática.
Ante la celebración en Madrid del COP25, el pasado mes de diciembre,
GESTHA propuso crear un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero con el que recaudar más de 10.000 millones de euros al año
en España y reducirlas en torno al 3%. De esta manera, nuestro país
compensaría un déficit superior a los 6.000 millones de euros que sufre
en la imposición medioambiental respecto a la media europea.
En
concreto, planteamos una batería de medidas en la fiscalidad
medioambiental europea para lograr emisiones netas cero de dióxido de
carbono para 2050, tal y como se han comprometido hasta el momento 65
países, entre los que figura España junto al resto de los países más
desarrollados de Europa como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia,
con el objetivo de activar planes dentro de una Alianza por la Acción
Climática. (...)"
(ENTREVISTA A CARLOS CRUZADO, PRESIDENTE DE GESTHA, Isabel García
, Nueva Tribuna.es, 15/05/20)
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