"(...) España tiene también su “zona cero” tras esta primera fase de la
pandemia covid-19. Residencias privadas con cadáveres de ancianos
apilados frente a la incapacidad de un modelo concesionario, en
ocasiones, de concepción criminal. Decenas de miles de trabajadores
sanitarios, de obreros de la salud y del cuidado, protegiéndose
precaria y vergonzosamente de uno de los virus más agresivos. Familias
obligadas a permanecer en inmuebles que ya no pueden pagar y a los que
apenas pueden traer comida…
Se trata de una humillación histórica, de un fracaso que estaba por
llegar y que el coronavirus ha acelerado de manera sobresaliente. Un
suspenso generalizado a las formas de administración de los recursos
que tenían sus principales pilares en la racionalidad tecnológica, en
el sofisticado cálculo de riesgos y en la confianza en una especie de
“dejar hacer”.
Cuando concluya la fase del “chivo expiatorio” —la peste china, el
genocidio del 8M, la pandemia socialcomunista…—, llegará el momento de
reflexionar sobre la impotencia que la humillación sufrida nos sugiere,
sobre la incapacidad del Estado para resolver nuestros problemas y
sobre las causas de todo ello.
Esta crítica, para ser realistas,
exige partir de una noción de Estado bien distinta a la mayoritaria,
que prefiere concebir al mismo como un conjunto de instituciones de
naturaleza exclusivamente pública. El Estado que ha fracasado remite a
una realidad más compleja. Como ejemplo ilustrativo, el sociólogo
Rafael Fraguas se ha referido recientemente al “Estado del capital” como
a una relación de intercambio entre unas instituciones públicas para
las que la denominada “razón de Estado” justifica las acciones más
duras —en una era de la vigilancia en plena intensificación— y un mundo
de los negocios en el que la especulación financiera viene siendo
durante décadas el inevitablemente nuevo modo productivo.
Por mucho que se quiera culpar a un gobierno que comete errores cada
semana, no podemos ignorar que nuestra extrema fragilidad tiene mucho
que ver con la existencia de una relación pornográfica entre el Estado y
las grandes corporaciones. Se trata de un eterno intercambio y un
denso mapa de posiciones interconectadas que remiten a una comunidad
elitista en la que la conciencia de clase atraviesa de manera
transversal las instituciones de diverso cuño, y en el que las
necesidades de la mayoría de la población quedan en un segundo plano.
Este
mapa elitista produce una serie de condiciones que ahora llamamos
estructurales, pero que tienen un carácter histórico y social, es
decir, que se han venido construyendo en las anteriores etapas más o
menos turbulentas de nuestra evolución como democracia o, antes, como
“democracia orgánica”.
Las redes de poder y el poder de las redes
Algunos nombres y
apellidos describen a los actores históricos del guión arriba resumido y
sirven como ejemplo de lo que ha ido ocurriendo durante las décadas
previas. En los años 70, el ingeniero industrial Claudio Boada presidía
el Instituto Nacional de Industria (INI), con el tecnócrata José María
López de Letona al frente del Ministerio de Industria.
Una de
las empresas del mastodonte público era la malagueña Intelhorce, una
textil que, tras un fuerte saneamiento, contaba con importantes
expectativas de beneficios y también con la envidia de numerosos
empresarios del sector privado. Intelhorce fue privatizada por Boada en
1971 y vendida a precio de saldo al industrial Jaume Castells, un
excompañero de facultad de Boada que estaba al frente del Banco de
Madrid, controlado por el denominado ‘Clan del Pardo’, abanderado por
el yernísimo, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde.
Las
cosas no marcharon bien, pero no pasó absolutamente nada. Boada, una
vez cesado del INI, gestionó Intelhorce desde el sector privado, como
vicepresidente del Banco Madrid, entidad a la que había llegado gracias
su amigo Castells. La empresa malagueña quebraría y volvería a ser
absorbida por el sector público; Boada presidiría el Banco de Madrid,
sucedido posteriormente por su exjefe, López de Letona, que reflotaría
dicho banco bajo la supervisión del gobernador del Banco de España,
Mariano Rubio, que, casualidad o no, era primo hermano de la esposa del
exministro de Industria.
Boada pasaría también por la
presidencia de Ford España, una gran empresa cuya fábrica en Almusafes
se había establecido en sus tiempos como presidente del INI. Uno de sus
hijos, Claudio, preside actualmente el fondo Blackstone, después de
haber ejercido cargos relevantes en otro gigante: Lehman Brothers.
Estas
puertas giratorias se producen para regular la entrada y la salida de
exministros, de técnicos cualificados, de altos funcionarios y de
grandes fortunas de una enorme y compleja organización que podríamos
denominar el “Estado subsidiario”, encargada de socializar las pérdidas
derivadas del hundimiento de grandes proyectos privados y que, sin
embargo, contribuye a privatizar las ganancias de las aventuras
empresariales que salgan bien.
Un fracaso irónicamente victorioso
Los
tiempos actuales siguen siendo fértiles para estas redes, para este
armatoste público-privado separado de todo control democrático:
abogados del Estado en excedencia que asesoran a grandes bufetes
jurídicos para litigar contra las instituciones en materias que estos
mismos regulaban públicamente unos años antes: un secretario de Estado
de Hacienda que, procedente de la auditora PriceWaterHouseCoopers
—enfangada en el escándalo de elusión fiscal ‘Lux Leaks’—, decreta una
subida de IRPF e IVA en plena crisis en nombre de la austeridad; un
ministro de Defensa que procede de numerosas empresas armamentísticas y
que, en el ejercicio de su cargo público, aprueba concesiones de
contratos para entidades privadas que había presidido previamente; una
directora de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Sanidad que
procedía de un departamento de parecida nomenclatura en la
multinacional Coca-Cola; un exministro de Justicia que, cuando no
gobierna, ocupa posiciones de altísima responsabilidad en la patronal
del juego online…
Parece que España no tiene un Estado democrático que la
proteja. Que el sesgo clasista de sus altísimos funcionarios convierte
sus años de servicio público en un periodo ventana de adquisición de
contactos y conocimientos para el posterior salto a la empresa privada.
Que existe una descomunal falta de patriotismo entre nuestros
gobernantes y dirigentes, aún más descarnada en una derecha más y menos
integrista que se camufla con una bandera de significado privatizado.
Que la bajísima autoestima tras la dictadura nos hizo concebir la
asimétrica Unión Europea como un refugio y mal menor que nos protegería
de un inasumible retorno al pasado, pero que, en cada periodo crítico,
nos multiplica la factura y nos amenaza con la quiebra. Que unos
tribunales de Justicia adormecidos no han sancionado todavía como
supuestos criminales a aquellos consejeros regionales de Sanidad que,
primero, promueven privatizaciones y concesiones amistosas a empresas
que, después, acaban gestionando directamente.
Que, en resumidas
cuentas, subsidiar la persecución del beneficio empresarial y político
a corto plazo nos priva de recursos fundamentales que, en determinados
periodos críticos, provocan muertes perfectamente evitables. Se trata
de un fracaso en toda regla que estará ausente en las discusiones
parlamentarias y, por supuesto, en todas las campañas internautas
artificialmente orquestadas contra este Gobierno.
La élite de poder
continuará enroscada en nuestro Estado, como esencia de un modo de
dominación que ninguna alternativa política termina de cuestionar
explícitamente. La democracia, cuando está sana, debe permitirse hablar
de sus enemigos. Otra tarea pendiente que bien podríamos retomar
durante este mismo estado de alarma." (Andrés Villena, El Salto, 19/05/20)
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