"En Diario16 publicamos hace un mes cómo un empleado del Banco
Santander se suicidó por las fuertes presiones que recibió y por el supuesto
acoso laboral, además de por movimientos internos tras la fusión con el Popular
como, por ejemplo, retirarle la gestión de la principal cuenta de su sucursal.
Con la llegada del Santander la presión aumentó. a unos
límites que muchos podrían calificar como de salvajes. Prácticamente todas las
mañanas se organizaban una serie de multiconferencias con los directores de
oficina y «si la tuya no iba bien, te ridiculizaban delante de todos tus
compañeros. Frases como “os estamos midiendo,” “si esto no lo resolvemos por lo
civil, lo resolvemos por…”. Por supuesto, este tipo de multiconferencias no son
legales, pero tenían órdenes de no dejar nada por escrito.
Comenzaron a
repartir objetivos indiscriminadamente e imposibles de lograr, talleres en
horario de tarde, reportes diarios por WhatsApp y presiones insoportables. A
todo esto, hay que sumarle que a mi marido le trasladaron a su jefe a una
sucursal al lado de la suya, por lo que se tenía que llevar todas las tardes
despachando con él y con unas actitudes completamente tóxicas que comenzaron a
poner en riesgo su salud. Era un machaque diario», afirmó la viuda a este
medio.
Todas las personas tienen un límite y este director no pudo
soportar más la presión cuando el día 22 de febrero, en la tarde noche, recibió
un correo. Lo leyó y le dijo a su mujer: «¿Tú te crees que esto es normal?».
Ese mensaje, según nos confirma la viuda de este director, decía lo siguiente:
«Vas el último, ¿qué piensas hacer? Ese mismo día me dijo que el martes tenía
una reunión en Madrid. Ya no pudo más.
La reunión no existía. Se marchó por la
tarde y ya no volvió», afirma la viuda quien añade la reacción que tuvieron en
el Santander: «El mismo día 27 en que mi marido murió, llamaron los jefes
chillando a la sucursal diciendo; “¿Dónde está este tío?”. Estaban desesperados
porque tenía una firma, pero, claro, él no fue la firma». Además, el Santander
inició una auditoría a las cuentas de la oficina.
Este caso no es el único. En León, en la antigua Caja España
Duero, ahora integrada en Unicaja Banco, está en los tribunales el caso de una
empleada que en el año 2016 se quitó la vida, lo que provocó un importante shock
entre los empleados y empleadas de la entidad castellanoleonesa, tal y como
publicó el diario digital iLeón en conversaciones con ellos.
El suicidio
de esta trabajadora coincidió con un momento en que se estaba ejecutando un
Expediente de Regulación de Empleo, un escenario de enorme presión para los
trabajadores y trabajadoras, sobre todo tras la quiebra, nacionalización y
venta a Unicaja. Además, en el departamento en que trabajaba esta empleada esa
presión era superior, puesto que ella gestionaba la venta de inmuebles
embargados por impago.
Tras el suicidio, la familia interpuso una querella penal contra
su exjefe, que en el año 2019 continuaba trabajando en la entidad, y un ex
compañero que, además, era representante sindical, por un acoso laboral que
terminó con la muerte de la trabajadora. Según la denuncia el presunto acoso
laboral prolongado que la habría llevado a problemas psicológicos y de ansiedad
que habrían tenido como fatal desenlace que se ocasionara su propia muerte.
Entre las conductas denunciadas estaban actitudes denigrantes que incluían amenazas
de incluir a la trabajadora en el ERE o vejaciones con frases como «dame las
putas previsiones» o «que no te enteras, que no puedes con esto», así como
actitudes como excluirla de acciones tan cotidianas como tomar un café con sus
compañeros.
Durante más de un año, tras la presentación de la denuncia,
no se practicó ninguna diligencia en la investigación y sólo se reactivó por
las insistentes quejas de la familia. Fue en noviembre de 2017 cuando, según
publica iLeón, una testigo
refrendó la versión de la acusación y consideró como acoso las situaciones a
las que se vio sometida la trabajadora. No obstante, los dos acusados negaron
las acusaciones y enmarcaron todo lo ocurrido en una situación de estrés por el
ambiente de tensión que vivía el banco. Fue sorprendente en este caso el
silencio que mantuvo la Fiscalía, sobre todo si se tiene en cuenta la gravedad
del delito denunciado.
Entre las pruebas presentadas se encontraba un informe
psicológico realizado un mes antes del suicidio de la trabajadora, documento en
el que se requería atención psicológica a causa de la tensión en el trabajo y episodios
de ansiedad. El Juzgado desestimó las peticiones probatorias solicitadas por la
familia de la empleada: informes de inspección laboral sobre la situación de EspañaDuero.
Sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas, el Juzgado de Instrucción nº 3
de León archivó la investigación y sobreseyó la causa porque, según se indica
en el auto, «no resultan indicios suficientes para calificar como delito los
hechos que han dado lugar a la denuncia» a pesar de estimar que las conductas
denunciadas fueron abusivas, humillantes y ofensivas. Para el Juzgado estos
hechos no justificaban un reproche penal, sino que eran merecedoras de una
simple sanción disciplinaria.
Como es lógico, la familia recurrió una decisión judicial que, cuanto
menos, fue escandalosa. Un familiar de la trabajadora indicaba a Diario16
que están inmersos «en un procedimiento judicial largo, doloroso y muy
difícil de desarrollar por varios factores (poder de la otra parte y
miedo a declarar la verdad)». Sin embargo, la Audiencia Provincial de
León estimó el recurso y ordenó la reapertura de la investigación.
En el
auto se consideró que existían «serias posibilidades de que los
denunciados hayan podido infligir a [la trabajadora] un trato degradante
en el ámbito laboral, de modo que se ha podido seguir como resultado y
en perfecta relación casual un menoscabo grave para su integridad
moral». Por esta razón, la Audiencia instaba a la realización de nuevas
pruebas para averiguar si los hechos denunciados eran constitutivos de
delito." (José Antonio Gómez, Diario16, 09/05/20)
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