"Los contagios por
coronavirus van en aumento, con brotes constantes desde que se levantó
el estado de alarma; actualmente hay 580 activos, con 6.900 personas
afectadas. La situación es preocupante en algunas comunidades como
Aragón, Catalunya, Madrid o Euskadi. Sólo es la última semana, Sanidad ha contabilizado más de 19.000 nuevos contagios, y en las últimas 24 horas el total ha ascendido hasta los 1.683 nuevos positivos.
Los datos no son
buenos, aunque el director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, asegurara este jueves
que aun no se puede hablar de manera generalizada de una segunda ola de
contagios porque "la transmisión comunitaria no está descontrolada". No
parece ser de la misma opinión la consejera de Salud del Gobierno Vasco,
Nekane Murga, que ha advertido de que "el importante incremento" de los
contagios demuestra que Euskadi "se enfrenta a una segunda ola epidémica" y ha pedido limitar la actividad social para frenar los contagios.
Un virus que empieza a descontrolarse y
que puede derivar en situaciones de emergencia como las vividas hace
unos meses. En aquel momento todo era desconocimiento. El coronavirus
estuvo moviéndose en España desde febrero sin que nadie lo supiera.
Cuando la pandemia explotó, era tarde para dar una respuesta
planificada: faltaban profesionales, materiales y camas para atender a
todos los enfermos. La Atención Primaria se debilitó y casi no había
equipos de Salud Pública.
Los mayores fueron abandonaron en muchas
residencias. La mayoría de españoles comenzaron a teletrabajar sin
ninguna regulación y los centros escolares cerraron sus puertas. Las
familias sufrieron problemas de conciliación al tener que compaginar el
trabajo (o situaciones de precariedad derivada del cierre de empresas y
de los ERTE) con el cierre de los colegios.
Todo esto ocurrió
casi de un día para otro. No había margen para grandes cambios. La
incertidumbre no solo recorría todo nuestro país, también todo el mundo.
El confinamiento fue lo que salvó a España de unas consecuencias aún más devastadoras. El problema al que nos enfrentamos ahora es que nos encontramos ante un nuevo incremento de casos y, aunque hay muchas mejoras, falta mucha planificación, organización y recursos.
Hay diversidad de opiniones entre los expertos sobre si estamos o no en una segunda ola, pero lo cierto es que la transmisión comunitaria ya se ha extendido por varias regiones.(...)
Aunque más preocupante aún es que las Administraciones no tienen planes de respuesta concretos.
En otoño la situación será peor, sobre todo cuando comience a
expandirse la gripe, una enfermedad que ya satura las Urgencias de
varias comunidades cada año. Por esto hay muchas lecciones de la primera
ola que deberían aprenderse para que no se vuelva a caer en los mismos
errores (aunque vamos camino de hacerlo). (...)
El problema es que pocas comunidades han reforzado atención primaria y
salud pública como debían. Faltan sanitarios, rastreadores y medios para
que puedan realizar su trabajo. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo
sabe y en vez de buscar soluciones pretende paliar esta deficiencia buscando voluntarios entre estudiantes recién licenciados, una estrategia rechazada de plano por todos los profesionales en la materia.
(...) faltan planes de contingencia claros en la mayoría de las comunidades.
La estrategia a seguir está indicada, pero faltan números y datos
exactos que conviertan un texto en un plan a seguir si la situación se
descontrola.
Hay un problema con el número de personal de cada servicio. En
España nunca se ha realizado, por ejemplo, un indicador de rastreadores
a diferencia de otros países como Alemania o Reino Unido. Esto sería
algo que ayudaría a saber la situación de cada comunidad autónoma y si
cumplen o no con un mínimo necesario porque si se toman como referencia
los indicadores internacionales solo La Rioja y Castilla-La Mancha
tienen los suficientes rastreadores.
Sobre este aspecto ha llamado la atención Lorenzo Armenteros,
médico de familia y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia: "Tendría que contarse unas
mínimas normas adaptadas, con el número de rastreadores que tiene que
haber por habitante, como tienen en otros países, en los que las cifras
están muy definidas, como Alemania o Escocia. Debería haber un
rastreador por cada 4.000 habitantes. Pero si miramos las cifras por
cada comunidad autónoma vemos que estamos muy lejos".
Tampoco hay más
indicadores sobre el resto del personal sanitario ni se indica qué
categoría de profesionales corresponden a los contratado. El único indicador numérico es sobre el número de camas de hospitales y de las UCI. (...)
El drama vivido en las residencias no debería repetirse de ninguna
manera, pero ya hay varios brotes que afectan a los centros de mayores.
Si siguen aumentando los casos, se teme que no se pueda dar una
respuesta que evite lo que ya hemos vivido.
Las comunidades,
de momento, parece que no están preparadas para ello. Según el
estudio '¿Estamos preparados para el Covid?', del Círculo Empresarial de
Atención a la Dependencia (CEAPs), la mitad de las comunidades siguen sin estar preparadas para proteger a los mayores.
Uno de los graves problemas que se repite es la distribución de
material. El informe revela que comunidades como Cantabria, Cataluña o
Castilla-La Mancha facilitan EPIs a personas usuarias y profesionales,
mientras que otras regiones como País Vasco o Comunidad Valenciana los
entregan a los segundos, y la Comunidad de Madrid, Galicia, Aragón o
Andalucía, a ninguno de ellos.
La precariedad
laboral también ha evidenciado la vulnerabilidad de muchos trabajadores
durante la nueva normalidad. Para evitar los brotes, es necesario que el
Gobierno tome medidas y no sólo denuncie la situación "deplorable" en
la que se encuentran personas que trabajan como temporeros. En este
sentido, la regularización de las alrededor de 600.000 personas que
(se calcula) que están en situación administrativa irregular es
fundamental para cambiar sus condiciones de vida. Esta fue una
petición de colectivos antirracistas durante el estado de alarma y el
Gobierno español no la impulsó pese a que otros países vecinos como
Portugal sí la hicieron.
Falta de seguridad total en la vuelta al colegio
La vuelta al colegio sea, posiblemente, uno de los asuntos más graves en septiembre.
La falta del Gobierno y de las comunidades autónomas para garantizar
seguridad a docentes y alumnos se ha evidenciado durante toda la
pandemia, con declaraciones confusas y contradictorias, protocolos
abiertos sin concreciones y delegando las responsabilidades sobre los
centros.
La gestión de la reapertura de los centros es una de las más
complicadas. Países como Israel han registrado un repunte de casos
importante tras la vuelta a los colegios y después de haber controlado
la pandemia. En España no se está planificando bien. Los docentes advierten del peligro y las Administraciones no dan ninguna seguridad. Se
ha perdido mucho tiempo para trabajar en ello y no será hasta agosto
cuando se "ultimen" los planes en una Conferencia de presidentes.
Si no hay un cambio, parece que la vuelta no será segura. Pero,
aunque se consiguieran modificar los planes y las Administraciones
atendieran a peticiones de la comunidad educativa como la bajada de las ratios, hay otros problemas más profundos que han derivado del incremento de las desigualdades sociales durante el confinamiento.
"Un sistema escolar diseñado para el siglo XIX ha llegado hasta aquí
cambiado muy poco. Se estudian protocolos para hacer posible diferentes
tipos de asistencia escolar (según niveles) calculando aforos,
ventilación, normas de higiene personal, distancias, control de
temperatura, señalizaciones, etc. pero poco sabemos de los cambios que deberían ser más relevantes: los contenidos y la función de la escuela poscoronavirus", señala a Público la catedrática de Teoría e Historia de la Educación en el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Granada, Pilar Ballarín.
Ballarín comparte que la enseñanza online (inevitable en el
confinamiento) y la necesidad de sociabilidad de niños y niñas en el
espacio escolar son valores poco discutibles, pero también hay que tener
en cuenta las dificultades de "conciliar las exigencias sanitarias con
los limitados recursos materiales y personales del espacio escolar y con
las necesidades de las familias trabajadoras.
Las propuestas de alternancia de trabajo presencial en grupos reducidos y online,
parece presentarse como la mejor solución para jóvenes, en esa
conciliación necesaria. Pero más que en una atención más personalizada
–que sin duda favorecería- se basa en el mejor aprovechamiento de los
recursos materiales y profesionales existentes. Cada centro tendrá que
ensayar sus soluciones y no aferrarse a ellas". (Beatriz Asuar, Público, 06/08/20)
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