"(...) El PNV y el Gobierno Vasco se opusieron a la paralización de las actividades no esenciales que acordó, tardíamente, el gobierno español durante dos semanas. Esa decisión estuvo motivada por el colapso de los hospitales, especialmente las UCIs, en algunas comunidades autónomas, que exigía la parada cuasi general de la producción para frenar la propagación de la pandemia.
La posición del gobierno vasco se basó en dos elementos: 1) el riesgo de hibernación industrial y de coma económico y la necesidad de mantener la actividad para lograr una mejor recuperación económica cuando finalice la crisis sanitaria y 2) la posibilidad de garantizar la salud en los puestos de trabajo.
El discurso del Lehendakari Urkullu y de la Consejera de Economía Arantxa Tapia para justificar esa política ha sido de un extremo cinismo, ya que no es creíble que creyesen lo que decían: “la salud y la economía no son incompatibles” y «se ha planteado un falso dilema” que contrapone el empleo a la salud (declaraciones del portavoz Erkoreka).
Esta afirmación se contradice con lo que estaba ocurriendo a escala internacional: a pesar de la oposición de las patronales y de la reticencia de los gobiernos, según un informe de la OIT del 29 de abril, las medidas de paralización total o parcial, que obviamente responden a la necesidad de proteger la salud y la vida, llegaron a afectar a 2.700 millones de trabajadores, equivalentes al 81% aproximado de la fuerza de trabajo mundial, que se redujo al 68% tras la vuelta a la actividad en China.
Esa generalización de la parada económica muestra la inconsistencia de los argumentos sobre el no quedar en peor situación comparativa que otros países y no perder los pedidos.
El PNV ha mostrado la prioridad que concede a la actividad productiva y a los beneficios empresariales que la acompañan, por antiecológica e insostenible que pueda ser, en relación con la salud y la vida. La pretendida compatibilidad armoniosa entre el mantenimiento de la actividad económica y la salud contrasta con el rigorismo del confinamiento de las personas en las viviendas, que aunque fue acordada por el gobierno español no fue objeto de petición de suavización por el gobierno vasco.
La Ertzaintza hizo cumplir de forma estricta las reglas del confinamiento, incluso cuando las conductas de la población no representasen riesgo sanitario significativo, y utilizó en algunos casos un trato discriminatorio y represivo a la población inmigrante racializada. Como han denunciado grupos sociales y vecinales, el confinamiento se convirtió en el barrio de San Francisco[2] de Bilbao en un verdadero estado policial, con desfiles y con espacios tomados y controles diarios en sus calles por parte de la Ertzaintza y de la Policía Municipal, como no se han dado en ningún otro lugar.
Así mismo, se han observado numerosas vulneraciones de los derechos humanos de las personas, paradas de carácter racista, uso desproporcionado de la violencia y criminalización de quienes desde la solidaridad han denunciado dichas actuaciones. Esta situación, hizo que un grupo de conocidos representantes del ámbito de la cultura, la universidad y los movimientos sociales llamasen la atención sobre esta situación (Ecuador Etxea). (...)
Los test deberían haberse realizado a los sintomáticos leves y a quienes hubiesen estado en contacto con quienes hubieran dado positivo, lo que exigía realizar una labor de seguimiento de los contactos que los epidemiólogos consideran que era de gran importancia para aislar a las personas contagiadas. Ello se ha hecho muy tardíamente y con plantillas insuficientes. El tamaño de los equipos de rastreo, 180 personas de enfermería a mediados de julio, es muy insuficiente según los estándares internacionales. También es básica su realización para quienes ingresan en lugares de especial riesgo como residencias y hospitales.
Los importantes rebrotes que han tenido lugar en los hospitales de Txagorritxu en Vitoria y Basurto en Bilbao se han debido a esa carencia, que solo se ha remediado posteriormente. En lugar de reconocer los fallos de forma autocrítica, el Lehendakari Urkullu declaró que se estaba produciendo una “distorsión en la interpretación pública” de los focos y que la evolución de la pandemia era “positiva”. Y lo decía mientras durante la segunda semana de junio se mantenía una tasa de la llamada R0 por encima de 1 (...)
La posición reticente del Gobierno Vasco a impulsar esos test, que fueron reconocidos como muy útiles e innovadores por responsables del Instituto Carlos III, solo se puede explicar por su negativa a que la investigación científica sea prolongada con la gestión pública de sus resultados en detrimento de los partenariados público-privados de los que el gobierno vasco es muy partidario.
En no pocos casos en beneficio de empresas amigas. Ello se ha unido a una inaceptable presión a las y los investigadores para que permaneciesen en silencio, lo que además del rechazo al ninguneo a la universidad pública vasca ha sido uno de los elementos de la crítica a la posición del gobierno en un manifiesto firmado por más de mil profesoras y profesores de la UP/EHU, entre ellos un ex-rector. (...)
Osakidetza no ha garantizado la salud de su plantilla, lo que ha dado lugar a que más del 15% de la misma ha estado contagiada (3.005 trabajadores y trabajadoras a mediados de junio, de los que 820 no estaban recuperados) y que represente al 20% del total de los contagiados, el porcentaje más elevado de la Unión Europea, como del conjunto del Estado español. Según el sindicato ESK, hasta inicios de mayo habría habido 821 bajas laborales por la Covid-19, de los que casi 400 fueron en el Hospital de Cruces. Solo muy tardíamente, y con insuficiencias, se ha dotado a las plantillas de los elementos de protección necesarios (mascarillas, EPIs, etc.).
También ordenaba la vuelta al trabajo del personal contagiado al de una semana sin síntomas, pero no realizaba test previos para la vuelta, con el riesgo que conllevaba para ellos y ellas y sus compañeras de trabajo. Ha tardado semanas y semanas en realizar test a la totalidad de la plantilla, y cuando, tardíamente, lo hizo, para la mayoría fue inicialmente de tipo serológico, que tienen una fiabilidad de solo el 60% y que, además, pueden dar negativos si se han desarrollado anticuerpos en los 15 días previos al análisis. Además de tardíos e insuficientes, tal como están previstos dan una fotografía en un momento dado pero no contempla la realización periódica de los test más fiables, los PCR. (...)
En numerosos Estados la mortalidad ha sido especialmente elevada en las residencias. También han sido otro punto negro en la gestión contra la pandemia en el Estado español y en la CAPV. Según los datos proporcionados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, habrían fallecido en residencias 19.645 personas, cifra equivalente al 69,1%% del total de fallecidos notificados oficialmente, de los que 630 corresponden a la CAPV, que equivalen al 40,3% de los fallecidos.
Las Diputaciones Forales, especialmente la de Bizkaia, que gestionan este servicio en la CAPV, han mantenido una política informativa opaca, negándose a proporcionar información regular que se les ha pedido por las organizaciones de familiares y solidarias de las personas afectadas y por el movimiento pensionista, con el absurdo argumento de la privacidad, que para nada se ve afectada por la publicación de datos globales.
El porcentaje de hospitalizados provenientes de las residencias (18%), ha sido más bajo que de otras personas enfermas (31%), diferencia aún mayor entre quienes han ingresado en las UCI (2% frente al 10%), lo que permite deducir un tratamiento discriminatorio sobre las primeras. Especialmente grave es que, como ha denunciado el movimiento vasco de pensionistas, mientras que muchas personas mayores contagiadas no fueron atendidas por estar los hospitales saturados, otras personas con seguros privados fueron trasladadas desde sus residencias privadas a hospitales públicos.
María Fernández ha relacionado como factores que han incidido en esa mortalidad, el tamaño y diseño de las residencias, la calidad de la atención (relacionada con la ratio de profesionales por número de residentes, su formación y salarios), la adopción de medidas rápidas y adecuadas cuando se apuntó el riesgo y su capacidad de comprar equipos de protección y test. La inversión en la gestión de estos centros ha aportado rentabilidades muy altas y ha atraído a fondos buitres y a empresas multinacionales, estimuladas por una demanda asegurada dado el aumento de personas dependientes, la no necesidad de realizar inversiones cuantiosas, la posibilidad de pagar salarios muy bajos a un personal mayormente feminizado y las carencias de la inspección pública sobre el tamaño de las plantillas, la formación de las trabajadoras, la adecuación de las instalaciones, etc. (...)
En el caso vasco, la elevada financiación pública (de hasta el 90%) de los gastos de las residencias concertadas permite a las empresas que las gestionan elevados beneficios con riesgos mínimos, más aún cuando las diputaciones no han controlado que se proveyese a las trabajadoras del material preventivo necesario, lo que ha dado lugar a varias denuncias judiciales. En varias de estas residencias gestionadas por la multinacional DomusVi ha habido un elevado número de personas muertas y contagiadas, con una gestión oscurantista que alarmó a los Ayuntamientos (...)
¿Por qué la insistencia en las elecciones en julio?
El condicionamiento por el PNV en la votación favorable a la prórroga del estado de urgencia el 6 de mayo a la posibilidad de realizar elecciones al Parlamento Vasco en julio se explica por la tentativa de dificultar el debate público sobre la gestión de la pandemia y sobre otros elementos recientes de la gestión del gobierno vasco, como el derrumbe del vertedero de Zaldibar.(...)
Cuando la CAPV pasó a la “fase una” de la “desescalada”, el Gobierno Vasco decidió aplicar una limitación mayor a la movilidad, manteniendo el límite no en la provincia sino en el municipio, pero si autorizando la apertura de terrazas de los bares. Parece claro que el PNV presionó al gobierno español para que toda la CAPV pasase a la fase 1, a pesar de las dudas que suscitaba la situación en Bizkaia, a fin de poder convocar elecciones en julio. Por otra parte, ha utilizado las posibilidades que le concede la normativa estatal para la actividad productiva, comercial y hostelera, tratando que el riesgo de nuevos contagios derivada de las mismas se compensase con una limitación prolongada de la movilidad. Esa política de favorecer la actividad comercial y de ocio se ha mantenido posteriormente, mientras que desaparecía el control del incumplimiento de las normas de seguridad (números máximos, mascarillas y otras), girando bruscamente del control autoritario de la movilidad mediante la Ertzaintza hacia un relajamiento de las medidas de vigilancia. (...)
Una vez pasadas las elecciones se han adoptado medidas de limitación de los aforos, de obligatoriedad de las mascarillas, etc., que se debieran haber tomado antes. La radicalidad de la obligación generalizada de las mascarillas, incluso en zonas alejadas de espacios habitados, contrasta con la permisividad en los centros de trabajo, donde no es obligatoria, salvo que esté establecida en un plan de prevención. " (Mikel de la Fuente, Viento sur, 25/07/20)
"(...) En el uso de las mascarillas la evolución de la posición del Gobierno Vasco ha sido caótica, pasando desde su casi desprecio, a su recomendación en lugares cerrados y a la obligación generalizada y sin matices.
(...) la primacía que ha caracterizado a la política del Gobierno Vasco de intentar mantener a todo precio la actividad económica. Así, el nuevo horario de cierre de los bares, restaurantes, txokos y discotecas hasta las 1h30 de la madrugada es elevado y los aforos permitidos son más altos que los de otras comunidades. Además, existe una amplia percepción social de que existe en la práctica una amplia tolerancia sobre horarios, uso de mascarillas, etc.
En un país con muy alta densidad de contactos sociales y de vida en la calle, como es Euskal Herria, es clave controlar la propagación de los contagios mediante el desarrollo de test PCR, al menos a toda la población que haya estado en contacto con personas contagiadas, aunque no tenga síntomas. Tras haber aumentado considerablemente en relación con los primeros meses de la pandemia, la CAPV es la comunidad autónoma que más test PCR realiza en proporción a la población, 163,03 por cada 100.000 habitantes, seguida por Navarra, 152,82-, siendo la media estatal de 92,29. Sin embargo, su número sigue siendo insuficiente a la vista del aumento de los contagios, sin que sea fácilmente explicable la razón de esta insuficiencia, a la vista de la posibilidad de realizarlos rápidamente y a bajo coste. (...)
Otro elemento básico para frenar la transmisión comunitaria de la pandemia es el “rastreo” rápido y generalizado de los contactos de los contagiados. Para conseguirlo es necesario aumentar la plantilla de rastreo que, como se indicaba en la primera parte de este artículo, es limitada conforme a los estándares europeos, lo que da lugar a que solo se localiza a una parte reducida de los contactos de las personas contagiadas. Es llamativo que, a pesar de que el Gobierno Vasco reconocía la elevada probabilidad de una segunda oleada de la pandemia, no se hayan tomado medidas a tiempo para resolver esta deficiencia. (...)
El Gobierno Vasco ha remitido a los centros escolares tres planes de contingencia, ninguno de los cuales se asocia a nuevos recursos, lo que suscita los siguientes interrogantes: ¿cómo se van a implantar grupos “burbuja” en primaria sin más personal e, incluso, sin adaptación de aulas y espacios?; ¿o piensan, por el contrario, cerrar todo el centro cada vez que se detecte un positivo, dejando a un montón de niños y niñas sin educación presencial?; ¿piensan que el profesorado doble su jornada laboral con clases presenciales, y online con el alumnado afectado por contagio y cuarentena?; ¿cuándo se va a reunir el Departamento de Educación con representantes de la comunidad educativa para acordar y adoptar medidas para el próximo curso? (...)" (Mikel de la Fuente, Viento sur, 01/08/20)
La posición del gobierno vasco se basó en dos elementos: 1) el riesgo de hibernación industrial y de coma económico y la necesidad de mantener la actividad para lograr una mejor recuperación económica cuando finalice la crisis sanitaria y 2) la posibilidad de garantizar la salud en los puestos de trabajo.
El discurso del Lehendakari Urkullu y de la Consejera de Economía Arantxa Tapia para justificar esa política ha sido de un extremo cinismo, ya que no es creíble que creyesen lo que decían: “la salud y la economía no son incompatibles” y «se ha planteado un falso dilema” que contrapone el empleo a la salud (declaraciones del portavoz Erkoreka).
Esta afirmación se contradice con lo que estaba ocurriendo a escala internacional: a pesar de la oposición de las patronales y de la reticencia de los gobiernos, según un informe de la OIT del 29 de abril, las medidas de paralización total o parcial, que obviamente responden a la necesidad de proteger la salud y la vida, llegaron a afectar a 2.700 millones de trabajadores, equivalentes al 81% aproximado de la fuerza de trabajo mundial, que se redujo al 68% tras la vuelta a la actividad en China.
Esa generalización de la parada económica muestra la inconsistencia de los argumentos sobre el no quedar en peor situación comparativa que otros países y no perder los pedidos.
El PNV ha mostrado la prioridad que concede a la actividad productiva y a los beneficios empresariales que la acompañan, por antiecológica e insostenible que pueda ser, en relación con la salud y la vida. La pretendida compatibilidad armoniosa entre el mantenimiento de la actividad económica y la salud contrasta con el rigorismo del confinamiento de las personas en las viviendas, que aunque fue acordada por el gobierno español no fue objeto de petición de suavización por el gobierno vasco.
La Ertzaintza hizo cumplir de forma estricta las reglas del confinamiento, incluso cuando las conductas de la población no representasen riesgo sanitario significativo, y utilizó en algunos casos un trato discriminatorio y represivo a la población inmigrante racializada. Como han denunciado grupos sociales y vecinales, el confinamiento se convirtió en el barrio de San Francisco[2] de Bilbao en un verdadero estado policial, con desfiles y con espacios tomados y controles diarios en sus calles por parte de la Ertzaintza y de la Policía Municipal, como no se han dado en ningún otro lugar.
Así mismo, se han observado numerosas vulneraciones de los derechos humanos de las personas, paradas de carácter racista, uso desproporcionado de la violencia y criminalización de quienes desde la solidaridad han denunciado dichas actuaciones. Esta situación, hizo que un grupo de conocidos representantes del ámbito de la cultura, la universidad y los movimientos sociales llamasen la atención sobre esta situación (Ecuador Etxea). (...)
Los test deberían haberse realizado a los sintomáticos leves y a quienes hubiesen estado en contacto con quienes hubieran dado positivo, lo que exigía realizar una labor de seguimiento de los contactos que los epidemiólogos consideran que era de gran importancia para aislar a las personas contagiadas. Ello se ha hecho muy tardíamente y con plantillas insuficientes. El tamaño de los equipos de rastreo, 180 personas de enfermería a mediados de julio, es muy insuficiente según los estándares internacionales. También es básica su realización para quienes ingresan en lugares de especial riesgo como residencias y hospitales.
Los importantes rebrotes que han tenido lugar en los hospitales de Txagorritxu en Vitoria y Basurto en Bilbao se han debido a esa carencia, que solo se ha remediado posteriormente. En lugar de reconocer los fallos de forma autocrítica, el Lehendakari Urkullu declaró que se estaba produciendo una “distorsión en la interpretación pública” de los focos y que la evolución de la pandemia era “positiva”. Y lo decía mientras durante la segunda semana de junio se mantenía una tasa de la llamada R0 por encima de 1 (...)
La posición reticente del Gobierno Vasco a impulsar esos test, que fueron reconocidos como muy útiles e innovadores por responsables del Instituto Carlos III, solo se puede explicar por su negativa a que la investigación científica sea prolongada con la gestión pública de sus resultados en detrimento de los partenariados público-privados de los que el gobierno vasco es muy partidario.
En no pocos casos en beneficio de empresas amigas. Ello se ha unido a una inaceptable presión a las y los investigadores para que permaneciesen en silencio, lo que además del rechazo al ninguneo a la universidad pública vasca ha sido uno de los elementos de la crítica a la posición del gobierno en un manifiesto firmado por más de mil profesoras y profesores de la UP/EHU, entre ellos un ex-rector. (...)
Osakidetza no ha garantizado la salud de su plantilla, lo que ha dado lugar a que más del 15% de la misma ha estado contagiada (3.005 trabajadores y trabajadoras a mediados de junio, de los que 820 no estaban recuperados) y que represente al 20% del total de los contagiados, el porcentaje más elevado de la Unión Europea, como del conjunto del Estado español. Según el sindicato ESK, hasta inicios de mayo habría habido 821 bajas laborales por la Covid-19, de los que casi 400 fueron en el Hospital de Cruces. Solo muy tardíamente, y con insuficiencias, se ha dotado a las plantillas de los elementos de protección necesarios (mascarillas, EPIs, etc.).
También ordenaba la vuelta al trabajo del personal contagiado al de una semana sin síntomas, pero no realizaba test previos para la vuelta, con el riesgo que conllevaba para ellos y ellas y sus compañeras de trabajo. Ha tardado semanas y semanas en realizar test a la totalidad de la plantilla, y cuando, tardíamente, lo hizo, para la mayoría fue inicialmente de tipo serológico, que tienen una fiabilidad de solo el 60% y que, además, pueden dar negativos si se han desarrollado anticuerpos en los 15 días previos al análisis. Además de tardíos e insuficientes, tal como están previstos dan una fotografía en un momento dado pero no contempla la realización periódica de los test más fiables, los PCR. (...)
En numerosos Estados la mortalidad ha sido especialmente elevada en las residencias. También han sido otro punto negro en la gestión contra la pandemia en el Estado español y en la CAPV. Según los datos proporcionados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, habrían fallecido en residencias 19.645 personas, cifra equivalente al 69,1%% del total de fallecidos notificados oficialmente, de los que 630 corresponden a la CAPV, que equivalen al 40,3% de los fallecidos.
Las Diputaciones Forales, especialmente la de Bizkaia, que gestionan este servicio en la CAPV, han mantenido una política informativa opaca, negándose a proporcionar información regular que se les ha pedido por las organizaciones de familiares y solidarias de las personas afectadas y por el movimiento pensionista, con el absurdo argumento de la privacidad, que para nada se ve afectada por la publicación de datos globales.
El porcentaje de hospitalizados provenientes de las residencias (18%), ha sido más bajo que de otras personas enfermas (31%), diferencia aún mayor entre quienes han ingresado en las UCI (2% frente al 10%), lo que permite deducir un tratamiento discriminatorio sobre las primeras. Especialmente grave es que, como ha denunciado el movimiento vasco de pensionistas, mientras que muchas personas mayores contagiadas no fueron atendidas por estar los hospitales saturados, otras personas con seguros privados fueron trasladadas desde sus residencias privadas a hospitales públicos.
María Fernández ha relacionado como factores que han incidido en esa mortalidad, el tamaño y diseño de las residencias, la calidad de la atención (relacionada con la ratio de profesionales por número de residentes, su formación y salarios), la adopción de medidas rápidas y adecuadas cuando se apuntó el riesgo y su capacidad de comprar equipos de protección y test. La inversión en la gestión de estos centros ha aportado rentabilidades muy altas y ha atraído a fondos buitres y a empresas multinacionales, estimuladas por una demanda asegurada dado el aumento de personas dependientes, la no necesidad de realizar inversiones cuantiosas, la posibilidad de pagar salarios muy bajos a un personal mayormente feminizado y las carencias de la inspección pública sobre el tamaño de las plantillas, la formación de las trabajadoras, la adecuación de las instalaciones, etc. (...)
En el caso vasco, la elevada financiación pública (de hasta el 90%) de los gastos de las residencias concertadas permite a las empresas que las gestionan elevados beneficios con riesgos mínimos, más aún cuando las diputaciones no han controlado que se proveyese a las trabajadoras del material preventivo necesario, lo que ha dado lugar a varias denuncias judiciales. En varias de estas residencias gestionadas por la multinacional DomusVi ha habido un elevado número de personas muertas y contagiadas, con una gestión oscurantista que alarmó a los Ayuntamientos (...)
¿Por qué la insistencia en las elecciones en julio?
El condicionamiento por el PNV en la votación favorable a la prórroga del estado de urgencia el 6 de mayo a la posibilidad de realizar elecciones al Parlamento Vasco en julio se explica por la tentativa de dificultar el debate público sobre la gestión de la pandemia y sobre otros elementos recientes de la gestión del gobierno vasco, como el derrumbe del vertedero de Zaldibar.(...)
Cuando la CAPV pasó a la “fase una” de la “desescalada”, el Gobierno Vasco decidió aplicar una limitación mayor a la movilidad, manteniendo el límite no en la provincia sino en el municipio, pero si autorizando la apertura de terrazas de los bares. Parece claro que el PNV presionó al gobierno español para que toda la CAPV pasase a la fase 1, a pesar de las dudas que suscitaba la situación en Bizkaia, a fin de poder convocar elecciones en julio. Por otra parte, ha utilizado las posibilidades que le concede la normativa estatal para la actividad productiva, comercial y hostelera, tratando que el riesgo de nuevos contagios derivada de las mismas se compensase con una limitación prolongada de la movilidad. Esa política de favorecer la actividad comercial y de ocio se ha mantenido posteriormente, mientras que desaparecía el control del incumplimiento de las normas de seguridad (números máximos, mascarillas y otras), girando bruscamente del control autoritario de la movilidad mediante la Ertzaintza hacia un relajamiento de las medidas de vigilancia. (...)
Una vez pasadas las elecciones se han adoptado medidas de limitación de los aforos, de obligatoriedad de las mascarillas, etc., que se debieran haber tomado antes. La radicalidad de la obligación generalizada de las mascarillas, incluso en zonas alejadas de espacios habitados, contrasta con la permisividad en los centros de trabajo, donde no es obligatoria, salvo que esté establecida en un plan de prevención. " (Mikel de la Fuente, Viento sur, 25/07/20)
"(...) En el uso de las mascarillas la evolución de la posición del Gobierno Vasco ha sido caótica, pasando desde su casi desprecio, a su recomendación en lugares cerrados y a la obligación generalizada y sin matices.
(...) la primacía que ha caracterizado a la política del Gobierno Vasco de intentar mantener a todo precio la actividad económica. Así, el nuevo horario de cierre de los bares, restaurantes, txokos y discotecas hasta las 1h30 de la madrugada es elevado y los aforos permitidos son más altos que los de otras comunidades. Además, existe una amplia percepción social de que existe en la práctica una amplia tolerancia sobre horarios, uso de mascarillas, etc.
En un país con muy alta densidad de contactos sociales y de vida en la calle, como es Euskal Herria, es clave controlar la propagación de los contagios mediante el desarrollo de test PCR, al menos a toda la población que haya estado en contacto con personas contagiadas, aunque no tenga síntomas. Tras haber aumentado considerablemente en relación con los primeros meses de la pandemia, la CAPV es la comunidad autónoma que más test PCR realiza en proporción a la población, 163,03 por cada 100.000 habitantes, seguida por Navarra, 152,82-, siendo la media estatal de 92,29. Sin embargo, su número sigue siendo insuficiente a la vista del aumento de los contagios, sin que sea fácilmente explicable la razón de esta insuficiencia, a la vista de la posibilidad de realizarlos rápidamente y a bajo coste. (...)
Otro elemento básico para frenar la transmisión comunitaria de la pandemia es el “rastreo” rápido y generalizado de los contactos de los contagiados. Para conseguirlo es necesario aumentar la plantilla de rastreo que, como se indicaba en la primera parte de este artículo, es limitada conforme a los estándares europeos, lo que da lugar a que solo se localiza a una parte reducida de los contactos de las personas contagiadas. Es llamativo que, a pesar de que el Gobierno Vasco reconocía la elevada probabilidad de una segunda oleada de la pandemia, no se hayan tomado medidas a tiempo para resolver esta deficiencia. (...)
El Gobierno Vasco ha remitido a los centros escolares tres planes de contingencia, ninguno de los cuales se asocia a nuevos recursos, lo que suscita los siguientes interrogantes: ¿cómo se van a implantar grupos “burbuja” en primaria sin más personal e, incluso, sin adaptación de aulas y espacios?; ¿o piensan, por el contrario, cerrar todo el centro cada vez que se detecte un positivo, dejando a un montón de niños y niñas sin educación presencial?; ¿piensan que el profesorado doble su jornada laboral con clases presenciales, y online con el alumnado afectado por contagio y cuarentena?; ¿cuándo se va a reunir el Departamento de Educación con representantes de la comunidad educativa para acordar y adoptar medidas para el próximo curso? (...)" (Mikel de la Fuente, Viento sur, 01/08/20)
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