“La reforma laboral está acordada con Bruselas y se hará antes de final de año”

 "Nacho Álvarez, el economista de referencia de Unidas Podemos desde que se fundó el partido morado en 2014, lleva ya dos años largos trabajando en un luminoso despacho del Ministerio de Derechos Sociales. Sosegado, más técnico que político –aunque tampoco rehuye la pelea ideológica–, Álvarez ha negociado con las ministras y ministros del PSOE todas las medidas que ha ido tomando el Gobierno para tratar de evitar lo que llama una “catástrofe social”. 

Ahora, con la pandemia controlada y el escudo social prolongado, el secretario de Estado asegura  a CTXT que el acuerdo para los Presupuestos Generales “blinda lo que queda de legislatura”, vaticina que la reforma laboral del PP se derogará antes de fin de año, y recuerda a sus compañeros del PSOE que los nuevos consensos internacionales y académicos recomiendan unas políticas fiscales progresivas, que graven “a las grandes fortunas y a las empresas”. Esta medida, añade, ayudaría a mitigar además la deslealtad fiscal de Madrid hacia el resto de Comunidades. (...)

La derogación forma parte del acuerdo de Gobierno y Pedro Sánchez lo acaba de reiterar en el Congreso del PSOE, pero parece que la vicepresidenta Nadia Calviño no está por la labor. ¿Cree que se derogará finalmente?

Estoy convencido de que se va a derogar la reforma del Partido Popular: es un acuerdo alcanzado con Bruselas, que establece que a finales de 2021 esa derogación de la reforma debería estar lista. Y me complace ver cómo el presidente se suma a este compromiso. Me consta que en el diálogo social se trabaja con muchísima intensidad y confío en que esté lista antes de que acabe el año. 

La Ley de Vivienda ha sido el punto clave del acuerdo de la coalición sobre los Presupuestos. Las críticas de la derecha y de los grandes tenedores eran esperables. Pero también hay quejas del Sindicato de Inquilinos, por ejemplo, y de las plataformas antidesahucios. ¿Usted está satisfecho con la ley?

A Unidas Podemos le gustaría ir más lejos de lo que permite el marco y los corsés de este gobierno de coalición. Pero, incluso así, esta ley de vivienda supone un cambio de paradigma muy importante. No sólo establece umbrales muy relevantes para impulsar el alquiler social, sino también unos mecanismos de regulación de precios, como existen en otros países de nuestro entorno, que van a permitir que en zonas tensionadas se puedan topar los alquileres o incluso que contemos con instrumentos fiscales para potenciar la bajada de precios. Quizá se podría haber ido más lejos en otro contexto, en otra situación de correlación de fuerzas, pero dadas las características de este gobierno, hay que estar satisfechos. 

Pero si son las comunidades autónomas y ayuntamientos los que al final tienen la potestad de aplicar o no la ley –Madrid ya ha dicho que no lo hará– ¿va a tener un efecto real? 

Lo que no puede ser es que queramos un Estado casi federal para algunas cosas y no para otras. Las competencias en materia de vivienda, en buena medida, recaen sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Estado tiene competencias de coordinación, que son las que estamos ejerciendo precisamente para dotar a los entes autonómicos y locales del instrumento necesario para reducir los precios. Si la Comunidad de Madrid tiene un proyecto que no pasa por facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, será su elección y tendrá que confrontarlo con las urnas llegado el momento. (...)

¿Y la derecha vasca? ¿Cree que aceptará un impuesto a las grandes fortunas? 

Hay un debate abierto. Yo creo que incluso el propio Gobierno vasco y la derecha vasca se han dado cuenta de que cuando en un país como España permitimos un paraíso fiscal como Madrid, se producen importantes movimientos de bases imponibles de ciudadanos que desfiscalizan las Haciendas de otros territorios, incluidas las forales. 

¿Hay dumping fiscal madrileño en España? 

Lo hay. 

¿Y tiene solución?

Yo creo que sí: un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto de patrimonio digno de tal nombre, debería tener un mínimo no bonificable para el conjunto del territorio. Y así se impondría en Madrid. (...)"                 (Mónica Andrade, Miguel Mora, CTXT, 23/10/21)