"La situación de la sanidad pública decidió buena parte de las elecciones
andaluzas que en 2019 llevaron a PP y Ciudadanos al Gobierno, tras 37 años de gestión socialista. No en vano, se le llamaba entonces la 'joya de la corona' y andaba pachucha.
Por eso, su estado actual también puede ser determinante en las elecciones del próximo 19 de junio. Y las percepciones son muy distintas: el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, habla de un 30% más de profesionales, de acuerdos históricos con los trabajadores, mientras diversos estudios de organizaciones de profesionales y sindicales revelan un retroceso del gasto y un notable incremento de la privatización del sistema de salud.
La Junta, con el PP al mando de la Consejería de Salud y Familias, empezó la legislatura apretando fuerte, con medidas de choque para intentar taponar las heridas que tenía abiertas el sistema público sanitario andaluz, fundamentalmente para reducir las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas y para garantizar un mínimo de seis meses en la contratación del personal. Y la ha acabado con un acuerdo in extremis con los sindicatos, sellado en abril para mejorar las condiciones laborales de 72.000 profesionales. Pero, por medio, ha habido una pandemia, muchas protestas de usuarios y trabajadores, largas esperas para recibir atención médica y una gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ha sido muy criticada desde diferentes sectores.
Los datos aportados por el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública han sido una de las principales pruebas de cargo contra esa gestión. Según un estudio publicado en mayo de 2021 sobre la situación de los servicios sanitarios de todas las comunidades autónomas, Andalucía es, después de Murcia, la comunidad con el peor sistema público de salud, cuando en 2014 tenía el sexto mejor servicio sanitario de España. Para llegar a esa conclusión, los autores del informe analizan diferentes parámetros, como el gasto por habitante, número de camas y profesionales, valoración de los ciudadanos o listas de espera en cada región.
De acuerdo con esos datos, Andalucía tiene el tercer presupuesto sanitario per cápita más bajo del país, 1.388 euros frente a los 1.949 de Asturias, que es el mayor; dispone del menor número de camas hospitalarias por cada mil habitantes, 2,19; el menor número de médicos en atención especializada y en primaria, y de los más bajos de enfermería.
Todo eso redunda en
una mala opinión de los usuarios, que conceden al sistema sanitario
público andaluz la nota más baja, empatada con Catalunya y por detrás de
Canarias, que ocupa el último puesto en valoración, según este informe.
La sexta comunidad con más privatización
La gestión que se ha llevado a cabo en el SAS en los últimos años también arroja otras conclusiones importantes en relación al grado de privatización de sus servicios, algo que ha sido analizado igualmente en otros informes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, una organización de profesionales sanitarios con representación en todo el Estado español. Concretamente, su último estudio sobre este tema, publicado este mismo mes de mayo, revela que desde 2019 Andalucía ha ido subiendo progresivamente en la clasificación de las comunidades con mayor grado de privatización, hasta situarse en el sexto lugar, cuando hace ocho años, en 2014, se encontraba entre las cinco regiones con un menor nivel de privatización de sus servicios sanitarios.
En este informe se tienen en cuenta el gasto por habitante en seguros, el porcentaje del gasto sanitario público destinado a contratar centros privados y de camas en esos centros, número de consultas en clínicas privadas, la incidencia de modelos de colaboración público-privada y porcentaje de población cubierta con mutualidades de funcionarios, entre otros factores.
Los datos del estudio reflejan que Andalucía es ya la tercera comunidad española con mayor porcentaje de camas en hospitales privados, tras Madrid y Catalunya, la cuarta en consultas a especialistas de consultas privadas y la quinta en médicos generalistas, así como la sexta en gasto por habitante en seguros sanitarios.
Un informe de CCOO de Andalucía elaborado en 2021 ya había constatado un notable incremento del presupuesto que destina la Junta a la asistencia sanitaria con medios ajenos, es decir, mediante conciertos o colaboraciones con empresas privadas. Según sus datos, la previsión que se hizo para este concepto en el presupuesto de 2022 -que finalmente no se aprobó por la falta de apoyos parlamentarios- suponía un aumento del 42,95%, de 463,7 millones de euros a 662,9 millones, o sea, casi 200 millones de euros más. En ese cálculo se incluyen los gastos en medios ajenos a la sanidad pública para conciertos, diálisis, asistencia con especialistas, diagnósticos, transportes y otros servicios.
El último proceso de privatización que ha sido duramente criticado es el
de la ampliación del contrato a Clínicas Pascual en la provincia de
Cádiz, donde esa empresa ya tenía una amplia implantación. Según
denunció la Federación de Consumidores y Usuarios Facua, la Junta va a
abonar a esa empresa en un plazo de cinco años más de 771 millones de
euros para prestar servicios de asistencia especializada y hospitalaria
en sus centros de la capital gaditana, El Puerto de Santa María,
Sanlúcar de Barrameda y Villamartín. "No hay dinero para reponer las plantillas de la Atención Primaria de toda Andalucía, que supondría un presupuesto de alrededor de 200 millones de euros, no hay dinero para el
necesario nuevo Hospital Regional para la provincia de Cádiz, o para un nuevo
Materno-Infantil
en Huelva, pero sí hay para un nuevo concierto para complacer a la
empresa Pascual y ampliar su poder", afirmaba por su parte la
coordinadora andaluza de las Mareas Blancas. (...)" (Santiago F. Reviejo, Público, 28/05/22)
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