"(...) La Nueva Unión Popular Social y Ecológica (Nupes) presentó el miércoles 21 de septiembre un proyecto de ley en la Asamblea para gravar los superbeneficios de las grandes empresas e intentar obtener un referéndum de iniciativa compartida (RIP), un largo proceso que debe ser validado primero por el Consejo Constitucional. (...)
El proyecto de ley de la coalición de izquierdas (compuesta por La France insoumise, el PS, el Partido Comunista Francés y Europe Ecologie-Les Verts) debe, si el Consejo Constitucional lo aprueba en un mes, obtener cerca de cinco millones de firmas en nueve meses para provocar un referéndum.
"Esperamos que este procedimiento cree un equilibrio de fuerzas" con la mayoría presidencial, dijo Faure, mientras que el debate sobre la fiscalidad de los superbeneficios, en un momento de precios elevados de la energía y alto coste de la vida, puntuará las discusiones presupuestarias a lo largo del otoño en el Parlamento. "Lo que no pagan las grandes empresas, lo pagan todos los demás", añadió el primer secretario del PS.
Ante un hipotético referéndum dentro de varios meses, el diputado "insumiso" Eric Coquerel, jefe de la Comisión de Finanzas, espera "ganar esta batalla" en otoño, mediante enmiendas al proyecto de presupuesto 2023.
El texto de Nupes prevé gravar los superbeneficios de las "grandes empresas", "en su mayoría multinacionales", que facturen más de 750 millones de euros, incluidos todos los sectores.
Y la izquierda señala los objetivos: el grupo petrolero TotalEnergies, el grupo farmacéutico Sanofi y la naviera CMA CGM, en sectores en los que se han obtenido "beneficios excepcionales, no correlacionados con ninguna innovación, ganancia de productividad o decisión estratégica dentro de la empresa".
La "contribución", que se aplicaría hasta el 31 de diciembre de 2025, afectaría a las empresas cuya base imponible adicional sea al menos 1,25 veces superior a la media de los ingresos de los años 2017, 2018, 2019, con una escala de tributación progresiva del 20%, 25% o 33% de los superbeneficios.
Del lado de la mayoría presidencial, un impuesto no es "ni un tótem ni un tabú", dice el diputado David Amiel, pero los macronistas son partidarios de una "solución europea para evitar la distorsión de la competencia" entre países.
La Comisión Europea propone "una contribución" a los productores y distribuidores de gas, carbón y petróleo y quiere poner un tope a los ingresos de los productores de electricidad de origen nuclear y renovable, que obtienen beneficios excepcionales.
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El procedimiento del PIR nunca ha llegado a materializarse desde su introducción en la Constitución en 2008, pero sólo ha sido posible aplicarlo desde 2015. Una propuesta anterior del PIR, contra la privatización finalmente abortada del Grupo ADP (antes Aeropuertos de París), había reunido 1,1 millones de apoyos, muy lejos del umbral necesario." (Le Monde, 21/09/22)
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