"Con la pandemia de Covid-19 y la grave crisis económica asociada a ella, el Pacto de Estabilidad, basado en las restricciones del 3% de déficit y el 60% de deuda, se suspendió hasta finales de 2023. En los cerca de 20 años que llevan en vigor, las restricciones de deuda y déficit han demostrado ser muy malas, contribuyendo al estancamiento de la economía de la UE. El crecimiento europeo ha sido tan exiguo que ha provocado la pérdida de posiciones económicas mundiales en favor de los países emergentes, en particular China. Por ejemplo, la UE-27 pasó del 19,1% al 13,8% de las exportaciones mundiales entre 2003 y 2022, mientras que China pasó del 7,6% al 18,3%[i].
Conscientes de esta situación de decadencia económica, debida no sólo pero sin duda al menos en parte a la forma en que se diseñó el Pacto de Estabilidad, la Comisión Europea y muchos países aprovecharon la oportunidad de la suspensión del Pacto de Estabilidad para pedir un cambio sustancial. El frente reformista está formado por los países con mayores dificultades de deuda pública, especialmente los que tienen deudas superiores al 100%: Grecia (160,9%), Italia (139,8%), Francia (109,6%), España (107,5%), Bélgica (106,3%) y Portugal (103,4%). Como puede verse, se trata de una parte muy grande de la población de la UE, que comprende la segunda, tercera y cuarta economías más grandes de Europa. No es precisamente una miseria. Al frente de la reforma se opone el frente habitual de la austeridad y el rigor presupuestario, representado por Alemania, la única de las grandes economías, y sus satélites, los llamados "frugales", es decir, los Países Bajos, Dinamarca, Austria y Finlandia.
El primer paso en la reforma del Pacto de Estabilidad fue la reunión del Ecofin, los ministros de Finanzas de la UE, que, a instancias de la Comisión Europea, elaboraron un borrador del nuevo pacto, que deberá pasar por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, probablemente antes de enero de 2024. De momento, pues, veamos en qué consiste el borrador acordado por los distintos gobiernos a través de sus ministros de Economía.
Lo que es evidente es que la montaña de la UE (o la deuda pública europea, si se prefiere) ha parido un auténtico ratón. Quienes habían pensado que la reforma del pacto tendría en cuenta las demandas de mayor flexibilidad y transparencia y, sobre todo, la necesidad de más inversión pública expresadas por algunos países, muchos economistas y la propia Comisión Europea se han llevado una decepción. El nuevo plan es más complejo y menos transparente, fruto de la mediación entre Francia -líder de los reformistas- y Alemania -líder de los conservadores-.
El planteamiento es siempre el mismo: los países con una deuda excesiva deben comprometerse, bajo la tutela de los organismos europeos, a seguir una senda de reducción drástica de la deuda, proponiendo un plan de ajuste de cuatro años que puede ampliarse a siete si el país se compromete a un programa de inversiones y reformas aprobado y supervisado por la Comisión. Pero, ¿cómo se llevará a cabo la reducción de la deuda? Recordemos que el antiguo pacto exigía que la deuda se redujera a lo largo de 20 años reduciendo el exceso de deuda desde el límite "virtuoso" del 60% en una vigésima parte por año. Era un objetivo tan inalcanzable y un mecanismo tan alejado de las particularidades de las economías de cada país que nadie llegó a ponerlo en práctica. Su modificación era, pues, inevitable. El nuevo pacto de estabilidad estipula, para los países con una deuda superior al 90% del PIB, una reducción de al menos un punto porcentual al año por término medio. Esta norma se aplica a todos, contradiciendo lo que la Comisión había recomendado en cuanto a la diferenciación que debía adoptarse para respetar las especificidades de cada país.
El otro cambio se refiere a la limitación del déficit. En el antiguo pacto, la restricción consistía en no superar un déficit del 3% del PIB. Ahora, para los países con una deuda superior al 90%, el déficit no puede superar el 1,5% del PIB. Un drástico endurecimiento de la restricción. En concreto, se espera que el déficit primario (neto de gastos de intereses) mejore un 0,4% anual de media si hay un plan de ajuste cuatrienal y un 0,25% si hay un plan de ajuste septenal. Como puede verse, el plan depende de demasiadas limitaciones que deben cumplirse simultáneamente y de reglas matemáticas válidas para todos sin tener en cuenta las condiciones específicas de cada país.
En todo esto, está claro que el gran perdedor del acuerdo franco-alemán es el gobierno italiano de Meloni, que había empezado exigiendo la separación de los cálculos de déficit y deuda de tres importantes capítulos del gasto estatal: defensa, transición ecológica y transición digital. Ninguna de estas exigencias fue atendida, ni siquiera la relativa a los gastos militares, a pesar de las entusiastas declaraciones del ministro de Defensa, Crosetto, al respecto. De forma bastante ambigua, los gastos de defensa se considerarán "un factor relevante en la definición del ajuste". La única concesión de los países partidarios del rigor presupuestario a los reformistas, en particular Francia, es la del régimen transitorio entre 2025 y 2027, durante el cual el coste del servicio de la deuda -es decir, el pago de los intereses de los bonos del Estado- no se tendrá en cuenta, lo que permitirá limitar la carga del ajuste del déficit. Se trata de una estratagema útil para muchos gobiernos actualmente en funciones, que no se aplicará a los gobiernos posteriores. (...)
Así pues, el nuevo pacto, en su formulación provisional, empeora la propuesta original de la Comisión Europea hacia un marco más complejo y menos transparente. Sobre todo, no representa una mejora real con respecto al pacto anterior; en algunos aspectos, es incluso peor. Sin embargo, las sucesivas crisis de los últimos años -la crisis hipotecaria de 2008, la crisis de la deuda de 2011 y la crisis del covid-19 de 2020- han demostrado que las rigideces de las normas sobre déficit y deuda hacen que las crisis, que afectan de forma recurrente al modo de producción capitalista, sean aún más devastadoras. Las restricciones presupuestarias se vieron agravadas por el endurecimiento de los tipos de interés -el coste del dinero- practicado por el BCE para luchar contra la inflación, lo que dificultó aún más a las empresas la obtención de préstamos para realizar nuevas inversiones y contribuyó a sumir de nuevo a la UE en el estancamiento tras la recuperación del bloqueo posterior a 2020.
Ante la escasez de inversión productiva privada, que frena las alas de la economía europea, la única solución sería la intervención del Estado a través de la inversión pública. Pero, como hemos visto, las normas europeas lo impiden, por no hablar de que la necesidad de recortar la deuda una media del 1% anual lleva a restringir el gasto social, empezando por el gasto sanitario. Según los analistas de Bruegel, un think tank belga, las nuevas reglas obligan a Italia a un superávit primario (es decir, el excedente de los ingresos sobre los gastos, deducidos los intereses de la deuda) del 3,3% del PIB al 4,7%, para cumplir la cláusula de una disminución media de la deuda del 1%. Esto supondría reservar una enorme cantidad de unos 90.000 millones anuales en el presupuesto público antes de pagar intereses[iv].
La incapacidad de llevar a cabo una verdadera reforma del pacto de estabilidad es una confirmación más de la irreformabilidad estructural de la UE y, sobre todo, de su consiguiente incapacidad para hacer frente al declive económico de Europa frente a otras grandes realidades geopolíticas, como Estados Unidos y China. Al fin y al cabo, la UE no es un verdadero organismo supranacional, sino intergubernamental, que toma sus decisiones mediante arduas negociaciones entre Estados con economías diferentes e intereses irreconciliables. Así pues, queda claro que los tratados europeos representan una jaula para las economías continentales, que los Estados individuales no pueden superar salvo abandonando la propia UE." (Domenico Moro, Sinistrainrete, 08/01/24; traducción DEEPL)
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