"La movilización actual del campesinado es la consecuencia de un modelo agrícola productivista que ha llevado a la desaparición de miles de explotaciones y al empobrecimiento de muchos agricultores (de 1,6 millones en 1982 a 400.000 en 2019, 100.000 explotaciones han desaparecido desde 2010, el 18% de agricultores y agricultoras viven por debajo del umbral de pobreza).
Entre los responsables de este sistema se encuentran las políticas francesas y europeas, la globalización del comercio y, en particular, los acuerdos de liberalización comercial, así como los representantes mayoritarios del sector [el sindicato FNSEA], cuyos dirigentes han contribuido a transformar la agricultura en un agronegocio en beneficio de unos pocos, y han sabido utilizar muy bien las normas de la Política Agrícola Común (PAC) en su beneficio.
Pero mientras algunos en el agronegocio se enriquecen, la mayoría de las y los agricultores se empobrecen, se endeudan y a menudo experimentan condiciones de trabajo difíciles. Por tanto, su movilización es totalmente legítima, porque al plantear la cuestión de la renta de los agricultores, se está señalando el callejón sin salida de un modelo productivista, el de una agricultura incapaz de suministrar productos sanos y de calidad, incapaz de garantizar la soberanía alimentaria, incapaz de permitir a las y los campesinos vivir de su trabajo, incapaz de respetar la biodiversidad.
Reivindicaciones secuestradas en beneficio del agronegocio
La cuestión [de la supresión] de las normas medioambientales planteada por la FNSEA [para salir de la crisis] es una forma de desviar la atención. Es cierto que existen normas que plantean numerosos problemas (marcado obligatorio de los animales, por ejemplo), pero lo que denuncia la organización mayoritaria es sobre todo la voluntad de reducir la contaminación provocada por la agroindustria. Esta es también la orientación adoptada por el gobierno que, por ejemplo, prevé suprimir las autorizaciones medioambientales para facilitar la construcción macrogranjas industriales ganaderas. Del mismo modo, las políticas europeas siguen siendo muy modestas en lo que se refiere a las limitaciones medioambientales: se ha destripado la ley de restauración de la naturaleza, se ha renovado la autorización del glifosato, el Parlamento Europeo ha rechazado el plan de reducción del uso de pesticidas, se prevé autorizar nuevos OMG, etc.
Rassemblement National [RN, extrema derecha] tampoco es amiga de las y los pequeños agricultores. RN ha votado a pies juntillas, junto a En Marche y los Republicanos, una nueva versión de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023-2027 que da la espalda a la emergencia climática y favorece a la agroindustria en detrimento de los miles de agricultores que, cada año, tienen que abandonar su profesión y mantener sus explotaciones a escala humana.
El gobierno no propone nada para mejorar los ingresos
Los anuncios del gobierno [realizados el 26 de enero] no solucionarán nada, sino todo lo contrario. La ideología productivista y neoliberal de este gobierno, compartida con los sindicatos agrarios mayoritarios, está a la vista de todo el mundo. No hay propuestas que permitan vivir dignamente de su trabajo a las y los agricultores, sino un despliegue legislativo ecocida que conduce a la aceleración de proyectos de todo tipo: entre ellos, facilitar la construcción de embalses de ladera y megapiscinas, someter la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) a la supervisión prefectoral, reducir las ambiciones en materia de conservación de los humedales, mantener lagunas fiscales para eliminar el impuesto sobre el gasóleo agrícola, etc. Mientras no haya medidas para mejorar los ingresos de los campesinos y campesinas, o el acceso a las tierras agrícolas, ¿cómo podemos estar satisfechos con las irrisorias propuestas que ha realizado el gobierno? Una ayuda de urgencia de 50 millones de euros para la agricultura ecológica, la oposición al acuerdo de libre comercio UE-MERCOSUR, pero no a los demás tratados, y tres sanciones denominadas "fuertes" contra las empresas que incumplan la ley Egalim.
Los acuerdos de libre comercio son un ejemplo particular del daño al que se exponen las y los agricultores y consumidores. Los acuerdos negociados recientemente o en proceso de finalización (UE-Nueva Zelanda, ratificado en diciembre de 2023, UE-Chile en proceso de ratificación, UE-Mercosur, en proceso de finalización) supondrán la importación de decenas de miles de toneladas de carne, queso, leche y etanol... Al poner a todos las campesinas y campesinos a competir entre sí en un sistema de globalización neoliberal, sus condiciones de vida y de trabajo se nivelan a la baja, amenazando con acabar con los pequeños agricultores en beneficio de las multinacionales del agronegocio. Estos acuerdos fomentan la agricultura intensiva, que es una de las mayores emisoras de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el 80% de las y los eurodiputados de la UE aprobaron el acuerdo UE-Chile el pasado miércoles, en particular los liberales (incluido Renaissance –partido de Macron–), el Partido Popular Europeo aliado con los republicanos, la extrema derecha (con la ausencia del Rassemblement National) y los socialdemócratas.
Por los derechos de los agricultores y para salvar el clima, es vital poner fin a este tipo de acuerdos: paralización definitiva de las negociaciones del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, moratoria de todos los demás acuerdos comerciales en curso de negociación y revisión de todos los acuerdos existentes.
Pero esto no basta para garantizar unos ingresos decentes y necesitamos, como reclama la Confédération Paysanne, una ley que prohíba la compra de nuestros productos agrícolas por debajo de su precio de coste. Para lograrlo, necesitamos atacar urgentemente la cadena de transformación y distribución, mientras las multinacionales agroalimentarias y las cadenas de supermercados obtienen enormes beneficios.
Además de esta emergencia económica para los agricultores, es necesario transformar radicalmente el actual modelo agrícola y alimentario: garantía de precios justos, freno a la artificialización de las tierras, defensa de las tierras agrícolas que deberían destinarse a la producción alimentaria, redistribución de las subvenciones para hacer frente al agronegocio, creación y apoyo a los circuitos cortos y a las microcadenas de distribución (que son respuestas totalmente viables y adecuadas a las necesidades de productores y consumidores por igual), bifurcación agroecológica para dar prioridad a la instalación de nuevos agricultores...
La cuestión de la agricultura nos concierne a todos y todas. Lo que se produce es lo que comemos cada día. Una remuneración justa para los y las agricultoras significa también repensar los métodos de distribución de los alimentos y la forma en que accedemos a los alimentos ecológicos y de calidad producidos lo más cerca posible del consumidor. A corto plazo, esto significa aumentar los salarios para que la gente pueda alimentarse correctamente y, más allá, significa buscar modelos alternativos de consumo.
Junto a la Confédération Paysanne y, más ampliamente, a los
agricultores y agricultoras que se movilizan, Attac pide que se apoyen
las reivindicaciones de "una renta digna para todas las y los
agricultores", la ruptura con los acuerdos de libre comercio, y que la
gente se una a las acciones de defensa de estas reivindicaciones." (Viento Sur, 02/02/24)
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