"Giro en la investigación al empresario Alberto González Amador. La Fiscalía presentó el pasado 10 de enero un escrito en el que apoya que la causa sume a los dos presuntos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos otro de “corrupción en los negocios”. El Ministerio Público aprecia indicios del pago encubierto de una “comisión” de medio millón de euros por parte de González Amador a la esposa del presidente de Quirón Prevención, sociedad perteneciente al gigante de la sanidad privada que recibe cientos de millones de contratos públicos de la Comunidad de Madrid cada año. El fiscal incluye en su escrito el término “soborno”.
“La defensa no ha dado explicación alguna de por qué el investigado González Amador pagó medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino Maculet, presidente de Quirón Prevención, por una empresa que carecía de valor, como detalla el informe de la Agencia Tributaria”, recoge el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es. Alberto González Amador pagó medio millón de euros a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, su principal cliente en los últimos años, para adquirir una pyme que estaba a nombre de la esposa del ejecutivo y que no tenía empleados, ni casi activos, y que apenas facturaba 30.000 euros anuales, según desveló este periódico en marzo de 2024.
Se da la circunstancia de que esa operación se produjo en 2020, poco después de que, en lo peor de la pandemia de coronavirus, la pareja de Ayuso cobrase casi dos millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para Mape, firma gallega de la que el directivo de Quirón había sido nombrado consejero meses antes. Las acusaciones populares pidieron a la jueza del caso que investigue si pagar un precio desmesurado por una empresa que no valía tal cantidad de dinero fue la forma que encontró González Amador para pagar su parte de la comisión de las mascarillas a Fernando Camino, el directivo de Quirón y consejero de Mape.
El informe del fiscal del pasado día 10 incluye otra novedad respecto a la postura de la Fiscalía y es la connivencia que apunta de Quirón en los hechos que deberían ser ahora investigados. Reprocha, por ejemplo, que la defensa del novio de Ayuso haya pretendido justificar la comisión de medio millón de euros con un “certificado de Emilio Conde, alto cargo de Quirón Prevención”. Recuerda el fiscal que “la acusación popular señala [a Conde] como partícipe en estos manejos, por lo que evidentemente no es una prueba de descargo creíble”.
Pero el fiscal va más allá al señalar la convivencia del gran adjudicatario de la sanidad madrileña con la pareja de la presidenta de la Comunidad. “Que Quirón Prevención va a confirmar todo lo que diga el investigado González Amador es algo que ya apreció la inspección tributaria, según expresamente observa la inspectora en su informe al folio 61 de las actuaciones. Sus razones tendrá para ello la mercantil”, recoge el fiscal.
González Amador pagó cerca de 500.000 euros por esa empresa a finales de 2020. La operación se llevó a cabo poco después de que, en lo peor de la pandemia de coronavirus, la pareja de Ayuso cobrase casi dos millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para Mape, firma gallega de la que el directivo de Quirón había sido nombrado consejero meses antes.
En cuatro palabras encerradas entre dos guiones, la Fiscalía apunta por primera vez desde que arrancó el caso, y aunque sea de forma indirecta, posibles implicaciones políticas en los hechos. Lo hace al referirse a González Amador con un “es notorio quién es”, en alusión a su condición de pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
“Aunque queda claro que el interés patrimonial de la mercantil Quirón Prevención no se ha visto menoscabado por el cobro de la esposa de su presidente de lo que parece ser una comisión de medio millón de euros, por ser el investigado González Amador –que es notorio quién es– quien la paga, el bien jurídico que está afectado es el orden socioeconómico. Esto es que los precios de mercado se formen mediante la limpia confluencia de oferta y demanda, y no mediante el pago de sobornos”, recoge el escrito fiscal.
La Fiscalía se pronuncia así después de que la jueza del caso le consultara sobre el recurso presentado por la defensa de González Amador a la decisión de la magistrada de abrir una pieza separada a propuesta de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Más Madrid. El actual fiscal del caso rechaza los planteamientos de González Amador: Hay indicios de la existencia del pago de la comisión y esto constituiría un delito adicional de “corrupción en los negocios”. También aprecia que de las diligencias que se practiquen podría derivarse el endurecimiento de la acusación por delito fiscal al descubrirse un tipo agravado del mismo, tal y como ya planteaba la jueza en su resolución.
La primera consecuencia de este escrito de la Fiscalía es que desaparece la posibilidad de cualquier pacto, como el que propuso González Amador para evitarse el ingreso en prisión a cambio de reconocer los dos delitos fiscales y el de falsifidación de documentos. La propia defensa del investigado esperaba a que la Audiencia Provincial se pronunciara, y en su caso rechazara, la ampliación de la investigación que habían propuesto las acusaciones populares antes de retomar las negociaciones. Ahora los jueces de la Audiencia Provincial deberar valorar también la postura que presenta la Fiscalía a favor de seguir adelante con esa pieza separada.
González Amador debe “someterse al imperio de la ley”
El fiscal concluye su escrito con una defensa de la solidez de la investigación a la pareja de Ayuso y en su diferencia con otras causas judiciales abiertas a partir de recortes de periódico. “En nuestro procedimiento la notitia criminis, como es sabido, no ha consistido en informaciones periodísticas más o menos contrastadas, sino en un procedimiento administrativo contradictorio llevado a cabo por la Agencia Tributaria”, dice.
“Los indicios de delito apreciados por la instructora –prosigue el fiscal– se observan de los documentos públicos y privados aportados en dicho procedimiento, y respecto a ellos el investigado recurrente no ha dado explicación alguna, realizando en su lugar consideraciones ajenas al núcleo de lo imputado en la pieza separada”.
El mensaje final incluye una advertencia contra la búsqueda de
impunidad. “La pretensión del recurrente de archivar libremente la pieza
separada sin siquiera comenzar la investigación no debe ser estimada,
pues la decisión contraria sería muy lesiva para la confianza de la
sociedad en la imparcialidad de la justicia y en el sometimiento de
todos los ciudadanos al igual imperio de la ley”, añade el fiscal." (
Pedro Águeda , eldiario.es, 15/01/25)
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