"Desde hace casi ocho años, 16 vecinos del edificio de la calle Río Piloña 3, en Gijón, viven en la incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas. Tras firmar unos contratos de alquiler, pasaron de pagar a una constructora en quiebra a un juzgado. En 2019, la SAREB, asumió la propiedad del edificio, y actualmente busca vender los pisos. Una sentencia en el mes de enero ha fallado a favor de la entidad, dejando a los inquilinos a la espera de una posible orden de lanzamiento, ya que se ha considerado que no son titulares legítimos.
“Nosotros hemos estado pagando hasta mediados del año pasado religiosamente hasta que nos impidieron seguir pagando a través del juzgado,” se queja Roberto, vecino del edificio y que con sesenta años está en paro y cobrando el ingreso mínimo vital. “Aquí llevamos viviendo ocho o diez años”, explica. “Cada uno tiene sus circunstancias. Hay familias con niños, gente con problemas, gente normal que solo quiere quedarse a vivir aquí porque todos hemos hecho de estos pisos nuestros hogares y eso deben tenerlo en cuenta.” Y subraya: “No somos okupas, somos gente que queremos seguir pagando como cuando firmamos los contratos de alquiler.”
Los vecinos han manifestado su intención de regularizar su situación a través de alquileres sociales o de otro tipo, “asequibles”, aunque denuncian que las gestiones han sido individuales y con poca transparencia. Desde el Sindicato de Inquilinos, consideran que este caso se enmarca dentro de la política de gestión inmobiliaria de la SAREB, que combina la venta de propiedades con la evaluación de la vulnerabilidad de los inquilinos para decidir si pueden o no pueden acceder a un alquiler social.
La SAREB y su papel en la gestión de vivienda
SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) se creó en 2012 y es de mayoría pública. La entidad, también conocida como “banco malo”, gestiona miles de viviendas, naves y parcelas adquiridas por el Estado a los bancos tras la crisis inmobiliaria de 2008.
En su estrategia de gestión, la SAREB contempla la venta de activos inmobiliarios, aunque también ha desarrollado un modelo de alquiler social para aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, las organizaciones de vivienda critican que la prioridad sigue siendo la venta y que, en muchos casos, la negociación con los inquilinos se realiza de manera individual, dificultando acuerdos colectivos. “Lo que hizo la constructora fue alquilarles aun sabiendo que iba a entrar en concurso de acreedores en poco tiempo, lo que perjudicó a los inquilinos que firmaron contratos legítimos, pero que perdieron validez cuando la constructora quebró. No puede ser ahora que la SAREB se niegue a renovarles los contratos por no cumplir los criterios de vulnerabilidad”, explica Pilar Galán, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
NORTES ha intentado contactar con la SAREB para obtener su versión de los hechos y su postura respecto a la situación de los inquilinos, pero no ha habido respuesta.
En este contexto, los vecinos de la calle Río Piloña buscan mantenerse organizados para evitar su desalojo y presionan para conseguir unos contratos de alquiler. “Los inquilinos no se pueden ir porque no pueden acceder a unos alquileres privados. Todos sabemos los precios que tienen los alquileres en ciudades como Oviedo o Gijón. Por lo tanto, la SAREB debería negociar con ellos, no queda otra. El servicio tiene que ser público”, comenta Galán, quien subraya las dificultades que enfrentan los inquilinos en esta situación.
“Hay vecinos que se pudieron ir, afortunadamente para ellos, pero muchos no tenemos un plan B. Yo no lo tengo”, lamenta Roberto.
El origen del conflicto
En 2015, algunas personas ya vivían en el edificio ubicado en la calle Río Piloña 3, aunque el grueso de los inquilinos no llegó hasta 2017. En ese año, los vecinos firmaron contratos de arrendamiento con una constructora, los cuales eran anuales y prorrogables hasta un mínimo de tres años. Pocos meses después, la constructora quebró, lo que generó una serie de problemas legales y administrativos para los inquilinos. Como parte del proceso judicial, Hacienda les solicitó que comenzaran a pagar la renta directamente a la Agencia Tributaria y, más tarde, al juzgado, ya que el edificio había entrado en ejecución hipotecaria en 2018.
En 2019, la SAREB asumió la propiedad del inmueble. Ese mismo año, una comercializadora vinculada a la SAREB contactó con los inquilinos para ofrecerles la posibilidad de comprar los pisos en los que vivían, aunque en ese momento ninguno de ellos mostró interés en la compra. El proceso judicial se complicó en 2020, cuando el juzgado inició un procedimiento entre la SAREB y la constructora. Los inquilinos fueron notificados como parte ocupante, pero la pandemia del COVID-19 retrasó la resolución del caso.
En 2022, el juzgado solicitó que los inquilinos presentaran un escrito sobre la ocupación de las viviendas, con el objetivo de verificar qué pisos estaban habitados. En marzo de 2023, se programó la primera vista judicial, pero fue aplazada por la huelga de letrados. Finalmente, en marzo de 2024, el caso se resolvió en los tribunales: el juez dictó una sentencia condenatoria contra la constructora y declaró que los inquilinos no tenían título legítimo que justificara la posesión de las viviendas. Para Roberto, esa decisión fue un golpe fuerte: “Nos habían estado dando esperanzas de que todo se iba a resolver, pero la sentencia nos dejaba sin opciones claras. ¿Cómo no tener un título legítimo si hemos estado pagando durante años?”
Desde el Sindicato de Inquilinas de Asturias, consideran que la ley no ofrece opciones claras para quienes se encuentran en esta situación: “La ley les permite hacer lo que están intentando hacer, que es desahuciar a toda esa gente y vender todo el edificio”
Pilar Galán opina que “la ley no ha considerado adecuadamente los casos intermedios. La SAREB no debería centrarse exclusivamente en vulnerabilidad extrema, porque al hacerlo deja fuera a muchas familias que, aunque no sean vulnerables según la ley, están en una situación económica suficientemente complicada como para poder alquilar y eso es algo que debería ser tenido en cuenta.”
Roberto sí entra dentro de los criterios de vulnerabilidad, sin embargo asegura que nadie ha contactado con él después de aportar todos los datos. “Hay dos vecinos que al parecer sí han firmado un alquiler social.” No obstante, cree que la solución tiene que venir para todos: “Unos con un alquiler social y otros con un alquiler asequible. Todos queremos pagar y seguir en nuestros hogares.”
Evaluación de la vulnerabilidad y negociación con los inquilinos
En junio de 2024, una comercializadora de la SAREB envió burofaxes a los inquilinos solicitando su autorización para evaluar su situación de vulnerabilidad y determinar si podían optar a un alquiler social. Sin embargo, en noviembre de 2024, la comercializadora informó a los inquilinos que no había podido contactar con ellos. Roberto insiste en que eso no es cierto: “Se les proporcionó todos los datos que pidieron.”
Desde el Sindicato de Inquilinas de Asturias, señalan que esto forma parte de una práctica habitual: “El 51 % de la propiedad de la Sareb está en manos del FROB, una institución del Ministerio de Economía. Por lo tanto, el gobierno de turno no quiere ni oír hablar de desahucios bajo su propiedad. Cuando un bloque se organiza con un sindicato de inquilinas o de vivienda, los lanzamientos suelen paralizarse y las comercializadoras comienzan a gestionar contratos de alquiler social.”
Sin embargo, el sindicato afirma que la SAREB tiende a “negociar de manera individual con los inquilinos”, lo que en algunos casos genera división dentro del bloque. Denuncian, eso sí, que los contratos de alquiler social incluyen cláusulas “abusivas” que pueden dificultar la estabilidad de los vecinos, llevándolos eventualmente a abandonar la vivienda.
La SAREB, por su parte, sostiene, tal y como puede leerse en su página web, que su modelo de alquiler social está condicionado a un plan de acompañamiento sociolaboral y a criterios de vulnerabilidad previamente establecidos. En este caso, tras la evaluación realizada, concluyó que la mayor parte de los inquilinos no cumplía dichos requisitos, por lo que no pueden acceder a estos alquileres.
Perspectivas y estrategias de los inquilinos
A pesar de la resolución judicial, los inquilinos han manifestado su intención de continuar negociando. “No entendemos que nos quieran desahuciar sin mediación, sin llegar a un acuerdo. Entiendo que cada uno pague según sus posibilidades, pero no echar a la gente sin más”, se queja Roberto.
Con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, los vecinos han enviado cartas para tratar de paralizar los lanzamientos y presionan para lograr una solución colectiva en lugar de acuerdos individuales. Desde el Sindicato de Inquilinas de Asturias, consideran que la unidad del bloque será clave en la resolución del conflicto: “En este caso concreto, lo más importante, y lo que ya prácticamente tienen muy avanzado, es la unión de todos los vecinos del edificio. Esa unión y mantenerla en el tiempo les puede proporcionar, como ha ocurrido en otros territorios, una victoria, aunque sea parcial.”
Ayer mismo se reunieron con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien les mostró su apoyo en persona y a las pocas horas calificó de “insólita” la situación y exigió una intermediación inmediata al consejero delegado de la Sareb. Este apoyo político local también ha tenido continuación en el tiempo, según cuentan los vecinos, por la concejala de Podemos Olaya Suárez. “El apoyo político y la visibilidad en prensa” durante esta semana les ha dado “esperanzas” de poder seguir en lo que Roberto llama todo el tiempo “nuestros hogares”.
Por el momento, la situación sigue en desarrollo y los inquilinos esperan una respuesta sobre su futuro en el edificio. “Confiamos en que podremos seguir en nuestros hogares”, rubrica Roberto." (Ismael Juárez Pérez , Nortes, 15/02/25)
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