"La Knesset de Israel ha aprobado un proyecto de ley que permite un mayor control político sobre el nombramiento de jueces, lo que reduce de hecho el poder del Tribunal Supremo.
La medida, que entrará en vigor tras las elecciones generales de octubre de 2026, supone la primera vez en la historia de Israel que el proceso de selección de jueces estará controlado por políticos.
Cambiará la composición del comité de nueve miembros que selecciona a los jueces, formado por jueces, legisladores y representantes del colegio de abogados, y supervisado por el ministro de Justicia.
El proyecto de ley sustituirá a los representantes del Colegio de Abogados israelí por abogados designados por la coalición gobernante y la oposición, y otorgará a los políticos poder de veto sobre los nombramientos de los tribunales inferiores.
También eliminará cualquier influencia de los tres jueces que forman parte del comité que supervisa los nombramientos para el Tribunal Supremo.
El comité está tramitando actualmente peticiones contra la destitución por el primer ministro Benjamin Netanyahu del jefe del Shin Bet, Ronen Bar, y el nuevo nombramiento de Itamar Ben Gvir como ministro de Seguridad Nacional.
El proyecto de ley fue aprobado casi por unanimidad después de que la oposición boicoteara la votación, con 67 votos a favor y 1 en contra.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, impedirá al comité nombrar nuevos jueces hasta que la ley entre en vigor, lo que dejará al país con sólo 11 magistrados del Tribunal Supremo, por debajo de los 15 que lo componen.
Los líderes de la oposición en la Knesset condenaron la ley, afirmando que su único objetivo es «garantizar que los jueces estén sometidos a la voluntad de los políticos».
«Esto ocurre mientras 59 rehenes siguen retenidos en Gaza. En lugar de centrar todos los esfuerzos en traerlos de vuelta a casa y sanar las divisiones de la nación, este gobierno se dedica una vez más a la misma legislación que dividió a la opinión pública antes del 7 de octubre», añadieron.
Una «dirección peligrosa
Poco después de su aprobación, los partidos de la oposición y un organismo de control del gobierno presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia una serie de recursos contra el proyecto de ley.
En una de ellas, el partido Yesh Atid, del líder de la oposición Yair Lapid, declaró que la aprobación de la ley «no es una enmienda, sino la erradicación de todo un sistema».
El presidente del partido Unidad Nacional y ex miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz, advirtió a los legisladores antes de la votación que la nación se dirigía en una «dirección peligrosa».
Mientras tanto, miles de israelíes se congregaron frente a la Knesset para protestar contra la legislación.
Antes de octubre de 2023, el gobierno de Netanyahu impulsó un paquete de proyectos de ley que pretendían reformar el sistema judicial, lo que provocó protestas masivas en todo el país.
El 1 de enero de 2024, el Tribunal Supremo anuló la controvertida legislación aprobada por el gobierno en julio de 2023 que eliminaba la capacidad del tribunal para anular decisiones gubernamentales.
La legislación eliminaba la cláusula de razonabilidad del Tribunal Supremo, una facultad otorgada al tribunal para anular resoluciones gubernamentales consideradas irrazonables.
El partido político del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el Likud, calificó de desafortunada la decisión del tribunal y dijo que se oponía a «la voluntad de unidad del pueblo, especialmente en tiempos de guerra».
Netanyahu está siendo juzgado por corrupción. Desde que fue acusado en 2019, ha arremetido públicamente contra el sistema judicial, calificándolo de parcial en su contra."
(Middle East Eye, 27/03/25, traducción DEEPL)
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