"Por ello merece la pena hacerse dos preguntas: ¿inició expedientes
sancionadores a alguna entidad bancaria, por excesos de endeudamiento y
préstamo a promotores inmobiliarios? ¿Ha ejercido de forma completa sus
competencias policiales en materia financiera?
La respuesta a la primera
es sencilla: no existen noticias de que fuera iniciado expediente
sancionador alguno contra alguna entidad bancaria. La segunda requiere
un mayor análisis.
En mayo de 2006, un año antes de que
estallara la crisis financiera mundial, la Asociación de Inspectores del
Banco de España envió una carta al entonces ministro de Economía, Pedro
Solbes, en la que reflejaban literalmente:
“Nos vemos en la obligación
de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema
financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado
inmobiliario en España en los últimos seis años es muy superior al que
se desprende de la lectura de los mencionados discursos del gobernador
(…) y obvia una de sus causas más evidentes: la pasiva actitud adoptada
por los órganos rectores del Banco de España (…) por la voluntad de su
máximo responsable, el gobernador”.
El gobernador entonces era Jaime
Caruana, pero ni él, ni la persona que fue nombrada un mes y medio
después como gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, pusieron en marcha ninguno de los “medios normativos necesarios
para poner freno a los crecimientos del crédito con los que cuenta el
Banco de España”, en palabras de los propios inspectores. (...)
Consideraríamos que está incumpliendo con su deber profesional de
servicio público y que presuntamente sería responsable de un delito de
“prevaricación por omisión” de las responsabilidades legales que se le
tienen encomendadas.
Tal como el propio fiscal general del Estado,
Cándido Conde-Pumpido, puso de manifiesto en una sentencia condenatoria
que dictó como ponente (sentencia 674/1998 de la Sala II de lo Penal del
Tribunal Supremo). (...)
Creemos que es preciso, por salud democrática, la persecución de las
supuestas responsabilidades de orden penal.
Por eso entendemos que el
fiscal general del Estado debería investigar si la conducta dilatoria de
los gobernadores del Banco de España en corregir las conductas
irresponsables de varias entidades bancarias, durante los años de
borrachera de endeudamiento inmobiliario, podrían suponer un presunto
delito de “prevaricación por omisión” por haber ocultado la situación de
endeudamiento insostenible de varias entidades financieras, poniendo en
peligro al conjunto del sistema bancario español y el empleo y
bienestar de millones de españoles." (Rebelión, 17/11/2011, '¿Prevaricaron MAFO y Caruana?',Eduardo Gutiérrez, Daniel Albarracín, Ignacio Álvarez, Bruno Estrada, Manuel Garí y Bibiana Medialde , Público
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