Creemos que el fiscal general del Estado debería investigar si la conducta dilatoria de los gobernadores del Banco de España en corregir las conductas irresponsables de varias entidades bancarias, durante los años de borrachera de endeudamiento inmobiliario... constituye un delito de 'prevaricación por omisión'

"Por ello merece la pena hacerse dos preguntas: ¿inició expedientes sancionadores a alguna entidad bancaria, por excesos de endeudamiento y préstamo a promotores inmobiliarios? ¿Ha ejercido de forma completa sus competencias policiales en materia financiera?

La respuesta a la primera es sencilla: no existen noticias de que fuera iniciado expediente sancionador alguno contra alguna entidad bancaria. La segunda requiere un mayor análisis.

En mayo de 2006, un año antes de que estallara la crisis financiera mundial, la Asociación de Inspectores del Banco de España envió una carta al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, en la que reflejaban literalmente:

“Nos vemos en la obligación de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos seis años es muy superior al que se desprende de la lectura de los mencionados discursos del gobernador (…) y obvia una de sus causas más evidentes: la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España (…) por la voluntad de su máximo responsable, el gobernador”.

El gobernador entonces era Jaime Caruana, pero ni él, ni la persona que fue nombrada un mes y medio después como gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pusieron en marcha ninguno de los “medios normativos necesarios para poner freno a los crecimientos del crédito con los que cuenta el Banco de España”, en palabras de los propios inspectores. (...)

Consideraríamos que está incumpliendo con su deber profesional de servicio público y que presuntamente sería responsable de un delito de “prevaricación por omisión” de las responsabilidades legales que se le tienen encomendadas.

Tal como el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, puso de manifiesto en una sentencia condenatoria que dictó como ponente (sentencia 674/1998 de la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo). (...)

Creemos que es preciso, por salud democrática, la persecución de las supuestas responsabilidades de orden penal.

Por eso entendemos que el fiscal general del Estado debería investigar si la conducta dilatoria de los gobernadores del Banco de España en corregir las conductas irresponsables de varias entidades bancarias, durante los años de borrachera de endeudamiento inmobiliario, podrían suponer un presunto delito de “prevaricación por omisión” por haber ocultado la situación de endeudamiento insostenible de varias entidades financieras, poniendo en peligro al conjunto del sistema bancario español y el empleo y bienestar de millones de españoles."            (Rebelión, 17/11/2011, '¿Prevaricaron MAFO y Caruana?',Eduardo Gutiérrez, Daniel Albarracín, Ignacio Álvarez, Bruno Estrada, Manuel Garí y Bibiana Medialde , Público