La deuda es impagable y en su mayoría es ilegítima. Para liberar unos recursos para las necesidades básicas de la población, hay que dejar de pagar su parte ilegítima

"La deuda del Estado español es cuatro veces su PIB. Esto quiere decir que para pagarla se tendría que destinar todo lo que se pueda producir durante 4 años. Ahora bien, es fundamentalmente una deuda de bancos y empresas privadas. 

El Estado se ha hecho cargo de estas deudas obligando a los ciudadanos a pagarlas. El gasto destinado al rescate de deudas privadas ha generado un déficit y un aumento de la deuda pública para hacerle frente. 

Esta deuda es una consecuencia de la crisis y no su causa. Su pago es la justificación que se está utilizando para recaudar de forma injusta, por medio de los impuestos indirectos (aquellos que no tienen relación con el nivel de ingresos) o los copagos, y disminuir gastos públicos destinados a servicios de primera necesidad (sanidad, educación, servicios sociales, dependencia), y prestaciones para las que ya se había cotizado (las pensiones y el desempleo).(...)

Todas estas medidas y recortes son ideológicos, ya que en realidad no vienen dictados por la contención del déficit ni por la recuperación de la economía. De hecho, no se están generando recursos productivos reales sino destruyendo pequeñas y medianas empresas y se sigue dando contratos selectivos basados en prácticas corruptas. Y se sabe que todas estas medidas de los gobiernos y de la Troika son perjudiciales para la actividad económica, tal como ha reconocido el mismo FMI. (...)

Aunque la deuda pública es fundamentalmente del Estado central, son los ayuntamientos, junto con la Generalitat las administraciones más cercanas a la ciudadanía, los que padecen recortes en sus presupuestos y ven su economía fuertemente controlada y ahogada por la Administración central y la nefasta reforma del artículo 135 de la Constitución.(...)

 La PACD-PV elaboró mociones municipales por la paralización del pago y auditoría ciudadana de la deuda de las administraciones, contra el pago de la parte ilegítima de la misma, por unos impuestos justos y por la derogación de la reforma del artículo 135 la Constitución.

Esta moción fue presentada el mes de marzo de 2013 en Alacant, Alcoi y Muro. Fue aprobada en estos 2 últimos, y allí votaron a favor grupos municipales de Compromís, PSOE, PP y EU. Sin embargo, Alacant, en bancarrota y con una deuda financiera de más de 200 millones, en su mayoría de naturaleza ilegítima, rechazó la moción. 

Posteriormente se han presentado en València, Petrer, Dénia, Picassent, Alcúdia, Sagunt, Godella i Foios. En todos estos casos, los gobiernos del PP, junto con la abstención o el voto a su favor del PSOE, han rechazado identificar la deuda ilegítima y defender el municipio contra el Gobierno central y el artículo 135 de la Constitución. (...)

Una lección que podemos aprender es que los municipios pueden manifestar su enfrentamiento a la «contención del déficit», a la tiranía de la deuda y a las maniobras de la Administración central, así como defender los servicios que dan a la ciudadanía. Las mociones propiciadas por la Plataforma son una herramienta para ello. (...)

La deuda es impagable y en su mayoría es ilegítima. Para liberar unos recursos que permitan satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población hay que dejar de pagar su parte ilegítima. Un posicionamiento desde abajo puede acabar en un rechazo a este pago por parte de unos gobiernos (municipales, de la Generalitat y del Estado) que se pongan al servicio de la gente trabajadora y de la ciudadanía.

 La paralización del pago de una deuda ilegítima ocurrió en Ecuador en 2007 y en Alemania en 1945. Ecuador y Alemania salieron de la crisis de la deuda."               (Manuel Girón, Manuela López y Fernando Paton, en representación de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià, Información, en Rebelión 16/10/2013)