"La deuda del Estado español es cuatro veces su PIB. Esto quiere decir
que para pagarla se tendría que destinar todo lo que se pueda producir
durante 4 años. Ahora bien, es fundamentalmente una deuda de bancos y
empresas privadas.
El Estado se ha hecho cargo de estas deudas obligando
a los ciudadanos a pagarlas. El gasto destinado al rescate de deudas
privadas ha generado un déficit y un aumento de la deuda pública para
hacerle frente.
Esta deuda es una consecuencia de la crisis y no
su causa. Su pago es la justificación que se está utilizando para
recaudar de forma injusta, por medio de los impuestos indirectos
(aquellos que no tienen relación con el nivel de ingresos) o los
copagos, y disminuir gastos públicos destinados a servicios de primera
necesidad (sanidad, educación, servicios sociales, dependencia), y
prestaciones para las que ya se había cotizado (las pensiones y el
desempleo).(...)
Todas
estas medidas y recortes son ideológicos, ya que en realidad no vienen
dictados por la contención del déficit ni por la recuperación de la
economía. De hecho, no se están generando recursos productivos reales
sino destruyendo pequeñas y medianas empresas y se sigue dando contratos
selectivos basados en prácticas corruptas. Y se sabe que todas estas
medidas de los gobiernos y de la Troika son perjudiciales para la
actividad económica, tal como ha reconocido el mismo FMI. (...)
Aunque la deuda pública es fundamentalmente del Estado central, son los
ayuntamientos, junto con la Generalitat las administraciones más
cercanas a la ciudadanía, los que padecen recortes en sus presupuestos y
ven su economía fuertemente controlada y ahogada por la Administración
central y la nefasta reforma del artículo 135 de la Constitución.(...)
La PACD-PV elaboró mociones municipales por la paralización del pago y
auditoría ciudadana de la deuda de las administraciones, contra el pago
de la parte ilegítima de la misma, por unos impuestos justos y por la
derogación de la reforma del artículo 135 la Constitución.
Esta moción
fue presentada el mes de marzo de 2013 en Alacant, Alcoi y Muro. Fue
aprobada en estos 2 últimos, y allí votaron a favor grupos municipales
de Compromís, PSOE, PP y EU. Sin embargo, Alacant, en bancarrota y con
una deuda financiera de más de 200 millones, en su mayoría de naturaleza
ilegítima, rechazó la moción.
Posteriormente se han presentado en
València, Petrer, Dénia, Picassent, Alcúdia, Sagunt, Godella i Foios. En
todos estos casos, los gobiernos del PP, junto con la abstención o el
voto a su favor del PSOE, han rechazado identificar la deuda ilegítima y
defender el municipio contra el Gobierno central y el artículo 135 de
la Constitución. (...)
Una lección que podemos aprender es que los municipios pueden manifestar
su enfrentamiento a la «contención del déficit», a la tiranía de la
deuda y a las maniobras de la Administración central, así como defender
los servicios que dan a la ciudadanía. Las mociones propiciadas por la
Plataforma son una herramienta para ello. (...)
La deuda es impagable y en su mayoría es ilegítima. Para liberar unos
recursos que permitan satisfacer las necesidades básicas de la mayoría
de la población hay que dejar de pagar su parte ilegítima. Un
posicionamiento desde abajo puede acabar en un rechazo a este pago por
parte de unos gobiernos (municipales, de la Generalitat y del Estado)
que se pongan al servicio de la gente trabajadora y de la ciudadanía.
La
paralización del pago de una deuda ilegítima ocurrió en Ecuador en 2007
y en Alemania en 1945. Ecuador y Alemania salieron de la crisis de la
deuda." (Manuel Girón, Manuela López y Fernando Paton, en representación de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià, Información, en Rebelión 16/10/2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario