"(...) Sánchez y Rivera apuestan a que la crisis que supura el PP (Rajoy
pide a su equipo que no se deje llevar por la histeria de la
corrupción), por un lado, y al deseo de acabar con el ciclo del PP por
parte de las bases de Podemos, por el otro, provoquen una situación en
la que alguno de ellos se abstenga y facilite así la formación de un
gobierno débil, pero gobierno al fin.
La división del trabajo es evidente.
Rivera trabaja sobre el PP vendiendo la ciudadanización del PSOE y Sánchez se ocupa de vender hacia Podemos la pesoización de Ciudadanos.
El diario norteamericano The Wall Street Journal advertía
en un editorial la semana pasada que los escándalos de corrupción del PP
han debilitado al partido. Pero señalaba que "todavía hay una
oportunidad para un gobierno de centro derecha, dirigido por el PP y
Ciudadanos, que tiene un programa económico liberal y una agenda de
reformas.
Es improbable que Ciudadanos una su suerte y reputación
intachable con un PP dirigido por Rajoy". Y sugería: "El precio de
preservar las reformas económicas de Rajoy podría muy bien ser su futuro
político".
Pero la corrupción sistémica del PP se ha llevado por delante esa
alternativa. Ahora Rivera intentará hacer de broker ante Rajoy para
hacerle ver que buena parte de su acervo de reformas continuará. Que
Ciudadanos es la garantía de ello.
Sánchez, que ya se había negado a derogar la reforma laboral al
comienzo de su campaña, rectificó, y ahora con el argumento de que ha
tenido que ceder, vuelve a la posición inicial, contraria a la
derogación, aunque defiende el restablecimiento de la negociación
colectiva por encima de los convenios de empresa que tanto efecto ha
tenido en la depreciación de los salarios.
El anuncio de impuesto a las
grandes fortunas es una propuesta de estudio de cómo se ha aplicado en
otros países y no se trata, a pesar de lo que se insinúa, de una medida
ya acordada.
El PSOE ha aceptado subir el salario mínimo
interprofesional un 1% cuando había hecho campaña por una subida
escalonada del 60% neto, el equivalente a casi 1.125 euros. La ley de
Seguridad Ciudadana, asimismo, no será derogada.
Pero no se trata de un programa sino de un borrador de intenciones
de carácter teórico general. El eslabón más débil de la cadena, por así
decir, no recibe tratamiento más allá de la abstracta defensa de la
unidad de España. Porque: ¿qué haremos con Cataluña?
Pero el propósito es la foto. La idea es que esta realidad virtual
produce dividendos. El juego es que el vértigo a provocar nuevas
elecciones finalmente puede conseguir, como en Cataluña in extremis, una salida inesperada durante lo que podríamos llamar la prórroga, los dos meses que siguen al fracaso de la primera investidura. (...)" (Ernesto Ekaizer, El País, 24/02/16)
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