"La Atención Primaria, la más necesaria", grita la gente en las manifestaciones poniendo palabras a la intuición popular e indignándose por la saturación de las consultas de medicina de familia.
Efectivamente, con el pretexto del Coronavirus e intentando ocultar la clamorosa falta de recursos en los Centros de Salud, las Consejerías de Sanidad de las CC.AA. han instaurado las consultas telefónicas con resultados desastrosos tanto para pacientes, como para profesionales. (...)
El personal médico atiende en muchos casos ochenta o cien llamadas por jornada de trabajo, intentando discriminar, a través de la explicación de sus síntomas por parte del paciente, qué patología debe ser derivada a una consulta presencial. (...)
Las líneas de los masificados centros de salud están colapsadas. La gente que necesita atención médica pasa muchas horas, y hasta días, esperando que alguien responda al teléfono. Cuando se consigue, se pasa a engrosar la lista de espera que con frecuencia es superior a una semana.
El calvario continúa con la demora para pruebas diagnósticas. En caso de sospecha de enfermedades graves, y aún con la clasificación de "preferente", las citas se dan para dentro de cinco o seis meses. Algunos casos están saltando ya a los medios de comunicación: diagnósticos de enfermedades graves, e incluso mortales, cuando el proceso está ya muy avanzado y el tratamiento es ya inútil o mucho menos eficaz (...)
Durante los meses de marzo, abril y buena parte de mayo hubo una enorme escasez de equipos de protección individual y hasta faltaban mascarillas. En los hospitales se trabajaba cubriéndose el cuerpo con bolsas de basura y con gafas de bucear. En esas condiciones, ¿a quién le puede extrañar que el Estado español ostente el vergonzoso primer lugar de contagios, enfermedad y muerte de personal sanitario por Covid 19?
Pero lo inaceptable es que tanto el gobierno central, como los autonómicos, asistieran impasibles a la tragedia cotidiana de pacientes y personal sanitario sin adoptar medidas que estaban al alcance de su mano y que hubieran podido minimizar el desastre.
Sí, estaban al alcance de su mano. No son sólo palabras ni estoy hablando de una utopía: El artículo de 13 del Decreto de Estado de Alarma1 facultaba al Ministro de Sanidad para "requisar todo tipo de bienes, intervenir y ocupar todo tipo de empresas, fábricas, etc y tomar todo tipo de disposiciones para asegurar la protección de la salud pública"[1]. Ni una sola de esas medidas se adoptó.
En esos días morían mil personas diarias, en los servicios de urgencias de los hospitales públicos se veían enfermos por el suelo, las personas muertas se acumulaban en las residencias sin recibir asistencia médica, se denegaba la hospitalización a los mayores de setenta años, faltaban fármacos necesarios para el tratamiento del Covid, para la sedación, etc.
Ni una sola fábrica fue intervenida para la fabricación de respiradores o equipos de protección. No se obligó a las farmacéuticas a producir los medicamentos que faltaban. No se requisaron hospitales privados que se exhibían semivacíos. En definitiva, los gobiernos, central y autonómicos, facultados legalmente para ello, asistieron impasibles al tétrico cortejo de muertes evitables, sin que osaran alterar la única libertad real que protegieron y ante la que ha sucumbido el derecho a la salud teóricamente prioritario: la del capital privado.
Conviene no olvidarlo: se pudo hacer otra cosa y no se hizo. Lo más grave es que se pretende utilizar esta sensación de parálisis catatónica ante el apocalipsis para enfrentarnos entre nosotras y acabar con lo poco que teníamos. La situación actual lleva el mismo camino. (...)
La decisión catastrófica tomada por varias consejerías de sanidad en tiempos de shock de cerrar contra toda lógica sanitaria los centros de salud se pretende prolongar con la consulta telefónica, sin mover un dedo para aumentar los recursos, siempre para favorecer el lucro de la sanidad privada que ve aumentar sus beneficios más que nunca. (...)
Desde los principios más elementales de deontología médica hay que insistir en que no se puede hacer un diagnóstico sin ver la cara del paciente, sin escucharle directamente y sin explorarle. Adoptando todas las medidas de seguridad, de identificación de riesgos y de protección, por supuesto.
Porque lo que está ocurriendo es una huida masiva de quien
puede permitírselo a la sanidad privada y un dolor impotente y sordo de
quienes no pueden detraer más recursos de sus salarios de miseria y ven
a sus familiares morir antes de tiempo. No hay estadísticas aún, pero
se multiplican las noticias de personas que han recibido telefónicamente
tratamiento para un vértigo que en realidad era el comienzo de un
ictus, o se les ha diagnosticado un dolor muscular que acabó en un
infarto o que síntomas aparentemente inocentes resultan ser los primeros
indicios de un cáncer que cuando se diagnostica, meses después, tiene
ya metástasis. (...)" (Ángeles Maestro, Público, 04/11/20)
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