De hecho, una vez que uno filtra las interferencias generadas por los grupos de presión, descubre que los economistas medioambientales en general coinciden en que con un programa basado en el mercado para hacer frente a la amenaza del cambio climático -uno que limite las emisiones poniéndoles un precio- se pueden obtener grandes resultados con un coste módico, aunque no despreciable. Sin embargo, hay mucho menos consenso en cuanto a la rapidez con la que deberíamos actuar, si los esfuerzos de conservación importantes deben ponerse en marcha casi de inmediato o intensificarse gradualmente a lo largo de muchas décadas. (...)
Lo que Pigou enunciaba era un principio: las actividades económicas que imponen costes no recíprocos a otras personas no siempre deben prohibirse, pero deben desaconsejarse. Y la forma correcta de frenar una actividad, en la mayoría de los casos, es ponerle un precio. Por eso, Pigou proponía que las personas que generan efectos externos negativos pagasen una cuota que reflejara los costes que imponen a otros (lo que ha llegado a conocerse como impuesto pigouviano). La versión más simple del impuesto pigouviano es una cuota sobre las aguas residuales: cualquiera que vierta contaminantes en un río, o los libere en el aire, debe pagar una suma proporcional a la cantidad vertida.
Pero con el auge de la normativa medioambiental, los economistas desempolvaron a Pigou y empezaron a defender un planteamiento "basado en el mercado" que ofreciese al sector privado incentivos, por medio de los precios, para limitar la contaminación, en lugar de un remedio a base de "órdenes y control" que dictase instrucciones específicas en forma de normas.
La reacción inicial de muchos activistas medioambientales ante esta idea fue hostil, en gran parte por razones morales. Les parecía que la contaminación debía tratarse como un crimen, más que como algo que uno tiene derecho a hacer siempre que pague el dinero suficiente. Conflictos morales aparte, también había un escepticismo considerable en cuanto a si los incentivos mercantiles serían realmente eficaces para reducir la contaminación. Incluso, hoy, los impuestos pigouvianos tal como se idearon originalmente son relativamente raros. El ejemplo más provechoso que he podido encontrar es un impuesto holandés sobre los vertidos de agua que contienen materia orgánica.
La idea que sí ha cuajado, en cambio, es una variante que la mayoría de los economistas consideran más o menos equivalente: un sistema de permisos de emisiones comercializables, también conocido como tope y trueque. Según este modelo, se concede un número limitado de permisos para emitir un contaminante específico como el dióxido de azufre. Una empresa que quiera generar más contaminación de la que se le permite puede ir y comprar permisos adicionales de otras partes; una compañía que tenga más permisos de los que tiene intención de usar puede vender los que le sobran. Esto proporciona a todo el mundo un incentivo para reducir la contaminación, porque los compradores no tienen que adquirir tantos permisos si pueden recortar sus emisiones, y los vendedores pueden deshacerse de más permisos si hacen lo mismo. De hecho, desde un punto de vista económico, un sistema de tope y trueque produce los mismos incentivos para reducir la contaminación que un impuesto pigouviano, ya que, efectivamente, el precio de los permisos hace las veces de un impuesto sobre la contaminación.En la práctica hay un par de diferencias importantes entre el tope y trueque y un impuesto sobre la contaminación. Una es que los dos sistemas generan tipos distintos de incertidumbre. Si el Gobierno establece un impuesto sobre la contaminación, los contaminadores saben qué precio tendrán que pagar, pero el Gobierno no sabe cuánta contaminación generarán. Si el Gobierno impone un tope, conoce la cantidad de contaminación, pero los contaminadores no saben cuál será el precio de las emisiones. Otra diferencia importante tiene que ver con los ingresos del Gobierno. Un impuesto sobre la contaminación es, bueno, un impuesto, el cual supone un coste para el sector privado mientras que genera ingresos para el Gobierno. El sistema de tope y trueque es un poco más complicado. Si el Gobierno se limita a emitir los permisos y recaudar los ingresos, entonces es exactamente igual que un impuesto. Sin embargo, el tope y trueque suele conllevar un intercambio de permisos entre los agentes existentes, por lo que los posibles ingresos van a parar a la industria en lugar de al Gobierno.
Desde el punto de vista político, repartir permisos entre la industria no es del todo malo, porque brinda un modo de compensar parcialmente a algunos de los grupos cuyos intereses sufrirían si se adoptase una política dura contra el cambio climático. Esto puede servir para que aprobar las leyes sea más factible. (...)
La oposición seria al tope y trueque suele presentarse bajo dos formas: el argumento de que una acción más directa -en concreto, una prohibición de las centrales eléctricas alimentadas con carbón- sería más efectiva, y el de que un impuesto sobre las emisiones sería mejor que la comercialización de las emisiones. (Dejemos a un lado a quienes rechazan la ciencia del clima en su totalidad y se oponen a cualquier limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a quienes se oponen al uso de cualquier clase de solución basada en el mercado). Hay argumentos a favor de cada una de esas propuestas, aunque no tantos como sus defensores creen.En lo que respecta a la acción directa, uno puede argumentar que los economistas aman los mercados de manera insensata y excesiva, que están demasiado dispuestos a suponer que cambiar los incentivos económicos de la gente resuelve todos los problemas. En concreto, no es posible ponerle precio a algo a menos que se pueda medir con precisión, y eso puede ser complicado a la par que caro. Por eso, a veces, es mejor limitarse a establecer algunas normas básicas sobre lo que la gente puede y no puede hacer.
Fíjense en las emisiones de los coches, por ejemplo. ¿Podríamos o deberíamos cobrar a cada propietario de un coche una cuota proporcional a las emisiones de su tubo de escape? Desde luego que no. Habría que instalar caros equipos de control en cada coche y también habría que preocuparse por el fraude. Casi con certeza, es mejor hacer lo que de hecho hacemos, que es imponer normas sobre las emisiones a todos los coches.
¿Se puede exponer un razonamiento similar respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero? Mi reacción inicial, que sospecho que compartirían la mayoría de los economistas, es que la propia escala y complejidad de la situación requiere una solución basada en el mercado, ya sea el tope y trueque o un impuesto sobre las emisiones. Después de todo, los gases de efecto invernadero son un subproducto directo o indirecto de casi todo lo producido en una economía moderna, desde las casas en las que vivimos hasta los coches que conducimos. Para reducir las emisiones de esos gases será necesario lograr que la gente modificase su comportamiento de muchas maneras diferentes, algunas de ellas imposibles de identificar hasta que tengamos un dominio mucho mayor de la tecnología ecológica. Por tanto, ¿podemos realmente conseguir avances significativos diciéndole a la gente lo que está o no está concretamente permitido? Economía 101 nos dice -probablemente con acierto- que el único modo de conseguir que la gente cambie de comportamiento adecuadamente es ponerles un precio a las emisiones, de tal manera que este coste quede a su vez incorporado en todo lo demás de una forma que refleje los impactos medioambientales finales.
Cuando los compradores vayan a la frutería, por ejemplo, se encontrarán con que las frutas y las verduras que vienen de lejos tienen precios más altos que las locales, lo que será en parte un reflejo del coste de los permisos de emisión o impuestos pagados para enviar esos productos. Cuando las empresas decidan cuánto gastarse en aislamiento, tendrán en cuenta los costes de la calefacción y el aire acondicionado, que incluyen el precio de los permisos de emisión o los impuestos pagados por la generación de electricidad. Cuando las instalaciones eléctricas tengan que elegir entre distintas fuentes de energía, tendrán que tener en cuenta que el consumo de combustibles fósiles irá asociado a unos impuestos más altos o unos permisos más caros. Y así sucesivamente. Un sistema basado en el mercado crearía incentivos descentralizados para hacer lo correcto, y ésa es la única forma de hacerlo.
Dicho eso, podrían ser necesarias algunas normas específicas. James Hansen, el destacado climatólogo a quien se le debe atribuir gran parte del mérito de haber convertido el cambio climático en un problema prioritario, ha defendido enérgicamente que la mayor parte del problema del cambio climático se debe a una sola cosa, la combustión del carbón, y que hagamos lo que hagamos tenemos que dejar de quemar carbón de aquí a 20 años. Mi reacción como economista es que un canon caro disuadiría de usar carbón en cualquier caso. Pero es posible que un sistema basado en el mercado acabe teniendo lagunas, y las consecuencias serían terribles. Así que yo defendería que se complementasen las medidas disuasorias basadas en el mercado con controles directos del uso del carbón como combustible.
¿Y qué hay de la defensa de un impuesto sobre las emisiones en lugar de un sistema de tope y trueque? No cabe duda de que un impuesto directo tendría muchas ventajas frente a leyes como la de Waxman-Markey, que está llena de excepciones y situaciones especiales. Pero esa no es en realidad una comparación útil: por supuesto que un impuesto ideal sobre las emisiones tiene mejor aspecto que un sistema de tope y trueque que la Cámara ya ha aprobado con todas sus condiciones adicionales. La pregunta es si el impuesto sobre las emisiones que realmente podría aplicarse es mejor que el tope y trueque. No hay motivos para creer que lo sería; de hecho, no hay motivos para creer que un impuesto sobre las emisiones generalizado conseguiría la aprobación del Congreso.
Para ser justos, Hansen ha expuesto un interesante argumento moral contra el sistema de tope y trueque, uno mucho más elaborado que la vieja idea de que está mal permitir que quienes contaminan compren el derecho a contaminar. Hansen llama la atención sobre el hecho de que en un mundo de tope y trueque, las buenas acciones individuales no contribuyen a los objetivos sociales. Si uno opta por conducir un coche híbrido o comprar una casa con una huella de carbono pequeña, todo lo que está haciendo es liberar permisos de emisiones para otra persona, lo que significa que uno no ha hecho nada para reducir la amenaza del cambio climático. Tiene parte de razón. Pero el altruismo no puede resolver de forma efectiva el problema del cambio climático. Cualquier solución seria debe depender principalmente de la creación de un sistema que le dé a todo el mundo un motivo egoísta para generar menos emisiones. Es una lástima, pero el altruismo climático debe ponerse por detrás de la tarea de lograr que dicho sistema funcione. (...)Para quienes piensan que tomar medidas es esencial, la pregunta correcta es cómo convencer a China y a otros países emergentes de que participen en la limitación de las emisiones. Las zanahorias, o incentivos positivos, son una respuesta. Imaginen que se establecen sistemas de tope y trueque en China y Estados Unidos (pero permitiendo el trueque internacional de los permisos, de manera que las empresas chinas y estadounidenses puedan comprar y vender los derechos de emisiones). Al establecer topes generales a niveles pensados para garantizar que China nos venda un número considerable de permisos, estaríamos de hecho pagando a China para que recortase sus emisiones. Dado que las pruebas indican que el coste de recortar las emisiones sería más bajo en China que en Estados Unidos, esto podría ser un trato ventajoso para todos.
¿Pero qué pasa si los chinos (o los indios, o los brasileños, etcétera) no quieren participar en dicho sistema? Entonces hacen falta tanto varas como zanahorias. En concreto, hacen falta aranceles sobre el carbono.
Un arancel sobre el carbono sería un impuesto sobre los productos importados proporcional al carbón emitido al fabricar dichos productos. Supongamos que China se niega a reducir las emisiones, mientras que Estados Unidos adopta unas políticas que establecen un precio de 100 dólares por cada tonelada de emisiones de carbono. Si Estados Unidos impusiese ese arancel sobre el carbono, cualquier envío de productos chinos a Estados Unidos cuya producción conllevase la emisión de una tonelada de carbono estaría gravado con un impuesto de 100 dólares que se añadirían a cualquier otro impuesto. Esos aranceles, si fuesen impuestos por los actores más importantes -probablemente Estados Unidos y la Unión Europea-, ofrecerían a los países que no cooperan un incentivo considerable para que se replanteasen su postura.
A la objeción de que una política así sería proteccionista, una violación de los principios del libre comercio, una posible respuesta es: ¿y qué? Mantener los mercados mundiales abiertos es importante, pero evitar una catástrofe planetaria es mucho más importante. (...)Como ha sostenido Martin Weitzman, de Harvard, en varios artículos influyentes, si hay una posibilidad significativa de que se produzca una catástrofe absoluta, esa posibilidad -más que la cuestión de qué es más probable que suceda- debería dominar los cálculos de los costes frente a los beneficios. Y la de la catástrofe absoluta sí que parece una posibilidad realista, aun cuando no sea el resultado más probable.
Weitzman sostiene -y yo estoy de acuerdo- que este riesgo de una catástrofe, más que los detalles de los cálculos de los costes frente a los beneficios, es el argumento más poderoso a favor de una política climática rigurosa. Las previsiones actuales sobre el calentamiento global en ausencia de medidas para combatirlo están demasiado cerca de las clases de cifras que se asocian a las peores de las perspectivas. Sería irresponsable -resulta tentador decir que criminalmente irresponsable- no alejarse de lo que muy fácilmente podría resultar ser el borde de un precipicio. (...)
Los economistas que analizan las políticas climáticas coinciden en algunos puntos clave. Hay un amplio consenso en cuanto a que tenemos que poner precio a las emisiones de carbono, y que este precio debe terminar siendo muy alto, pero que los efectos económicos negativos de esta política tendrán una magnitud abarcable. En otras palabras, podemos y debemos actuar para limitar el cambio climático. (...)Me resulta más fácil encontrarles el sentido a los argumentos si pienso en las políticas para reducir las emisiones de carbono como en una especie de proyecto de inversión pública: uno paga un precio ahora y obtiene unos beneficios en forma de un planeta menos dañado más tarde. Y cuando digo más tarde, me refiero a mucho más tarde; las emisiones de hoy influirán sobre la cantidad de carbono en la atmósfera durante décadas y posiblemente siglos futuros. Así que si quieren evaluar si merece la pena hacer una inversión determinada en la reducción de las emisiones tienen que calcular el daño que hará una tonelada adicional de carbono en la atmósfera no sólo este año, sino dentro de un siglo o más; y también tienen que decidir cuánta importancia le atribuyen a un daño que tardará mucho tiempo en materializarse. (...)
Así que, básicamente, me quedo con el argumento de Martin Weitzman: la probabilidad no insignificante de un desastre absoluto es la que debe dominar nuestro análisis político. Y eso es un argumento a favor de las medidas agresivas para frenar las emisiones ya. (...)
Sabemos cómo limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos un buen conocimiento de los costes, y son asumibles. Todo lo que necesitamos ahora es la voluntad política." (Paul Krugman: Cómo construir una economía verde. El País, Negocioa, 25/04/2010, p. 4/12)
No hay comentarios:
Publicar un comentario