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6.8.26

El incendio político del ático, que Isabel Díaz Ayuso ordenó comprar a un equipo fiel a sus caprichos... la operación de compra del ático de la calle Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, fueron autorizados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 12 de noviembre de 2025. La cantidad ascendía a 9.052.666,86 euros... Los más de nueve millones presupuestados en 2025 superan ampliamente los 6,3 millones finalmente pagados... Parece difícil que la Comunidad de Madrid aprobara esos fondos en 2025, a menos que ya conociera con información privilegiada la intención de vender el inmueble... las cuentas de Planifica Madrid no reflejan ninguna nota posterior a las presentadas a finales de febrero de 2026 ni, por supuesto, existe rastro alguno en la auditoría... Se ha tratado, pues, de una operación secreta de Estado... todo secretismo obedece a algún propósito. Y, sobre todo, delatan los objetivos inconfesables de la operación, las falsedades difundidas al ser descubierta. Pero en la mentira puede estar la maquinación de Isabel Díaz Ayuso. A saber: lo usamos para determinadas reuniones y vamos creando una situación de hecho hasta que en cierto momento el ático será utilizado como la vivienda de Díaz Ayuso. La primera instrucción: no perder el ático de Martínez Campos (Ernesto Ekaizer)

"El 12 de noviembre de 2025 el Consejo de Gobierno de la Comunidad acordó autorizar la modificación del presupuesto de explotación y de capital de la empresa Planifica Madrid, Proyectos y Obras M.P., S.A., con un incremento de su importe global en 9.052.666,86 euros. ¿Para qué? No se ha explicado ni reflejado en las cuentas, ni en la auditoría.

«No, todavía no», contestó la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, cuando el pasado sábado le preguntaron si entendía «lo de Isabel Díaz Ayuso y el ático» que ha comprado la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros.

Uno suele decir que «no entiende» algo cuando, por ejemplo, quien se explica resulta confuso.

Pero también se utiliza la expresión en sentido moral o de reproche: «¡No entiendo cómo se puede hacer algo así!».

No parece que la diputada, a quien le sobran recursos ante la prensa, quisiera evitar un titular que perjudica a una presidenta de la Comunidad acostumbrada a exigir una lealtad incondicional.

Según el economista Carlos Sánchez Mato, exdelegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, los fondos para la operación de compra del ático de la calle Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, fueron autorizados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 12 de noviembre de 2025. La cantidad ascendía a 9.052.666,86 euros.

Hasta ahora se asumía que la compra del ático, formalizada el 14 de abril de 2026 por 6,3 millones de euros, no se incluyó en el presupuesto de 2026.

A la pregunta de cómo sabe que precisamente esos fueron los fondos presupuestados, el economista responde que dos fuentes así se lo han asegurado.

Los más de nueve millones presupuestados en 2025 superan ampliamente los 6,3 millones finalmente pagados.

La inmobiliaria Promora, que vendió el ático de la escritora Astrid Gil-Casares, exesposa del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha informado de que la operación de venta comenzó en enero de 2026.

Parece difícil que la Comunidad de Madrid aprobara esos fondos el 12 de noviembre de 2025, a menos que ya conociera con información privilegiada la intención de vender el inmueble.

Pero, si la operación se cerró el 14 de abril, como parece aceptarse, tampoco se ha informado de cuándo dotó la Comunidad de Madrid a Planifica Madrid de los fondos para que efectuara la compra.

El acuerdo de gobierno brilla por su ausencia.

Además, antes del cierre del trato debieron de producirse las negociaciones habituales: reserva, arras, contrato de compraventa y comisión de la agencia.

Nada de esto se conoce. Tampoco las cuentas de Planifica Madrid reflejan ninguna nota posterior a las presentadas a finales de febrero de 2026 ni, por supuesto, existe rastro alguno en la auditoría.

El presidente de la Cámara de Cuentas de la CAM, el economista Joaquín Leguina, quizá debería abrir una rendija de luz sobre todo esto ¿no?

Se ha tratado, pues, de una operación secreta de Estado.

Por ello, como ha respondido Cayetana Álvarez de Toledo, no se entiende.

Si no se quiere, claro, entender.

Lo que sí se entiende, en cambio, es que todo secretismo obedece a algún propósito. Y, sobre todo, delatan los objetivos inconfesables de la operación las falsedades difundidas al ser descubierta. Primero la campaña contra la prensa, segundo la defensa de la compra y tercero, la intención de pasar página con el anuncio de que el ático se pone a la venta para reunir dinero destinado a los afectados por los incendios. Muerto el perro se acabó la rabia.

¿Ante qué estamos?

Vamos a ver cómo unimos los cabos.

Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, han puesto a la venta su piso y su ático en el barrio de Chamberí. Están a la espera de obtener una importante plusvalía.

Aparece el ático de Astrid Gil-Casares. La escritora se niega a hablar del asunto porque ha firmado un acuerdo de confidencialidad.

Díaz Ayuso ha sostenido desde hace tiempo que a diferencia de otros presidentes de Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid no destina una vivienda para quien ejerce la presidencia.

Una primera explicación oficial -tras atacar a la prensa- fue que el ático tendría un uso temporal como oficina para reuniones mientras se desarrollan obras previstas de rehabilitación en la sede de la CAM de Puerta del Sol.

Eso no es posible porque se trata de un edificio en la que la actividad de oficina solo sería factible en la planta baja y primera planta.

Pero en la mentira puede estar la maquinación de Isabel Díaz Ayuso.

A saber: lo usamos para determinadas reuniones y vamos creando una situación de hecho hasta que en cierto momento el ático será utilizado como la vivienda que según Díaz Ayuso sería necesaria para la presidencia de la CAM.

La primera instrucción: no perder el ático de Martínez Campos.

Ya se vería después qué hacer.

De momento, se aparca el ático.

Y, en eso, en plenos incendios: ¡bum!

Ahora es el incendio político del ático soñado de Díaz Ayuso."

 (Ernesto Ekaizer  ,  blog, 05/08/26)

4.8.26

¿Qué pretendía Ayuso con la compra del ático? La Comunidad de Madrid compra el ático, gana las elecciones el año que viene y aprueban una norma para que la lideresa suprema tenga una vivienda oficial... ella esto lo ha repetido hasta la saciedad... Ese ático era un sueño suyo desde jovencita, vivía enfrente... la CAM aprobó el estatuto de los expresidentes, podría vivir en ella 4 años después de ser presidenta. Pasado ese tiempo, podría acceder a su compra por un módico precio... es la versión de Manuel Rico (José Vico)

José Vico  @josevico4

Bajo mi punto de vista, esta versión de Manuel Rico sobre lo que pretendía Ayuso con el ático es la más acertada que he escuchado, él la conoce muy bien y sabe de sus ambiciones. Veamos: La CAM compra el ático, gana las elecciones el año que viene y aprueban una norma para que la lideresa suprema tenga una vivienda oficial, como tiene Pedro Sánchez y los ministros, ella esto lo ha repetido hasta la saciedad. Pero yo apunto más allá, ese ático era un sueño suyo desde jovencita, vivía enfrente, el año pasado la CAM aprobó el estatuto de los expresidentes, podría vivir en ella 4 años después de ser presidenta. Pasado ese tiempo, podría acceder a su compra por un módico precio. Venga, madrileños que la votáis, para quien gobierna, ¿Para vosotros o para sus ambiciones personales? Esta os la sabéis, otra cosa es que no queráis verlo. Caerá por su ambición desmesurada, es muy bestia hasta para ella.

vídeo: https://x.com/josevico4/status/2084291596363653275/video/1

4:53 p. m. · 3 ago. 2026 ·131,7 mil Visualizaciones

8.7.26

Tres 'desokupas' detenidos por atacar con gas pimienta y palos a la inquilina de uno de los últimos corralones del centro de Sevilla... el ataque se ha producido cuando ella salió a buscar agua, porque la tiene cortada, al igual que la luz, a causa de un incendio provocado hace unas semanas, y de pronto irrumpieron desde la azotea seis hombres provistos con palos y botes de gas pimienta, se introdujeron en su vivienda y agredieron a las personas que había dentro en ese momento... La inquilina asegura que los desokupas iban acompañados de una mujer y una niña, a quienes introdujeron en su vivienda con el propósito de que se quedaran en ella como si fuera su casa... "Han entrado como si fueran los GEO. Han tumbado a la gente que estaba en la vivienda, luego los han echado a la calle a golpes y les han vuelto a rociar con gas pimienta"... esto supone "una vuelta de tuerca en un acoso inmobiliario escandaloso", sin que ninguna autoridad haya aún intervenido para evitarlo (Santiago F. Reviejo)

 "Tres hombres vinculados a una empresa desokupa han sido detenidos esta tarde por la Policía Nacional tras haber atacado con gas pimienta y causado heridas a ocho personas que trataban de impedir que desalojaran a la única inquilina que permanece en las viviendas de uno de los últimos corralones del casco antiguo de Sevilla, donde se proyecta la construcción de un hotel y pisos turísticos.

Robo de móviles, un portátil y documentación

Un estado paralelo en el casco antiguo de Sevilla

(Santiago F. Reviejo , Público, 07/07/26)

7.7.26

El cambio en la estructura de la propiedad que está ocurriendo en España.... "Quién paga y quién recibe 28.000 millones de euros en alquileres cada año en España"... el objetivo es evidente: desposeer a las mayorías de sus viviendas habituales para que todos terminemos siendo inquilinos para siempre... España tiene muchos más inquilinos y que pagan mucho más a sus propietarios que hace 15 años... La tendencia es a una concentración progresiva de vivienda en pocas manos, que irá a más para que dentro de 15 años el 40% de españoles viva en régimen de alquiler... Es la consecuencia directa de haber convertido la vivienda en un activo financiero del que extraer lucro sin trabajar... Una nueva forma de dominación social también, que impide construir nada a largo plazo. La única alternativa es que la vivienda sea un Derecho (Alejandro Pérez Polo)

Alejandro Pérez Polo @alejperez_

Nadie quiere ver lo más relevante de este estudio: el cambio en la estructura de la propiedad que está ocurriendo en España. 

Es un proceso largo, que tardará dos décadas más, pero el objetivo es evidente: desposeer a las mayorías de sus viviendas habituales para que todos terminemos siendo inquilinos para siempre. 

Nos entretienen con brechas generacionales y "falta de oferta", pero hay algo mucho más profundo en marcha y que es la tendencia imparable: España tiene muchos más inquilinos y que pagan mucho más a sus propietarios que hace 15 años. 

La tendencia es a una concentración progresiva de vivienda en pocas manos, que irá a más para que dentro de 15 años el 40% de españoles viva en régimen de alquiler. 

Es la consecuencia directa de haber convertido la vivienda en un activo financiero del que extraer lucro sin trabajar. 

Una nueva forma de dominación social también, que impide construir nada a largo plazo. La única alternativa es que la vivienda sea un Derecho.

"La gran transferencia: quién paga y quién recibe 28.000 millones de euros en alquileres cada año en España" (Ainhoa Díez / Raúl Sánchez , eldiario.es, 05/07/26) 


2:40 p. m. · 6 jul. 2026 ·11,9 mil Visualizaciones

6.7.26

Es necesaria una batalla contra la financiarización de la vivienda y de la vida... El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas... varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y ya hay un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008... Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual... Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos... el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar (Juan Laborda)

 "Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el martes 28 de abril no fue un mero accidente parlamentario. Fue una definición política en toda regla. El Pleno derogó el Real Decreto-ley 8/2026 por 177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones, tumbando una prórroga extraordinaria para contratos de alquiler que vencieran antes de 2028. La propia información oficial del Congreso recuerda que la finalidad del decreto era evitar que la carga media del alquiler, sumados gastos y suministros básicos, rebasara el 30% de los ingresos medios de los hogares. Que Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya votaran contra eso significa, lisa y llanamente, colocarse del lado de la renta inmobiliaria frente al derecho social a una vivienda digna. En otros momentos de la historia serían echados a gorrazos. Ahora vivimos tiempos de maleza, de “vivan las cadenas”, y demás distopías inimaginables.

Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social

Y aquí conviene llamar a las cosas por su nombre. La Constitución no consagra un “derecho a especular”; consagra, en su Artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y además ordena a los poderes públicos regular el suelo “para impedir la especulación”. Es verdad que el Artículo 47 no tiene la misma aplicación inmediata que los derechos fundamentales clásicos, pero eso no lo convierte en adorno retórico: es un mandato constitucional inequívoco. Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social, en la que la propiedad rentista pesa más que la vida material de la mayoría.

Dicho esto, también sería un error convertir el decreto rechazado en una solución milagrosa. Era una medida defensiva y coyuntural, no una transformación estructural. Servía para amortiguar un golpe, no para desactivar la máquina que lo produce. Precisamente por eso la crítica debería ser doble: contra quienes tumbaron una protección mínima y contra quienes siguen respondiendo a una crisis sistémica con parches de emergencia.

La vivienda y los alimentos convertidos en activos

El problema de fondo no es solo el alquiler en España. El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas. En Estados Unidos, la gran ola desreguladora fue también bipartidista: la administración de Bill Clinton impulsó la Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, que favoreció la integración financiera, y Clinton firmó además la Commodity Futures Modernization Act de 2000, que rehízo el marco regulatorio de derivados y favoreció la expansión de los mercados “over the counter (OTC)”. En Europa, la Tercera Vía Laborista asumió amplias dosis de liberalismo de mercado como horizonte de modernización. La financiarización no fue solo obra de la derecha clásica; también fue administrada, legitimada y normalizada por buena parte de la socialdemocracia atlántica.

En vivienda, la literatura es ya abrumadora. Manuel B. Aalbers explicó hace tiempo que la financiarización convierte no solo la casa, sino también al propietario y al deudor, en objetos de extracción financiera. Más recientemente, trabajos de Aalbers y Cody Hochstenbach describen un “desacoplamiento” entre precios de la vivienda y deuda hipotecaria: tras la crisis global, los precios pueden dispararse incluso cuando el peso relativo de la deuda hipotecaria ya no crece al mismo ritmo, porque el motor pasa a ser cada vez más la riqueza, el capital institucional y la inversión patrimonial. Para el caso español, Javier Gil García y Miguel A. Martínez López sostienen que varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y Jordi G. Guzmán habla ya sin rodeos de un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008.

Lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo

En materias primas alimentarias, el cambio ha sido igualmente profundo. Tang y Xiong mostraron que, con la entrada masiva de inversión indexada desde los primeros dos mil, los futuros de materias primas en Estados Unidos se volvieron crecientemente correlacionados entre sí, especialmente los incluidos en grandes índices. El BCE constató que las correlaciones entre rendimientos de materias primas y rendimientos financieros aumentaron desde comienzos de siglo. Adams y Glück concluyen que la mayor comovilidad entre commodities y bolsa no puede explicarse solo por ventas forzadas durante la crisis de 2007-2009; y Ding y coautores hallan que la financiarización elevó la volatilidad y estrechó la relación dinámica entre materias primas y mercado bursátil. En Román Paladín: lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo.

Sobre la cuestión de si las series han pasado de estacionarias a no estacionarias conviene introducir un matiz serio. La literatura no es unánime. Hay trabajos que encuentran tendencias estocásticas comunes, alta volatilidad y una estructura de dependencia mucho más “financiera” en los precios de commodities; incluso se ha descrito que, en el régimen posterior a la financiarización, las variables presentan tendencias estocásticas de alta volatilidad. Pero también existen análisis que, una vez se modelizan bien las rupturas estructurales y la no linealidad, encuentran estacionariedad tendencial en muchas commodities, con la notable excepción del petróleo en varios ejercicios.

El Decreto protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero

El punto políticamente importante no es convertir un debate econométrico complejo en eslogan, sino entender su significado material: si una serie es estacionaria, los shocks acaban disipándose alrededor de una tendencia; si domina una dinámica integrada o con fuertes tendencias estocásticas, los shocks dejan cicatrices más persistentes, hacen más difícil distinguir fundamento y especulación y facilitan episodios de overshooting, burbujas y spikes de precios. Además, organismos como la UNCTAD subrayan que la actividad especulativa en mercados alimentarios financiarizados aumenta de forma muy marcada durante las crisis.

Por qué el decreto era insuficiente

Precisamente por eso el Decreto era insuficiente incluso antes de ser derribado. Protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero y el parque residencial en soporte de extracción rentista. España sigue llegando tarde al núcleo del problema: el parque de vivienda social apenas ha pasado del 2,5% al 3,4% del total nacional, todavía lejísimos del 8% europeo que el propio Ministerio de Vivienda toma como referencia de convergencia. No hablamos de una desviación marginal: hablamos de un diseño histórico que ha preferido subvencionar acceso privado, endeudamiento y valorización patrimonial antes que construir una infraestructura pública de alojamiento realmente anticíclica.

Tampoco basta con repetir que “falta oferta” si después se deja la solución en manos de un sector privado fragmentado, con poca escala industrial y sometido a ciclos de suelo, financiación y rentabilidad. El Banco de España estimó primero un déficit en torno a 600.000 viviendas hasta 2025 y, en su actualización posterior, situó el desajuste acumulado entre nuevas viviendas y creación de hogares en 400.000-450.000 entre 2022 y 2024, concentrado sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Al mismo tiempo, el INE proyecta 3,69 millones de hogares más entre 2024 y 2039, y la población residente ya se situó en 49,69 millones a 1 de abril de 2026. Es decir: el país no solo arrastra déficit; además gana población y hogares a una velocidad que vuelve grotesco cualquier enfoque de pura administración del síntoma.

Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual. Y parte, además, de una posición muy débil: distintos informes sectoriales sitúan la cuota de la construcción industrializada residencial en España en torno al 1%-2% de las viviendas terminadas. El decreto rechazado, por tanto, era insuficiente no porque regular el alquiler sea inútil, sino porque regular solo el alquiler sin transformar la estructura de producción de vivienda equivale a achicar agua sin cerrar la vía de entrada.

Construir a la escala del problema

La comparación con China debe leerse como una lección de escala industrial. El plan quinquenal chino para 2021-2025 fijó que los edificios prefabricados superaran el 30% de la nueva construcción, dentro de una estrategia explícita de industrialización, digitalización y robotización del sector. La literatura reciente sobre construcción fuera de la obra en China muestra además el enorme despliegue normativo, territorial y productivo con el que el Estado ha empujado esa transición, aunque también señala barreras y cuellos de botella. La diferencia con España es brutal: allí la cuestión se trata como política industrial de país; aquí todavía se aborda demasiadas veces como nicho tecnológico o como promesa voluntarista.

Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero históricamente orientada sobre todo a captar financiación en los mercados y canalizar crédito a través de bancos colaboradores. Ese modelo puede ser útil para determinadas políticas, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos.

Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado, la política de vivienda siempre llegará tarde

Además, la necesidad de una banca pública fuerte se vuelve más clara cuanto más concentrado está el sistema privado. Según el Banco de España, el peso de los cinco mayores bancos españoles ha pasado de alrededor del 40% en 2007 a cerca del 70% en 2023, y el supervisor situaba a España entre los países europeos con mayor concentración bancaria entre las grandes economías. Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado cuyo criterio básico es la rentabilidad ajustada al riesgo, la política de vivienda siempre llegará tarde y a menor escala de la necesaria.

La prueba de fuego para Pedro Sánchez

Si Pedro Sánchez quiere revalidar el poder en las próximas elecciones generales, no le bastará con administrar mejor que la derecha una crisis heredada. Tiene que ofrecer una ruptura legible con un modelo agotado. No hablo de retórica; hablo de asumir políticamente que el neoliberalismo ha dejado de ser una solución y se ha convertido en parte esencial del problema. El adversario no es solo electoral. Es una constelación de intereses inmobiliarios, financieros y regulatorios que ha colonizado la conversación pública con una idea tóxica: que vivienda, crédito y alimentos deben ordenarse ante todo por precio de mercado, aunque eso destroce vidas. Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo primero es blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos

Eso exige varias decisiones a la vez. Primera: blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos. Segunda: construir una palanca financiera pública con músculo para industrialización, promoción asequible y rehabilitación a gran escala. Tercera: disputar el terreno intelectual a la ortodoxia de la escasez autoprovocada.

En la eurozona, la independencia del Banco Central Europeo está blindada por el artículo 130 del TFUE y por el propio diseño institucional del banco. Democratizar esa arquitectura no debería significar politizar cada decisión de tipos de interés, sino someter objetivos, coordinación fiscal-monetaria y rendición de cuentas a un control democrático mucho más fuerte del actual. Y, si se quiere estudiar la Teoría Monetaria Moderna, hay que hacerlo con seriedad: varias contribuciones europeas recuerdan que los Estados del euro no gozan de soberanía monetaria plena, de modo que cualquier traslación mecánica de la MMT exigiría reformar, no solo reinterpretar, la gobernanza monetaria europea.

El sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política

Dicho de otra manera: el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar. Si no se hace, vendrán otros a capitalizar el malestar con una mezcla de xenofobia, autoritarismo cultural y obediencia económica a los mismos intereses de siempre.

Corolario

Mi tesis final, en suma, es esta: el liberalismo está agotado, muerto, finiquitado. Su promesa de prosperidad general ha desembocado en una economía donde los bienes básicos se convierten en activos, la desigualdad se normaliza y la política se limita a gestionar el daño. La OCDE lleva años documentando un aumento sostenido de la desigualdad de ingresos en la mayoría de economías avanzadas. Si a eso añadimos la mercantilización de la vivienda, la precarización de los alimentos y la subordinación del Estado a la lógica rentista, el resultado no es libertad: es inseguridad material de masas.

La defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica

Y el balance ecológico es igual de demoledor. La OMS considera el cambio climático una amenaza fundamental para la salud; el IPCC sostiene que ya ha afectado negativamente a la salud física y mental en todas las regiones evaluadas; y el PNUMA advierte de que, sin recortes mucho más rápidos de emisiones, el objetivo de 1,5 °C se escapará en pocos años. Cuando un modelo económico necesita depredar suelo, energía, hogares y alimentos para seguir generando rentas, no solo fabrica desigualdad: también fabrica vulnerabilidad climática y enfermedad. Por eso la defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica.

El verdadero debate, entonces, no es si había que prorrogar dos años unos alquileres. Claro que había que hacerlo. El verdadero debate es si vamos a seguir tolerando que comer y habitar dependan de la rentabilidad de fondos, bancos y mercados de derivados. Ahí está la línea divisoria de nuestro tiempo. Y quien no la vea, quien siga creyendo que todo se arregla dejando “hacer al mercado”, no está defendiendo la modernidad: está protegiendo un orden viejo, desigual y cada vez más autoritario en sus salidas políticas." 

(Juan Laborda, El Salto, 14/05/26)

En 2025, casi 28.000 millones de euros se transfirieron de inquilinos a caseros en España. La cifra se ha duplicado en apenas una década y ya supone alrededor de un 1,6% del PIB... “Llega un punto en el que da la sensación de que más que pagando a una persona por una casa, lo que estás es pagándole un sueldo”... “Hace 7 años pagaba 500 euros por un piso reformado, con ventanas buenas, parqué, una cocina en condiciones, aire acondicionado y calefacción en el centro de Madrid, en Plaza España. Ahora, pago lo mismo por un piso que es tres veces más pequeño, sin ascensor, sin aire acondicionado, y en el extrarradio de Barcelona”... dos quintos del dinero van a parar a caseros que tienen 2 o más viviendas en alquiler (Raúl Sánchez y Ainhoa Díez)

"En 2025, casi 28.000 millones de euros se transfirieron de inquilinos a caseros en España. La cifra se ha duplicado en apenas una década y ya supone alrededor de un 1,6% del PIB. Pero, ¿desde dónde se mueve el dinero y hacia dónde va?

Empecemos por ver quién paga la factura del alquiler. La mayor parte del dinero viene de los inquilinos más jóvenes: más de la mitad procede de menores de 45 años.

Sara es una de estas inquilinas. Vive en Barcelona, tiene 26 años y paga alquiler desde hace 7. Unos 7.700 millones de euros salen de los bolsillos de jóvenes como ella.

¿Y quién lo cobra? Si añadimos el destino del dinero aparece la transferencia completa a nivel generacional. Según una estimación de elDiario.es, el 88% de los alquileres iría a parar a personas físicas que tributan en España.

Como ves, aunque la mayoría del dinero proviene de los inquilinos más jóvenes, son los mayores de 65 quienes reciben más de un tercio de lo que se paga en nuestro país por vivir de alquiler.

El caso de Sara repite el patrón: cuenta que los cuatro caseros que ha tenido en Madrid y Barcelona tenían más de 75 años

Pero no es solo una brecha generacional, sino también de clase. Aunque todos los grupos de renta aportan una cifra similar -principalmente, porque los más ricos tienen alquileres más caros-, la desigualdad se muestra en el destino final de los pagos.

El 10% más rico concentra casi la mitad de lo que se paga por alquiler en España. En total, 12.500 millones de euros procedentes de los bolsillos de los cerca de 10 millones de inquilinos.

A las diferencias por edad o renta, se une además el origen: el 56% de la transferencia proviene de inquilinos extranjeros.

Pero, ¿cómo se vive esta transferencia desde el lado de quienes pagan el alquiler cada mes?

“Llega un punto en el que da la sensación de que más que pagando a una persona por una casa, lo que estás es pagándole un sueldo”, comenta Noemi. Es una de las 10 millones de inquilinas que forman parte de una transferencia que tiene lugar cada año en España, la del alquiler. Y que va de muchas manos a muy pocos bolsillos. 

En la última década, esta gran transferencia se ha duplicado. Una parte se debe al aumento del número de personas que viven de alquiler, pero la principal razón está en la subida de precios que inquilinas como Noemi o Sara han vivido en primera persona. 

“Hace 7 años pagaba 500 euros por un piso reformado, con ventanas buenas, parqué, una cocina en condiciones, aire acondicionado y calefacción en el centro de Madrid, en Plaza España. Ahora, pago lo mismo por un piso que es tres veces más pequeño, sin ascensor, sin aire acondicionado, con ventanas de madera por las que entra el aire y en el extrarradio de Barcelona”, cuenta Sara. 

Si en 2015 se transferían 14.000 millones de euros por el alquiler, en 2025 la cifra ya roza los 28.000 millones de euros, es apróximadamente un 1,6% del PIB. Almudena Martínez, doctora en Sociología, advierte de que el peso creciente del alquiler tiene un coste: “Se reduce la capacidad de consumo de los hogares afectando a otros sectores (educativo, laboral, comercial), a la productividad y a la competitividad”, explica. 

Así se ha duplicado la transferencia del alquiler en España en la última década

Jóvenes como Sara, Noemi o Erik destinan más de un tercio de sus ingresos al alquiler, una realidad que ya es común entre los inquilinos menores de 35 años. Están pagando una hipoteca, solo que por una casa que nunca va a ser suya y que, además, les impide acceder a una vivienda propia. ¿Y quiénes reciben este dinero que pagan cada mes? La mayoría irá a parar a personas físicas que hacen la declaración de la renta en España. 

Para estimar las cantidades que mueve el mercado del alquiler a nivel nacional, en elDiario.es hemos analizado los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que detalla los alquileres que pagan los hogares españoles, y del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales, que detalla los inmuebles alquilados como vivienda habitual declarados en el IRPF. Al final del artículo tienes la metodología completa de los cálculos.

Según esta estimación, el 12% de la transferencia iría a parar a sociedades públicas, empresas privadas, fondos o alquileres en negro y el grueso del dinero (88%) lo recibirían personas físicas que tributan por el IRPF. En otras palabras, la mayoría del dinero que pagan 10 millones de inquilinos -de los cuales dos millones son menores- lo declararían 2,4 millones de caseros. Si incluimos a todos los que viven en hogares donde al menos uno recibe ingresos por alquiler, sumarían 5,1 millones de personas. Es un dato que no tiene en cuenta a Navarra y Euskadi.

No solo es una transferencia de muchas a pocas manos, también está marcada por las diferencias sociales. (...)

El 10% más rico recibe el 45% de los ingresos por alquiler

A nivel de quiénes pagan, la gran transferencia es similar entre los inquilinos de distintos niveles de renta. La escasa diferencia se explica porque, aunque la mayor parte de la población que vive de alquiler pertenece a los deciles más bajos, sus viviendas tienen un precio inferior a los de la población más rica que también vive de alquiler. 

Sin embargo, si nos fijamos en el destino de los fondos, vemos que casi la mitad de esta transferencia va a parar al 10% más rico de España. A Miguel Artola, investigador postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid, no le sorprende: “Este dato lo que muestra es que al fin y al cabo la vivienda se está convirtiendo en un elemento fundamental de la inversión”. 

“Si algo sabemos sobre los estudios de desigualdad es que la riqueza está muy concentrada. Cuando uno mira los activos financieros y la inversión en bolsa ve que están hiperconcentrados en las rentas más altas, pero es que las rentas procedentes del alquiler ya exceden prácticamente a las financieras”, añade el experto. 

Para los caseros que están en el 30% con más renta, los pagos del alquiler ya suponen un 14% de sus ingresos brutos. Paralelamente, los inquilinos que están entre el 30% más pobre son los que más esfuerzo hacen para pagar un alquiler: se lleva 4 de cada 10 euros de sus ganancias anuales.

“Esto tiene un impacto inevitable a nivel social ya que mientras las posibilidades (vitales, laborales, económicas, etc) de una parte de la población disminuyen, la de otra parte se incrementa a base del beneficio que obtienen de su patrimonio inmobiliario. El resultado es que la vivienda gana importancia como factor de desigualdad y predictor de clase social”, expone Almudena Martínez del Olmo. 

Sara ha pasado por 4 pisos desde que vive de alquiler y, en todos, su casero tenía más de 75 años. Otra característica de la gran transferencia: está marcada por una brecha generacional. Más de un tercio de los ingresos van a parar a caseros que tienen 65 años o más, es decir, unos 9.600 millones de euros.

En el gráfico puedes observar el flujo de dinero para cada grupo de edad. Los dos extremos de la transferencia son prácticamente opuestos: entre quienes pagan el alquiler, la mayor parte del dinero procede de los grupos más jóvenes. Los menores de 35 años y las personas de entre 35 y 44 años aportan, cada uno, alrededor del 27% del total.

La brecha generacional del alquiler: pagan los jóvenes y reciben los mayores

¿Por qué es relevante esta diferencia de edad? “Muestra un cambio de paradigma”, apunta Miguel Artola, “hasta ahora la tendencia era que el pico de riqueza de una persona lo alcanzase más o menos al momento de jubilarse”. A partir de ese momento, se esperaba que la riqueza fuese decreciendo progresivamente hasta el momento de morir. 

Pero ahora, ese pico de riqueza llega cada vez más tarde y, no solo no llega a los 65 años, sino sigue aumentando después de alcanzar esa edad. “Y no está pasando porque crezcan las pensiones, sino otras rentas como las de la vivienda”, apunta el investigador. 

“Ahora mismo diría que casi el 40% de mi sueldo va a parar al alquiler. Es imposible ahorrar si la mayoría de mi dinero se va en pagar dónde vivo”, explica Erik. Los tres jóvenes que hemos entrevistado tienen edades entre los 26 a los 28 años y coinciden en que hacer frente a una renta cada vez más elevada es su principal impedimento para ahorrar y, a largo plazo, tener su propia vivienda. 

Sara añade que, incluso lo poco que consiguen ahorrar, probablemente no vaya destinado a tener una casa propia en un futuro: “Si vives de alquiler y vas encadenando contratos sabes que necesitas un colchón para cuando firmes un nuevo contrato, ¿no? Para pagar los honorarios de agencia o las fianzas, que ahora son casi 3 meses de alquiler. Entonces, bueno, aunque tengas 5.000 euros ahorrados, sabes que si cambias de piso ese dinero va a ir a todos estos asuntos”, explica la joven.

Es una realidad que Noemi pudo poner a prueba. Por motivos personales estuvo tres meses viviendo en casa de unos amigos mientras cambiaba de un piso de alquiler a otro. “Decidieron que solo iba a pagar los gastos y en los tres meses que estuve viviendo con ellos ahorré muchísimo dinero. Ahí es donde se ve que es el alquiler lo que hace que no puedas ahorrar”.

Los menores de 35 años siguen pagando la mayor parte del alquiler

Incluso en una sociedad cada vez más envejecida, las personas menores de 45 siguen aportando más de la mitad de lo que se paga en España de alquiler. Eso sí, las cantidades son mucho mayores. Los inquilinos de menos de 35 años pagaban 4.800 millones de euros en 2012, en 2025 la cantidad ya asciende a casi 7.700 millones. 

Es la pescadilla que se muerde la cola: “Las personas más jóvenes tienen más dificultades para ahorrar. Por ende también acumulan menos patrimonio y van a tardar mucho más tiempo en acumularlo que generaciones pasadas. Y viceversa, los grupos de más edad están acumulando riqueza porque su patrimonio tiene cada vez más valor”, apunta Miguel Artola. 

Entre los inquilinos, otro de los grandes pagadores son los hogares unipersonales de menos de 65 años, que aportan el 25% de todo lo que se pagó en 2025. Son los hogares jóvenes que mayor esfuerzo económico realizan en el tema vivienda porque, a diferencia de las parejas, no comparten los gastos con nadie. 

Si añadimos además a los hogares con menores, aportan aproximadamente tres de cada cinco euros del dinero que mueve el mercado del alquiler. ¿Y quiénes son los principales destinatarios de este dinero? Además de los hogares más mayores, aquellos que no tienen menores y que tienen uno o más adultos.

Los hogares con menores pagan un tercio de lo que se mueve por el alquiler en España

Las familias con menores a cargo, aportan un tercio del dinero que se pagó por alquiler en España. Más de 9.300 millones de euros. Aunque cada vez hay menos niños y menos hogares con menores, su peso en el total de los pagos por alquiler apenas ha cambiado en la última década.

Un factor que se entiende mejor al tener en cuenta la nacionalidad de los inquilinos. Más de la mitad del alquiler en España lo pagan personas nacidas en el extranjero, que son también los que tienen tasas de natalidad más altas. En elDiario.es ya te hemos contado como las personas de origen extranjero se enfrentan a un mercado del alquiler aún más complicado que los nacionales con condiciones abusivas y pisos más deficientes

En el otro lado de la balanza, los ingresos van a parar principalmente a caseros españoles que se quedan con casi 23.000 millones de euros, es decir, más del 80% de la transferencia. 

Más de la mitad del dinero del alquiler en España lo pagan inquilinos extranjeros

¿Grandes tenedores o pequeños propietarios?

Una de las cuestiones que genera más debate en el mercado de la vivienda es si el dinero va a parar a pequeños propietarios o a grandes tenedores. Si miramos el flujo de dinero según el número de viviendas que los caseros tienen alquiladas como residencia habitual — es decir, si tienen más viviendas en propiedad pero no están alquiladas no se tienen en cuenta—, dos quintos del dinero van a parar a caseros que tienen 2 o más viviendas en alquiler. 

A pesar de representar el 75% del total de personas físicas con ingresos por alquiler en España, los propietarios con una única vivienda alquilada recibirán el 45% del dinero. 

Este cálculo se basa en las viviendas que tiene cada persona física, no en los hogares: por ejemplo, si un matrimonio posee una vivienda cada uno, se contabiliza como dos propietarios con una vivienda en alquiler.

Los caseros con una sola vivienda en alquiler reciben más de un 40% del dinero

Pero estas viviendas además de generar ingresos hoy, forman parte del patrimonio que se transmitirá en un futuro. Y es ahí, según advierte Miguel Artola, donde la vivienda vuelve a actuar como un mecanismo de desigualdad contribuyendo a que el acceso a la propiedad resulte cada vez más difícil para una parte de la población. 

“Lo que hablamos hoy es el escenario del mañana”, sostiene Artola. “Cada vez habrá más gente que llegará al final de su vida sin haber acumulado patrimonio inmobiliario. A lo mejor tiene una cuenta corriente, a lo mejor tiene otras cosas, pero no tendrá una vivienda”.

Esto significa que una parte creciente de la población seguirá destinando dos quintos de sus ingresos a pagar por una vivienda que nunca será suya. Una dinámica que, en palabras de Almudena Martínez, puede consolidar “una división crónica entre una minoría propietaria y una masa creciente de inquilinos que verá afectada la satisfacción de otras necesidad básicas y anulada su capacidad de ahorro”." 

(Raúl Sánchez y Ainhoa Díez, eldiario.es, 05/07/26, gráficos en el original)

5.7.26

Malos tiempos en los barrios de Madrid, donde los desahucios nunca se detienen... “Me insultan, me amenazan y me cortan los cables de la luz si consiguen colarse en el portal. Se dedican a meter miedo a toda mi familia... Suelen venir cuatro, dos se quedan en el portal y otros dos llaman a la puerta, me insultan o me ofrecen dinero por salir”, explica. La última amenaza es que establecerán “controles de acceso” para que se vaya, lo que consiste en instalarse frente al domicilio para que nadie entre ni salga... Madrid, laboratorio de la ‘desokupación’.. Con tarifas que van de los 2.000 a los 4.000 euros por recuperación, las empresas dedicadas a expulsar inquilinos proliferan sin control y usan la coacción. En la Comunidad se vacían seis viviendas al día... La presencia de este tipo de empresas se ha multiplicado en zonas de la capital como Vallecas, San Blas, Vicálvaro o Villaverde, sembrando el temor entre quienes los ven llegar. En 2023, en una corrala en ruinas de la calle Azucenas de Tetuán, siete miembros de la empresa APD Security Iberia fueron detenidos tras un intento de desalojo en el que llegaron a hacerse pasar por agentes. Cuando fueron detenidos después de estar acosando a un inquilino, llevaban defensas extensibles, puños americanos, un cuchillo y espray de pimienta (Jacobo García)

"Malos tiempos en los barrios de Madrid, donde los desahucios nunca se detienen. Este miércoles fue desalojado en Vallecas Adolfo, de 60 años, junto a su hija y su nieto. La semana que viene está previsto otro desahucio, la siguiente otro y el día 22 otro más, durante un mes negro para el barrio, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Tres lanzamientos en Vallecas en apenas un mes. En Madrid, la escena se repite por diferentes distritos, en Usera, Tetuán o Carabanchel, afectados por órdenes judiciales que en la Comunidad de Madrid vacían un promedio de seis viviendas diarias, según datos del Consejo del Poder Judicial.

De la mano de los desahucios ha crecido también el negocio de las compañías de desokupación, un universo de empresas ligadas a gimnasios, clubes de boxeo y empresas de seguridad privada que se mueven en un limbo legal combinando el matonismo con la negociación. Una dinámica que se extiende por otras comunidades como Cataluña, Castilla la Mancha, Andalucía o Valencia, confirman distintas asociaciones de vecinales consultadas.

“La semana pasada me echaron pegamento en la cerradura y el martes me cortaron los cables de la luz”, dice Ghita Hachemi, inquilina de la calle Membezas, en Entrevías, justo en el momento en que un técnico entra en casa para devolverle la electricidad tras dos días a oscuras. “Todas las semanas llegan hasta la puerta y la golpean, me insultan o me ofrecen dinero”, explica.

Hachemi paga mensualmente al BBVA el importe acordado con el banco en concepto de alquiler social. Sin embargo, hace un año su casa fue vendida a un nuevo dueño que la quiere fuera cuanto antes y como ella no tiene dónde irse, él ha contratado a D&A, una empresa de desokupación que tiene la misión de sacarla de su casa.

Aunque la empresa no está dada de alta ni existe en el registro de sociedades, es habitual en el sector que estas compañías aparezcan, cambien de nombre, se disuelvan y vuelvan a aparecer con nuevas siglas registrándose con un capital social de 3.000 euros.

‘Bastión Desokupación’, ‘Horus Desokupa’, ‘Rekupera’, ‘D.I.O. Express’, ‘Servi-Okupas’, ‘Recupera tu Inmueble Madrid’, ‘Antiokupa Tarraco’, ‘DesokupaCyL’, ‘Desokupación 365’ o ‘Desokupa y Recupera’ son los nombres de algunas de estas empresas que se anuncian ahora con agresivas campañas en redes prometiendo expulsar de forma legal a los inquilinos en menos de 24 horas.

Con tarifas que van de los 2.000 a los 4.000 euros por recuperación, “han vuelto a aparecer como setas”, dice Diego Sanz, miembro de la PAH. “Van cambiando los nombres, pero es la misma gente. Surgieron con la pandemia, después desaparecieron muchas, pero ahora vemos que han regresado con fuerza”, dice sobre un negocio que ha crecido notablemente en el último año siguiendo la estela de la famosa Desokupa de Daniel Esteve.

Esteve, exboxeador y empresario de seguridad, fue la primera marca que en 2016 convirtió la recuperación extrajudicial de viviendas ocupadas en un negocio reconocible y mediático que añadía a sus controvertidos métodos una agenda política contra muchas de las medidas sociales del Gobierno. Su fórmula combinó intimidación física, negociación con los ocupantes, vídeos en redes y una estética de fuerza que le dio notoriedad pública. A partir de ese modelo fueron apareciendo nuevas empresas con métodos parecidos: desde la vigilancia a la mediación y el acoso.

En el caso de Vallecas, los principales clientes no son ni fondos ni bancos, sino pequeños especuladores que adquieren las viviendas a precios muy bajos porque tienen “bicho dentro”, como se refieren despectivamente a quién ahí reside. La vivienda de Ghita Hachemi, un piso de 70 m2 donde viven matrimonio y cuatro hijos, se vendió por 73.000 euros y ahora está a la venta por 113.000. Una operación redonda si logra expulsarla a la familia.

“Me insultan, me amenazan y me cortan los cables de la luz si consiguen colarse en el portal. Se dedican a meter miedo a toda mi familia. Mi hija ha faltado al último examen debido a un ataque de ansiedad provocado por estos salvajes”, explica. Ghita y sus cuatro hijos viven en Entrevías desde 2014 y hasta 2024 tenía un contrato que se renovaba cada año. Cuando la vivienda cambió de manos, ella siguió pagando el alquiler, pero comenzó el asedio. “Suelen venir cuatro, dos se quedan en el portal y otros dos llaman a la puerta, me insultan o me ofrecen dinero por salir”, explica. La última amenaza es que establecerán “controles de acceso” para que se vaya, lo que consiste en instalarse frente al domicilio para que nadie entre ni salga. Después de varias llamadas, este periódico no ha logrado obtener la versión de la empresa de desokupación en los teléfonos proporcionados.

Según Juan Carlos González, gerente de Horus Desokupa, “en el sector hay mucho intrusismo y ha crecido de forma desmedida en el último año”, dice vía telefónica desde Toledo, adonde se ha desplazado para expulsar a un “inquiokupa”. “Cada poco tiempo surgen continuamente empresas de dos o tres personas que trabajan de cualquier manera por cuatro duros”, señala.

Los métodos

Sobre su polémica forma de operar, defiende que todo es legal. “Nosotros nos dedicamos a mediar y, según el tipo de persona, utilizamos unos métodos u otros y, por supuesto, también ofrecemos dinero, pero está claro que a nadie le gusta que estemos cuatro días delante de la puerta”, dice. “No cortamos servicios ni cerraduras, pero sí es legal montar un ‘control de acceso’ si contamos con el permiso del resto de vecinos”, añade. Para estos casos, suelen subcontratar empresas de seguridad, que son las que están legalmente autorizadas para ello. “Nos denuncian con frecuencia, pero siempre son todas desestimadas y nunca hemos sido condenados”, aclara sobre su empresa, una de las veteranas del sector, con cuatro años de vida.

“Estaba desesperado. Llevo dos años aguantando a un tipo que no quiere pagarme y necesito ese dinero porque es mi único ingreso”, dice el dueño de un inmueble en Tetuán que prefiere no dar su nombre, pero que ha recurrido a una de estas empresas a principios de año. “Tengo una hipoteca que no puedo pagar y la justicia no funciona. No son empresas que me gusten ni es la mejor opción, pero tengo tanta rabia acumulada que solo quiero acabar con esto cuanto antes. Ellos cumplen una función que ni los juzgados ni la policía hacen. Llevo dos años esperando y, si lo hubiera sabido, hubiera llamado antes”, resume este casero, que recuperó su casa después de pagar 2.000 euros a un inquilino moroso.

El Ministerio del Interior no cuenta con un registro de estas empresas dedicadas a la desokupación, que tienen como objeto social la mediación, pero que en muchos casos incluye coacciones y amenazas, y varios de sus empleados han terminado en disturbios allí donde desembarcan. Unas veces por el uso de métodos violentos, otras por portar armas y otras por hacerse pasar por falsos policías para intimidar.

Otro de los trabajos habituales para las que son contratadas es el de “testar un inmueble”, o sea, tantear para un comprador si el inquilino que está dentro “es un okupa de patada en la puerta que puede ser desalojado en pocas horas o alguien que se declarará vulnerable y, por tanto, lo más probable es que el proceso judicial para lograr el desahucio se alargue durante años. En ese caso aconsejamos no comprar”, explica el gerente de Horus Desokupa.

La presencia de este tipo de empresas se ha multiplicado en zonas de la capital como Vallecas, San Blas, Vicálvaro o Villaverde, sembrando el temor entre quienes los ven llegar. En 2023, en una corrala en ruinas de la calle Azucenas de Tetuán, siete miembros de la empresa APD Security Iberia fueron detenidos tras un intento de desalojo en el que, según fuentes policiales, llegaron a hacerse pasar por agentes. El jefe fue acusado de usurpación de funciones públicas por mostrar una placa falsa; los demás, de coacciones y tenencia ilícita de armas. Cuando fueron detenidos después de estar acosando a un inquilino, llevaban defensas extensibles, puños americanos, un cuchillo y espray de pimienta. Dos años después, en octubre de 2025, la misma empresa volvió a aparecer en Puente de Vallecas: una pelea entre vecinos y empleados de APD acabó con 16 detenidos, diez de ellos trabajadores vestidos de negro con el logotipo de la compañía, y tres heridos, incluido el propietario de la vivienda. Más viral aún se hizo el caso de DesokupaCyL, que se equivocó de piso y de portal en Lugo y comenzó a insultar y acosar a un señor que nada tenía que ver con la casa que pretendían desokupar."                         (Jacobo García , El País, 05/07/26) 

3.7.26

As vivendas baleiras dos bancos son tantas como as que a Xunta de Galicia prevé construír nesta lexislatura... o Rexistro de Demandantes vén batendo sucesivos récords e, no momento da redacción desta información, o 2 de xullo de 2026, xa tiña inscritas case 34.400 peticións (David Lombao)

"Catro mil vivendas son moitas ou poucas? Como practicamente toda cifra: depende. En cifras redondas son as que continúan en mans dos bancos e outras entidades financeiras e están baleiras en Galicia, segundo os datos do censo oficial da Xunta aos que Praza.gal puido acceder ao abeiro da Lei de Transparencia tras evitar o Goberno galego entregalos ao Parlamento. E supón un volume practicamente idéntico ao de pisos de promoción pública que a Xunta asegura estar en condicións de construír nesta lexislatura.

Concretamente, as cifras do censo indican un total de 4.081 vivendas baleiras propiedade de bancos en 130 concellos. E a Consellería de Vivenda asegura que as promocións de pisos públicos que xa ten "en execución" -termo que engloba dende os trámites previos ata a construción propiamente dita- son xa algo "máis de 4.000". Coas obvias diferenzas en canto ás localidades en que se atopan unhas e outras.

(...) máis da metade desas 4.081 vivendas baleiras nas mans da banca son titularidade da Sareb, o banco malo constituído polo Goberno de España en colaboración co sector financeiro durante a gran recesión para absorber activos inmobiliarios tóxicos das caixas de aforro rescatadas -entre eles, 5.000 millóns en bens procedentes de Caixa Galicia e Caixanova-. Daquela, a priori, serían susceptibles, polas últimas reformas promovidas polo Goberno de España, de integrárense na Entidade Estatal de Vivenda Casa 47, creada polo Executivo para centralizar a súa política de vivenda pública e favorecer promocións de alugueiro protexido.

Por tras da Sareb destaca como segundo gran banco propietario de vivendas baleiras en Galicia o Santander, con 600. O resto distribúense en volumes moi inferiores entre máis dunha trintena de empresas, de bancos a fondos de investimento inmobiliario. A presenza de Abanca entre eles é residual (24 vivendas a nome de Abanca Corporación Bancaria e 49 nas mans da súa división inmobiliaria) precisamente porque o groso dos activos tóxicos pasaron á Sareb antes da compra de Novagalicia Banco polo venezolano Banesco.

Moitas máis que as promovidas nas lexislaturas de Feijóo

Pero, de volta na pregunta inicial: son moitas ou poucas? En comparación coas vivendas protexidas en xeral -e de promoción pública en particular- nas últimas lexislaturas, son un volume moi considerable. Así, por exemplo, na pasada lexislatura galega -a da dimisión de Alberto Núñez Feijóo como presidente- quedaron rematadas en Galicia apenas 281 vivendas. Na anterior (a saída das eleccións de 2016) foran poucas máis, 337. E na previa, a iniciada cos comicios de 2012, quedaran en 622. 

Hai que remontarse á primeira lexislatura con Feijóo na Xunta para atopar unha cifra de vivendas protexidas máis avultada. Fundamentalmente por proxectos herdados do Goberno de coalición PSdeG-BNG, naquel período de 2009 a 2012 finalizáranse algo máis de 6.000 pisos protexidos. No mandato de socialistas e nacionalistas, entre proxectos propios e provenientes do fraguismo, foran máis de 12.000. Durante todas as lexislaturas dos anos 90, con Fraga na Xunta, tamén se superaran as 10.000 por mandato.

O groso das vivendas protexidas erguidas ao longo da autonomía van ir perdendo paulatinamente esa condición, dado que -en función da normativa vixente en cada momento-, van ficando sen restricións para seren compradas e vendidas sen prezo taxado nin ter que dirixirse a poboación inscrita no Rexistro de Demandantes da Xunta. Como informou Praza.gal a partir dunha ampla investigación de Civio, de aquí a 2030 Galicia vai perder algo máis de 35.000 vivendas protexidas, polo que tanto as baleiras nas mans dos bancos como as de promoción pública proxectadas pola Xunta non compensarían, nin de lonxe, esa perda.

Catro mil vivendas tampouco son moitas en comparación con outro indicador clave: a demanda de vivenda protexida. Alimentado polos anuncios desas catro mil vivendas de promoción pública -e do desenvolvemento de solo residencial en diversas localidades para outras 20.000 protexidas-, o Rexistro de Demandantes vén batendo sucesivos récords e, no momento da redacción desta información, o 2 de xullo de 2026, xa tiña inscritas case 34.400 peticións

Hai apenas un ano eran pouco máis de 22.000, o que sitúa por riba do 50% o crecemento interanual dunha demanda que 4.000 vivendas apenas cubrirían. Non en van, 4.000 vivendas equivalen a apenas o 12% das inscricións no rexistro de demandantes de vivenda protexida." 

(David Lombao , Praza Gal, 03/07/26, gráficos no orixinal)

22.6.26

Nunca las comunidades autónomas habían contado con tantos recursos: 234.000 millones de euros en 2025... Esta mejora continuará en 2026 gracias a las entregas a cuenta que aumentarán un 7%, por encima de la inflación prevista... Son buenas noticias pero las Comunidades Autónomas no quieren crear un parque público de viviendas, persisten las listas de espera sanitarias, la educación pública se deteriora y faltan viviendas asequibles... Entre los motivos están las privatizaciones promovidas por el PP (Carlos Martín Urriza)

Carlos Martín Urriza @carlosurriza

1/7 Nunca las comunidades autónomas habían contado con tantos recursos: 234.000 millones de euros en 2025, 83.000 millones más que en 2018. Descontando la inflación sus ingresos han crecido un 25,4% y en terminos per cápita un 19% real frente al 15,8% de los 8 años anteriores

2/7 Esta mejora continuará en 2026 gracias a las entregas a cuenta que aumentarán un 7%, por encima de la inflación prevista, hasta alcanzar la cifra récord de 157.000 millones. Más financiación debería significar mejores servicios públicos.

 3/7 Estos mayores recursos son fruto de la política económica del gobierno que ha protegido el empleo, subido el SMI, impulsado los ERTE y los fondos europeos, y apostado por la inversión, innovación y energías renovables. Gracias a ello España es líder en crecimiento en Europa.

 4/7 Además, se trata de un crecimiento repartido: La renta media disponible de los hogares creció un 9,4% real entre 2018 y 2025 Se recortó el riesgo de pobreza y el nº de hogares que no llegan a fin de mes Las pensiones mínimas, las PNCs y el IMV han ganado poder de compra

 5/7 Son buenas noticias pero falta resolver: 

 - La insuficiente participación de los salarios en la productividad 

- Los márgenes abusivos de bancos, energéticas y grandes empresas de la alimentación 

 - La crisis de acceso a la vivienda 

- El deterioro de los servicios públicos

6/7 Porque a pesar del gran aumento de recursos en las CCAA: persisten las listas de espera sanitarias, la educación pública se deteriora y faltan viviendas asequibles Entre los motivos están las privatizaciones promovidas por el PP: que encarecen la prestación de los servicios

 7/7 En vivienda, las CCAA del PP no quieren crear un parque público de viviendas. Por el contrario, se dedicarn a vender las viviendas protegidas y rechazan aplicar la Ley de Vivienda sin ofrecer ninguna alternativa eficaz. Ni dejan hacer, ni hacen.

9:23 p. m. · 21 jun. 2026 ·656 Visualizaciones

Mari Carmen logra un breve respiro: su tercer intento de desahucio se pospone al 23 de septiembre... El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas instó este mes a España a suspender cautelarmente el lanzamiento hasta que se encuentre una alternativa habitacional para la octogenaria... la defensa de Mari Carmen añadió tras las recomendaciones de Naciones Unidas que en su caso debería darse un juicio de proporcionalidad: no es igual el perjuicio que se está ocasionando a una anciana si ésta es desahuciada que el que se le está ocasionando a Urbagestión por no poder ejercer el derecho a la propiedad privada... La pensionista ha sufrido un claro deterioro físico y emocional desde que recibió el primer burofax de no renovación por parte de Urbagestión, el fondo buitre que adquirió en 2020 la propiedad de su vivienda... Urbagestión solo ofreció dos opciones a Mari Carmen: o pagar un alquiler mensual de 1.650 euros, es decir, sufrir un incremento del 275% de la renta (sabiendo que su pensión es de solo es de sólo 1.450 euros) o abandonar el edificio forzosamente (Alejandra Mateo Fano)

"El futuro de Mari Carmen, pensionista de 87 años del madrileño barrio de Retiro, ha vuelto a quedar en manos de los juzgados. Esta semana ha sido ya la tercera vez en un año que se pospone el desalojo de la vivienda donde lleva habitando toda la vida. La primera ocurrió en octubre de 2025 cuando consiguió, gracias a la elevada presión sindical y mediática ejercida, que el lanzamiento se suspendiera en los juzgados la víspera.

Después, el 3 de junio, se aplazó 20 días la ejecución hasta finalmente volver a darle esta semana una prórroga. Esta última tregua hasta el 23 de septiembre, nueva fecha oficial de la ejecución inmobiliaria. En todo este tiempo no han cejado los pasacalles, encuentros, manifestaciones y toda clase de acciones de apoyo para acuerpar a la inquilina en lucha frente a los abusos de quienes quieren dejarla en la calle a la mayor brevedad.

El Sindicato de Inquilinas, organización con la que la octogenaria lleva todo este tiempo batallando por su casa, ha emitido este viernes un comunicado en el que ha dado a conocer la última resolución judicial. En la nota explican que el juzgado número 90 de Madrid ha estimado el recurso de su letrada que determinaba que este último aplazamiento de junio no se atenía a la legalidad. “El artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LECRIM) que establece que si el inmueble a desalojar es la vivienda habitual del ejecutado, el juzgado otorgará un plazo de un mes para el desalojo. Al haberse dado un plazo menor al mes para el nuevo desahucio, el juzgado estima que a Maricarmen se le concede un nuevo mes y una nueva fecha de desahucio”.

Lo que a priori pudiera parecer una victoria parcial -la inquilina ha ganado varios meses en los que podrá permanecer en su casa mientras su defensa trata de volver a negociar un contrato asequible- en la práctica supone un acto de violencia institucional “brutal”, afirman las vecinas de Mari Carmen. “Lejos de suponer una gran victoria este aplazamiento no da una solución real al conflicto de Mari Carmen y supone una forma de violencia institucional que busca alargar la agonía de no saber qué va a pasar con su vivienda y tiene como fin desmovilizar el gran apoyo popular”, alegan. La pensionista ha sufrido un claro deterioro físico y emocional desde que recibió el primer burofax de no renovación por parte de Urbagestión, el fondo buitre que adquirió en 2020 la propiedad de su vivienda.


Cada decisión judicial de posponer el lanzamiento no hace sino alargar su agonía. La ansiedad se acumula lentamente día tras día mientras los Gobiernos central y autonómico rehúsan tomar cartas en el asunto. Beatriz Duro, abogada de la vecina, ya se pronunció sobre este hecho en el último intento de lanzamiento pospuesto. “Vivir dos desahucios en apenas 20 días es un tortura psicológica que ninguna persona debería pasar. Un aplazamiento del desahucio promovido por unas leyes rentistas que están acabando con su salud y literalmente con la vida de Maricarmen”, protestaba. “Al final es un procedimiento para cualquier persona que lo sufre resulta súper desgastante y genera muchísima incertidumbre, tensión, malestar, sumado a que tiene 87 años. Vemos que estos procedimientos son realmente crueles”, añadía Duro en conversación con El Salto.

Toda una vida de recuerdos en Retiro

Mari Carmen lleva en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda desde que sus padres se instalaron en el barrio de Ibiza, en Retiro en el año 1956, cuando ella tenía solo 17 años. Pensaba terminar su vida en él pero la propietaria de su piso tenía otros planes. Como ha ocurrido este año a miles de familias madrileñas, en 2018 el piso donde vio fallecer a sus dos progenitores fue adquirido por el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones SL después de que la anterior propietaria vendiera toda la finca a Renta Corporación, uno de los grandes holding inmobiliarios de España, y este lo revendiera. Urbagestión está especializado en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias y su dirección recae en manos de los rentistas Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, que son a su vez titulares de más de una docena de empresas.


El contrato subrogado a su favor 15 años antes debía haberse extinguido en 2007 y la segunda subrogación del contrato (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) sólo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%. “Maricarmen, a sus 87 años y con movilidad reducida debido a operaciones de cadera, sufre una discapacidad de 'tan sólo' el 50%, y de nada le han servido los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación indisputada”, denunciaba meses atrás el Sindicato.

El Tribunal Supremo dio la razón el pasado mes de marzo a Urbagestión y la empresa solo ofreció dos opciones a Mari Carmen: o pagar un alquiler mensual de 1.650 euros, es decir, sufrir un incremento del 275% de la renta (sabiendo que su pensión es de solo es de sólo 1.450 euros) o abandonar el edificio forzosamente. Desde que manifestó su imposibilidad de abonar esas cantidades astronómicas, reclamando una renta más acorde a sus ingresos, las negociaciones con Urbagestión cayeron en saco roto. No hubo forma de dialogar ni de llegar a acuerdos.

Las inquilinas en lucha han señalado en todo momento la inacción institucional por parte del Ministerio de Vivienda. Primero, las administraciones hicieron caso omiso a la carta enviada por la anciana en la que imploraba una solución asequible para su situación. Después, la Ministra, Isabel Rodríguez, se reunió con el Sindicato de Inquilinas y Maricarmen para trabajar una propuesta sólida que pudiera salvarla del desalojo pero nadie de la organización ha recibido noticias al respecto cinco meses después de aquella cita. El Sindicato afeó el gesto a la ministra a través de un escrache que tuvo lugar el pasado 15 de junio durante su intervención en el acto del II Foro inmobiliario 360º, exigiendo una implicación real en el caso. “La forma de atajar el problema de Maricarmen es legislando para que nadie más deba pasar por este calvario”, han remarcado esta semana.

El marco legislativo tampoco estaba de su lado. En febrero cayó en el Congreso la prórroga de la moratoria antidesahucios, que contemplaba la suspensión de los lanzamientos en el caso de personas vulnerables —ella lo es, por lo que inicialmente se acogió al Real Decreto 11/2020—. Luego fracasó en el debate parlamentario la prórroga de los alquileres con los votos en contra de PP, Junts y Vox. La inquilina no pudo acogerse a este decreto ni siquiera en su corto periodo de vigencia puesto que la suspensión de dos años de los contratos se aplicaba a aquellos regidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el suyo era de renta antigua anterior a la ley. Una casuística injusta que fue recurrida sin éxito ante el Tribunal Constitucional.

Naciones Unidas solicitó a España suspender cautelarmente el lanzamiento

“Ahora mismo legalmente no puede acogerse a nada, es decir, no hay nada legal que contemple su caso”, explicaba Duro hace una semana. Casos como el de Mari Carmen, afirmaban las vecinas de la pensionista recientemente, “ponen en el centro del debate público la necesidad de contratos indefinidos que impidan que familias se queden en la calle tras 5 años hagan lo que hagan. El caso de Maricarmen es aún más sangrante, teniendo en cuenta que lleva 70 años en esa vivienda”. Agotadas todas las vías legales a las que recurrir dentro del Estado español, la lucha por el derecho a la vivienda de Mari Carmen fue elevado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) de Naciones Unidas este mes de junio.

Desde este organismo de la ONU se instó a España a suspender cautelarmente la ejecución mientras se tramitaba el procedimiento y se encontraban alternativas habitacionales, argumentando que el Estado tendría plazo hasta diciembre de este año para hacer alegaciones. Además, la defensa de Mari Carmen añadió tras las recomendaciones de Naciones Unidas que en su caso debería darse un juicio de proporcionalidad: no es igual el perjuicio que se está ocasionando a una anciana si ésta es desahuciada que el que se le está ocasionando a Urbagestión por no poder ejercer el derecho a la propiedad privada.

Esta resolución, sin embargo, carecía de carácter vinculante, aunque sí permitía a la judicatura disponer de herramientas como para motivar una resolución a favor de Mari Carmen. Actualmente no se ha valorado y por eso el desahucio sigue en pie. Hoy, la única alternativa habitacional que las instituciones de la Comunidad de Madrid le ofrecen —puesto que ella no tiene familiares directos ni otro lugar donde quedarse— es una residencia en Alcalá de Henares, por la que tendría que pagar cerca de 1.200 euros al mes. “No es una opción ni por la ubicación, ya que tarda una hora en transporte público en ir a su médico, ni por el precio, porque no lo puede pagar. En realidad ella es una persona autónoma que vive sola en su casa, que se hace la comida y la cena todos los días y que no tiene por qué ir a una residencia”, comenta Duro.

Querella criminal contra activistas del Sindicato de Inquilinas

La última comunicación que recibió el Sindicato de Inquilinas por parte de los propietarios de la vivienda ha sido la interposición de una querella criminal contra una de sus portavoces, Valeria Racu, por presuntos delitos de coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, contra la intimidad y contra el honor. Ya el pasado 3 de junio alegaron que la vecina se había dedicado por activa y por pasiva a promover campañas de difamación contra ellos a través de las distintas acciones que organizó el sindicato para visibilizar su dramática situación. Urbagestión requiere asimismo 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios por la campaña mediática llevada a cabo para arropar a Mari Carmen y defender su derecho a permanecer en su casa. El acto de conciliación, que estaba previsto para el jueves pasado, se celebrará en próximas semanas.

Hoy, para otorgar estabilidad y protección a las inquilinas, que actualmente pueden ser expulsadas de sus viviendas a voluntad del casero al cabo de cinco años, el Sindicato de Inquilinas propone establecer por ley contratos indefinidos. “Es la forma de poder tener proyectos de vida estables y a largo plazo que no dependan de cuándo se te acaba el contrato de alquiler. Esto ya está regulado en países como Inglaterra”, traslada Alicia del Río, portavoz de esta organización. A su juicio, las políticas de vivienda deberían poner fin “de una vez por todas” a la compra especulativa de inmuebles en aras de que éstos no acaben destinados a usos no residenciales como el alquiler turístico o por habitaciones.

“Las casas tienen que comprar para vivir en ellas, y esto ya se ha regulado en ciudades como Ámsterdam”, añade. Para muchos, el caso de Mari Carmen se ha convertido estos últimos meses en un emblema de la crueldad del sistema actual, que privilegia la ganancia individual al bienestar colectivo. El movimiento de vivienda lleva años reclamando a las distintas instituciones medidas legislativas que pongan coto a la voracidad de los fondos buitres, cuyas operaciones financieras ya han dejado en la calle a miles de vecinas en todo el Estado."