El último revés judicial a la gestión económica del PP de Rajoy agrava el agujero millonario que dejó de herencia... El Estado perdió 50.000 millones en el rescate a la banca de 2012, tuvo que engordar su deuda otros 35.000 en 2022 tras el fiasco de la Sareb, ha tenido que pagar sanciones, devolver el canon de las eléctricas y ahora tendrá que restituir las subidas de impuestos a las empresas que las reclamasen... una primera aproximación apunta que podría ser alrededor de 7.000 millones, aproximadamente, un 0,5% del PIB

 "El último revés judicial a la gestión económica de los gobiernos del Partido Popular (PP) que presidió Mariano Rajoy durante la crisis financiera agrava el agujero millonario que dejaron de herencia a los siguientes ejecutivos y a las arcas públicas. Este jueves, el Tribunal Constitucional decidió tumbar una de las medidas que tomó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda en 2016 para cumplir con los objetivos de déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado): limitar las deducciones de las grandes empresas.

La cantidad total que tendrá que restituir el nuevo de Gobierno de coalición a las compañías que reclamasen estas subidas de impuestos, según lo prevé la sentencia del Tribunal Constitucional, se desconoce. “Tenemos que analizar la resolución”, aseguran fuentes del actual Ministerio de Hacienda de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Pero una primera aproximación, si se asume que todas las empresas han reclamado, apunta que podría ser alrededor de 7.000 millones, si se atiende a los 1.000 millones que Hacienda reconoció que se ingresaron extraordinariamente con el Impuesto de Sociedades en 2016, y se multiplica por los 7 años que ha estado vigente esta medida, de 2016 a 2023.

Aproximadamente, se trataría de un 0,5% del PIB (Producto Interior Bruto), cuando el objetivo es volver a dejar el déficit en el 3%, según obligan las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), a partir de este 2024.

Fue la Audiencia Nacional la que cuestionó esta norma y llevó el asunto hasta el Tribunal Constitucional al entender que un Real Decreto-Ley no podía regular “elementos esenciales del Impuesto de Sociedades”, que solo se podría transformar a través de una norma con rango superior de ley. Un motivo similar que llevó al mismo tribunal a anular otra reforma fiscal de Montoro de ese mismo año: el pago adelantado del Impuesto de Sociedades.

Otra de las grandes medidas de Cristóbal Montoro y el ejecutivo de Mariano Rajoy que tumbó el Constitucional fue la amnistía fiscal de 2012, a la que según los datos de Hacienda se acogieron en torno a 30.000 españoles. En ese caso el pleno también declaró su inconstitucionalidad pero limitó los efectos a los que no hubieran regularizado su situación para preservar la “seguridad jurídica”.

El rescate a la banca que no iba a costar ni un euro

A la cantidad que cueste la sentencia reciente del Tribunal Constitucional hay que sumarle otras derrotas judiciales en España y en la UE de decisiones que tomaron Rajoy y sus principales responsables económicos, como Montoro o Luis de Guindos, que hoy es vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Este último y la vicepresidenta de aquel momento, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaron en 2012 el histórico rescate a la banca “que no costaría ni un euro” de dinero público, según aseguraron entonces. Finalmente, implicó cerca de 50.000 millones en pérdidas para el Estado, según ha contabilizado el Banco de España.

En 2022, también por culpa de la gestión del rescate, el anterior Gobierno de coalición tuvo que engordar la deuda pública de nuestro país en otros 35.000 millones. En este caso, por el fiasco de la Sareb, conocida como el “banco malo”, según exigió Eurostat (la institución de estadística de la UE). La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se diseñó para asumir el ladrillo tóxico de la banca rescatada, bajo control privado. Sin embargo, fracasó y desde el mismo 2022 ha quedado en manos públicas.

A este fracaso contribuyeron la polémica gestión de los contratos con terceros —los llamados servicers— para dar salida a esa cartera de inmuebles y un derivado para cubrirse de teóricas subidas de tipos de interés que dio como resultado unas pérdidas de 3.000 millones. Ese swap se contrató durante la presidencia de Belén Romana, de la máxima confianza de Luis de Guindos y hoy consejera del Banco Santander.

Modelo 720

También data de 2012 otro fiasco de la etapa Rajoy que supone otro roto millonario para las cuentas públicas. También fue obra de Cristóbal Montoro, el ministro que batió el récord de permanencia en la cartera de Hacienda y que en 2010, cuando estaba en la oposición, pronunció aquel “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros” mientras el país se asomaba al rescate por la crisis de deuda soberana.

A principios de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbaba el “desproporcionado” régimen sancionador que impuso hace una década Montoro para aflorar la existencia de bienes ocultos en el exterior: el denominado modelo 720.

Este mecanismo, que ha permitido aflorar bienes en el extranjero por valor de 225.200 millones, y que la Comisión Europea exigió a España modificar en 2017, aparejaba la amenaza de fuertes multas por la omisión o falta de datos, se lanzó en paralelo a la polémica amnistía fiscal.

Por un lado, se ofrecía un caramelo a los defraudadores que, a través del llamado modelo 750, regularizaran su situación con esa medida de gracia, que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional sin consecuencias para sus beneficiarios, que pudieron aflorar activos ocultos pagando un exiguo 3%.

Por otro, el modelo 720 impuso duras penalizaciones a los contribuyentes que ocultasen o declarasen fuera de plazo bienes en el extranjero con un valor superior a los 50.000 euros.

Con ese régimen sancionador, “extremadamente represivo”, según el TJUE, los bienes y derechos no declarados se consideraron ganancias patrimoniales no justificadas, con sanciones por el 150% de su valor y sin posibilidad de prescripción. En 2023, Hacienda reconoció la “nulidad absoluta” de las sanciones, y abrió la puerta a reclamar su devolución, que podría alcanzar hasta los 70 millones en total.

El IVA de las CCAA

Hace dos años, Hacienda también resolvió otro “problema heredado” del Gobierno de Rajoy, al compensar a las comunidades autónomas con 3.000 millones por el IVA que dejaron de recibir por el ejercicio 2017.

Montoro implantó entonces un nuevo sistema electrónico (el Suministro Inmediato de Información o SII) para gestionar el cobro de ese tributo que hizo que las autonomías acabaran ingresando 11 meses de IVA en lugar de 12 por ese ejercicio. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez no dio solución al problema, al condicionar la devolución de ese dinero a tener aprobados unos Presupuestos, varias comunidades autónomas recurrieron ante el Tribunal Supremo. Finalmente, el Alto Tribunal reconoció en 2021 el derecho a ser compensadas Castilla y León y Galicia, ambas gobernadas por el PP, abriendo la puerta a una catarata de reclamaciones.

Como resumió gráficamente un fiscalista que conoce las tripas de la Administración, Montoro “hizo el animal, pero cuadró las cuentas y el marrón se lo come ahora otro”.

Canon hidroeléctrico

Otra sentencia similar fue la que dictó el Tribunal Supremo sobre el canon hidroeléctrico que aprobó el Gobierno del PP, de nuevo, en 2012, aunque no se implementó hasta 2015. En abril de 2021, el Tribunal Supremo daba la razón a las eléctricas en una decisión que ha obligado a devolver a las compañías del sector 1.907,67 millones por la recaudación de ese canon entre 2013 y 2020. Ese importe se reintegró a las empresas en plena crisis de precios de la luz y se cargó al déficit público, mediante un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de finales de 2021 para autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia.

El canon grava con un 25,5% la facturación por la producción de las centrales de mayor tamaño. Lo puso en marcha el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, para atajar (se dijo en su momento) el multimillonario déficit de tarifa del sistema eléctrico, aunque los fondos van a parar al Tesoro Público.

Cuando trascendió la sentencia del Supremo, se cifró la devolución en 500 millones, y posteriormente, en 1.400 millones, pero la cifra final ha sido muy superior. El Alto Tribunal no anuló el canon como tal, pero sí su carácter retroactivo (los ejercicios 2013 y 2014) y decretó que las Confederaciones Hidrográficas (encargadas de recaudarlo) no pueden reclamárselo a aquellas concesiones cuyos titulares no dieran su visto bueno expreso, cosa que no ocurrió.

Castor y autopistas

También emana de otra sentencia del Supremo uno de los más polémicos agujeros relacionados con el sector energético: el pago a la banca de la indemnización de 1.350 millones de euros que adelantaron las entidades a ACS por el fallido almacén de gas Castor. Es el dinero que el Alto Tribunal obligó al Estado a abonar a finales de 2020 a Santander y CaixaBank tras cancelarse los pagos, a través del recibo del gas, del adelanto que hicieron a la promotora del almacén por su clausura en 2014.

La indemnización deviene de la resolución de adjudicación del silo en 2008, con el socialista Miguel Sebastián como ministro de Industria, que incluía una cláusula por la que en caso de extinción de la concesión, ACS tendría derecho a recibir una compensación aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.

Pero el importe acabó asumiéndolo el Estado porque, cuando se decidió hibernar la instalación en 2014, tras una sucesión de terremotos, el entonces ministro José Manuel Soria aprobó a toda prisa un Real Decreto-Ley para indemnizar a ACS cargando su coste, con intereses, a la tarifa del gas. El decreto fue declarado inconstitucional en 2017, lo que dejó sin cobertura los pagos que hasta entonces se habían hecho a la banca.

Al agujero del Castor se suman las millonarias reclamaciones en tribunales de arbitraje de inversores afectados por los recortes a las renovables, que llegaron a alcanzar los 10.000 millones de euros, de los que hasta ahora se ha evitado el pago de 6.100 millones, según el Ministerio para la Transición Ecológica; o los más de 500 millones que hubo que devolver a las eléctricas por el bono social vigente entre 2013 y 2016, aunque en este caso el importe lo costearon los consumidores de electricidad. Y está por determinar la factura del rescate de las autopistas de peaje quebradas por la crisis financiera de 2008 y actualmente en manos del Estado, que “no costará un euro al ciudadano”, según dijo a finales de 2013 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

El anterior Gobierno de coalición calculó a finales del año 2021 un coste provisional de 1.021 millones, una estimación que está sujeta a un largo proceso administrativo y judicial, resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requieren las infraestructuras, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones de terrenos y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.

Esos más de 1.000 millones son un cálculo a la baja, dado que el propio Gobierno reconoció que la factura final podría situarse en hasta 3.305 millones. Los acreedores, fondos de inversión y constructoras, aseguran que las compensaciones podrían ascender a 4.500 millones. Aquí PSOE y PP también se culpan respectivamente del fiasco. Los socialistas lo atribuyen al modelo privatizador de José María Aznar, responsable de promover esas infraestructuras. Y los populares, a la falta de celo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de pleitear en los tribunales por los sobrecostes de los terrenos expropiados, lo que benefició a familias como los Franco, los Serrano Suñer o los Abelló."                      (Daniel Yebra / Antonio M. Vélez, eldiario.es, 18 de enero de 2024)

Daniel Bernabé: Extraña que estos días haya pasado desapercibida la intervención de la troika en España: es que aquel 2012 no es este 2022... el término “rescate” era un eufemismo de intervención económica perpetrada mediante cirugía de guerra... Tal amnesia selectiva tiene como función que evitemos realizar comparaciones con nuestro presente... sobre el hecho de que en esta legislatura se están tomando decisiones, concretas y útiles, que indican una dirección inédita en Moncloa que frena una inercia neoliberal de décadas. Dejar constancia de ello puede que moleste a la derecha... En aquel año 2012, el Gobierno del PP hizo unos recortes de 27.300 millones de euros... Tenía un objetivo a cumplir: que la crisis recayera sobre los trabajadores y no sobre las grandes empresas... La primera parte de la escapada hacia adelante, quedarse con el dinero de la gente, funcionó... pero en mayo Bankia se hunde. Su rescate, según cifras del Banco de España en 2021, costó 65.725 millones de euros. Ese hundimiento no es más que otro de los eufemismos utilizados para tapar que Bankia mintió en su salida a bolsa... En sus primeros seis meses, el Gobierno de Rajoy culminó una transición radical hacia un nuevo modelo de país... nunca ha existido un político tan capaz a la hora de llevar a cabo un proyecto político: el del poder económico más fanático. Todo aquel destrozo, todos aquellos recortes, se realizaron bajo la coartada de que España tenía que recuperar la confianza de los inversores... aquellos recortes impuestos por la troika teníen una intención no confesable: poner de rodillas la soberanía de la zona euromediterránea para adaptar esos territorios al proyecto UE capitaneado por Alemania y los Países Bajos... Fue la clase trabajadora la que resistió mediante dos huelgas generales e infinidad de protestas. Aquella resistencia se contestó con palos y cárcel. Para el año 2014 había 260 sindicalistas con procesos abiertos y penas que alcanzaban los 120 años de prisión... Algunos, quizá porque lo vivimos a pie de calle, a pie de oficina de desempleo, nos resistimos a olvidarlo... Aquellas protestas dieron como resultado un Gobierno inédito en 80 años... El actual Consejo de Ministros ha aprobado este martes el techo de gasto para los presupuestos de 2023. Máximo histórico: 196.142 millones de euros...

 "Con lo dados que somos en este país a las conmemoraciones, en un amplio abanico que va desde las bodas reales hasta los goles de Iniesta, extraña que estos días haya pasado desapercibida una efeméride que nos afectó de manera demoledora. El 23 de julio del año 2012, Luis de Guindos, ministro de Economía del Gobierno Rajoy; Luis María Linde, gobernador del Banco de España; y Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, firmaron el memorando que hacía efectivo el rescate para España. Si el término “rescate” era un eufemismo de intervención económica perpetrada mediante cirugía de guerra, de Guindos superó la pirueta calificando la operación de “préstamo en condiciones muy favorables”, como si nos fuéramos a comprar un adosado en Torremolinos.

Tal amnesia selectiva tiene como función no sólo que olvidemos aquel episodio, sino que además evitemos realizar comparaciones con nuestro presente, uno en el que Alberto Núñez Feijoó encabeza las encuestas electorales. Ahora somos golpeados por una crisis bélica, energética e inflacionaria que, como les contábamos la semana pasada, hace aflorar el cinismo, cuando no el catastrofismo. En esta temporada hemos leído unas cuántas malas noticias, pero también que el Gobierno ha arrancado a la UE una excepción ibérica que ha reducido un 50% el precio de la luz, que se han desvinculado los alquileres del IPC, tasándose la subida máxima en un 2%, y que se ha puesto en marcha una legislación laboral que ha favorecido la contratación indefinida hasta triplicarla. 

 El hecho es que atravesamos serias dificultades a causa de un contexto internacional desfavorable. El hecho, también, es que en esta legislatura se están tomando decisiones, concretas y útiles, que indican una dirección inédita en Moncloa que frena una inercia neoliberal de décadas. Dejar constancia de ello puede que moleste a la derecha y también a esa izquierda empeñada en calificar a este Ejecutivo de coalición como fracaso: el viaje a las catacumbas del identitarismo, allí donde sólo se enuncian principios sin tener que tomar decisiones, requiere del combustible de la derrota. Lo cierto es que dejar constancia de que hay serios problemas, pero que esos problemas se están enfrentando desde una óptica progresista vale no para encumbrar a Sánchez y Díaz, sino para dejar constancia de que la política vale para algo en un tiempo donde los ultras se alimentarán de su desprestigio.

Ampliar la democracia, es decir, situar la soberanía popular como mandato de la economía, sólo puede empezar a producirse si se reconoce el cambio de rumbo. No conozco ningún caso donde fomentando el desánimo y el fatalismo la gente haya sacado conclusiones acertadas para la defensa de sus intereses comunes: el “sálvese quien pueda” tiene un final donde esperan los salvapatrias. Pero para afirmar que existe un cambio de rumbo debemos conocer cuál era la dirección anterior, de ahí que sea tan importante conocer lo sucedido hace una década. En el año 2012 el Partido Popular ostentaba un poder omnímodo, por sus victorias en las elecciones autonómicas y generales del año anterior, pero también por la connivencia del aparato mediático, económico e institucional, que no dudó en impulsar a Rajoy en aquella auténtica restauración conservadora. 

 En aquel año 2012, el Gobierno del PP presentó, de la mano del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, unos presupuestos generales que calificó como “los más austeros” vistos nunca. Aquella frugalidad consistió en un recorte de 27300 millones de euros. Se eliminó entre un tercio y la mitad del dinero destinado a los ministerios, precarizando nuestra administración pública a un nivel inaudito. Se recortaron las becas en un 11,6%, un 5,6% en dependencia o un 74% en cooperación internacional. El servicio público de empleo vio reducido su presupuesto en un 15 ,6%, en un momento donde el paro rozó los seis millones de personas. La reforma laboral del PP, aprobada en febrero por decreto, abarataba el despido, destruía la negociación colectiva y hacía endémica la temporalidad. Tenía un objetivo a cumplir: que la crisis recayera sobre los trabajadores y no sobre las grandes empresas. 

 

En materia fiscal, el Gobierno del PP subió todos los impuestos, pero especialmente los indirectos, como el IVA, aquellos que se pagan independientemente de la renta. Además, decretó una amnistía fiscal para que aflorara el dinero negro, que más tarde supimos que tan sólo gravó a la mayoría de los defraudadores con un tipo del 3%. Además del propio recorte presupuestario, lanzó el plan de Estabilidad donde se recortaban otros 10.000 millones de euros, especialmente de sanidad y educación. Con el real decreto del 16 de abril el Sistema Nacional de Salud dejó de ser universal. Aunque ya habíamos conocido la pandemia de Gripe A en 2010 y un par de años más tarde nos enfrentamos al episodio del ébola, lo peor estaba por venir: en el desastre del coronavirus influyeron muchos factores, pero aquellos recortes no pueden pasarse por alto.

En aquel año 2012, mientras que el rey Juan Carlos protagonizaba el rocambolesco episodio de Botsuana, el sistema bancario seguía el camino de la Corona, demostrándonos que aquella orgía del ladrillo no iba a ser en balde. En mayo Bankia se hunde. Su rescate, según cifras del Banco de España en 2021, costó 65.725 millones de euros. Ese hundimiento no es más que otro de los eufemismos utilizados para tapar que Bankia mintió en su salida a bolsa, con la connivencia del auditor, Deloitte, que tan sólo certificó que la información presentada era “consistente con las políticas contables utilizadas por los administradores de Bankia”, es decir, que la mentira era al menos coherente con quien la enunciaba.

La realidad es que Bankia, que en principio no iba a ser más que la marca comercial del BFA, la fusión de siete cajas de ahorros, incluida Caja Madrid, acabó escindida de su matriz. El BFA se quedó con los 31.800 millones de euros en activos inservibles del ladrillo mientras que Bankia intentó una capitalización desesperada mediante su salida a bolsa: no es que no reuniera los requisitos legales, es que se inventaron un nombre para encubrir la precaria salud de la entidad. El capitán de aquella operación, para más inri, fue Rodrigo Rato, el ministro de Economía en el gobierno de Aznar y padre intelectual del ladrillazo. La primera parte de la escapada hacia adelante, quedarse con el dinero de la gente, funcionó. Pero en mayo de 2012, cuando Bankia y el BFA presentaron sus cuentas a la CNMV, esta vez sin la firma de Deloitte, todo el mundo supo que la fiesta había terminado.

El 9 de mayo se nacionalizó el 100% del BFA y la mitad de Bankia, en una operación que resultó el preludio exigido por el FMI para que, un mes después, el 9 de junio, el Gobierno pudiera solicitar el rescate. El sistema bancario español recibe 100000 millones de euros, pero España queda a expensas de la troika, compuesta por la Comisión Europea, el BCE y el FMI. La exigencia son nuevos recortes públicos, más la congelación de las pensiones, del subsidio por desempleo, la subida de los impuestos, un nuevo hachazo a las plantillas públicas y un recorte de 14000 millones de euros a las infraestructuras. En sus primeros seis meses, el Gobierno de Rajoy había culminado una transición radical hacia un nuevo modelo de país. Podría parecer que aquel presidente era, en el mejor de los casos, un hombre atolondrado, pero nunca ha existido un político tan capaz a la hora de llevar a cabo un proyecto político: el del poder económico más fanático.

Todo aquel destrozo, todos aquellos recortes, se realizaron bajo la coartada de que España tenía que recuperar la confianza de los inversores. Pero la prima de riesgo, incluso después del rescate, llegó a superar los 600 puntos básicos. Cada vez que España colocaba deuda pública en los mercados internacionales, como manera de financiarse, tenía que pagar unos intereses astronómicos. La realidad es que hasta que Mario Draghi, entonces gobernador del BCE, no pronunció su frase, “whatever it takes (haremos lo que sea necesario)”, comprando deuda pública, la situación no se empezó a estabilizar. Draghi sabía bien, antes había sido el jefe del banco de inversión Goldman Sachs en Europa, cómo funcionaba la gran impostura.

La realidad es que si la Gran Recesión del 2008 tuvo un origen estadounidense, la gigantesca estafa ocurrida cuando el sistema financiero alteró el mercado de la vivienda, sus métodos se habían seguido en España al pie de la letra, resultando nuestros bancos especialmente afectados por el despropósito. La cuestión fue que cuando se atisbaba el control de aquella primera crisis, los “brotes verdes”, llegó un segundo tsunami. Los bancos de inversión norteamericanos trataron de recuperar beneficios apostando contra la deuda pública del sur de Europa, en connivencia con unas agencias de calificación que ponían nota a nuestra deuda de una manera similar a como hicieron con las hipotecas subprime. Los países euromediterráneos tenían problemas reales en su estructura bancaria y económica, pero el negocio consistía en apostar contra la confianza de su deuda y embolsarse ingentes cantidades en operaciones a futuro, de ahí que los recortes nunca tuvieran ningún efecto en la confianza de aquellos cuatreros.

Pero aquellos recortes impuestos por la troika, inútiles respecto a su intención declarada, si tuvieron una intención no confesable: poner de rodillas la soberanía de la zona euromediterránea para adaptar esos territorios al proyecto UE capitaneado por Alemania y los Países Bajos. El gobierno del PP, siempre patriota, cedió en todos los aspectos, pasando de ser el poder Ejecutivo de España, al brazo ejecutor de la troika. El patriotismo sólo alcanzó para seguir echando más leña al fuego del independentismo catalán, pero nunca para poner líneas rojas a los hombres de negro, a los que nos llamaban PIIGS. Fue la clase trabajadora la que resistió mediante dos huelgas generales e infinidad de protestas. Aquella resistencia se contestó con palos y cárcel. Para el año 2014 había 260 sindicalistas con procesos abiertos y penas que alcanzaban los 120 años de prisión.

El actual Consejo de Ministros ha aprobado este martes el techo de gasto para los presupuestos de 2023. Máximo histórico: 196.142 millones de euros. En 2012 el techo de gasto fue de 118.565 millones de euros. La diferencia es notable, no sólo por la cantidad, sino también por la orientación. Hoy, en Europa, casi nadie defiende las políticas del recorte, más que por una cuestión social, por una razón de supervivencia del propio entramado de la UE. Pero la motivación no debe quitarnos la posibilidad: una vez que se ha abierto una brecha en el muro de la ortodoxia neoliberal sería trágico no pugnar para ampliarlo.

Creo que por eso conviene recordar que aquel año 2012 tuvo lugar, pese a que hoy caiga el velo del olvido sobre unos acontecimientos cruciales para entender la historia reciente de España. Algunos, quizá porque lo vivimos a pie de calle, a pie de oficina de desempleo, nos resistimos a olvidarlo. Puede que porque sintamos la dignidad de la memoria, por haber dicho no a aquella calamidad, a aquel proyecto de dominación, a aquel intento por ponernos de rodillas, a aquel sacrificio de todos para pagar los desmanes de unos pocos. Aquellas protestas dieron como resultado un Gobierno inédito en 80 años, uno que ha podido decepcionar en algunos aspectos, que se ha quedado corto en muchos otros, pero que, ni de lejos, es lo mismo que sucedió entonces. Repetir lo contrario, bien por interés, bien por torpeza, es abonar la mentira. Pero sobre todo el primer paso para que todo aquello se vuelva a repetir."           (Daniel Bernabé  , InfoLibre, 26 de julio de 2022)

España lidera el ranking de los países europeos con más ayudas públicas a la banca que se han perdido...

"España lidera el ranking de los países europeos con más ayudas públicas a la banca que se han perdido.Eurostat cifra el dinero desperdiciado en 58.415 millones de euros hasta finales de 2020. Se trata de unos 10.000 millones más que el ejercicio anterior. El incremento ha sido consecuencia de haber tenido que rectificar las cuentas del llamado “banco malo”, Sareb, por exigencias europeas.

 Las últimas cuentas revelan que España supera a Alemania, cuyos contribuyentes han tenido que soportar unas pérdidas acumuladas de 49.106 millones de euros hasta finales de 2020. Le siguen Irlanda, con 48.438 millones; Grecia, con 27.297, y Portugal con 22.340.

De este asunto lo más asombroso es la cuantía. De un rescate bancario que “no iba a costar ni un euro al contribuyente” como habían sostenido el presidente Mariano Rajoy y el ministro de Economía, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, hemos pasado a la sangría más elevada de Europa. Para poner las cifras en contexto, cabe recordar que los recortes en gasto social entre 2011 y 2014 ascendieron a 2,3 puntos del PIB (unos 24.000 millones de euros), según Fedea.

 Las cuentas de la Sareb requieren muchas más explicaciones. Sabemos que su deuda de 35.000 millones de euros se ha convertido en pública y que tiene un patrimonio negativo de 10.529 millones. Las pérdidas anuales acumuladas entre 2013 y 2020 ascendieron a 5.075 millones. Y según la propia entidad, el 60% de esta cuantía, 3.042 millones de euros, han sido originados por un swap que, inexplicablemente, se contrató en agosto de 2013 para cubrir posibles subidas de los tipos de interés. Entonces, la Sareb estaba presidida por Belén Romana, ahora consejera del Banco Santander. Este derivado de 42.221 millones de euros (el más cuantioso de la UE), fue contratado con varios bancos (Santander, Société Général, CaixaBank, Barclays, Credit Agricole) y hoy está diluido en el mercado.

Durante los últimos cuatro años el swap ha generado unas pérdidas superiores a los 500 millones anuales. En 2017 y 2018, por ejemplo, las pérdidas ascendieron a 548 millones y 570 millones de euros, respectivamente. Durante estos mismos años los presupuestos del Estado destinaron 474 millones y 481 millones a políticas de vivienda.

Los swaps son productos derivados de alto riesgo que han arruinado a miles de pequeñas empresas y particulares, cuyas consecuencias son imprevisibles incluso para sus diseñadores. En la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, el presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen, dijo que deshacer la operación del swap costaría 1.900 millones de euros.

Sabemos parte de la historia porque estamos en la Unión. Los responsables deben explicar las características de este misterioso contrato y cómo se puede evitar que siga costando un dinero que este país precisa en asuntos dramáticamente prioritarios."               (Andreu Missé, El País, 05/06/21)

El fiasco del rescate bancario de Rajoy... ha ocurrido lo contrario de lo prometido... la Sareb de Guindos, que tendría tendría “una rentabilidad del 15% en 15 años” (Guindos, noviembre 2012)... incrementa ahora la deuda española en 35.000 millones

 "La quiebra técnica del banco malo o Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), soterrada durante años, incrementa ahora —en la peor fase de la economía desde la Guerra Civil— la deuda española en 35.000 millones de euros, sumándole tres puntos, del 117,1% al 120% del PIB. Una cantidad que equivale a la mitad de los fondos de recuperación europeos no reembolsables previstos para España.

Es el fiasco que desborda el vaso. El conjunto de las pérdidas estimadas para las dos patas de la reforma financiera del PP, organizada hace casi un decenio por su titular de Economía, Luis de Guindos, roza el doble, los 70.000 millones.

 Primera: el rescate bancario (con inyecciones de capital para salvar entidades insolventes y compensaciones a sus compradores, los “esquemas de protección de activos”) se financió sobre todo con ayudas de la UE de más de 40.000 millones. El saldo a 20 de noviembre de 2019 ha sido un coste de 42.561 para el erario público, según el Banco de España (y de hasta 65.725 millones de pérdidas contando el daño al sector privado).

Segunda: a esa cantidad se le añade el agujero ya certificado del banco malo, 9.704 millones a final de 2020 (7.512 millones de pérdidas más 2.192 millones de capital consumido). Que aumentará al menos en otros 10.000 millones los próximos años, según la estimación más optimista. Y quizá el doble, pues solo le quedan por vender los peores activos (inmobiliarios: suelo sin clasificar, casi invendible; y créditos-promotor, otro tanto), consumiendo, para el diablo, buena parte de la deuda pública que ahora se multiplica. De ahí que se rocen los 70.000 millones.

El doble fiasco no es solo numérico, sino de objetivos. Ha ocurrido lo contrario de lo prometido. El rescate no detraería “ni un euro” a los ciudadanos, se comprometió el Gobierno.

No habrá “un coste para los contribuyentes” (Guindos, mayo 2012); “ningún coste para la sociedad, sino todo lo contrario” (Guindos, junio 2012); es solo “un crédito a la banca que va a pagar la propia banca” (Mariano Rajoy, junio 2012), se alegó.

Y la Sareb, cuyo derrumbe es la noticia de ahora, también debía ser un paraíso. Tendría “una rentabilidad del 15% en 15 años” (Guindos, noviembre 2012), gracias a un plan de negocio “sólido y prudente”, como lo presentó su primera presidenta, Belén Romana, ex directora general y candidata del ministro a cualquier puesto (marzo de 2013), cuyo segundo, Walter de Luna, matizó a sus mayores: “La rentabilidad acumulada para los inversores va a estar entre el 13% y el 14%”.

Eso sí, Guindos advirtió que “podría tener pérdidas en algún momento”, pero los beneficios llegarían a partir de “la mitad” de su vida, prevista hasta 2027. Menudo acierto. Jamás los tuvo, sino pérdidas crecientes: 261 millones en 2013; y 585, 103, 663, 565, 878, 947 y 1.073 millones negativos en cada uno de los siguientes ejercicios.

Y eso que se le prodigó ingeniería financiera. El primer truco, que ahora pagará el contribuyente, el aval del Estado a los 50.000 millones de deuda (solo se han recuperado unos 15.000), pasivo con el que se financió la compra de unos activos ruinosos; pero como la mayoría del exiguo capital la ostentaban las entidades privadas para que su deuda no computase como estatal, la Sareb no obedecía a los criterios de transparencia e incompatibilidades del sector público.

Segundo truco, ya en 2014 las pérdidas absorbieron todo el capital obligando a enmascararlas convirtiendo en capital la deuda subordinada. Tercero, como en 2015 afloró un agujero de 3.000 millones, pues una circular del Banco de España obligó a retasar todo el ladrillo a precios de mercado, se optó por difuminarlo a los años anteriores. Y como remate, en 2016 el Gobierno cambió la normativa permitiendo no apuntar las minusvalías a la cuenta de resultados sino a otra desde la que no aflorarían… Y así.

Gestión —continuista— aparte, y abstrayendo también los costes exorbitantes de su nutrida plantilla, la principal razón de tanto fracaso fue el penoso diseño de la corporación. Por la pésima calidad de los activos absorbidos de las entidades fallidas: fue “sensiblemente inferior a la inicialmente esperada”, ha reconocido el director general del FROB con Guindos y uno de los creadores de la Sareb, Antonio Carrascosa (Expansión, 12/4/2021). ¡Pero que se tasaron en base a los números de la consultora favorita, Oliver Wyman (reducidos), y la Comisión Europea ya advirtió que eran exagerados! Así que se impuso la venta a pérdidas, a precios del ladrillo inferiores a su valor en libros.

Y, para empeorar las cuentas, Romana contrató en verano de 2013 un derivado asegurador, un crédito swap para protegerse de aumentos de los tipos de interés sobre la deuda. Genial visión en una ex directora general del Tesoro: por efecto del “haré lo que sea necesario para salvar al euro” anunciado un año antes por Mario Draghi, los tipos REFI ya se habían desplomado a la mitad y en 2014 se pondrían a cero.

Lo que generó pérdidas añadidas por 3.200 millones a la Sareb, por apostar a la mula coja de una próxima subida. Y correlativas ganancias para el sindicato de bancos asegurador, copilotado por el Santander, a cuyo consejo se incorporó Romana en enero de 2015 sin cursar ninguna cuarentena por razón de incompatibilidad moral; legal no la había.

 Todo muy discreto. Pero algunas entidades, menos ingenuas, no se dejaron engañar. Provisionaron sus aportaciones de capital dándolas por fallidas casi al inicio.

¿Era ineluctable el fracaso? Pues no. El banco malo de Suecia, creado en 1993 recuperó 50.000 millones de los activos (cuantificados en 65.000) que absorbió. Al Nama irlandés, fundado en 2009, se le colocaron 70.000 millones de activos tóxicos y saldó las deudas en marzo de 2020.

No era la idea lo malo del banco malo español, sino sus fundamentos: “Era todo una quimera”, rememora uno de los participantes en el proyecto, “que ha redundado en una gigantesca transferencia de deuda privada al sector público y a otras entidades saneadas, una verdadera socialización de pérdidas”.

Esa precaria arquitectura obedeció a la premura con que Guindos precipitó el estallido de la crisis de las cajas, con unas declaraciones al Financial Times, al inicio de 2012, afirmando que la banca española necesitaba provisiones por 50.000 millones… sin tener preparados los mecanismos para hacer frente al estallido.

Era su estrategia de presión, insólitamente pública en un gobernante, para romper con la del “aterrizaje suave” que encabezaba el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. “Queríamos ir a por todas. Huíamos del parcheo anterior”, alegó el ministro en su libro España amenazada. Solo dos años después, en febrero de 2014, invirtió su óptica: “Lo importante es ganar tiempo y Sareb es un instrumento para ganar tiempo”. El exjefe de Lehman Brothers en España ganó tiempo y posición. El contribuyente paga esa fiesta."                 (Xavier vidal-Foch, El País, 21/05/21)

La deuda de la SAREB de De Guindos nos explota en la cara... El truco contable del Partido Popular no cuela. Europa obliga a España a contabilizar las deudas y pérdidas del Banco Malo como públicas y dispara nuestra deuda hasta el 120% del PIB... Si las deudas de la SAREB son públicas, las viviendas de la SAREB son públicas también... se deben usar para atajar el grave problema del alquiler

 "Ya está. Europa dijo basta a los truquitos contables de De Guindos y el Partido Popular. Lo de “esto no es un banco público” ya no cuela. Ayer el Eurostat incluyó la deuda del Banco Malo en la deuda pública española. De golpe y porrazo debemos otros 35.000 millones de euros que se suman a nuestra deuda pública. Pasamos del 117% al 120% del PIB. Bueno, de golpe no ha sido. Esto se veía venir y muchos lo hemos denunciado repetidas veces.

Por poner en situación, la SAREB fue creada para poder comprar activos inmobiliarios a los bancos y limpiar sus balances a los ojos de Europa, de las auditorías contables y de los inversionistas/accionistas. Tenían que mostrar que eran entidades saludables y qué mejor manera que socializar las pérdidas una vez más. 

El truco de trilero inventado por el actual vicepresidente del BCE fue el de crear una empresa donde lo público pusiera gran parte del dinero, pero que no fuera contabilizado como público. Intentó engañar a Europa y nos intentó engañar a las y los españoles. Al final, Europa ha dicho basta y, en medio de una nueva crisis y con la deuda pública en máximos históricos, nos meten de una tacada una deuda mayor que los fondos europeos para la reconstrucción que vamos a recibir este año. 

¿De dónde viene el agujero?

La trampa consiste en que para que una empresa sea considerada pública, más de la mitad de su capital tiene que ser público. Si no lo es, no tiene que aparecer en las cuentas públicas, sus deudas no tienen que considerarse públicas y sus pérdidas no son contabilizadas como déficits del Estado. Todo perfecto en unos años en los que los hombres de negro no apartaban la vista de España y el sacrosanto déficit era más importante que la sanidad o las miles de familias desahuciadas.

El truco de trilero de De Guindos fue “convencer” a unos cuantos bancos de que estos pusieran el 55% del capital inicial. De ese modo, los agujeros del Banco Malo no contabilizaban como públicos a los ojos del Protocolo de Déficit Excesivo europeo, o sea, los agujeros públicos no se consideraban públicos y Mariano Rajoy podía maquillar sus cuentas ante Bruselas. El “convencer” lo entrecomillo porque convencer a unos bancos de que pongan la mitad del dinero para luego autocomprarse su propia basura financiera e inmobiliaria no creo que le costara mucho al entonces ministro de Economía del Partido Popular.

Pero el truco no acaba ahí. Los 4.800 millones de capital que se pusieron (1.200 millones de capital y 3.600 de deuda subordinada), de los cuales el 45% lo pusieron las arcas públicas y el 55% las privadas, para acometer la compra de todos los activos tóxicos de los bancos no eran suficientes. Fue en ese momento cuando la SAREB emitió 50.781 millones de euros en bonos, 20 veces más de lo que habían puesto los bancos privados. Pero para ese préstamo, aquel porcentaje del capital inicial en el que lo público era minoritario parece que se le olvidó al señor de Guindos y fue el Estado quien avaló completamente esos bonos. Si la SAREB quiebra y no puede devolver esas deudas, los bancos que han puesto el 55% del capital no tienen ningún tipo de responsabilidad. La banca siempre gana… sobre todo con el Partido Popular.

Con esas deudas a nuestras espaldas, la SAREB ya contaba con casi 55.000 millones de euros. Los 4.800 iniciales volaron con los gastos y con un SWAP, un derivado financiero en el que dos partes acuerdan intercambiar los beneficios futuros de dos productos. Los otros 50.000 es lo que nos hemos gastado en comprar toda esa basura inmobiliaria, suelo y créditos de dudoso cobro que los bancos tenían. Pero los bancos privados, que controlaban más de la mitad, solo han puesto unos 2.500. Solo “perderán” 2.500 millones tras limpiarse sus balances e ingresar los 50.000 millones. Otro rescate más.

Pérdidas que son déficit

Y el agujero no finaliza ahí. Las pérdidas de la SAREB, que se llevan acumulando año tras año porque el Banco Malo nunca ha dado beneficios, han llegado hasta los 7.000 millones. Cifra que ahora Europa obliga a España a considerar como un déficit público. Los desmanes de los banqueros que han controlado el Banco Malo, las ventas de bloques enteros de edificios a fondos buitre a precios de ganga, el gran negocio de especulación del alquiler que han hecho las SOCIMI con el parque de viviendas que han comprado —SOCIMI que en muchas ocasiones están participadas por los mismos bancos que se libraron de esos activos vendiéndolos a la SAREB—... Todo ello, de un solo golpe, nos lo acabamos de comer en forma de déficit y deuda pública. Cuando los hombres de negro vuelvan a reclamar recortes para cuadrar nuestras cuentas, nos vamos a acordar mucho de ese déficit.

¿Y qué pasa si la SAREB quiebra? Que esos 35.000 millones se tendrán que ejecutar. Es decir, tendremos que pagar de los Presupuestos Generales del Estado o refinanciar esa cantidad. Deberemos desembolsar la cuarta parte de lo que nos corresponde de los fondos europeos para salir de la crisis de la covid-19.

¿Qué hacemos?

Llegado este punto, solo hay dos opciones. Una es que los bancos se hagan cargo del 55% de esa deuda y de ese déficit. Si ya hemos devuelto 15.000 millones y nos han cargado otros 35.000 más en nuestra deuda y el 55% es responsabilidad de los bancos privados, ¿por qué no lo pagan ellos?

Los bancos no van a querer pagar la factura, y el Estado no va a molestar a los bancos y fondos, como ya hemos visto recientemente con la polémica de Ábalos y la regulación de los precios del alquiler. Y la realidad es que ley les protege, ya que el avalista del préstamo es el Estado y no ellos. Un regalo que el PP nos envolvió y que se abre ahora.

 Por lo que aquí solo queda una opción viable, realista y totalmente necesaria en este momento: usar las viviendas de la SAREB para atajar el grave problema de vivienda y de precios en el que nos encontramos actualmente. En un momento en el que la ley de vivienda se está debatiendo, en un momento de crisis habitacional como la actual, con miles de familias pasándolo mal y con unos precios del alquiler y la vivienda controlados por los grandes fondos y entidades financieras, el Banco Malo tiene que servir como parque de vivienda pública. 

Es el momento de tomar las riendas de ese agujero sin fondo que ha sido el Banco Malo y ponerlo al servicio de la ciudadanía. Si las deudas de la SAREB son públicas, las viviendas de la SAREB son públicas también."                (Yago Álvarez Barba, El Salto, 24/03/21)

Me inquieta profundamente que la candidatura de Guindos sea un cambio de cromos para garantizar la presidencia del BCE al candidato alemán, Jens Weidmann... ¿No habrá sido Lane el tapado francés y de la Europa del Sur?

"Mariano Rajoy y Luis deGuindos se mostraban muy ufanos ante la candidatura del segundo a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), hasta que apareció por arte de magia la propuesta alternativa de Philip Lane, el actual gobernador del Banco Central de Irlanda. 

Si se analizara sólo el currículum vitae de cada uno de ellos no hay color. El puesto hubiese sido para el irlandés. La hoja de servicios de Lane es intachable, simplemente excepcional, pero ya no solo respecto a la de De Guindos, sino en confrontación con la de la inmensa mayoría de los miembros actuales del BCE. 

Otra cosa son los tejemanejes políticos que hay detrás de las distintas candidaturas. Cuando ustedes lean estas líneas ya conocerán quien ha sido el candidato elegido, pero permítanme analizar desde distintas aristas geoestratégicas qué hay detrás de la candidatura de Guindos.

En primer lugar, y aunque nos duela, debemos poner encima de la mesa un hecho irrefutable: la irrelevancia de España en el tablero internacional. (...)

Pero hay todavía una sensación más descorazonadora, la falta de un relato de pasión e ilusión en la defensa de los intereses de nuestro país. Es en este contexto donde debemos encuadrar, en primer lugar, la candidatura de Guindos. Se trata de recuperar el terreno perdido.

A cambio de qué

Para ello, obviamente, la diplomacia española habrá movido sus tentáculos para alcanzar el objetivo final, la vicepresidencia del BCE, en este caso en la figura del ministro de Economía. El problema es a cambio de qué. 

Y es en el análisis de estas cuestiones geoestratégicas donde surgen mis dudas sobre la conveniencia o no del acceso de un español a la vicepresidencia del regulador europeo. Si en el reparto de cromos aupamos a la presidencia del BCE a un candidato cuya estrategia va en contra de nuestro país, habremos hecho un pan como unas tortas. Y esto es lo que nos debería preocupar.

Me inquieta profundamente que la candidatura de Guindos sea un cambio de cromos para garantizar la presidencia del BCE al candidato alemán, el actual presidente del todopoderoso Bundesbank, Jens Weidmann.

 Y ahí está el problema. El actual presidente del BCE, Mario Draghi, a cada uno lo suyo, salvó el euro en julio de 2012, con su famosa frase "haré lo que haya que hacer, y créanme, será suficiente". 

Y es justamente la expansión cuantitativa emprendida por el BCE, que contó con la oposición de Alemania, unido a la relajación de la austeridad, lo que permitió la recuperación de nuestro país. Nada que ver con las medallas con las que se auto-condecoran Rajoy y sus muchachos. (...)

 El principal acreedor del Tesoro español ya es el Banco de España, lo que ha permitido refinanciar nuestra abultada  deuda soberana sin problemas. ¡Ah, por cierto, y sin inflación! De nuevo la teoría ortodoxa vuelve a fallar. Pero volviendo a nuestro tema, ¿sabe Rajoy que Wiedmann no hubiese permitido nada de lo que hizo por su cuenta y riesgo el italiano Draghi? 

 ¿Es consciente Rajoy que si Weidmann mantuviera esta postura a fecha de hoy, España entraría en recesión rápidamente? Por eso, cuidado con esas contrapartidas que huelen a caramelo envenenado.

Y para complicar el panorama, ¿qué papel juega Emmanuel Macron, defensor de un mercado de eurobonos (mutualización de la deuda), en todo esto? La visión de Macron choca con la postura alemana.

 ¿No habrá sido Lane el tapado francés y de la Europa del Sur? Si así hubiera sido, se habría tratado de pura esquizofrenia. Son, sin duda, temas apasionantes donde nada es lo que parece. Cuando ustedes abran este blog ya estará todo decidido. 

Pero permítanme un apunte final: el patriotismo se demuestra no apoyando a una u otra persona para uno u otro cargo, sino defendiendo las políticas que benefician a tu país. Y con este posible intercambio de cromos no tengo tan claro que nos interese la vicepresidencia del BCE."         (Juan Laborda, Vox Populi, 20/02/18)

¿Por qué acepta España sin cuestionar un nuevo recorte de gasto para este año de 5.500 millones de euros?

"(...) Cuenta el ministro cómo transcurrió la reunión del Eurogrupo que tuvo lugar en Bruselas el 12 de marzo de 2012. En ella se produjo aquella foto en que Jean-Claude Juncker aprieta por atrás con las dos manos la yugular de De Guindos.

 El ministró cuenta que aquella sesión del Eurogrupo fue “quizá la más dura que recuerdo con España”. Y, aunque lo calla, también la más humillante para él y para España. Porque, “el episodio del tigre saltando sobre la pieza al comienzo de la reunión no era nada en comparación con lo que me esperaba dentro”.

Lo que le esperaba dentro era “el tira y afloja con la cifra de déficit”. A pesar de su resistencia a aceptar las cifras de la Comisión, “volví a casa con un ajuste adicional de 5.000 millones de euros bajo el brazo porque la Comisión finalmente nos fijó un déficit público del 5,3% del PIB, medio punto menos que lo que pretendíamos. 

Mantuvo el objetivo del 3% para 2013, como finalmente tuvimos que reflejar en el Programa de Estabilidad que enviamos a Bruselas en abril de ese año. No era en absoluto creíble, pero daba igual. Era una cuestión casi de autoridad” (la negrita es mía).

Este relato es revelador de cómo se toman las decisiones sobre el déficit y los recortes en la UE. 

Primero, se ve que la fijación del déficit es un juego hipócrita de mercadeo político, un tira y afloja, no una decisión basada en criterios técnicos económicos. 

 Segundo, releva el fetichismo del déficit de la Comisión Europea, que deja de lado cualquier otra consideración económica (crecimiento), social (paro, pobreza) o política (populismos).  (...)

 Y es también ilustrativo el abandono del objetivo de equilibrio presupuestario a medio plazo por el nuevo gobierno del Reino Unido después del Brexit.

Dejémonos, por tanto, de fetichismos e hipocresías. ¿Qué sentido tiene exigir a España un nuevo recorte de gasto para este año de 5.500 millones de euros? ¿Por qué lo aceptamos sin cuestionar su oportunidad y sus efectos? En todo caso, que nos digan cuales serán esos efectos sobre el crecimiento, el paro, la pobreza, el malestar social y el populismo político. De esa forma, podremos verificarlo y exigir responsabilidades.

Esta última cuestión, la responsabilidad por los efectos de las políticas, es importante. Hasta ahora la Comisión Europea actuaba con total impunidad. Pero un fallo reciente del Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que la Comisión Europea y el BCE pueden ser juzgados como responsables de las consecuencias de sus programas de rescate. Se acabó la impunidad. 

Ahora la ética de las reglas fetichistas e hipócritas, como las del déficit, ha de ser sustituida por la ética de las consecuencias. Quizá la judicial sea una vía efectiva para el cambio de políticas. Volveremos sobre esta cuestión."            (Antón Costas, 30/10/16)

Viene otro rescate de Rajoy, el del BMN: la mayoría de sus activos son créditos fiscales con avales de nuestro dinero público. No tiene un duro...

"El año pasado se publicó que la mayoría de los activos de BMN eran créditos fiscales, que la Unión Europea no consideró como activos reales, y que permanecerán en las cuentas gracias al aval de nuestro dinero público en caso de quiebra del banco tal y como denunciábamos desde 15MpaRato.

Esto supone que la mayoría del valor que se le atribuye a BMN no proviene de activos financieros que puedan considerarse propios del banco, sino del respaldo que tienen garantizado vía dinero público.

Este año el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido no publicar las pruebas de estrés a bancos como BMN, con el fin de ocultar el estado real de entidades con problemas para que sigan operando como si no pasase nada.

Con numerosos cierres de oficinas y despidos, BMN ha intentado cumplir con las exigencias de Barclays, contratada con dinero público a través del FROB, dirigido por Luis de Guindos para salir a bolsa en 2016.

La salida a bolsa no se ha producido sencillamente porque sus cuentas no son fiables. Eso no impidió en su dia que sacarán Bankia a bolsa, pero el proceso que abrimos en la Audiencia Nacional por ello y que de momento les ha obligado a devolver 1.500 millones a ahorradores y pequeños accionistas, hace que se lo piensen dos veces.

Así que nuestro omnipresente Ministro de Economía en funciones vuelve al rescate en una operación de fusión con la también rescatada y nacionalizada Bankia, en un intento de hacer desaparecer los números imposibles de BMN.

Hoy mismo se ha publicado que Bankia, para devolver el dinero con la que la hemos rescatado, necesitaría aumentar su cotización un 330% si incorpora a BMN en sus cuentas.

Si ya se está reconociendo en el entorno económico que el dinero no va a poder devolverse, ahora será mucho más difícil.

Es más, existe un importante riesgo de que las acciones de Bankia bajen aun más al tener que hacer frente a la carga de BMN.

Por ello entendemos que la situación de BMN es desesperada, por el hecho de que se haya realizado este anuncio sin que exista la posibilidad de llevarla a cabo al no existir gobierno para tomar esta decisión, promoviendo además la imagen de que Bankia ya puede operar como un banco privado, cuando no es así.

La situación de Luis de Guindos no es mejor, porque no puede permitirse en su curriculum que se lo quiebre un banco nacionalizado, ya que esta vez sí sería responsabilidad suya y no podría encubrir posibles actividades delictivas que hayan llevado a cabo los antiguos o nuevos gestores. (...)"                 (Octavio 747 , 15MpaRato)

El rescate de Guindos: “en julio de 2012 nadie nos prestaba ni un euro”. ¿Qué sucedió entre enero y julio de 2012, cuándo sí nos prestaban? Que Rajoy provocó el pánico bancario.. él solito (sin Zapatero)

"(...) La causa de la crisis fue la burbuja inmobiliaria, como ha reconocido el propio Guindos, que se formó siendo él y Rajoy miembros del Gobierno Aznar. En 1996, cuando Aznar llega a la Moncloa, a un español medio le costaba 3,5 veces su salario anual comprar una vivienda. En 2004, cuando el PP perdió las elecciones, le costaba siete veces.

La burbuja estalló y generó una grave crisis, como en Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Nueva Zelanda, etcétera. En España, dos de cada tres empleos destruidos entre 2008 y 2011 fueron provocados por el pinchazo de la burbuja. Y fue la causa de la crisis bancaria. Europa, a diferencia de EE UU, gestionó mal la crisis. Si el BCE hubiera comprado deuda pública desde mayo de 2010 estaríamos contando otra historia.

Pero Zapatero no fue rescatado y Rajoy, sí. En diciembre de 2011, cuando Rajoy llegó a La Moncloa, había 30.000 millones en la cuenta corriente del Tesoro, el BCE tenía una línea extraordinaria de liquidez y el Tesoro público español pagaba una prima de riesgo elevada, pero 100 puntos básicos inferior a Italia y conseguía la financiación necesaria en cada subasta para no necesitar un rescate.

Como ha reconocido Guindos, “en julio de 2012 nadie nos prestaba ni un euro”. ¿Qué sucedió entre enero y julio de 2012 para que España fuera rescatada? El 4 de enero Luis de Guindos hizo una desafortunada entrevista en Financial Times. Anunció la creación de un banco malo con dinero público para sanear 170.000 millones de activos bancarios problemáticos y reconoció unas necesidades de capital de 50.000 millones.

En febrero de 2012 Guindos aprobó un decreto ley donde exigía a los bancos recortar el valor del suelo adjudicado un 80%. El decreto reconocía que BFA, matriz de Bankia, estaba en quiebra técnica, como está investigando el juez Andreu. Pero Rajoy decidió no crear el banco malo y Guindos prometió que los bancos podrían recapitalizarse sin ayudas públicas.

Aquello provocó una fuga de capitales y de depósitos sin precedentes en la historia de España, ventas masivas de deuda pública y la prima de riesgo estalló. Rajoy, en junio de 2012, claudicó a las presiones de la troika para pedir el rescate. Cuando llega el caos, pierde el control y en julio no había dinero para pagar las pensiones y a los funcionarios el siguiente mes.

Draghi dijo sus mágicas palabras el 25 de julio y Merkel se enfrentó al Bundesbank autorizando el cambio de estatutos del BCE para comprar deuda pública para evitar que Rajoy y Guindos hicieran saltar por los aires el euro y acabarán con el proyecto europeo. Lo que no supieron evitar es que 860.000 españoles perdieran su empleo en 2012."                 (José Carlos díez, El País, 16/09/16)

España destinó 220.000 millones entre capital, avales y garantías, a salvar al sistema bancario en crisis. De los 51.303 millones de euros inyectados en forma de capital, solo se han recuperado 2.686, el 5,23% . Y De Guindos, tomándonos el pelo... todavia

"El jueves pasado se cumplieron ocho años de la quiebra de Lehman Brothers. Aunque los problemas del sector financiero se arrastraban ya desde hacía un año, aquel 15 de septiembre de 2008 marcó el punto de inflexión que desencadenó la mayor crisis desde el crack de 1929. 

Las consecuencias fueron terribles porque la crisis financiera se convirtió rápidamente en una crisis económica que hundió a miles de empresas y provocó la pérdida de millones de puestos de trabajo. El Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en una intervención ante el foro de Davos, resumió así lo que había ocurrido: “Los bancos asumieron riesgos excesivos.

 Los empresarios se endeudaron demasiado. Los reguladores permitieron todo eso. Y ahora los contribuyentes tienen que acudir en su ayuda para limpiar toda la basura, lo que disparará la deuda del Estado y acabará teniendo consecuencias sobre los bienes públicos como la sanidad”. Así ha sido exactamente.

España tuvo que destinar 220.000 millones de euros entre capital, avales y garantías, a salvar al sistema bancario en crisis, básicamente cajas de ahorro muy mal gestionadas. Y a pesar de que tanto Rajoy como el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraron que el rescate no les iba a costar un duro a los contribuyentes, esos mismos alegres políticos que con tanta alegría hicieron esas afirmaciones reconocen ahora que no va a ser así.

 De los 51.303 millones de euros inyectados en forma de capital, solo se han recuperado 2.686, el 5,23%.

Pero ahora asistimos a un intento de controlar el relato y tratar de minimizar los costes políticos. A ello se entrega el propio ministro De Guindos con el libro España amenazada, que lleva como subtítulo De cómo evitamos el rescate y la economía recuperó el crecimiento. Es decir, el relato épico de un “éxito” contado desde dentro. Conocimiento de causa no le falta. 

Pero es el relato, no lo olvidemos, de quien aquel fatídico 15 de septiembre de 2008 era el director ejecutivo de la quebrada Lehman Brothers en España y Portugal. De Guindos no solo fue corresponsable de las malas prácticas bancarias que desencadenaron la crisis, sino que después, siendo ministro de Economía, ha dirigido las políticas que han aprovechado la crisis como gran oportunidad para aplicar la agenda neoliberal.

Afortunadamente hay otros relatores de la crisis que no han de incurrir, como De Guindos, en teorías autojustificativas para ocultar que han formado parte del problema, sino simplemente explicar la verdad. Quien quiera saber cómo ha sido la crisis, encontrará una extensa y documentada explicación en el libro que acaba de publicar el periodista Andreu Missé, director de la revista Alternativas Económicas.

 La gran estafa de las preferentes es fruto de una rigurosa investigación que hace honor a la mejor tradición del periodismo independiente. Las preferentes como paradigma de una crisis en la que se han sumado las malas prácticas de la banca y el pésimo funcionamiento de los órganos reguladores, comenzando por el Banco de España, “un ejemplo claro de captura de las instituciones públicas por parte del poder financiero”.  (...)"              (Milagros Pérez Oliva, El País, 18/09/16)

Guindos (el del rescate) nos envía a otro rescate... de 10.000 millones de euros. Y en 2018 el BCE dejará de comprar bonos y España tendrá que emitir 300.000 mill de deuda pública y el doble de deuda privada

"(...) Guindos ha dicho -sin ruborizarse- que la dignidad es un concepto jurídico difícil de definir igual que la honorabilidad, y se ha metido en un jardín poniendo de ejemplo el criterio de elección de consejeros de los bancos. 

Lo dice el consejero de Lehman que vendió cuotas participativas de la CAM en 2008. Valoró la caja en 5.000 mill y luego tenía un agujero de 15.000 mill que hemos pagado todos los españoles. Sin olvidar que fue quien desde Price elaboró el informe de fusión de las cajas gallegas que solicitó Feijo (también quebradas); que fue presidente de comité de auditoria de BMN, caja rescatada por él mismo incumpliendo la ley de incompatibilidad. Este miércoles presentará su libro y tendrá la desvergüenza de culpar a Zapatero de no ver la crisis.

Lo que no era previsible es que fuera tan claro en sede parlamentaria con los compromisos que ha asumido con Bruselas. Reconoce que para cumplir el objetivo de déficit es necesario aprobar en el parlamento el anticipo a cuenta del impuesto de sociedades que espera recaudar 6.000 mill. O sea, que si no lo aprueba, el déficit no se habrá reducido nada en 2016 a pesar de crecer al 3%, cerrar el presupuesto de gasto en julio y con el BCE comprando 80.000 mill de deuda pública en 2016 a tipos próximos al 0%.

En abril de 2012 Guindos envió a Bruselas su primer programa de estabilidad y dijo que en 2015 el déficit sería del 1% y la deuda pública en el 80% del PIB. Cerró 2015 con un déficit del 5,2%, una desviación de 40.000 mill, y la deuda pública en el 100% (una desviación de 200.000 mill).

 Ayer reconoció en el Congreso que el 15 de octubre debe comunicar a la Comisión las acciones correctivas exigidas que suponen recortes de 5.000 mill en 2017 y otros 5.000 mill en 2018. Y tienen que ser estructurales. Por lo tanto, el anticipo a cuenta deberá ser sustituido por otro recorte de 6.000 mill.

Este economista observador lleva mucho tiempo advirtiendo de los efectos desastrosos de la política fiscal del Gobierno. La realidad es como un grifo abierto, al principio mancha el fregadero pero con el tiempo perfora el acero inoxidable. 

Guindos y Rajoy han engañado a Ciudadanos ocultando estos recortes y pactando aumento de gasto que sabían que no iban a cumplir. En Ciudadanos hay dos opciones y no se cuál es peor: o no eran conscientes que habría que hacer esos recortes y viven en el limbo, o eran conscientes y ya son el PP 2.0.

Guindos ha reconocido que va a prorrogar el presupuesto de 2016, lo que supone más recortes para cumplir el compromiso de déficit. Y ha advertido que el nuevo gobierno, en cuanto sea elegido, deberá presentar los recortes de 5.000 mill o los españoles seremos multados con 5.000 mill, el doble del gasto en infraestructuras del ministerio de Fomento en 2016.  (...)

Por suerte, España está bajo las compras del BCE. Si no fuera por eso, ya habríamos sido rescatados de nuevo hace tiempo y nuestra prima de riesgo estaría en llamas. En 2018 el BCE dejará de comprar bonos y España tendrá que emitir unos 300.000 mill de deuda pública y el doble de deuda privada en los mercados.

 Si hubiera vida inteligente en el Psoe, estarían virando para una abstención con duras condiciones, forzando al PP para volver a incumplir sus promesas subiendo impuestos y haciendo recortes sin poder culpar a Zapatero. 

Tendrían dos años para rearmarse, hacer un programa económico socialdemócrata solvente y posible para recuperar la confianza de los españoles, sobre todo los jóvenes. Pero parece que quieren ir a terceras elecciones con un líder cuestionado por su partido, sin relato y ningún apoyo mediático contra el PP, que tiene el apoyo de la sexta flota. (...)"     (José carlos Díez, 15/09/16)

La crisis la han generado quienes han esparcido la deuda como instrumento de crecimiento sin nada detrás que lo soporte

"(...) Aquellos que nos arruinaron moral, social y económicamente, son los que a estas alturas quieren darnos lecciones de patriotismo, de sentido común, de estabilidad. Me recuerda a una canción de Joan Manuel Serrat, "Los macarras de la moral".  (...)

Esta es la sensación que sentí al escuchar en Año Nuevo una entrevista radiofónica a Luis de Guindos. No tiene desperdicio.  (...)

Pero vayamos a los datos. El gobierno de Rajoy, el de Luis de Guindos, nos ha endeudado como nunca en nuestra historia reciente, exactamente igual que han hecho nuestras gerencias bancarias y empresariales no financieras –básicamente el Ibex 35– alrededor de las burbujas inmobiliaria y de internacionalización.

 Como Luis de Guindos afirma, la emisión y renovación de deuda pendiente el año próximo es de 400.000 millones de euros. Y esa vulnerabilidad la han generado ellos, gobiernos y élites extractivas, no la ciudadanía, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni VOX, ni UPyD. 

Y él mismo debería saber que existen ciclos de aversión y propensión al riesgo en los mercados financieros, y que estamos entrando ya en un ciclo de aversión al riesgo. Es una de nuestras previsiones, como saben ustedes. Por lo tanto, el problema lo han generado quienes han esparcido la deuda como instrumento de crecimiento sin nada detrás que lo soporte, es decir, los patriotas de hojalata.

Ello se puede extender perfectamente a toda una batería de indicadores económicos. Resulta llamativo que el gobierno de Rajoy, que ha aumentado la pobreza de sus conciudadanos a niveles insoportables, se permita el lujo de hablar de populismos. Aquel ejecutivo cuya reforma laboral ha creado un mercado donde trabajar ya no garantiza salir de la pobreza, donde empleo es sinónimo de precariedad extrema, se erige como ejemplo de buen gobernante. 

Cómo es posible que el ejecutivo saliente, muñidor de esa tradición tan hispana de alimentar oligopolios, lobbies, grupos de poder, hable de populismos.

Los que nos amenazan ahora con el "España se rompe" no se han percatado de una ruptura, la inter-generacional, de consecuencias impredecibles. Jóvenes contra mayores. Padres contra hijos. 

España es un país donde la tasa de paro juvenil alcanza cifras bochornosas. España es un país donde los salarios no permiten a los jóvenes emanciparse y formar una familia -problemas de acceso a la vivienda, guarderías, precios fijados por los lobbies del Ibex 35- . 

España es un país donde los mejores abandonan, o tienen intención de abandonar e irse al extranjero en busca de un futuro mejor. Y han dicho basta. El actual esquema demográfico, económico -salvo nuestro sector exportador-, social y laboral es absolutamente insostenible. 

Pero eso no importa. El tema es continuar azuzando las llamas del nacionalismo catalán que los mismos patriotas de hojalata alentaron por cuestiones meramente tácticas, electorales. Ambos son iguales, se necesitan, se retroalimentan, son profundamente sectarios, insolidarios, ineficientes.

Hace tiempo que se está destruyendo la democracia. Desde estas líneas hemos aportado distintos enfoques a la hora de pensar en cómo están siendo enterradas o se intenta sepultar muchas formas de expresión democrática, de disidencia efectiva. En la próxima crisis que se avecina, a la vuelta de la esquina, la Superclase ha decidido que la democracia es una amenaza para su riqueza y poder.

 Tratan de alimentar una forma externa de democracia, con el fin de mantenernos tranquilos y entretenidos, pero intentan eliminar cualquier sustancia de ella, ofreciéndonos un espectáculo con el escenario vacío pero muy colorido.

Y es ahí donde los macarras de la estabilidad llevan tiempo bombardeando a la ciudadanía. "Elijan sabiamente" es un buen primer paso para castrar la democracia.  (...)

El enemigo de la democracia es el miedo paranoico a peligros imaginarios y aquellos que los promueven, mientras que los problemas reales se ocultan y se disfrazan."                (Juan Laborda, 02/01/2016)