Esta madre y este padre sobreviven literalmente en la playa desde hace meses tras su desahucio. Solo pueden alquilar 1 habitación para su hija. Alicante. España. Año 2024 (Juan Miguel Garrido)

Juan Miguel Garrido @JuanmiGG_News

Esta madre y este padre sobreviven literalmente en la playa desde hace meses tras su desahucio. Solo pueden alquilar 1 habitación para su hija. Alicante. España. Año 2024. 

Una madre con una hija encamada por su discapacidad que en diciembre serán desahuciadas.

 Otra madre con dos hijas, ya desahuciadas, van viviendo en casas de amigos. 

Al menos, 100 familias vulnerables en Alicante esperan una vivienda social.

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 1:32 p. m. · 18 sept. 2024 24,7 mil Reproducciones

Toda una vida metida en un coche tras el desahucio: “No tendrán valor de tocar a mis hijos”... “¿Qué Servicios Sociales son esos, que nos amenazan con que nos van a quitar a nuestros hijos en vez de sacar la cara por nosotros ante la Fiscalía?”, exclama desesperada Alejandra, que ha perdido su casa y no cuenta con alternativa habitacional en Ibiza

"A las 9 de la mañana y con cajas destempladas, Abraham, Alejandra y su hija mayor han tenido que dejar el hostal que les ha servido de refugio, que no de hogar, durante los últimos dos meses. Los otros dos niños de la pareja están en clase. A pesar de que la salida de los establecimientos hoteleros se realiza entre las 11 y las 12 del mediodía, la propiedad de este hostal situado en Santa Eulària (Eivissa) ha expulsado a la familia a esta hora, y les ha obligado a “salir corriendo”, con la excusa de que, como su estancia había sido larga, tenían que limpiar más a fondo. Otro atentado contra su dignidad.

Otro de los muchos que vienen sufriendo desde el día 30 de enero en el que se les comunicó que serían desahuciados de la casa en la que vivían los cinco. La familia se muestra muy crítica con la actuación de los Servicios Sociales de su pueblo, el que los vio nacer a todos. La rabia se mostraba en sus caras cuando el pasado lunes salían de la reunión con las asistentes sociales municipales que les llevan el caso y que en este periodo de tiempo han cambiado varias veces, “porque los que estaban antes dejaron el trabajo”, explica Abraham a elDiario.es. Alejandra no pudo contener los gritos. “No tenéis valor de tocar a mis hijos, por encima de mí tenéis que pasar”, decía en medio de un ataque de nervios, arropada por miembros del Sindicato de Inquilinas y ciudadanas particulares que se situaban en la puerta de las oficinas municipales en apoyo a la familia, exigiendo una solución.

Es el penúltimo capítulo del periplo vivido por esta familia ibicenca. Con todos los bártulos en el coche el martes, la pareja y su hija mayor, que tuvo que presenciar a unos metros de distancia y arropada por las amigas de la madre cómo la policía local acudía a pedir explicaciones a las personas que apoyaban a sus padres, se dirigían a otro nuevo sitio donde poder aguantar los días hasta que Cáritas les tenga preparado su nuevo alojamiento provisional. El nuevo establecimiento, pagado por el Ayuntamiento como los anteriores desde el mes de febrero, estará disponible para ellos hasta el viernes 8 de junio, fecha en la que si no estuviera preparada la ayuda de la ONG se quedarían en la calle. Al cierre de esta edición, la familia aún no había recibido ninguna respuesta.

Los Servicios Sociales de Sant Eulària des Riu les han comunicado que no hay más recursos para la familia. “Nos hemos comprado un coche este mismo lunes porque el viernes pasado en una reunión nos dijeron que este martes nos quedábamos sin alojamiento y que corríamos el peligro de que nos quitaran a nuestros hijos. Esto no va a pasar, antes nos vamos de la isla y lo perdemos todo, montamos a los niños en el coche y nos vamos”, asegura Abraham. Y, si las cosas no cambian, si las administraciones no ponen soluciones inmediatas ni encuentran una vivienda, este camino tendrán que emprenderlo más temprano que tarde. El viaje a ninguna parte.

Sin embargo, esta decisión traerá muchos problemas tanto a la pareja como a sus hijos. Alejandra y Abraham tienen trabajos fijos en Eivissa. Su marcha supondrá la pérdida de derechos adquiridos por parte de la mujer que trabaja en el Hospital de Can Misses y que el hombre tenga que dejar un buen trabajo que le ha costado mucho tiempo conseguir. Ningún trabajo en la península, de momento. Ningún contacto que les pueda ayudar fuera de Eivissa. La hija mayor, en edad adolescente, no quiere ni oír hablar de irse de la isla. “No quiero, tengo aquí a todas mis amigas”, explica resignada.

Los otros dos integrantes de la familia son dos niños que están cursando primaria con muy buenos resultados. “Les gusta mucho estudiar y estoy preocupado por cómo va a salir el curso, con todo este lío y ellos con los exámenes… Estamos intentando que les repercuta lo menos posible esta situación, pero es difícil”, explicaba Abraham ante los medios de comunicación que se congregaban a las puertas de los Servicios Sociales de Santa Eulària el pasado lunes. Si esta circunstancia se produce, que hoy por hoy es la posibilidad más realista, la familia abandonará la isla con una mano delante y otra detrás. “Pero no podemos consentir que se nos toque a nuestros hijos”, puntualiza Alejandra. “¿Qué Servicios Sociales son esos, que nos amenazan con que nos van a quitar a nuestros hijos en vez de sacar la cara por nosotros ante la Fiscalía?, exclama desesperada. ”Nos han tratado mal, muy mal, nos han estado engañando desde el principio“, reitera.

Historia de un desahucio anunciado

El 30 de enero la empresa de pagos contratada por la propiedad de la casa alquilada donde vivía la familia les comunicaba que tenían que abandonar la vivienda antes del 22 de febrero, porque se les había denunciado por impago y se les iba a desahuciar. Esta situación estaba provocada por un problema de Abraham con Hacienda por el cual se bloquearon sus cuentas. El resultado: no pudo pagar su renta de alquiler durante 4 meses. Pasado este tiempo, cuando resolvió el problema, el inquilino ofreció a la propiedad el pago de 500 euros más cada mes, además de la renta de 1.400 euros, para saldar la deuda. La empresa intermediaria no accedió y solicitó el pago de toda la deuda de una vez. La familia no pudo hacer frente al pago y la denuncia siguió su curso.

Abraham vio que la cosa iba en serio y que realmente el proceso de desahucio estaba en marcha. “Me vi totalmente desamparado, no podía hablar con los dueños de la casa para explicarles lo que había pasado y que no me negaba a pagar en ningún momento. Y pasó lo peor. No sabía lo que hacer y me fui al Ayuntamiento a pedir ayuda”, narra a elDiario.es. “En Servicios Sociales me dijeron que mirarían nuestro caso. La trabajadora nos atendió bien, pero no supimos nada. En los juzgados me dijeron que en estos casos el Ayuntamiento daba un informe de vulnerabilidad con el que se podía parar este desahucio. Fui otra vez. Ya no estaba la persona que me había atendido y me pasaron con otra trabajadora a la que tuve que volver a contar todo”, especifica. 

La familia volvió a esperar la respuesta del Consistorio sin que esta se produjera y, ante este silencio y a falta de una semana de la fecha establecida para que abandonaran su casa, Abraham se volvió a personar en el juzgado de Santa Eulària para saber cómo iba el proceso. “Allí me dijeron que el Ayuntamiento no había remitido ningún informe y que el desahucio seguía su curso”, comenta. El padre de familia entró en pánico y, de nuevo, volvió a las oficinas municipales para saber qué es lo que estaba pasando. “Me dijeron que estaba en proceso”, añade. De nuevo, se produjo el silencio y un día antes de la fatídica fecha, cuando creía que todo estaba paralizado, volvió al juzgado. Allí le aseguraron que el Ayuntamiento no había mandado nada. “Fui a toda prisa a hablar con la trabajadora social que me indicó que el juzgado no les había solicitado nada y ante mi insistencia se pusieron en contacto y en ese momento empezaron a hacer el informe. La tarde antes”, concreta con desasosiego en su voz. 

La misma mañana del desahucio, el Ayuntamiento de Santa Eulària remitió el informe de vulnerabilidad al juzgado “que el juez desestimó por falta de documentación”, comenta Abraham. “Este ha sido el problema de todo. No se puede mandar un informe una hora antes de un desahucio. Si el Ayuntamiento hubiera hecho su trabajo en el mes que tenía que hacerlo, no estaríamos aquí, en esta situación. Y encima se atreven a decirnos que nos pueden quitar a los niños si no encontramos nada y, además, nos dicen que ellos no pueden ayudarnos más. El dinero que se han gastado en pagar un hostal tres meses se lo podían haber ahorrado y nosotros aún estaríamos en nuestra casa con todo pagado y viviendo como Dios manda”, manifiesta.

Asimismo, asegura que el servicio del Ayuntamiento es pésimo y el trato no es bueno. “Nos hablan como si fuéramos tontos. De hecho, en la reunión del lunes, ni siquiera contestaban a nuestras preguntas. Lo único que nos dejaron claro es que no nos podían ayudar más”, zanja Alejandra. Esta situación cambió, al parecer, por la presión que ejercieron los medios de comunicación y los miembros del Sindicato de Inquilinas a las puertas de los Servicios Sociales el pasado lunes, ofreciéndoles tres días más de alojamiento, lo que hoy por hoy y sin noticias de Cáritas no cambia nada.

Una versión muy distinta ofrece el Consistorio a elDiario.es. “Como dijimos en su momento, en cuanto supimos del caso el 1 de febrero nos pusimos en contacto con el juzgado y se nos dijo que por lo avanzado del procedimiento no requerían de ese documento. Hicimos el informe en el momento que lo requirió el juzgado, que fue el día antes del desalojo. Aun así, se pudo hacer y se entregó ese mismo día”, explican fuentes municipales.

Asimismo, el lunes por la tarde, después de la última reunión de los afectados con Servicios Sociales, el Ayuntamiento decidía emitir un comunicado ante las preguntas de los medios y la actuación del Sindicato de Inquilinas. “El Consistorio quiere remarcar que ha usado todos los recursos a su disposición para brindar una solución temporal digna a su situación. Ante la obligación de dejar libre la habitación, puesto que su hostal actual reclamaba su uso, se han buscado otras alternativas, dentro y fuera del municipio”, explicaban. “El Ayuntamiento ha actuado en todo momento cumpliendo con su obligación de ofrecer 'alojamiento temporal urgente', tal y como marca la ley, y siguiendo el objetivo de que las intervenciones de los Servicios Sociales deben tener siempre como uno de sus fines el garantizar la independencia y autonomía de sus usuarios y que no deban permanecer más tiempo del imprescindible recibiendo este tipo de apoyos”, apuntan.

Sin embargo, la autonomía de estos usuarios hace tiempo que se está tambaleando por el problema de vivienda que no ha sido resuelto por ninguna Administración, tampoco la municipal. No se ha implementado hasta el momento ninguna medida para sacar al mercado la numerosísima vivienda vacía existente, ni el Govern balear del PP aplica la Ley de Vivienda que podría topar los precios, ni crea zonas tensionadas para poder controlar el negocio de fondos buitres con la vivienda residencial, ni prohíbe el alquiler turístico, principal problema de la falta de vivienda asequible en la isla. El Ejecutivo de Marga Prohens ha aprobado una ley de vivienda que implica, entre otras medidas, potenciar el 'coliving', dividir las casas y crecer en altura.

“Por último, queremos recordar que la situación actual de problemas de acceso a la vivienda no es exclusiva del municipio de Santa Eulària, de la isla de Ibiza o de la Comunitat de les Illes Balears y que se necesita de la implicación de todas las administraciones para solucionar un problema que se sufre en buena parte del país y desde hace tiempo. El Consistorio, por su parte, viene aplicando políticas de apoyo a la ciudadanía para el acceso a la vivienda, como las ayudas al alquiler y a la compra de primera vivienda, así como el impulso junto a la iniciativa privada de unas 110 Viviendas de Protección Oficial en es Puig d’en Valls, y acaba de lanzar nuevas iniciativas para lograr ese objetivo, como son las iniciativas de usar tres parcelas municipales para el desarrollo de unas 240 Viviendas a Precio Limitado o crear una unidad policial, auxiliada por un servicio jurídico especializado, para combatir el alquiler turístico ilegal”, explica el comunicado municipal. Todas estas medidas, excepto las 110 viviendas de Puig dèn Valls, proyectadas por el anterior equipo de izquierdas en el Govern, están aún en ciernes y, de momento, no se sabe ni cuándo se van a poner en marcha.

Búsqueda de vivienda: misión imposible

Durante los tres meses que Abraham y Alejandra han estado viviendo junto a sus hijos en diferentes hostales pagados por el Ayuntamiento no han dejado de buscar vivienda. En todo este tiempo, solo dos de los cientos de anuncios en los que se han inscrito han respondido.

El primero de ellos valía 1.800 euros. Alejandra se mostraba muy contenta en aquel momento. “Ya tenemos casa”, comentaba exultante a elDiario.es. “Es muy cara, pero en estos momentos no podemos hacer otra cosa. Ya nos apañaremos”, decía en sus mensajes. Sin embargo, tres días después, la alegría se tornaba en desesperación. “Nos han pedido una carta de la anterior propietaria del piso donde vivíamos y le he tenido que contar todo”, aseguraba. Ante estas noticias, la propiedad del inmueble encontrado optó por otro inquilino. En estos momentos, la mujer se sumía en una profunda depresión. “Estamos atrapados, no encuentro una solución. ¿Qué vamos a hacer? No es posible que no haya ninguna vivienda disponible para nosotros. No quiero ningún psicólogo, quiero un hogar para mis hijos”, argumentaba.

Dos semanas después vislumbraban otra luz. “Nos han llamado de otro piso. Este cuesta 1.600 euros. No importa. Ya le he contado lo que había pasado y que no iba a haber ningún problema de pagos, que el Ayuntamiento nos estaba ayudando. Todo. Y parece que no le ha importado”, explicaba. Pero al cabo de unos días, el piso ya estaba alquilado a otras personas, probablemente sin cargas familiares y con nómina europea. El horizonte se volvía negro, muy negro, para Alejandra, Abraham y sus tres hijos.

Ahora, el coche que compraron esta misma semana está preparado para salir corriendo y salvar a su familia de los depredadores, ante la falta de respuesta de Cáritas y con solo dos días más de hostal pagados por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. Ni desde el Consell, que tiene competencias de menores, ni desde el Govern han dado una respuesta. El primero asegura que solo atiende “a los menores que sufren problemas derivados de maltrato a la mujer” y el segundo afirma que “es un problema competencial” y que ellos “no llevan eso”.

Por su parte, Abraham y Alejandra, en un acto de responsabilidad, supervivencia y amor por sus hijos tendrán que abandonar la isla, cada vez más hostil con los residentes y más amable con los famosos y la gente rica –estos días el pseudogurú Amadeo Llados se paseaba por el puerto en un yate alquilado– o los súper influencers que hacen promoción de una vivienda ilegal, Casa Paola, propiedad de la polémica casera Paquita Marsan."              

(Esther Cabezas / Marcelo Sastre , eldiario.es, 05/06/24)

Pagar por vivir en la miseria: así era la vida en el último piso trampa de Vigo desalojado por riesgo de incendio... “Eché mi miedo a verme en la calle y mi discapacidad a un lado porque, si no, nos íbamos a morir todos... Si en el fuego mortal de hace tres semanas, en el que perdieron la vida una madre y sus tres hijos, la causa fue un chispazo en un cuadro de luces en mal estado... aquí, la situación de la instalación eléctrica era, directamente, aterradora. El agua salía por los enchufes y bajaba por las bombillas en habitaciones sin toma de tierra... aquí todos los residentes pagaban alquiler... 250 euros al mes... no me quedó más opción que aceptarlo para no terminar en la calle”

 “Claro que lo aceleró todo. Después del incendio de la calle Alfonso X el Sabio nadie quería más muertos sobre la mesa”. Elena Moredo acaba de cumplir 58 años, padece una dependencia en grado tres y una discapacidad que ronda el 70%, pero fue ella quien denunció la situación infrahumana de los inquilinos de los números 11 y 13 de la rúa Fisterra. Esa notificación al ayuntamiento de Vigo ha acabado provocando que el juzgado decrete el desalojo forzoso del inmueble, una pensión ilegal en la que le cobraban 250 euros mensuales por vivir entre la miseria.

“Claro que lo aceleró todo. Después del incendio de la calle Alfonso X el Sabio nadie quería más muertos sobre la mesa”. Elena Moredo acaba de cumplir 58 años, padece una dependencia en grado tres y una discapacidad que ronda el 70%, pero fue ella quien denunció la situación infrahumana de los inquilinos de los números 11 y 13 de la rúa Fisterra. Esa notificación al ayuntamiento de Vigo ha acabado provocando que el juzgado decrete el desalojo forzoso del inmueble, una pensión ilegal en la que le cobraban 250 euros mensuales por vivir entre la miseria.

“Eché mi miedo a verme en la calle y mi discapacidad a un lado porque, si no, nos íbamos a morir todos de una infección o de una enfermedad”. Piensa en los mohos y los hongos que salían por paredes y techo, donde el agua desbordaba las cañerías y corría por todas partes; también en el “zoológico” con el que convivían: “ratas, cucarachas, pulgas...”. Pero, desde hace unos días, piensa sobre todo en las llamas. Si en el fuego mortal de hace tres semanas, en el que perdieron la vida una madre y sus tres hijos, la causa fue un chispazo en un cuadro de luces en mal estado –y del que los bomberos habían avisado un mes antes–, aquí, la situación de la instalación eléctrica era, directamente, aterradora. El agua salía por los enchufes y bajaba por las bombillas en habitaciones sin toma de tierra. Con un agravante frente a lo sucedido en Alfonso X: si allí se trataba de un edificio abandonado donde familias sin recursos habían buscado refugio, aquí todos los residentes pagaban alquiler.

El número 11 tiene cuatro plantas útiles. Un sótano “que es como una cueva”, el bajo, primer y segundo piso. La habitación en la que malvivían Elena y su marido –un informático en paro de 61 años que sobrevive con trabajos esporádicos en el puerto– no llegaba a los seis metros cuadrados. Todo el mobiliario era la cama y un cajón “que parecía un armario pero tenía un tubo dentro”. La ropa se guardaba “en bolsas o en cajas”. La única ventana no podía abrirse más que a golpes. Cuando lo consiguieron, introdujeron una cuña y la dejaron así permanentemente para que ventilase.

Pese a la maraña de cables sin toma de tierra, la única luz provenía de una lamparita de mesa porque el agua manaba tanto por la bombilla del techo como por el interruptor. En el único enchufe, con riesgo de sobrecarga, se conectaban la tele, el aparato de teleasistencia, el viejo portátil y los dos móviles. Por toda decoración, en la pared, una grieta que veían crecer día a día. “Empezó en 30 centímetros y ya supera el metro”. El resto de la planta baja estaba ocupada por otras cuatro estancias, todas alquiladas, y las zonas comunes: un largo pasillo, una cocina sin mesa –“comíamos en la cama”– y un único baño para todos los vecinos: un excusado, una bañera desconchada y un lavabo.

A todo eso era a lo que tenía derecho Elena por sus 250 euros al mes, algo más de la mitad de los 480 de su paga, el único ingreso fijo que entraba en aquel zulo. Los alquileres oscilaban entre los 100 y los 350 euros, según la estancia. Pero a los caseros todo aquello debía de parecerles un lujo, así que buscaron nuevas fuentes de financiación. Quisieron cobrar una tasa mensual de 50 euros por habitación para poder usar la lavadora. Cambiaron la vitrocerámica por una cocina de gas y pedían otros 20 euros al mes para comprar las bombonas. Como no funcionó, porque todos se negaron a pagar, comenzaron las intimidaciones, incluidas las visitas de personas “que se hacían pasar por policías secretos”.

La peripecia vital de Elena resume algunas de las grandes crisis de las últimas décadas. Nacida en Venezuela, hija de la emigración, trabajaba como cuidadora en la residencia de mayores Barreiros propiedad de Domus VI, la primera que se vio obligada a intervenir la Xunta durante la pandemia. Poco antes de la llegada del covid, tuvo que abandonar el ático en el que vivía con su pareja porque le redujeron el contrato a media jornada. Tras una búsqueda infructuosa de piso –en muchos casos, le colgaban directamente el teléfono al oír su acento latino– encontró, cree recordar que en internet, un anuncio de alquiler de habitaciones en la rúa Fisterra.

 “Obvio que vi que no estaba en buenas condiciones, pero ante la dificultad, no me quedó más opción que aceptarlo para no terminar en la calle”. El 10 de octubre de 2019 acude al Hotel Princesa a firmar el contrato de subarriendo con la sociedad Servihost 2018 SL. Como administrador de la entidad aparece Severino Pedrosa, socio en varias empresas de Cándido Álvarez, propietario del hotel, hoy cerrado. Ambos constan como administradores de Nosolar Princesa, que era la propietaria del inmueble cuando el ayuntamiento impuso sendas multas en 2019 y 2022. Sin embargo, en la actualidad, el dueño del edificio es Centro Finist SL, donde se recoge a Álvarez como administrador único. Aunque hoy aparentemente enfrentados, todo indica que propietario y subarrendador formaban parte de la misma trama. A la hora de cerrar esta información, no ha sido posible contar con su versión de los hechos.

Pero volvamos a finales de 2019, cuando se avecinaba una pandemia y el particular calvario de Elena estaba a punto de empezar.

Primero fueron los contagios en su trabajo. “¿Cómo mantienes la distancia de seguridad cuando tienes que mover a un abuelo? Apenas lo levantas, lo primero que sientes es su carita al lado de la tuya”. Sufrió covid más de una vez, adenovirus y hasta sarna “por faltas de medidas de seguridad”, tanto en Barreiros como en la residencia de Salesas-Teis, la que Domus VI presentaba como “vip” y donde residió hasta su muerte en 2016 el padre de Núñez Feijóo. En 2020, cuando ya vivía en Fisterra, sufrió “dos microictus” en 15 días que le provocaron la paresia de la que aún se está recuperando. Todavía tiene medio cuerpo paralizado, necesita asistencia para ducharse y un andador para desplazarse, pero asegura que, gracias a la rehabilitación, ha “mejorado mucho”. Por ejemplo, excepto alguna sílaba complicada que se le traba, habla ya con total normalidad.

Elena es usuaria del servicio de ayuda en el hogar. Una persona la asiste tres horas diarias de lunes a viernes –no es capaz, por ejemplo, de bañarse sola en esa bañera corroída–, por lo que su situación y la del edificio era conocida por el departamento municipal de asuntos sociales. Sin embargo, el ayuntamiento asegura que nunca recibieron informes que apuntasen a que fuese un riesgo para ellos vivir en esas condiciones. Tampoco lo denunciaba el departamento de Urbanismo. En los últimos años, se multiplicaron los expedientes y las multas, pero fueron siempre “por el estado de conservación”. “Ninguno” de los informes anteriores a la denuncia de Elena “revelaba que estuviese en peligro la seguridad del edificio y de sus moradores”.

El primer expediente sobre los números 11 y 13 de la rúa Fisterra data de febrero de 2015, cuatro años antes de que Elena se mudase a ellos. Por entonces, ya presentaban “deficientes condiciones de seguridad y ornato público” y por eso se ordenaba a los propietarios –entonces, una sociedad llamada Lógica Integral SL– tomar medidas para evitar desprendimientos y asegurar la estructura del inmueble. Dos años después, en junio, de nuevo Urbanismo solicita medidas, ahora ya “urgentes”. Ante la falta de respuesta, en octubre impone la multa mínima: 900 euros por el incumplimiento de las órdenes municipales, una cuantía que irá incrementando progresivamente ante la falta de pago.

Tras la primera sanción cambia el nombre de la sociedad propietaria de los edificios. Ahora se trata de Nosolar Princesa, SL. A ella le caerá la siguiente multa en mayo del 2019, en este caso por impago de las anteriores. En septiembre de 2021, seis años después del inicio del expediente, sin que nada cambie, el inspector señala: “El edificio continúa en muy mal estado de conservación. Como ya se indicó en anteriores inspecciones este edificio se usa a modo de pensión con personas de bajos recursos y se encuentra con graves problemas de salubridad”. Dos documentos, de 2019 y de enero de este mismo año ratifican que carecía de licencia para ejercer el alojamiento y la hostelería. En 2022, cuando a Elena le conceden la ayuda para el alquiler, la Xunta no puede hacer el pago porque la supuesta empresa arrendataria “no existe”.

En 2022 llega una nueva multa y, por fin, ya en este año, aparece una tercera empresa como propietaria de los inmuebles: Centro Finist, SL. A ella le toca recoger las últimas resoluciones. Tras el incendio mortal de Alfonso X, Elena, aterrada, escribe cartas al ayuntamiento y a la Xunta. “Las envié a todo el mundo, desde el que está más arriba hasta el de más abajo”. El 19 de octubre, una semana después del fuego, el ayuntamiento ordena el desalojo urgente de las viviendas. El 24, solicita al juez autorización para entrar en los edificios y proceder al desalojo forzoso, ya que la propiedad y la mayoría de los 40 inquilinos hacen oídos sordos. El juzgado lo concedió días después y ahora se está preparando el operativo, que implica a varios servicios municipales.

Elena y su marido ya no esperaron. Son dos de los 12 residentes que han aceptado ser recolocados de forma provisional en un motel. Con ellos se ha ido un marinero jubilado y dependiente de 66 años al que llaman cariñosamente El Abuelo y del que se han hecho cargo “porque no tiene a nadie más en el mundo”. Alimentándose a base de bocadillos, “es para lo que nos da”, se mantienen a la expectativa de lo que pueda pasar. Aunque las competencias en vivienda son de la Xunta, el ayuntamiento asegura que no se abandonará a nadie mientras dure esta “situación de emergencia”. Algunos ya han encontrado solución por sus propios medios. Otros, se da por seguro que volverán a Fisterra una vez los propietarios solucionen las deficiencias.

Los servicios sociales elaboraron un “perfil” de cada uno para buscar la respuesta más adecuada. En algunos casos, aseguran, pasará por complementar el pago de un alquiler digno. Sea lo que sea, deberá impedir que Elena y su marido vuelvan a afrontar el terror a “quedarnos en la calle y vivir bajo un puente”. El mismo terror que les hizo aceptar las condiciones infrahumanas de los alquileres de la rúa Fisterra."                     (Luis Pardo, eldiario.es, 04/12/23)

Muerte en un piso trampa de Vigo: Sara, Ezequiel, Aldara y Rosana fueron expulsados de su chabola por la presión urbanística... los que tardaron más en abandonar O Caramuxo, ya no encontraron hueco, y eso que en el barrio “hay mogollón de pisos vacíos”... en esas largas horas en las que los medios habían tomado la calle Alfonso X, la palabra “okupación” unida a la tragedia había sonado demasiadas veces. Otra residente recoge ese malestar: “Quisieron sacar a sus hijos de la chabola y la administración los dejó a un lado. Como no les dieron un alquiler, se buscaron la vida como pudieron. No entraron en casa de nadie: se buscaron un edificio abandonado, sin agua ni luz”... “Los sacaron de su chabola para meterlos en un ataúd”

 "Los sacaron de su chabola para meterlos en un ataúd”. Antón Bouzas es el coordinador de la asociación Os Ninguéns (Los Nadies), un colectivo vigués que lleva ocho años luchando contra las causas de la pobreza y su estigmatización. Para él, hoy es un día “terrible”. Conocía a Rosana -“una mujer súper responsable”- y a Ezequiel, Aldara y Sara, los pequeños fallecidos en un piso que se presentaba como su refugio ante la intemperie. También a su pareja y a la pequeña que los bomberos rescataron por la ventana del cuarto piso.

Como varias generaciones de su familia, Rosana procedía del poblado de O Caramuxo, en el barrio de Navia, “el más joven de la ciudad” y hacia donde se expande la urbe. Allí, en 2019, se levantaba una treintena de chabolas. En aquella parcela de 31.000 metros cuadrados, la empresa Global Fitness Sport quería levantar un complejo administrativo y deportivo. Pero, para eso, los chabolistas sobraban.

Ahí empezó la lucha del colectivo para quedarse en los que habían sido sus hogares durante los últimos 30 años; algunos, incluso habían nacido allí. En un primer momento, la jueza ordenó el desalojo pero poco después lo paralizó, al tiempo que reclamaba a la administración una “solución urgente” ante la “situación de vulnerabilidad” en la que quedaban las familias. Los chabolistas, a su vez, solicitaban alquileres sociales que los librasen de quedarse en la calle. Llegaron a manifestarse ante el ayuntamiento para demandarlos.

A partir de ahí, recuerdan desde Secretariado Gitano -una de las entidades que participó en el proceso de “acompañamiento”-, comenzó la búsqueda de realojo. Primero, una solución transitoria; después, más difícil, algo definitivo. “No todas las familias pudieron acceder a vivienda normalizada”. Muchos lo hicieron en los conocidos como Pisos del INEM, incluida -cuentan los vecinos- la madre de Rosana. Ella no. Para los que resistieron, los que tardaron más en abandonar O Caramuxo, ya no encontraron hueco, y eso que en el barrio “hay mogollón de pisos vacíos”.

Desatendidos por la Administración

“No hay un programa de vivienda donde recolocarlas”, confirma Ana Pardo, presidenta de turno de la Rede Galega contra a Pobreza y portavoz de Provivenda. Y en el mercado privado, además de precios inaccesibles para personas en la extrema pobreza, las que pertenecen a la etnia gitana se encuentran una dificultad aún mayor: el racismo. “Sufren un estigma. Incluso, cuando las inmobiliarias o los propietarios, con los que hemos hecho mucho trabajo de concienciación, no ponen problemas para alquilarles un piso, son los vecinos los que presionan”.

 No importa que sean familias modélicas, como la de Rosana, algo en lo que coinciden tanto los vecinos como los servicios sociales donde tenían su “historia abierta”. Los pequeños acudían tras las clases a un servicio de apoyo en un centro de día de Aldeas Infantiles que desarrollaba ese programa para la Xunta de Galicia. Nunca se les consideró en situación de desamparo, precisamente, por la actitud de sus padres. “Se desvivían por ellos”, recuerdan en el barrio. Pero estas medidas no son más que parches cuando no se tiene garantizado un hogar digno.

 “¿Dónde está la vivienda social que necesitamos todos? Hablamos de okupación, pero no hablamos de vivendas sociales, ¿verdad?. Hablamos de policía, pero nadie nos ayuda...”. El grito desesperado de una vecina se colaba en directo en la TVG tras la comparecencia del delegado del Gobierno. La mujer clamaba porque los agentes se habían presentado en el fuego sin extintores o porque “sólo vinieron tres ambulancias para treinta vecinos” (hubo otras, pero tardaron más de 40 minutos), aunque el núcleo de su mensaje estaba claro: en esas largas horas en las que los medios habían tomado la calle Alfonso X, la palabra “okupación” unida a la tragedia había sonado demasiadas veces. Otra residente recoge ese malestar: “Quisieron sacar a sus hijos de la chabola y la administración los dejó a un lado. Como no les dieron un alquiler, se buscaron la vida como pudieron. No entraron en casa de nadie: se buscaron un edificio abandonado, sin agua ni luz”. 

 “Las personas empobrecidas buscan siempre edificios de este tipo: abandonados por el propietario y las instituciones y en los que no se exigen normas de seguridad”. Por eso, lo que Bouzas se pregunta es “¿cómo vivían esos niños antes de morir, rodeados de peligros, de humedades, de basura?”. Una condición que compartía la treintena de habitantes del inmueble. La Xunta era conocedora de la situación de los pequeños, el Ayuntamiento de Vigo, también.

Para Antón Bouzas, lo de menos es que el incendio pueda haber sido provocado. “Eso no importa, ese edificio era un polvorín. No se puede consentir que la gente viva en esas condiciones en una ciudad tan rica como es Vigo”. Por eso, concluye, contundente aunque sin elevar el tono: “Que esos niños y esa madre hayan muerto en esas condiciones es culpa del ayuntamiento y de la Xunta, por mirar hacia otro lado”."                        (Luis Pardo, eldiario.es, 12/10/23)

Ayuso se divierte... La Comunidad de Madrid entierra las casas de los vecinos de la Cañada Real: "Os iréis por las buenas o por las malas"... Los soterramientos de viviendas dejan en la calle a más de una veintena de familias, problema que se suma a los cortes de suministro eléctrico y de agua desde hace dos años para los más de 4.000 habitantes de este barrio, de los que más de 1.800 son niños... pasa que Eroski y Sergio Ramos con el apoyo del PP tienen grandes intereses inmobiliarios en la zona... y además, vamos a ver, si los niños de la Cañada no tienen agua, por qué los barrios van a tener médico, que diría la presidenta...

Fonsi Loaiza @FonsiLoaiza

La Comunidad de Madrid con Ayuso ha dejado 2 años a 7.000 niños y niñas sin electricidad en la Cañada Real. Ahora está enterrando sus casas para desalojarlos. Eroski y Sergio Ramos con el apoyo del PP tienen grandes intereses inmobiliarios en la zona.

11:23 a. m. · 5 dic. 2022
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Carlos @culturpop
En respuesta a @FonsiLoaiza

Con ésto, con lo de los más de 4000 ancianos y con la de gente que muere por una atención sanitaria deficiente y desmantelada ¿se puede ya decir que Ayuso es una genocida, o todavía hay que esperar a unos cuantos muertos más?

11:26 a. m. · 5 dic. 2022
3Me gusta

"Pedro salió de su casa, se fue de viaje dos semanas, y al volver la parcela de la Cañada Real en la que vivía estaba vacía, llena de tierra. 

Su vivienda ha sido derrumbada por orden de la Consejería de Medioambiente de la Comunidad de Madrid, encabezada por Paloma Martín, y del Ayuntamiento de Madrid sin una orden judicial de por medio, según denuncian los vecinos.

Cada día desde hace meses, una empresa de construcción pone rumbo al Sector 6 de este histórico barrio para derrumbar decenas de hogares y, después, tapar los escombros con montones de arena. Debajo quedan todos los enseres de los vecinos: desde documentación, ropa o electrodomésticos a partes de vehículos como motocicletas o neumáticos.

"Cuando llegué, encontré a varios operarios con máquinas poniendo tierra encima de lo que parecía chatarra... pero era mi casa" señala Pedro. "Desde ese día estoy en la calle y, con ayuda de los vecinos, puedo dormir en algún sitio. No será por mucho tiempo porque desde el comisionado de la Comunidad de Madrid nos han amenazado. 'Os iréis por las buenas o por las malas', así nos lo han dicho".

A pesar de estas advertencias, los vecinos no se rinden. Said tiene una montaña de arena de cinco metros en las inmediaciones de su casa. Tiene miedo de salir, por si no puede volver a entrar: "Han puesto toda esta tierra intencionadamente para que se caiga encima de mi casa como lo han hecho con las de mis vecinos. En cuanto nos descuidemos nos echan con una mano delante y otra detrás, y dirán que ha sido un accidente. Si quieren matarme, que me maten, pero no voy a salir de mi casa. Si salgo, será muerto".

Como ellos, más de veinte familias se han quedado en la calle sin previo aviso y sin una propuesta de alternativa habitacional por parte de las administraciones.

"Nos están aislando, es un desalojo forzoso en toda regla"

Justificándose en que "están mejorando la zona", la Comunidad ha cerrado con piedras de gran tamaño ese terreno de alrededor de 2 kilómetros de soterramientos. De esta manera, al Sector 6 de la Cañada Real únicamente se puede acceder desde la entrada del municipio de Getafe. Decenas de vecinos quedan prácticamente aislados: hasta allí no llegan los camiones de basura, ni la cisterna de agua que necesitan al no tener suministro. Los niños y adolescentes que necesitan ir al colegio tampoco pueden pasar.

Antonio, vecino de la zona, está enfermo desde hace veintidós años y necesita un respirador cada cierto tiempo. En los últimos días ha solicitado atención urgente de los servicios de emergencia, una ambulancia a la que le resultó imposible llegar hasta él por esos cortes de acceso en una zona que ni siquiera está asfaltada.

 Un grupo de habitantes han recorrido la zona para intentar despejar el camino. "Hace unos días tuvimos que llamar a los bomberos. Les avisamos de que era en la Cañada Real y vinieron por aquí, que está cerrado. Cuando se dieron cuenta dieron toda la vuelta para entrar desde Perales del Río y el problema se agravó. Tampoco nos recogen la basura. Hay familias totalmente aisladas, esto es inhumano, es una vergüenza". Es el testimonio de Elena, quien ha acudido pala en mano con la esperanza de que al día siguiente pueda ir al médico o a la compra sin tener que tardar más de una hora para un recorrido de diez minutos.

Estas condiciones se suman a las denuncias que ya han llegado hasta Bruselas: los cortes de suministro eléctrico y de agua desde hace dos años para los más de 4.000 habitantes de este barrio, de los que más de 1.800 son niños."                   (Paula del Toro, SER, 05/12/22)

Los desalojados de las chabolas de familias, principalmente rumanas, en las que se fotografía Villacís terminan de nuevo en la calle... "Cada cierto tiempo, se desalojan asentamientos y se van al solar de al lado"... No es un problema nuevo y no es el primer Gobierno que ha notificado los desmantelamientos de este tipo de construcciones... la acción es siempre la misma: desalojar a la gente, derruir las chabolas y esperar a ver en qué otro sitio aparecen... las críticas a la vicealcaldesa Villacís han sido porque su actuación "es cruel para las personas que están en calle: tiro todas tus cosas y me exhibo"

 "Mientras otros les abren las puertas, en Madrid trabajamos por un modelo de ciudad incompatible con la okupación. Ya hemos desmantelado 597 chabolas que generaban insalubridad y molestias a los vecinos". De esta forma se jactaba este martes la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de haber echado de sus infraviviendas a 21 personas. En el momento en el que la líder municipal de Ciudadanos, acompañada de técnicos del Samur Social, del concejal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, y del de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño. 

 "Insalubridad moral es lo que veo yo ahí", le respondió en Twitter el actor Dani Rovira. Él y varios usuarios menos conocidos de la red social también enviaron críticas de este tipo a Villacís por calificar de "okupación" un asentamiento de chabolas. "Suponen la ocupación ilegal de la vía pública", razonan desde Desarrollo Urbano. "No se puede vincular okupación con chabolismo, no tiene nada que ver. Un asentamiento chabolista, por defecto, no es una vivienda. Y, si lo es, sería de quien la ha construido", replica a su vez Jesús Sandín, responsable del Programa de Atención a Personas sin Hogar de Solidarios para el Desarrollo. Para él, las fotografías en las que aparece la vicealcaldesa reflejan "una falta de sensibilidad difícil de justificar" con personas que viven en la calle.

 Se trata, entiende, de una "identificación totalmente perversa entre chabolismo o asentamientos y okupación". La líder municipal naranja ha recalado, en menos de un mes, en asentamientos ilegales de tres distritos: Ciudad Lineal, del que Niño es concejal presidente; Villaverde, dirigido por Concha Chapa, también de Ciudadanos; y Tetuán, dirigido por Blanca Pinedo Texidor, del PP.

 En cada una de estas intervenciones, en las de las chabolas y en la del solar okupado, los representantes del Gobierno acuden a enclaves en los que algunos vecinos han interpuesto "numerosas denuncias", alegan desde Desarrollo Urbano. Lo hacen acompañados de un equipo del Samur Social, que ofrece a los afectados plazas en la red de personas sin hogar. En el caso más reciente, el de Puente de Ventas, les propusieron acogerles en el CEMUS (Centro Municipal de Urgencias Sociales). Todos ellos, a pesar de que se plantearon aceptarlo, terminaron rechazándolo. "Cada cierto tiempo, se desalojan asentamientos y se van al solar de al lado", manifiesta Sandín. 

"Son personas que el Samur Social conoce y los equipos seguirán insistiendo y trabajando con ellos para que algún día puedan acceder a la red municipal y trabajar en su recuperación", afirman desde el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que dirige el concejal, también de Ciudadanos, Pepe Aniorte.

"El albergue está muy bien para el perfil para el que se ha diseñado. Los recursos no están mal, pero el problema es la ceguera que tenemos ante todas las otras situaciones que no se ajustan a ese marco", refleja Jesús Sandín, que agrega que los asentamientos están formados por personas que no están solas, por lo que deben ofrecerles una salida diferente. "Es como si tú vas a un hospital con un problema de visión y sólo tienen vendas y escayola. Necesitas otra cosa", ejemplifica el trabajador de una de las ONG que participa en la mesa de personas sin hogar del Ayuntamiento. "Si tienes un único modelo para todo el mundo, el que no se ajusta se queda fuera. ¿Un extutelado de 18 años tiene que ir a un albergue de personas sin hogar? ¿Ese es su horizonte vital?", se pregunta.

 Con un simple paseo por la zona de Puente de Ventas y El Carmen, es fácil encontrar a personas sin hogar. Samir, un argelino de 42 años, lleva un año y medio viviendo a unos metros del lugar en el que se encontraban las chabolas de familias, principalmente rumanas, sobre las que ha intervenido el Ayuntamiento. "Tengo miedo de que me echen", declara. Está juntando dinero con la venta de chatarra para mudarse a una habitación con su novia. Fátima, una saharaui de 56 años con problemas de corazón, ha construido con cartones una cama y un armario que mantiene impolutos. "Quiero irme a vivir sola", lanza. Ninguno de los dos aceptaría los albergues. Uno porque tiene "más libertad" en la calle y otra porque teme que "los matones me peguen".

No es un problema nuevo y no ha sido Ciudadanos el primer Gobierno que ha notificado los desmantelamientos de este tipo de construcciones, que se ejecutan desde el área de Urbanismo. "Nunca se ha sabido qué hacer con los asentamientos y se ha ido escurriendo el bulto. Cuando se interviene, la acción es siempre la misma: desalojar a la gente, derruir las chabolas y esperar a ver en qué otro sitio aparecen. No hay una política ni un plan de intervención o de oferta real de recursos", reconoce Sandín.

Sin embargo, las críticas a la vicealcaldesa no se han centrado en la acción, sino en el envoltorio: "Hacerte fotos en ese momento, que para ellos es emocionalmente muy duro y muy humillante, es muy poco empático con quienes tienes a unos metros de ti". En su opinión, ese acto "es cruel para las personas que están en calle: tiro todas tus cosas y me exhibo".

 Esta campaña de desalojos comenzó el 26 de agosto con una intervención en una parcela, esta vez sí, okupada por varias familias cerca del paseo de la Dirección, en Tetuán. Fue entonces cuando Villacís anunció que, hasta ese momento, el Consistorio había invertido tres millones de euros para la "recuperación de propiedades en la ciudad". En ese espacio okupado, el objetivo es construir "nuevas viviendas y equipamientos" para dar "un nuevo dinamismo al barrio", anunció Mariano Fuentes.

"Que quiénes somos para entrar ahí, me dice una espontánea 'anticapitalista' hoy -por el 26 de agosto- en Paseo de la Dirección. Somos los que vamos a hacer respetar la propiedad privada", escribió la vicealcaldesa en un hilo de Twitter ilustrado por otras cuatro imágenes en las que se aprecia cómo una excavadora entra en el edificio. Esa "anticapitalista" era Sara, amiga de Marisa Costoya, la última expropiada de las torres de Florentino en Tetuán, que vivió hasta el 6 de julio en ese terreno.

Ese día, Costoya estaba en Galicia. Le avisaron de que había una máquina para derruir la nave y mucha prensa. "Exclusivamente llevaron la excavadora para tomar unas fotos; no hicieron nada", señala. Pocas semanas antes, en ese mismo mes, una delegación más modesta se acercó a Tetuán con una orden de entrada para acceder a una vivienda que entonces no estaba okupada. "Era la de un chico que vivía ahí al que no le concedieron el realojo y que se había ido voluntariamente hacía un año. Había otras personas y yo creo que se cogieron tal cabreo que, aprovechando que había una excavadora ahí, empezaron a tirar la esquina de la finca", sostiene.

Pero ese derrumbe fue también cosmético: "Era mentira. Hicieron un acto de intimidación hacia nosotros, porque te llevan al límite siempre. Tiraron con la excavadora la esquina de la nave y creo que ellos mismos se dieron cuenta de que no podían seguir tirando porque es una sola finca. Pararon la excavadora y se fueron. Antes no se podía acceder a las naves porque la entrada está en la fachada y está tapiada, pero dejaron abierto y ahora hay gente viviendo en una de esas naves a raíz de que abriesen el boquete". (...)"                      (Ana Ayuso, EPE, 22/09/22)