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25.1.25

Telefónica estrena logotipo rojo... La derecha tiene razón en clamar al cielo: es probable que el nombramiento de Marc Murtra en Telefónica suponga la ruptura de un 'statu quo' que cumple casi treinta años... Los primeros años 2000 presenció la construcción de una red de periódicos digitales de signo liberal conservador. El Ibex-35, con Telefónica al frente, figuraba como el principal anunciante. Esta red ha persistido, ampliada, hasta hoy. Sus principales portavoces están preocupados y tienen razón... se puede alterar decisivamente el mapa de la financiación de los digitales... En un clima de mentira constante, y con una serie de directivas europeas por aplicar en el ámbito de la información, cualquier modificación puede tener consecuencias. En este ámbito, Telefónica tiene un papel protagonista... A Murtra, nuevo presidente de Telefónica, se le vincula al Partido Socialista catalán, con el que colaboró en la gestión del Ayuntamiento de Barcelona, y a Javier De Paz, no sin razón, se le vincula, con el PSOE, cuyas Juventudes Socialistas presidió en los años ochenta (Andrés Villena)

 "La derecha tiene razón en clamar al cielo: es probable que el nombramiento de Marc Murtra en Telefónica suponga la ruptura de un 'statu quo' que cumple casi treinta años. En realidad, una hegemonía conservadora que va más allá de los altos cuerpos burocráticos, de las élites judiciales y de las financieras

El cambio en la presidencia de Telefónica ha puesto en alerta al frente mediático opuesto al Ejecutivo: el caudillo Sánchez busca otro hombre de paja para culminar su conquista de las instituciones. En esta ocasión, como han afirmado en el PP, el presidente ha penetrado en el sector privado, más allá de Indra y de la influencia sobre el Grupo Prisa. El Ibex-35 está ya casi en manos del dictador comunista. Todos al suelo. 

Pero, más allá de este clima político y periodístico, que ya es común y estable entre convocatorias electorales, hay algunos detalles reveladores.  

La derecha ha puesto el grito en el cielo y tiene razón: es probable que el nombramiento del directivo Marc Murtra, el expresidente de Indra que ha sido apoyado por el Estado, por un fondo saudí, STC, y por Criteria Caixa, brazo industrial de CaixaBank, suponga la ruptura de un statu quo que cumple casi treinta años.  

Se trata de una hegemonía conservadora que va más allá de los altos cuerpos burocráticos, de las élites judiciales y de las financieras. De su connivencia con los altos mandos de la Policía y con los jerarcas de la Iglesia. Es la dirección de las grandes empresas estratégicas, que en el pasado fueron mayoritariamente públicas o de participación estatal, y que han estado hasta ahora controladas por empresarios cercanos al Partido Popular o por independientes de derechas.

Este dominio ideológico, tradicional entre la clase capitalista, se intensificó en 1996, cuando el presidente José María Aznar nombró número uno de Telefónica al financiero Juan Villalonga, uno de sus compañeros en el colegio El Pilar y hasta entonces colaborador de la Fundación FAES. 

Como ha narrado el periodista Jesús Mota en ‘La gran expropiación. Las privatizaciones y el nacimiento de una clase empresarial al servicio del PP’ (Temas de Hoy), esta decisión alteró el consejo de Administración de una empresa que estaba todavía participada por el Estado. En su consejo se quedaron directivos recomendados por el poder político que sobrevivieron a la venta total de la compañía. Fue, en realidad, la privatización de una red clientelar que siguió en manos de los delegados del PP.  

El cese de Villalonga, que tuvo lugar en 2000 en medio de resultados financieros más que favorables, puede atribuirse a su excesiva vocación de empresario independiente. Los intentos de Aznar por montar un grupo mediático conservador y la ofensiva judicial para acabar con la cúpula del grupo Prisa habían fracasado. 

El sucesor de Villalonga, César Alierta, financiero y expresidente de Tabacalera, trajo la estabilidad a la multinacional bajo un mandato sin estridencias pero con una sintonía latente con el poder conservador. Esta queda reflejada en su dirección del Consejo Empresarial para la Competitividad, un grupo de presión que reunía a las mayores empresas del Ibex-35 y que contribuyó a que el entonces candidato a la presidencia Pedro Sánchez no pudiera sustituir al primer ministro Mariano Rajoy.  

En 2005, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero intentó influir en la cabeza de las grandes empresas, pero quedó derrotado. El BBVA, presidido por Francisco González –colocado en la antigua banca pública Argentaria por Aznar y por su ministro de Economía, Rodrigo Rato–, rechazó la penetración de la constructora Sacyr, lo que hubiera forzado una sustitución en la presidencia. Alierta, consciente de estos movimientos, reclutó para Telefónica a un alto cargo del gobierno, Javier de Paz, cercano a Zapatero.  

Alierta cedió el testigo en 2016 a José María Álvarez Pallete, que, próximo a los círculos del Opus Dei, ha priorizado la gestión y ha cultivado buenas relaciones con las distintas fuerzas políticas. Pese a todo ello, los resultados accionariales no han sido precisamente espectaculares. 

En 2024 se produjo la entrada del Estado con un 10%, en respuesta a la compra que un fondo saudí, STC, había hecho de otro 10% de la teleco. Dicha compra permitía a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) nombrar un consejero. El elegido fue Carlos Ocaña, colaborador del exministro Miguel Sebastián en la etapa de Rodríguez Zapatero y coautor de artículos de investigación con el presidente Sánchez. 

Ocaña acumula buen currículum: ejercía hasta su nombramiento como adjunto al director general del Real Madrid, y tenía, además, vínculos con el Grupo Prisa, cuyo máximo accionista, el fondo de inversión Amber, también está presente en Indra, donde el exministro Miguel Sebastián figura como consejero designado por la SEPI. 

A Murtra, nuevo presidente de Telefónica, se le vincula al Partido Socialista catalán, con el que colaboró en la gestión del Ayuntamiento de Barcelona, así como en el Ministerio de Industria presidido por Joan Clos, exalcalde de la ciudad condal; y a Javier De Paz, no sin razón, se le vincula, con el PSOE, cuyas Juventudes Socialistas presidió en los años ochenta.  

El totalitarismo que algunas voces ahora denuncian refleja, en realidad, la posible pérdida de un privilegio económico y político. Los primeros años 2000, de precios inmobiliarios desorbitados, alocado endeudamiento y crecimiento récord de empleo, presenció la construcción de una red de periódicos digitales de signo liberal conservador. El Ibex-35, con Telefónica al frente, figuraba como el principal anunciante.  

Esta red ha persistido, ampliada, hasta hoy. Sus principales portavoces están preocupados y tienen razón. Claman contra el caudillo pero respetan el nombre de una compañía y un presidente que puede alterar decisivamente el mapa de la financiación de los medios privados. 

En un clima de mentira constante, y con una serie de directivas europeas por aplicar en el ámbito de la información, cualquier modificación puede tener consecuencias. En este ámbito, Telefónica tiene un papel protagonista. Solo queda confiar en el buen criterio del nuevo presidente y en que la compañía no rompa esa costumbre tan instalada en España que es no meterse en política."                          (Andrés Villena, eldiario,es, 21/01/25) 

20.12.23

El Gobierno aprueba la entrada del Estado en Telefónica con hasta un 10% del capital... mes y medio después del desembarco de Arabia Saudí en el accionariado... un camino para re-españolizar las grandes empresas... una muy buena, e impensable, noticia

 "El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el desembarco del Estado en el capital de Telefónica con hasta un 10% de las acciones. De este modo, la principal compañía de telecomunicaciones del país volverá a tener participación estatal tres décadas después de la privatización del grupo. La participación tiene un valor actual de mercado de unos 2.050 millones de euros.

La operación se realizará a través de la Sepi, la sociedad estatal que engloba las participaciones públicas en empresas. En un hecho relevante publicado al cierre del mercado, la Sepi ha explicado que el objetivo es “proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas”. 

 El movimiento del Estado llega en respuesta del desembarco de la empresa saudí de telecomunicaciones, STC, que de manera directa e indirecta plantearon a finales de verano la compra de hasta un 9,9% del grupo. De completarse la adquisición de un 10%, para la que el hecho relevante de la Sepi no pone fecha, el Estado volvería a ser el primer accionista del grupo de telecomunicaciones.

El Estado saudí mantiene, por su parte, actualmente una participación directa del 4,9%, a lo que suma otro 5% a través de derivados financieros. La entrada de este inversor levantó ampollas en el Gobierno y respondió con la propuesta de entrada de la Sepi, sin cifrar en qué cuantía. El hecho relevante de este martes completa la anterior información del Estado español. concluye de este modo el “análisis exploratorio” que abrió a finales de diciembre.

La Sepi justifica esta decisión en que Telefónica es una compañía “líder” en las telecomunicaciones, tanto en España como a nivel internacional, y en que desarrolla “un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos”.  

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha justificado el movimiento del Estado en que “supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales”. Además, recuerda que otros estados europeos ya están presentes en el accionariado de otras compañías. Alemania tiene el 13,8% de Deutsche Telekom, Francia tiene el 13,4% de Orange, y en Italia el Estado ha acordado alcanzar el 20% de la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.

Este mismo argumento ha sido utilizada por la vicepresidenta Nadia Calviño. “Telefónica es la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones, sino también en el de la seguridad y la defensa”, ha asegurado la ministra de Asuntos Económicos. “La decisión tiene como objetivo dar estabilidad para que la empresa logre sus objetivos”, ha incidido.

Preguntada por este anuncio por parte del Gobierno, la empresa ha optado por no hacer comentarios.

El movimiento anunciado por el Gobierno supone un hito más en un último trimestre frenético para la compañía española de telecomunicaciones. Al anuncio de la entrada de STC en el capital de la compañía sucedió pocas semanas después la presentación de un plan estratégico para los próximos tres años que contempla la reducción de las inversiones y la mejora de los márgenes para ampliar dividendos y reducir deuda. A los pocos días llegó el anuncio de un gran ERE para las filiales españolas del grupo. Aunque la cifra inicialmente superó los 5.000 despidos, el número ha descendido tras las primeras negociaciones con los sindicatos hasta situarse en el entorno de 3.900 personas.

La entrada del Estado en Telefónica tiene un fuerte componente simbólico, a la espera de conocer el impacto en la dirección de la compañía si solicitara entrar en el consejo de administración. El Gobierno de Aznar fue el encargado de culminar la privatización del que fuera uno de los últimos monopolios estatales, al tiempo que se aprobaba la liberalización del sector. Ahora, la compra de un 10% de la multinacional convertiría al Estado en el primer accionista del grupo.

Según figura en la CNMV, la Sepi superaría a BBVA, CaixaBank, Saudi Telecom Company (STC) y BlackRock. Durante los últimos años, la presencia de BBVA y La Caixa había operado como el pilar accionarial que había dado estabilidad al grupo. La irrupción de STC rompió esa situación, que ahora vive un nuevo capítulo con el movimiento de la Sepi.(...)"                (Diego Larrouy, eldiario.es, 19/12/23)