Mostrando entradas con la etiqueta Prostitución: caso Nueva Zelanda. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Prostitución: caso Nueva Zelanda. Mostrar todas las entradas

11.4.24

Catálogo de falacias abolicionistas... No vamos a dejar solas a las trabajadoras sexuales mientras se debate una reforma que clandestinizará aún más sus vidas... un modelo verdaderamente despenalizador únicamente recogería los tipos penales de prostitución forzada y prostitución de menores; es decir: la trata de personas... el modelo abolicionista nórdico vulnera los derechos humanos de las trabajadoras y no ha conseguido abolir absolutamente nada, tan solo barrer a las prostitutas de las calles para reubicarlas en espacios clandestinos... el modelo de despenalización neozelandés mejora la vida de las mujeres, es la opción recomendada por Amnistía Internacional, ONU Sida, Human Rights Watch e incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos... Desde hace nueve años la ley mordaza sanciona al cliente que solicita servicios en la calle, y esta medida, lejos de abolir la prostitución, lo que ha conseguido es precarizar a las mujeres, exponerlas a mayores riesgos y desplazarlas a espacios regentados por terceros (Paula Sánchez Perera)

 "El PSOE, alineado con la derecha, ha desempolvado la misma propuesta abolicionista que casos como el de Mediador le obligaron a guardar en el cajón. Desde la investigación académica y el trabajo de campo conocemos el impacto de estas medidas y en 2022 ya escribí un artículo documentando las consecuencias que esta reforma del Código Penal traería para quienes ejercen la prostitución. Sin embargo, los ideales pesan más que los efectos materiales para el añejo debate; por eso hay un sector más preocupado por el uso de términos como ‘trabajadora sexual’ que por que vayan a desahuciarlas en masa. Cuando una postura goza de todo el poder institucional, no asistimos a un debate, sino a un combate dialéctico en el que la hegemonía abolicionista disemina sin obstáculo sus eslóganes, mientras la postura proderechos queda relegada a la caricatura que esta hace de ella. Para contribuir a equilibrar la balanza, en este artículo repaso algunas de las falacias más habituales de nuestro falso debate.

1)    No existe ninguna evidencia que apoye que la regulación mejora la vida de las prostitutas. De hecho, en Alemania y en Holanda ha empeorado.

Más que de una falacia se trata de una falta de formación deliberada y la clase de expresión que demuestra que hay abolicionistas que solo se leen a sí mismas: ninguna organización de trabajadoras sexuales demanda el regulacionismo. De hecho, el propio sindicato holandés Proud denuncia sus inconvenientes y reclama, en cambio, el modelo de despenalización neozelandés. Para muchas “son lo mismo” porque clasifican las normas jurídicas en función de si “legitiman” o no la prostitución, pero, aunque no estemos en un examen de derecho, convendría ser rigurosas, no extender bulos y poner en práctica el pensamiento crítico: ese que comienza cuestionando los propios prejuicios. Verbos como ‘legalizar’, ‘regular’ o ‘despenalizar’ enuncian acciones muy diferentes.

Otra de sus fake news consiste en afirmar que en España la prostitución ya está despenalizada. Sin embargo, lo que despenalizó el PSOE en 1995 fue la tercería locativa, que Franco había penalizado en 1956 cuando declaró la abolición de la prostitución “velando por la dignidad de la mujer”. En nuestro contexto se combina un Código Penal que ya es abolicionista con un alterne reglamentado y un ejercicio callejero prohibido a través de ordenanzas y de la ley mordaza. Mientras el Código Penal español considera irrelevante el consentimiento de las prostitutas, un modelo verdaderamente despenalizador únicamente recogería los tipos penales de prostitución forzada y prostitución de menores; es decir: la trata de personas.

¿Hay evidencias de que el modelo despenalizador mejore la vida de las mujeres? Sí, por ejemplo, la evaluación oficial del gobierno neozelandés, estudios como el de la universidad de Otago con una muestra de 772 trabajadoras sexuales o, si lo prefieren en castellano, el volumen traducido por Virus. De ahí que sea la opción recomendada por Amnistía Internacional, ONU Sida, Human Rights Watch e incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. En cambio, el modelo abolicionista nórdico vulnera los derechos humanos de las trabajadoras y no ha conseguido abolir absolutamente nada, tan solo barrer a las prostitutas de las calles para reubicarlas en espacios clandestinos.

2)    Se legisla para la mayoría, que está obligada a prostituirse, no para las privilegiadas.

Al margen de que desconozco cuál es el privilegio del que goza una persona que carece de derechos –sociales, civiles y laborales–, sufre un estigma y suele estar, de hecho, en posición de opresión con respecto a quien le asigna este adjetivo, no existe ningún estudio cuantitativo que avale que el 80, 90 o 95% de la prostitución es trata. La ONU la cifró en su momento en un 14%, cifra muy similar a la hallada por Carmen Meneses en Euskadi. El reciente Plan Camino la estima en un 10%. Resulta fundamental no olvidar (como tantas veces nos ha reclamado el Consejo de Europa) que existen muchas más modalidades de trata de personas en nuestro país y el último balance del CITCO ha comenzado a dar cuenta de ello. En febrero una operación policial detectó 21 mujeres víctimas de explotación laboral en zonas agrícolas, a las que no dejaban comer ni beber y una de ellas había sufrido un aborto. Lo que tienen en común muchas modalidades de trata es el cierre de fronteras de la Europa Fortaleza que favorece a las redes, así como una ley de extranjería que condena a las personas migrantes a tres años de irregularidad forzosa.

3)    Se requiere de una ley abolicionista del sistema prostitucional junto a la abolición de la ley de extranjería.

El recurso a la ley de extranjería es una especie de comodín de la llamada, pero que en realidad se trata de un cliché vacío. En occidente, las políticas abolicionistas son uno de los instrumentos que emplea la policía para llevar a cabo el control migratorio, desde el enfoque trafiquista y securitario con el que Europa tematiza la trata, hasta las redadas en los clubes que acaban con aquellas mujeres que no pueden o no quieren denunciar en un CIE a la espera de deportación. Como mostró el informe de Mundo en Movimiento, el perfil mayoritario de mujeres encerradas en el CIE de Aluche era el de prostitutas latinoamericanas con cargas familiares. Estas políticas dan cobertura humanitaria a las deportaciones, opacadas detrás de verbos como “liberar” expedientes de expulsión. Por eso, oír a abolicionistas favorables a las medidas punitivas pedir a la vez la derogación de la ley de extranjería es como escuchar al director de un matadero hablar de antiespecismo: no cuela. Más sangrante, sin duda, cuando proceden de las filas del PSOE, partido que votó en contra de la PNL de Regularización Ya; colectivo del que es portavoz Kenia García, también militante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. Este, como otros tantos del movimiento migrante y antirracista, se ha significado como proderechos y obras como Putas migras de Linda Porn y Kali Sudhra dan cuenta de la coherencia de esta alianza.

4)    Ninguna mujer lo hace porque quiere: no existe libre elección en condiciones de miseria.

Estamos de acuerdo: en el capitalismo la clase obrera no suele trabajar porque quiera, sino por necesidad económica. Como tenemos conciencia de clase, entendemos que el hecho de que jornaleras, riders, camareras de piso, trabajadoras del hogar y un largo etc. no tuvieran un amplio abanico de opciones no significa que lo que hagan deje de ser un trabajo. Tampoco tiene mucha lógica sostener que darles derechos a estas personas favorece su explotación, al contrario, pero en dichos casos no existe un estigma nublando el juicio. La patronal del alterne lleva décadas demandando la regulación de la prostitución por cuenta propia y no ajena por algo: porque figurar tan solo como arrendadores del espacio y tener a las mujeres como falsas autónomas trabajando bajo sus condiciones es lo que les sale rentable.

Llamar ‘trabajo’ al trabajo no implica defender el trabajo, al menos desde una perspectiva de izquierda. Para el marxismo, en el modo de producción capitalista el trabajo es el ámbito de la venta de uno mismo como mercancía y, por tanto, se trata del contexto de la explotación. La única herramienta que hemos conquistado en estos últimos siglos para hacerle frente a los abusos y a la explotación, para reducir la vulnerabilidad y proteger a los trabajadores se llama derechos.

5)    Hay que poner el foco en la demanda: sin clientes no hay prostitución.

Como se lleva documentando en tesis doctorales e informes de entidades, con la crisis económica de 2007 primero y con la pandemia después, ha ocurrido más bien lo contrario: más oferta que demanda. Convendría recordar que eso de que “somos el tercer país del mundo en consumo de prostitución” viene de un estudio de 1998 que, a su vez, utilizaba datos de 1990 y solo observó nueve países.

No es que yo crea que la clientela de la prostitución sea el adalid del feminismo (al contrario) ni tampoco que no piense que la prostitución es una institución patriarcal (por supuesto que sí), pero no es la única y ni siquiera la más peligrosa (esa se llama matrimonio). El problema estriba en asumir que la causa de la prostitución es la clientela, porque ese enfoque individualista desresponsabiliza al Estado de las causas estructurales por las que existe, las cuales tienen más que ver con la feminización de la pobreza y el cierre de fronteras. No hay forma humana de “ir a por el cliente” sin perjudicar principalmente a las mujeres. Desde hace nueve años la ley mordaza sanciona al cliente que solicita servicios en la calle, y esta medida, lejos de abolir la prostitución, lo que ha conseguido, de acuerdo con el estudio del Grupo Antígona de la Universidad de Barcelona, es precarizar a las mujeres, exponerlas a mayores riesgos y desplazarlas a espacios regentados por terceros.

Para ser “invisible”, llama la atención que llevemos casi una década sancionándola, que exista una producción académica e incluso audiovisual creciente y que se hayan destinado cientos de millones a pagar campañas contra la demanda. Es como quien sale en la portada del periódico afirmando que ya no se puede hablar de nada, porque te cancelan. Por mi parte, creo que el foco tiene que estar puesto en las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres por la criminalización y la clandestinidad, en la derogación de todas las normativas, en la reforma urgente de la ley de extranjería y en construir alternativas realistas para el abandono del ejercicio. Resulta obsceno gastar tantos millones en campañas contra la demanda cuando las becas para el abandono apenas alcanzan los 400 euros mensuales.

6)    Decir que las mujeres tienen derecho a venderse es lo mismo que decir que los hombres tienen derecho a comprarlas: no es lo mismo pasar la fregona que ser la fregona.

Si dicen que vender servicios sexuales es equivalente a venderse como mujer, entonces también están diciendo que nuestra identidad se reduce a unos genitales. El patriarcado considera que las mujeres somos solo sexo, una subjetividad sexualizada, de modo que nuestra dignidad y reputación se encuentra entre las piernas. Reducidas a ser cuerpos frente a las masculinas mentes cartesianas, hoy se nos pide que “no nos cosifiquemos”, que nos respetemos, que seamos mujeres “de alto valor”. Lo que no entiendo es cómo puede llamarse feminista una narrativa que reproduce esta escala de valores, aunque sea de manera acrítica e inconsciente.

En cuanto al tema de las fregonas y como profesora de Filosofía, me gustaría aclarar una vez más que en el capitalismo a la mercancía humana se le denomina fuerza de trabajo. Estos términos no representan ninguna clase de dicotomía, son sinónimos. Díganle a la camarera de piso que falleció el pasado año en Tenerife por la cantidad de fármacos que tenía que tomar para soportar la jornada laboral que no era su cuerpo lo que el capital ponía en juego. No entiendo la obsesión por idealizar y romantizar el concepto de trabajo para poder así demonizar a la prostitución; de lavarle la cara al capitalismo y olvidar el cuerpo en todas las demás relaciones de producción y reproducción. Ninguna capacidad o facultad humana con la que trabajamos en este sistema es ajena al Yo; ninguna parte del cuerpo es más sagrada que otra: este modo de producción se alimenta de sangre, sudor y músculo.

7)    El sexo no puede ser una relación laboral, son violaciones remuneradas.

En mi tesis doctoral documenté casos donde, al intentar denunciar una agresión sexual, la policía buscaba disuadir a la mujer diciéndole que eran “gajes del oficio”. El machismo considera que una prostituta nunca puede sufrir una violación, porque no tiene la reputación suficiente (se viola a las “puras”, frente a las cuales ellas están “disponibles”). En el otro extremo, el abolicionismo opina que se trata siempre de una violación. Estas dos respuestas antagónicas (nunca/siempre) tienen en común juzgar la violencia a partir de una idea preestablecida y esencialista. En cambio, y de acuerdo con Amnistía Internacional: “El análisis del consentimiento es necesariamente específico de cada caso y cada contexto, y en toda consideración relativa a la cuestión del consentimiento debe darse prioridad a las opiniones, las perspectivas y las experiencias de las personas que venden servicios sexuales”. También esta entidad señala que ambas posturas esencialistas conducen a consecuencias similares, como dificultar la detección de las violencias concretas cuando se producen, mermar la credibilidad del testimonio (que será juzgado a partir de sus estereotipos) y generar, en consecuencia, indefensión jurídica.

Situar al mismo nivel consumir servicios sexuales que agredir normaliza la violencia que puedan sufrir estas trabajadoras, algo especialmente grave para uno de los colectivos que menos recurre a la justicia. Las trabajadoras del sexo internalizan estos discursos, lo que las disuade muchas veces de denunciar, asumiéndose poco creíbles unas veces, y otras como malas mujeres que se merecen lo que les ocurra. Desde mi punto de vista, se debe reconocer la violencia sexual en el contexto de prostitución sin esencializarla en un siempre o en un nunca, y personas declaradas feministas no deberían ser las primeras en denegarles su capacidad de consentimiento.

8)    Deberías leer teoría feminista: feminismo solo hay uno, que es y siempre será abolicionista.

Angela Davis, Judith Butler, Emma Goldman, Nancy Fraser, Silvia Federici o Martha Nussbaum son solo algunos de los muchos nombres de teóricas feministas que demuestran que esto no es cierto. La perspectiva interseccional, de hecho, es diametralmente opuesta a la del feminismo “radical” que considera que solo hay una categoría de opresión fundamental –la de género– y las demás tan solo hacen más pesada esa carga. ¿Que las sufragistas eran abolicionistas? Sí, y también liberales, burguesas, colonialistas, heterosexistas y otros muchos sesgos, ¿reclamamos también todo eso?

Decía Echols que las autodenominadas feministas radicales de los ochenta tenían poco en común con las genuinas, y que eran, más bien, feministas culturales. De hecho, Kate Millet apoyó la huelga de prostitutas de 1975 en Lyon y también firmó, junto a Adrianne Rich, el informe de la FACT que se oponía a la prohibición de la pornografía en Indianápolis; ordenanza ideada por MacKinnon y Dworkin en alianza con Reagan. Como muestra de su “radicalidad”, a favor del abolicionismo también tenemos al papa, Frontex, la UCRIF, Ana Botella o Cuca Gamarra.

Al margen del clasismo que entraña mandar a leer, convendría recordar que nuestros derechos se los debemos al feminismo autónomo y de las bases. Y no, sus asambleas de coordinación, desde la transición hasta el presente, no le pertenecen al abolicionismo. Mujeres como Empar Pineda o Cristina Garaizabal formaron parte de las luchas que conquistaron derechos tales como el del aborto (como se recogía en este episodio de Ciberlocutorio) u otros tantos que rememora la genealogía de Paloma Uría.

El feminismo no ha venido a suturar la muerte de Dios, no es una religión con dogmas sagrados ni la sororidad sustituye al amor romántico; es, como decía Vasallo, ante todo un método y una praxis. Este es un momento crucial para que las proderechos hagamos ruido y abandonemos la tibieza por miedo al conflicto. Tenemos argumentos de sobra y no vamos a dejar solas a las trabajadoras sexuales mientras se debate una reforma que clandestinizará aún más sus vidas. No hemos venido a caerle bien a nadie ni a hacer negocio con el feminismo: sí, somos las malas y estamos orgullosas de romper con el principal mandato patriarcal."

(Paula Sánchez Perera es autora de Crítica de la razón puta: cartografías del estigma de la prostitución.  CTXT, 09/04/24)

30.5.22

Sobre la prostitución... dice El País que "Nadie ha sido capaz hasta hoy de legislar de forma eficaz sobre la prostitución"... pues veamos... es sintomático el caso de Francia, en la que la abolición de la prostitución ha sido un fracaso clamoroso... Tras cinco años de ley, solo 161 mujeres han dejado la calle... las ayudas de de 330 euros mensuales, es una cifra absolutamente insuficiente... en Nueva Zelanda cotizan como el resto de trabajadores, tienen acceso a una jubilación. Si trabajas por cuenta de terceros, tienes vacaciones y los mismos derechos que el resto, prestando especial atención a los derechos humanos, a la sanidad y a su seguridad... con la descriminalización, las condiciones de vida y trabajo de sus trabajadoras sexuales han mejorado... alrededor del 40% aun trabaja para un jefe en prostíbulos, pero el resto son independientes, e, incluso las que trabajan en prostíbulos son independientes también... tienen más capacidad para rechazar clientes, por lo que tienen mucho más control sobre su trabajo... en la India, la Corte Suprema acaba de legalizarla, así por lo menos las prostitutas no podrán ser privadas de la custodia de sus hijos

 "(...) Nadie ha sido capaz hasta hoy de legislar de forma eficaz esta cuestión, y ninguno de los modelos de otros países está libre de inconvenientes. 

Pero tampoco había legislación europea en torno a la salud menstrual, y está ya en marcha en España. 

Proteger la prostitución como si fuera un trabajo más permite mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pero no incide sobre las causas sociales y económicas de esta forma de explotación. Tampoco asegura que quienes dicen ejercerla de forma voluntaria sean realmente libres, ni que sean los proxenetas quienes, bajo diferentes formas de ocultamiento, se acaben aprovechando de esa regulación.

Convertir la prostitución en una actividad económica reconocida y regulada, como ha hecho Alemania, tampoco evita la trata de mujeres y estimula el consumo de prostitución como si fuese una diversión más, y aligerada de reproches sociales. El modelo abolicionista aplicado en Suecia sí ha reducido la prostitución, pero el efecto indeseable ha sido su crecimiento en la clandestinidad. 

Ese es el mayor peligro de este enfoque. Para que el modelo dé fruto, no basta con prohibir y castigar a proxenetas y clientes. Exige un plan muy ambicioso que ofrezca alternativas de inserción social y laboral a mujeres que perderían sus ingresos, por fuerza y de un día para otro, y se verían abocadas al ejercicio clandestino, con una desprotección extrema. (...)"                   (Editorial El País, 28/05/22)

 

"Tras cinco años de ley contra la prostitución en Francia, solo 161 mujeres han dejado la calle.

 Francia celebra este martes con sentimientos encontrados el quinto aniversario de la entrada en vigor de su ley contra la prostitución. La normativa, que supuso un cambio de paradigma al penalizar al cliente y no a las prostitutas, siguiendo el denominado modelo sueco, dividió desde el principio a las asociaciones sobre el asunto, parte de las cuales siguen defendiendo hasta hoy su conveniencia, aunque lamentan la falta de recursos, frente a otras que afirman que ha provocado una precarización aún más fuerte de un sector ya de por sí muy marginalizado.

 En lo que coinciden todas es en los magros logros cosechados hasta la fecha: solo 161 mujeres han completado el programa previsto por la ley para abandonar esa actividad, en un país donde se estima que hasta 40.000 personas ejercen la prostitución.

La senadora centrista Annick Billon, presidenta de la delegación de los derechos de las mujeres, resumía recientemente esos sentimientos encontrados. La ley supone “un avance considerable, un cambio de paradigma, pero su implementación no está necesariamente a la altura de nuestras esperanzas”, dijo.

La normativa, que entró en vigor el 13 de abril de 2016, prevé multas de 1.500 euros (3.750 en caso de reincidencia) para los clientes de prostitutas, a las que se dejó de penalizar por ejercer. A la par, establece un programa de dos años para ayudar e incentivar que las mujeres abandonen la prostitución, con unas ayudas económicas para la reinserción profesional y la regulación de la situación para las personas indocumentadas que buscan integrarlas en la sociedad. 

Pero el importe de estas, de 330 euros mensuales, es una cifra absolutamente insuficiente, según coinciden críticos y defensores de la ley. Los tiempos y requisitos establecidos para ello —la obligación de abandonar la prostitución antes de poder entrar en el programa, así como una gran burocracia y divergencia de criterios según departamentos— son también cuestionados en diverso grado por ambos bandos.

Desde 2017, un total de 564 personas se han podido beneficiar de este denominado “recorrido de salida de la prostitución”, que por el momento han completado 161 de ellas, según datos oficiales proporcionados a este periódico. Entre 2016 y 2018, las autoridades impusieron además 3.200 multas a clientes, y 2.000 más en 2019. Unas cifras muy bajas en relación con el día a día de la prostitución en Francia, que ejercen entre 30.000 y 40.000 personas en el país y que, al menos hasta que entró en vigor la ley, movía más de 3.200 millones de euros anuales.

“Falta de un pilotaje nacional”

Un informe oficial de evaluación de la ley que debería haberse entregado en abril de 2018, pero que solo fue hecho público en junio del año pasado, constata que “su implementación se ha visto considerablemente frenada por una ausencia de compromiso de los poderes públicos”. El principal problema, señalaba, era la “falta de un pilotaje nacional” que ha derivado en una “aplicación débil de ciertas medidas”, como las campañas de educación, y en una “heterogeneidad de prácticas en el territorio”, con diferencias grandes entre los departamentos a la hora de establecer los requisitos del programa de reinserción social. A todo ello se une la ausencia de medios para que la norma sea eficaz. “Si la ley ha reafirmado el compromiso abolicionista de Francia, no ha desplegado suficientes medios para lograr ese objetivo”, resume la evaluación oficial.

“No es la ley lo que se cuestiona, sino su implementación, que debe ser total”, coinciden fuentes de Mouvement du Nid, una de las principales asociaciones abolicionistas. La ley de 2016 “es eficaz porque es justa y equilibrada”, sostienen; el problema es que falta que sea realmente aplicada en todo el territorio. Y para ello, subrayan, hacen falta medios. El Gobierno debería garantizar 2.400 millones de euros en la próxima década —240 millones anuales para que 4.000 prostitutas puedan entrar cada año en el programa de integración— para asegurar que “las 40.000 personas en situación de prostitución puedan efectivamente integrarse de forma plena en la sociedad”, señalan las organizaciones, que reclaman también campañas de sensibilización y una “voluntad política clara del Gobierno”.

 No se trata de más o menos dinero, sino de un planteamiento de base equivocado, replican las asociaciones que reclaman desde hace años la retirada total de la ley que, afirman, solo ha contribuido a estigmatizar y precarizar más a unas personas tradicionalmente sumidas en la marginación social. “No celebramos este aniversario, deploramos que, cinco años después, nos veamos obligados a recordar que todo lo que pasa lo habíamos previsto y que prevenimos de ello a los parlamentarios”, dijo este lunes en rueda de prensa Irène Aboudaram, de Médicos del Mundo Francia. 

Esta es una de las asociaciones que, en 2019, llevaron la ley de la prostitución ante el Consejo Constitucional, en un intento infructuoso —el organismo validó la normativa— de cuestionar la ley. Según argumentaron entonces y sostienen hasta hoy, esta ha provocado desde su entrada en vigor un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas que ejercen la prostitución, con menores ingresos y una mayor exposición a la violencia y a prácticas de riesgo, ya que muchos clientes, bajo el argumento de que los que se exponen ahora son ellos, reclaman renegociar los precios o las condiciones, como el uso de preservativo. 

Para June Charlot, de la asociación de acompañamiento de prostitutas en Toulouse Grisélidis, “esta ley se vendió como que iba a salvar a estas mujeres de la prostitución, pero no se puso ningún dispositivo para acompañarlas dignamente”.              (Silvia Ayuso, El País, 13/04/21)



"Catherine Healy: “Con la descriminalización, las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras sexuales han mejorado”.

Cotizar, como el resto de trabajadores. Tener acceso a una jubilación. Si trabajas por cuenta de terceros, tener vacaciones. En resumen, tener los mismos derechos que el resto de trabajadores, aunque, eso sí, prestando especial atención a los derechos humanos, a la sanidad y a la seguridad de las trabajadoras y trabajadores.

“Tiene sentido, ¿no?”, apunta Catherine Healy. Coordinador y una de las fundadoras del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC, por sus siglas en inglés), Healy explica a El Salto como ha influido en las condiciones que viven las trabajadoras del sexo de este país el modelo de descriminalización puesto en marcha en 2003 con la aprobación de la Reforma de la Ley de Prostitución, un texto que recogía las medidas defendidas por este colectivo y por el que luchó desde su creación en 1987.

¿Cómo es el modelo de Nueva Zelanda? 

Lo que llamamos descriminalización es una manera muy progresista de establecer las condiciones de las trabajadoras sexuales. Supone que las trabajadoras sexuales tengan muchas opciones para trabajar de diferentes maneras. La ley pone su principal interés en las trabajadoras sexuales, en su trabajo, seguridad y salud, con el marco de los derechos humanos y la protección frente a la explotación.

La ley contempla que las trabajadoras sexuales puedan trabajar para un jefe, puedan ser contratadas por una tercera persona o, si quieren, puedan trabajar en un prostíbulo, pueden trabajar en un prostíbulo y tener un jefe y si el trato no es bueno, como el resto de trabajadore, se puede quejar. Podemos tener sindicatos y trabajar juntas. Que también puedan trabajar por su cuenta, desde casa. Simplemente somos tratadas como cualquier otro trabajador u otra forma de fuerza trabajo, lo que tiene sentido.

Las trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas [hasta cuatro sin necesidad de un certificado], desde casa o en la calle menos en las zonas explícitamente prohibidas, aunque, teniendo esa libertad, usualmente el trabajo en la calle es solo para encontrarse con los clientes. En Nueva Zelanda rechazamos que haya zonas delimitadas para el trabajo sexual de calle ya que crea muchos problemas de masificación, consideramos mejor que sean las trabajadoras las que decidan cuáles son los sitios más seguros para trabajar, y generalmente trabajan de manera muy discreta. La descriminalización es muy diferente de la legalización, que es un modelo muy restrictivo en el que las trabajadoras suelen estar gestionadas por el Estado y controladas por la Policía.

Creo que alrededor del 40% de las trabajadoras sexuales aun trabaja para un jefe en prostíbulos, pero el resto son independientes, e, incluso las que trabajan en prostíbulos son independientes también.

¿En la ley se dice algo sobre jornada laboral, vacaciones, por ejemplo, o hay, por ejemplo acuerdos para fijar precios del servicio?

No, porque la cada situación es bastante diferente, y las trabajadoras deciden independientemente sobre estos temas. Ellas se manejan su propio trabajo, e incluso si trabajan para un jefe, cada una paga sus impuestos y decide qué horas quiere trabajar etc. Si eres empleado tienes vacaciones y si trabajas por tu cuenta lo resuelves también por tu cuenta, como el resto de trabajadores autónomos.

En cuanto al precio del servicio, generalmente cada trabajadora decide sus propios precios. Si trabajan en un prostíbulo, en este se pueden fijar precios y si la trabajadora no está de acuerdo, no trabaja ahí ya está o se negocia entre la trabajadora y el dueño del prostíbulo.

Sobre la promoción de la salud, ¿cómo funciona? ¿hay controles sanitarios periódicos obligatorios, como pasa en países como Austria? 

Pienso que aquí la promoción del sexo seguro es muy fuerte y las trabajadoras sexuales son muy buenas en imponer el sexo seguro. Claro que a veces hay clientes que intentan tener sexo sin condón, pero creo que el modelo de descriminalización ha ayudado también en esto a las trabajadoras sexuales. Cuando el trabajo sexual era ilegal, si se encontraban condones en un local incluso se usaba como prueba de que este era un prostíbulo. Ahora se puede hablar francamente y con mucha libertad y es más fácil promover buenas prácticas. Creo firmemente que la descriminalización ha supuesto una mejora en la salud de las trabajadoras sexuales.

En cuanto a los controles sanitarios, no. No tenemos controles periódicos obligatorios controlados por el Estado. Cada trabajadora decide cuándo hacerse un examen médico y los resultados son confidenciales, entre la trabajadora y el médico. La mayoría de las trabajadoras sexuales están muy motivadas en controlar su salud. Por ejemplo, hay organizaciones médicas que trabajan con las trabajadoras sexuales, son centros comunitarios a los que pueden acudir sin decir su nombre, solo un código, y se respeta completamente su intimidad.

Hace algunos meses comenzó a sonar el nombre de Sabrina Valisce, una trabajadora sexual que también luchó en Nueva Zelanda por la ley aprobada en 2003 pero que ahora critica este modelo afirmando que este ha tenido como consecuencia que las trabajadoras trabajen hoy más por menos dinero, ¿qué opinas sobre que dice Valisce?

En primer lugar, Sabrina basa sus comentarios en su propia experiencia, no en investigaciones independientes. Es muy posible que esta haya sido su experiencia, que ahora tenga que trabajar mucho más para conseguir clientes, pero dudo de que esto esté relacionado con la descriminalización del trabajo sexual. Creo que lo está con una dinámica de edad que existe en muchos sitios en trabajo, en los que los más jóvenes son valorados por encima de los más mayores.

Sí hay investigaciones independientes llevadas a cabo desde varias universidades en las que se muestra que no es posible valorar si ahora las trabajadoras tienen que trabajar más o no. De todas maneras, y sí es importante, es que lo que sí que han mostrado es que las trabajadoras y trabajadores sexuales, con la descriminalización, tienen más capacidad para rechazar clientes, por lo que tienen mucho más control sobre cuánto trabajo, y de qué tipo, sienten que están haciendo.

Y en cuanto a las que decidan dejar el trabajo sexual, ¿se contempla algún tipo de ayuda?

Sí, y si quieres dejar de ser trabajadora sexual también te dan ayudas económicas. Es muy diferente si estuviera trabajando en otro trabajo… Si fuera maestra, por ejemplo, y quisiera dejarlo, tendría que esperar un tiempo hasta recibir una ayuda económica y estaría un tiempo que pasaría sin trabajar ni cobrar esta ayuda, pero siendo trabajadora sexual, si quiero dejarlo, el Estado inmediatamente te daría dinero para apoyarte. Es algo que es muy diferente con respecto al resto de trabajadores. El Estado reconoce que no quiere forzar a las personas a mantenerse en el trabajo sexual.

Este apoyo económico ¿es por meses o por cuánto tiempo? 

Si consigues otro trabajo o vuelves a trabajar como prostituta te la quitan. La ayuda no tiene límite de tiempo, dura tanto tiempo como la necesites y te ayudan a encontrar otro trabajo.

Esta ley se aprobó en 2003, hace ya quince años. ¿Cómo fue el proceso que llevó a su aprobación?

La propuesta de ley vino de nosotras. Empezamos en 1987 como organización, y comenzamos a luchar por el cambio, directamente y con mucha fuerza. Nos llevó mucho tiempo que el Parlamento y los políticos nos escucharan. Fue muy controvertido, y conseguimos el apoyo de las grandes organizaciones de mujeres, fuimos muy afortunadas por ello. Ellas estaban de acuerdo en que las condiciones que afrontaban antes las trabajadoras sexuales no eran justas, que se necesitaba un reconocimiento de sus derechos humanos. También la gente de salud pública, y otras organizaciones de otro tipo, nos apoyaron.

Entonces, vuestra propuesta de descriminalización tuvo el apoyo también de prácticamente todo el movimiento feminista? 

Sí, en esa época contamos con su apoyo.

En España y gran parte de Europa, el trabajo sexual es un punto que divide al movimiento feminista. 

Sí, creo que muchas feministas confunden trabajo sexual con la trata. También argumentan que el trabajo sexual es la explotación de las mujeres. Pero también hay otras organizaciones feministas que dicen: "Mira, no podemos hacer que el trabajo sexual desaparezca, pero podemos mejorar las condiciones de trabajo".

Aquí se habla mucho desde hace ya varios años sobre el modelo noruego, que pone el acento en criminalizar al cliente en vez de a la trabajadora sexual. En las últimas semanas incluso se apuesta por señalarles en las redes sociales bajo el hasghtag #holaputero. ¿Qué te parece este modelo? 

Pienso que es muy peligroso. Aquí también se ha tenido esta discusión en 2010, después de que cambiara la ley, sobre adoptar el modelo noruego, y el Parlamento se tomó muy en serio para asegurarse de que era una discusión tomada entre nosotras y los abolicionistas tomaron los argumentos. Se rechazó fuertemente. Lo vemos como un modelo muy peligroso y por supuesto estábamos totalmente en desacuerdo con que se tratara de esta manera a los clientes de las trabajadoras sexuales, que se les criminalizara, lo que influye en que se disminuya la seguridad de las trabajadoras sexuales. 

Sabemos que muchas trabajadoras en muchos países se están quejando de esto. Espero que en España no sigan esa vía. Estaría bien que viniera una delegación del Gobierno español a Nueva Zelanda a conocer este modelo. Justo ahora ha venido una delegación de Vietnam a conocer nuestro modelo. Es importante que conozcan cómo ha mejorado en la salud y seguridad de las trabajadoras. 

¿Hay un censo de trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda? ¿ha variado el número de personas que se dedican a la prostitución desde que se aprobó esta ley? 

Sí hay un censo, y no, no ha variado significativamente. Las cifras suben y bajan dependiendo de la economía, realmente. Creo que la gente pensó que con la ley de descriminalización iba a aumentar el número de personas que se dedicaran al trabajo sexual, pero es aún un estigma, aunque en este aspecto también haya habido una mejora. Hay muchas razones por las que una persona decide dedicarse al trabajo sexual, y también hay muchas razones por las que decidirse a continuar en este, pero el número de personas que se dedican al trabajo sexual no cambia simplemente porque cambie la ley. La gente no piensa de repente: “Oh, me voy a convertir en prostituta”.

No, realmente me planteaba que con esta ley, con la que se dan también tantas facilidades para abandonar el trabajo sexual, habría disminuido el número de personas dedicadas a este sector laboral. 

Hubo un 10% de trabajadoras sexuales que decidieron dedicarse a otra cosa, y creo que alrededor del 25% dijeron que este era el mejor trabajo que iban a poder encontrar. Ha habido investigaciones sobre esto, que ponían el foco en que estas personas estaban forzadas a trabajar en esto y necesitaban ayuda para poder salir del trabajo sexual, pero realmente era porcentaje muy pequeño. La mayoría ha decidido continuar y ha visto que se han mejorado sus condiciones de trabajo y vida."                   

(Entrevista a Catherine Healy. Coordinador y una de las fundadoras del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, Ter García, El Salto, 13/01/18)

 

"La Corte Suprema de la India dictamina que la prostitución es una profesión legal

La sentencia reconoce los derechos de las trabajadoras sexuales y su protección legal.

La Corte Suprema de la India, con el juez L Nageswara Rao como presidente ha hecho pública la sentencia mediante la que se despenaliza la prostitución y se confiere derechos a las trabajadoras sexuales.

«La ley penal debe aplicarse por igual en todos los casos sobre la base de la edad y el consentimiento», determina el fallo. En base a esta sentencia, siempre que las trabajadoras sexuales sean mayores de edad, y presten su consentimiento, la policía no podrá interferir ni emprender acciones penales contra ellas a partir de esta sentencia.

De esta manera, el trabajo sexual voluntario no es ilegal, aunque administrar un burdel sigue considerándose un delito.

«Sin perjuicio de la profesión, todo individuo en este país tiene derecho a una vida digna según el artículo 21 de la Constitución», señala la sentencia. Y además, explica que las madres que trabajen en el ámbito sexual no deberán ser privadas de la custodia de sus hijos, ni deme asumirse que los menores que estén viviendo en un burdel o con una trabajadora sexual sean objeto de trata sin investigaciones específicas.

También se señala que la policía no debe discriminar a las trabajadoras sexuales cuando sean víctimas de agresión sexual. De hecho en la sentencia se denuncia la actitud «bruta y violenta de la policía hacia las trabajadoras sexuales» lamentando que «es como si fueran una clase cuyos derechos no son reconocidos».

Los jueces lanzan también una advertencia en su sentencia hacia los medios de comunicación: les avisa para que tengan «el máximo cuidado de no revelar las identidades de las trabajadoras sexuales, durante las operaciones de arresto, allanamiento y rescate, ya sea como víctimas o acusadas y que no publiquen ni transmitan ninguna fotografía suya».          (Beatriz Talegón, Diario16, 29/05/22)

20.10.21

Albert Soler: antes de prometer imposibles como abolir (prohibir suena a poco) la prostitución, haría bien Pedro Sánchez en consultar a un especialista. Servidor de usted... Imagino que abolir la prostitución tiene el mismo objetivo que la Ley Seca en EEUU: prohibir el acceso a los pobres, que los otros ya sabrán donde abastecerse. Esto, hasta que bandas organizadas pongan en funcionamiento burdeles clandestinos... Si de abolir se trata, lo proponemos también para las drogas, los crímenes, el racismo y el hambre, que el éxito será el mismo... le comenté a una profesional si no prefiere cobrar 700 euros al mes para trabajar largas jornadas en un supermercado, en lugar de 3.000 para satisfacer a sus clientes. Su carcajada resuena aún, , la buena mujer pensó que era un chiste... (El sindicato de prostitutas denuncia que la propuesta de abolición dejaría en la calle a 400.000 trabajadoras sexuales)

 "No es por presumir, pero en prostitución, soy un experto. No como usuario, válgame Dios, pero conozco puteros, prostitutas, dueños de prostíbulos y un camarero, es lo que tiene frecuentar ambientes adecuados. O sea que antes de prometer imposibles como abolir (prohibir suena a poco) la prostitución, haría bien Pedro Sánchez en consultar a un especialista. Servidor de usted.

 Imagino que abolir la prostitución tiene el mismo objetivo que la Ley Seca en EEUU: prohibir el acceso a los pobres, que los otros ya sabrán donde abastecerse. Esto, hasta que bandas organizadas pongan en funcionamiento burdeles clandestinos -como hubo destillerias- al alcance de todos los bolsillos. Si de abolir (risas) se trata, lo proponemos también para las drogas, los crímenes, el racismo y el hambre, que el éxito será el mismo. 

La cruda verdad es que incluso la simple prohibición antoja difícil, ya que una siempre se puede anunciar como cuando la UEFA prohibió la reventa de entradas:

 - Vendo boli Bic por 300 euros. Fornicar gratis con el comprador. Visa sí. 

 Poco después de que Sánchez anunciara la idea de abolir (más risas) la prostitución, le comenté a una profesional si no prefiere cobrar 700 euros al mes para trabajar largas jornadas en un supermercado, en lugar de 3.000 para satisfacer a sus clientes cuando le da la gana. Su carcajada resuena aún, la buena mujer pensó que era un chiste. Cuando añadí que sería más pobre pero más honrada, de la risa casi se cae de la silla. Temí que se rompiera un brazo y me exigiera daños y perjuicios por no poder ejercer. (...)

Yo de Pedro Sánchez iría cuidado. No sea que le pase como aquel gobernador del franquismo, que durante la celebración de un congreso eucarístico en Barcelona, ​​prohibió ejercer a las prostitutas. Esto provocó una manifestación de protesta de tales señoritas, que culminó con el nombramiento del gobernador como hijo predilecto del gremio."                 (Albert Soler, Diari de Girona, 19/10/21)

 

"El sindicato de prostitutas denuncia que la propuesta de abolición dejaría en la calle a 400.000 trabajadoras sexuales.

 La presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (Otras), Concha Borrell, ha declarado este lunes en una entrevista a Efe que la aplicación de una futura ley abolicionista dejaría en la calle a 400.000 mujeres que están practicando la prostitución a día de hoy.

La propuesta del PSOE de abolir la prostitución y multar a los clientes abre de nuevo el debate entre los partidos de izquierda y dentro del propio movimiento feminista, donde hay quienes abogan por regular esta práctica para garantizar los derechos de las mujeres y otros que apuestan por su prohibición.

Ha sido una de las noticias que ha dejado el 40 Congreso Federal del PSOE, celebrado este fin de semana en Valencia: el partido del Gobierno quiere aprobar esta legislatura una ley integral para abolir la prostitución.

 Días antes, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ya había planteado la cuestión al debatirse en el pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la ley del solo sí es sí, cuando anunció que los socialistas enmendarían el proyecto presentado por Igualdad para que las medidas de lucha contra la explotación sexual vayan más allá y se orienten a la abolición de la prostitución.

Borrell afirma, sin embargo, que el partido socialista ha dado un paso más allá y va hacia el prohibicionismo: "Mientras el abolicionismo quiere eliminar la práctica pero no se olvida de dar ayudas a las afectadas, al prohibicionismo del PSOE, lo que pase con nosotras mañana le da igual", ha asegurado.

Sancionar la tercera locativa 

La propuesta que más ha llamado la atención es la que sancionaría la tercera locativa, es decir, el lucro por el alquiler de espacios como locales, habitaciones o negocios que se utilicen para la prostitución, y afectaría a todas las trabajadoras sexuales que utilicen clubs o su propia vivienda para trabajar, ya que el alquiler de estos espacios sería ilegal.

En referencia a la trata de mujeres, Borrell ha afirmado que esta se da en numerosos sectores que no hacen contratos a sus trabajadores, como la agricultura, el servicio doméstico o el sector textil, pero que por "cuestiones morales e ideológicas" solo se menciona esta realidad en el ámbito de la prostitución, y no, por ejemplo, en las luchas por sus derechos que llevan a cabo cada año las jornaleras de Huelva.

La presidenta de Otras ha confirmado que preparan un comunicado para "pedir que se escuche a las mujeres contra las que se va a legislar", y se abra un camino hacia la regularización basada en el modelo neozelandés y una reforma de la ley de extranjería."                 (20Minutos, 18/10/21)

16.1.18

Nueva Zelanda: "Con la descriminalización, las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras sexuales han mejorado"

"Cotizar, como el resto de trabajadores. Tener acceso a una jubilación. Si trabajas por cuenta de terceros, tener vacaciones. En resumen, tener los mismos derechos que el resto de trabajadores, aunque, eso sí, prestando especial atención a los derechos humanos, a la sanidad y a la seguridad de las trabajadoras y trabajadores.

 “Tiene sentido, ¿no?”, apunta Catherine Healy. Coordinador y una de las fundadoras del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC, por sus siglas en inglés), Healy explica a El Salto como ha influido en las condiciones que viven las trabajadoras del sexo de este país el modelo de descriminalización puesto en marcha en 2003 con la aprobación de la Reforma de la Ley de Prostitución, un texto que recogía las medidas defendidas por este colectivo y por el que luchó desde su creación en 1987.

¿Cómo es el modelo de Nueva Zelanda? 

Lo que llamamos descriminalización es una manera muy progresista de establecer las condiciones de las trabajadoras sexuales. Supone que las trabajadoras sexuales tengan muchas opciones para trabajar de diferentes maneras. La ley pone su principal interés en las trabajadoras sexuales, en su trabajo, seguridad y salud, con el marco de los derechos humanos y la protección frente a la explotación.

La ley contempla que las trabajadoras sexuales puedan trabajar para un jefe, puedan ser contratadas por una tercera persona o, si quieren, puedan trabajar en un prostíbulo, pueden trabajar en un prostíbulo y tener un jefe y si el trato no es bueno, como el resto de trabajadore, se puede quejar. Podemos tener sindicatos y trabajar juntas. Que también puedan trabajar por su cuenta, desde casa. Simplemente somos tratadas como cualquier otro trabajador u otra forma de fuerza trabajo, lo que tiene sentido.

Las trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas [hasta cuatro sin necesidad de un certificado], desde casa o en la calle menos en las zonas explícitamente prohibidas, aunque, teniendo esa libertad, usualmente el trabajo en la calle es solo para encontrarse con los clientes. 

En Nueva Zelanda rechazamos que haya zonas delimitadas para el trabajo sexual de calle ya que crea muchos problemas de masificación, consideramos mejor que sean las trabajadoras las que decidan cuáles son los sitios más seguros para trabajar, y generalmente trabajan de manera muy discreta. 

La descriminalización es muy diferente de la legalización, que es un modelo muy restrictivo en el que las trabajadoras suelen estar gestionadas por el Estado y controladas por la Policía.

Creo que alrededor del 40% de las trabajadoras sexuales aun trabaja para un jefe en prostíbulos, pero el resto son independientes, e, incluso las que trabajan en prostíbulos son independientes también.  (...)

Sobre la promoción de la salud, ¿cómo funciona? ¿hay controles sanitarios periódicos obligatorios, como pasa en países como Austria? 

Pienso que aquí la promoción del sexo seguro es muy fuerte y las trabajadoras sexuales son muy buenas en imponer el sexo seguro. Claro que a veces hay clientes que intentan tener sexo sin condón, pero creo que el modelo de descriminalización ha ayudado también en esto a las trabajadoras sexuales.

 Cuando el trabajo sexual era ilegal, si se encontraban condones en un local incluso se usaba como prueba de que este era un prostíbulo. Ahora se puede hablar francamente y con mucha libertad y es más fácil promover buenas prácticas. Creo firmemente que la descriminalización ha supuesto una mejora en la salud de las trabajadoras sexuales.

En cuanto a los controles sanitarios, no. No tenemos controles periódicos obligatorios controlados por el Estado. Cada trabajadora decide cuándo hacerse un examen médico y los resultados son confidenciales, entre la trabajadora y el médico. La mayoría de las trabajadoras sexuales están muy motivadas en controlar su salud.

 Por ejemplo, hay organizaciones médicas que trabajan con las trabajadoras sexuales, son centros comunitarios a los que pueden acudir sin decir su nombre, solo un código, y se respeta completamente su intimidad.  (...)

De todas maneras, y sí es importante, es que lo que sí que han mostrado es que las trabajadoras y trabajadores sexuales, con la descriminalización, tienen más capacidad para rechazar clientes, por lo que tienen mucho más control sobre cuánto trabajo, y de qué tipo, sienten que están haciendo.

Y en cuanto a las que decidan dejar el trabajo sexual, ¿se contempla algún tipo de ayuda?
Sí, y si quieres dejar de ser trabajadora sexual también te dan ayudas económicas. Es muy diferente si estuviera trabajando en otro trabajo… 

Si fuera maestra, por ejemplo, y quisiera dejarlo, tendría que esperar un tiempo hasta recibir una ayuda económica y estaría un tiempo que pasaría sin trabajar ni cobrar esta ayuda, pero siendo trabajadora sexual, si quiero dejarlo, el Estado inmediatamente te daría dinero para apoyarte.

 Es algo que es muy diferente con respecto al resto de trabajadores. El Estado reconoce que no quiere forzar a las personas a mantenerse en el trabajo sexual.

Este apoyo económico ¿es por meses o por cuánto tiempo? 

Si consigues otro trabajo o vuelves a trabajar como prostituta te la quitan. La ayuda no tiene límite de tiempo, dura tanto tiempo como la necesites y te ayudan a encontrar otro trabajo.  (...)

Entonces, vuestra propuesta de descriminalización tuvo el apoyo también de prácticamente todo el movimiento feminista? 

Sí, en esa época contamos con su apoyo.  (...)

En España y gran parte de Europa, el trabajo sexual es un punto que divide al movimiento feminista. 

Sí, creo que muchas feministas confunden trabajo sexual con la trata. También argumentan que el trabajo sexual es la explotación de las mujeres. Pero también hay otras organizaciones feministas que dicen: "Mira, no podemos hacer que el trabajo sexual desaparezca, pero podemos mejorar las condiciones de trabajo".

Aquí se habla mucho desde hace ya varios años sobre el modelo noruego, que pone el acento en criminalizar al cliente en vez de a la trabajadora sexual. En las últimas semanas incluso se apuesta por señalarles en las redes sociales bajo el hasghtag #holaputero. ¿Qué te parece este modelo? 

Pienso que es muy peligroso. Aquí también se ha tenido esta discusión en 2010, después de que cambiara la ley, sobre adoptar el modelo noruego, y el Parlamento se tomó muy en serio para asegurarse de que era una discusión tomada entre nosotras y los abolicionistas tomaron los argumentos. Se rechazó fuertemente. 

Lo vemos como un modelo muy peligroso y por supuesto estábamos totalmente en desacuerdo con que se tratara de esta manera a los clientes de las trabajadoras sexuales, que se les criminalizara, lo que influye en que se disminuya la seguridad de las trabajadoras sexuales. Sabemos que muchas trabajadoras en muchos países se están quejando de esto. Espero que en España no sigan esa vía. 

Estaría bien que viniera una delegación del Gobierno español a Nueva Zelanda a conocer este modelo. Justo ahora ha venido una delegación de Vietnam a conocer nuestro modelo. Es importante que conozcan cómo ha mejorado en la salud y seguridad de las trabajadoras.

 ¿Hay un censo de trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda? ¿ha variado el número de personas que se dedican a la prostitución desde que se aprobó esta ley? 

Sí hay un censo, y no, no ha variado significativamente. Las cifras suben y bajan dependiendo de la economía, realmente. Creo que la gente pensó que con la ley de descriminalización iba a aumentar el número de personas que se dedicaran al trabajo sexual, pero es aún un estigma, aunque en este aspecto también haya habido una mejora. 

Hay muchas razones por las que una persona decide dedicarse al trabajo sexual, y también hay muchas razones por las que decidirse a continuar en este, pero el número de personas que se dedican al trabajo sexual no cambia simplemente porque cambie la ley. La gente no piensa de repente: “Oh, me voy a convertir en prostituta”.

 No, realmente me planteaba que con esta ley, con la que se dan también tantas facilidades para abandonar el trabajo sexual, habría disminuido el número de personas dedicadas a este sector laboral. 

Hubo un 10% de trabajadoras sexuales que decidieron dedicarse a otra cosa, y creo que alrededor del 25% dijeron que este era el mejor trabajo que iban a poder encontrar. Ha habido investigaciones sobre esto, que ponían el foco en que estas personas estaban forzadas a trabajar en esto y necesitaban ayuda para poder salir del trabajo sexual, pero realmente era porcentaje muy pequeño. 

La mayoría ha decidido continuar y ha visto que se han mejorado sus condiciones de trabajo y vida."                 (Ter García, El Salto, 13/01/18)

15.11.17

Puta, sindicalista y feminista, Georgina Orellana es la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina... integrada en la Central de Trabajadores de la Argentina

"Puta, sindicalista y feminista. Georgina Orellana es la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), un colectivo reconocido por la Central de Trabajadores de la Argentina que agrupa a más de 6.000 trabajadoras sexuales. 

Su objetivo: conseguir el reconocimiento institucional de su profesión. Hablamos con Georgina en la sede en Madrid de Hetaira, colectivo en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo.

Lo primero que me llama la atención es que AMMAR está reconocida como parte del movimiento sindical.

Sí. AMMAR es una organización que ya lleva 22 años y desde sus inicios se integró en la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, que tiene un nuevo modelo sindical que permite nuclear, no solamente aquellos trabajos que están reconocidos por el Estado, sino también todos los movimientos sociales que luchan precisamente contra la precarización laboral, contra los marcos ilegales, por acceder a derechos laborales.

Las trabajadoras sexuales estamos nucleadas en una central obrera y somos parte de la cotidianidad de estar todo el tiempo con otros sindicatos, con otros trabajadores y trabajadoras. Tenemos un camino reconocido en el mundo sindical argentino. 

Nosotras, más allá de que nuestro país no reconozca nuestro trabajo como un trabajo, ya ganamos mucho espacio cuando la CTA [Central de Trabajadores de la Argentina] nos reconoció como trabajadoras.

¿El Gobierno argentino os tiene también como un agente interlocutor?

No, nuestra lucha es justamente esa. En Argentina el trabajo sexual no está contemplado como un delito pero en los últimos años se han aprobado muchas normativas, leyes y ordenanzas para combatir la trata de personas que equipararon nuestra actividad con la trata y con las que se han prohibido ciertas modalidades del trabajo sexual. 

Han prohibido el trabajo sexual en pisos, en whiskerías, en cabaret. Han prohibido también la oferta de trabajo sexual en medios de comunicación. Muchas de nuestras compañeras han tenido que generar otros mecanismos para seguir trabajando, de manera mucho más precaria y mucho más clandestina, porque no pueden publicar sus servicios en los clasificados de los diarios.

 Su alternativa son los volantes en la vía pública, pero eso también ha generado que una parte del movimiento feminista que considera nuestro trabajo como una actividad que violenta el cuerpo de la mujer haya hecho campaña para estigmatizar esa forma de trabajo. Todas estas ordenanza y leyes que han salido adelante lo han hecho impulsadas por el feminismo abolicionista. Nuestras voces no fueron escuchadas y no fuimos parte de las mesas de discusiones.

Frente al feminismo abolicionista, vosotras también os consideráis feministas y estáis reconocidas por buena parte del movimiento feminista argentino.

Tenemos un reconocimiento a nivel social y dentro del feminismo que hemos logrado a través de los años, cuando comenzamos a incidir, entendiendo que el feminismo también nos pertenece, que también las trabajadoras sexuales somos feministas. 

El feminismo históricamente ha excluido a ciertos sectores, no solamente a las compañeras lesbianas, negras, musulmanas o a las compañeras trans, sino que también hay una historia de exclusión dentro de los feminismos hacia las prostitutas. 

La gran batalla que damos ahí es marcar la agenda, que nuestras voces sean escuchadas, interpelar al feminismo que no nos reconoce como un sujeto de derechos para que se comprenda que, más allá de que cada una pueda tener una posición sobre la prostitución, abolicionista o a favor del reconocimiento de derechos, lo importante es que el sujeto debe decidir por sí mismo. 

Creemos importante que, cuando se despliegan políticas punitivas o políticas públicas sobre un sector, sea ese sector el que tenga que decidir, no que otros hablen por él. Ese es el feminismo que nosotras defendemos, la principal ética feminista en torno a la autonomía de las mujeres.

Ahora os enfrentáis a la represión que se deriva, desde 2012, de la nueva Ley de Trata, pero vuestra reclama es la regulación de la profesión.

Nosotras lo que comprendemos es que la prostitución sí está regulada por el Estado, pero de una manera punitiva. Nuestra lucha es que se regule desde el derecho laboral.

¿Y hay algún modelo que consideréis más positivo? 

Son muy pocos los países que tienen regulado el mercado sexual. Hemos profundizado en cada modelo, hablado con colectivos de trabajadoras sexuales, y con el que más sentimos empatía es con el modelo de Nueva Zelanda, pero también entendemos que cada país tiene su propio contexto socio económico. 

No es lo mismo Nueva Zelanda que Argentina, aparte de que son países con marcos legislativos y sociedades distintas. En nuestro país hay que seguir dando la batalla cultural más allá de que tengamos leyes de vanguardia, como la del matrimonio igualitario o la de igualdad de género. Hay otras que nos tienen como protagonistas a las mujeres que todavía están pendientes: una es el aborto, otra es el trabajo sexual.

Lo que hicimos fue preguntarnos a nosotras mismas de qué manera queremos que el Estado reconozca nuestros derechos. No hablamos de un modelo reglamentarista, tampoco hablamos de un modelo de regulación.

 Hablamos de un reconocimiento de derechos. No queremos que el Estado intervenga al 100% en nuestra vida, queremos tener autonomía en el trabajo sexual, pero entendemos que el Estado tiene que estar presente con derechos y garantías, garantizar que tengamos acceso a la obra social, al aporte jubilatorio, a vivienda, a la educación para aquellas compañeras que no han tenido la posibilidad de terminar la Primaria y Secundaria.

También entendemos que las compañeras deben poder trabajar sin ser perseguidas por las fuerzas de seguridad, sin tener que pagar coimas [sobornos] o cánones a la policía para que les dejen trabajar tranquilas, y hablar también de un marco de descriminalización.

 En Argentina tenemos muchas leyes que criminalizan ciertos espacios: la vía pública, los avisos clasificados, los lugares de alterne, los pisos. Creemos que debe haber una discusión con esas legislaciones y debemos ser nosotras las que estemos sentadas ahí y podamos decidir de qué manera queremos trabajar, respetando que el mercado sexual es muy amplio y hay muchas modalidades, y la ley que queremos llevar adelante tiene que ser inclusiva.

¿Puedes contar más sobre el modelo de Nueva Zelanda?

Es un modelo que se considera 'neorregulacionista' y que incluye políticas públicas para las trabajadoras sexuales, el impulso de cooperativas para que las trabajadoras puedan agruparse y trabajar de manera autónoma. También la creación de una mesa de diálogo para tratar mejoras a la ley en la que estén incluidas las trabajadoras sexuales. 

Es una ley pensada para beneficiar a las trabajadoras sexuales. En otros países, las leyes van más en beneficio de las terceras partes, de los empresarios. En cambio el modelo neorregulacionista de Nueva Zelanda tiene más una perspectiva de derechos laborales para las trabajadoras sexuales.

Entonces no es una ley que beneficia a los prostíbulos.

No. Aparte, crea la posibilidad de que el Estado pueda otorgar créditos para que las trabajadoras sexuales puedan crear una cooperativa.

Pero, con Mauricio Macri gobernando Argentina desde 2015, la situación no parece muy propicia para conseguir este reconocimiento. ¿Ha empeorado la situación que vivís desde que comenzó su gobierno?

Desde que está gobernando ha desplegado políticas neoliberales y arrasado con muchas políticas públicas que fueron conquistas por el movimiento de mujeres, por el movimiento feminista y, sobre todo, por la clase trabajadora. 

La violencia hacia nuestro sector se ha recrudecido. Hay más persecución policial hacia las trabajadoras sexuales. Hay una disputa sobre quien puede hacer uso del espacio público y quien no, donde quedamos fuera las trabajadoras sexuales, las trans, todas aquellas que pertenecemos a los sectores populares, los migrantes. 

Dieron más capacidades a a las fuerzas de seguridad para que puedan tomar acción contra nosotras, amparados en discursos xenófobos, transfóbicos y putofóbicos. Hay detenciones arbitrarias por no portar DNI, por averiguación de antecedentes a partir de importación de rostros. No es lo mismo ser blanca que ser negra… Todo eso ha vuelto de nuevo, y hay al menos una parte de la sociedad que apoya echar a los migrantes, no quieren a las travestis, no quieren a las putas... quieren un espacio público “limpio”.

Claramente sabemos que este no es un contexto propicio para poder impulsar leyes como las que reivindicamos, cuando la gran mayoría de actividades diarias de la militancia se basan justamente en eso, en defender que nuestras compañeras no se vayan presas, que ninguna compañera trabajadora sexual migrante sea expulsada,en ayudar a que las compañeras puedan hacerse su documentación. Nosotras somos las primeras que intervenimos ante una detención arbitraria en las comisarías y también pedimos colaboración de otros sectores de movimientos sociales para que también puedan visibilizar la problemática.

Ahora se está discutiendo una reforma laboral, pero nosotras estamos en un escalón mucho más abajo: no tenemos reconocido nuestro trabajo, trabajamos en la clandestinidad, perseguidas por la policía, estigmatizadas por una parte de la sociedad, excluidas por una parte del feminismo, y ahora hay una reforma laboral que viene a arrasar con los derechos que la clase trabajadora ya había conquistado, así que no es un momento propicio para pedir cambios de leyes.

 Pero sí es un momento propicio para, desde la resistencia, hacer alianzas con sectores del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, del movimiento sindical, y hacerles comprender que las trabajadoras sexuales somos parte de la sociedad y también abrazamos otras causas que nos interpelan y nos pertenecen.

También es buen momento para poner sobre la agenda, sobre todo del kirchnerismo, que estuvo 12 años en el gobierno y desplegó unas leyes prohibicionistas sobre nuestro sector, que hoy han dejado a un gobierno liberal todos esos dispositivos estatales en bandeja y es por eso que ahora se despliega una mayor violencia.

 Encontrarnos en la calle con los movimientos que apoyan al kirchnerismo hace que ganemos en aliados y se pueda hacer ver que las leyes que llevan a cabo los gobiernos de izquierdas no terminan favoreciendo a ciertos sectores si estos no son escuchados. Respecto a esto sí que hemos logrado que muchas agrupaciones políticas alineadas con el kirchnerismo nos incluyan en su agenda feminista, de género, y vengan a preguntarnos qué es lo que queremos para que mejore nuestra vida.

Cambiando de tema, veo que llevas la palabras 'puta' tatuada en el brazo. Supongo que es para reivindicarla y reapropiárosla.

Nosotras históricamente dentro del movimiento de trabajadoras sexuales en Argentina rechazábamos las palabras puta y prostituta. Nuestra identidad principal siempre fue la de trabajadora sexual, primero porque es propia de nuestro sector, segundo para situarnos como parte de la clase trabajadora. 

Nos escapábamos de esas muchas otras palabras que siguen usándose como insulto dentro de esta sociedad machista y patriarcal, que durante mucho tiempo nos han herido. Nos ha dado vergüenza cuando se referían así hacia nosotras porque son palabras que cargan con mucho estigma y discriminación.

 Cargan con la intención de aleccionar a las mujeres que nos salimos de las normas establecidas. No por nada nuestro oficio es utilizado como un insulto, cosa que no pasa con otros oficios. No se dice albañil como insulto, no se dice empleada de casa particular como insulto. Se dice puta porque hay un sector de trabajadoras sexuales que está estigmatizado, que trabaja con una parte del cuerpo que una parte de la sociedad la sigue considerando con una concepción de sacralidad.

Luego de participar en un encuentro en 2014 acá en Barcelona con el movimiento de trabajadoras sexuales de Europa, que orgullosamente llevaban remeras [camisetas] en las que ponía “putas feministas” y se reivindicaban así, discutimos en AMMAR y decidimos que sí, que ya demasiado le regalábamos al patriarcado todos los días como para seguir regalándole también parte de nuestra identidad.

 Que tenemos que dar la batalla no solamente en las leyes y desde la transformación social, sino también apropiándonos del discurso, apropiándonos del lenguaje."                   (Ter García  , El Salto, 12/11/17)