La DEA, metida en el narcotráfico... La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de manera tajante las declaraciones “desafortunadas y sin sustento” del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, quien el martes aseguró que los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano “son lo mismo”... la mandataria recordó algunos de los escándalos de connivencia con el narco que han salpicado a la DEA (el ex director regional de la DEA en México Nicholas Palmeri sostuvo contactos “impropios” con abogados de Miami que defienden a capos latinoamericanos. José Irizarry fue condenado a 12 años de prisión tras admitir que pasó una década conspirando con cárteles colombianos para lavar dinero; Irizarry aseguró que no caería solo y señaló que docenas de agentes federales, fiscales e informantes participan en una especie de tour permanente para recoger dinero proveniente del lavado en tres continentes. Paul Campo, que llegó a ser subjefe de la Oficina de Operaciones Financieras, participó directamente en el tráfico de narcóticos)... Sheinbaum instó a la agencia a centrar su atención dentro de Estados Unidos... pues el hecho de que Washington destine tantos recursos a “combatir” el narcotráfico en decenas de países, mientras las sustancias ilícitas se consumen sin control en su propio territorio y las ganancias de los cárteles se lavan a un ritmo de 300 mil millones de dólares anuales en su sistema financiero, es un firme indicio de que las autoridades estadounidenses no tienen y nunca han tenido la intención de acabar con este problema (La Jornada)

"La DEA, metida en el narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de manera tajante las declaraciones “desafortunadas y sin sustento” del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, quien el martes aseguró que los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano “son lo mismo”. La mandataria enfatizó que las palabras de Cole tienen motivaciones políticas y no responden a la realidad, pues la histórica disminución de la violencia, los decomisos de estupefacientes y los golpes a las estructuras criminales desmienten por sí mismos la noción de una identidad entre autoridades y criminalidad. Asimismo, la mandataria recordó algunos de los escándalos de connivencia con el narco que han salpicado a la DEA e instó a la agencia a centrar su atención dentro de Estados Unidos, donde tiene lugar la mayor operación de venta de drogas del planeta. “¿Quién la vende? ¿Cómo la venden? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando”, indicó la titular del Ejecutivo.

El hecho de que Washington destine tantos recursos a “combatir” el narcotráfico en decenas de países, mientras las sustancias ilícitas se consumen sin control en su propio territorio y las ganancias de los cárteles se lavan a un ritmo de 300 mil millones de dólares anuales en su sistema financiero, es un firme indicio de que las autoridades estadunidenses no tienen y nunca han tenido la intención de acabar con este problema. Por el contrario, su verdadero interés reside en usarlo como pretexto para sus políticas neocolonialistas.

Por otra parte, las acusaciones de una “conexión mortal” entre los cárteles de la droga y el gobierno mexicano resultan hasta risibles en boca del jefe de una agencia totalmente desacreditada por las conductas de sus directivos y agentes. En enero de 2023, se dio a conocer que el ex director regional de la DEA en México Nicholas Palmeri sostuvo contactos “impropios” con abogados de Miami que defienden a capos latinoamericanos, por lo que en mayo de 2021 fue abruptamente transferido a las oficinas centrales en Washington, hasta que finalmente dimitió en marzo de 2022. La agencia le permitió renunciar en lugar de expulsarlo y declinó presentar cargos en su contra; es decir, premió su corrupción con impunidad total. Dos meses después, un agente y un supervisor fueron imputados por filtrar información confidencial a abogados de Miami a cambio de 70 mil dólares en efectivo, otra muestra de las cada vez más evidentes redes de corrupción tejidas entre la agencia y toda la economía que gira en torno al dinero del narcotráfico en territorio estadunidense. En julio del mismo año, el subdirector de la agencia, Louis Milione, dejó su cargo luego de que una investigación periodística sacó a la luz que trabajó como consultor de empresas farmacéuticas vinculadas a la grave crisis de adicciones a opioides.

En diciembre de 2021, José Irizarry fue condenado a 12 años de prisión tras admitir que pasó una década conspirando con cárteles colombianos para lavar dinero, tiempo en el cual viajó por el mundo dándose una vida de lujos y excesos en compañía de las personas a las que supuestamente perseguía. Irizarry aseguró que no caería solo y señaló que docenas de agentes federales, fiscales e informantes participan en una especie de tour permanente para recoger dinero proveniente del lavado en tres continentes. El agente caído en desgracia afirmó incluso que él y sus colegas hacían esto porque desde hace mucho cobraron conciencia de la futilidad de la guerra contra las drogas. Hasta ahora, ni la DEA ni ninguna otra dependencia estadunidense han querido investigar la información que Irizarry ofrece sobre las dimensiones de la corrupción en sus propias filas.

En diciembre de 2025, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Paul Campo –un ex agente de la DEA con 25 años de trayectoria que llegó a ser subjefe de la Oficina de Operaciones Financieras– de utilizar su profundo conocimiento interno para participar directamente en el tráfico de narcóticos y estructurar el lavado de 12 millones de dólares para el cártel Jalisco Nueva Generación. Hace dos semanas, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, afirmó que la entidad podría reclamar miles de millones de dólares en daños civiles tras las revelaciones de que agentes de la DEA permitieron repetidamente que cargamentos de fentanilo llegaran a comunidades azotadas por las drogas, como parte de un supuesto plan para armar casos más grandes.

En suma, Cole y el gobierno estadunidense en su conjunto tienen mucho trabajo por hacer dentro de sus fronteras y dentro de sus propias filas, y mucho que explicar a sus votantes, antes de hacer acusaciones temerarias e improcedentes sobre otros países." 

(Editorial de La Jornada, 16/07/26) 

Las cuentas del narco en España: Estos son los números para el tráfico de hachís. Porque si es cocaína, las cifras se multiplican. Por diez... Tripulante común de narcolancha: 10.000 euros por viaje... tripulante de narcolancha con conocimiento de comunicaciones: 20.000 euros... patrón de la embarcación: 45.000 euros... vigilantes en las playas de la llegada de la policía: 300/ 900 euros... alijadores que descargan a tierra los fardos desde las embarcaciones: 1.500/ 3.000 euros... conductores que trasladan la droga de la playa a los chalés: 25.000 euros... quiénes vigilan estos chalets: 10.000 euros... El 40% de la cocaína que entra en Europa lo hace por España (Jordi Amat)

"Hacía frío en el Parque Nacional de Doñana. Fue durante las pasadas Navidades, la temperatura no llegaba a los 4°C. Era una compañía de voluntarios para limpiar la zona. No recorrieron más de tres kilómetros de costa, según explicaron en la emisora de Canal Sur. Además de kilos y kilos de plástico, recogieron 210 garrafas: son grandes, muy visibles porque flotan o se incrustan en la arena. “Muchas de ellas llevan combustible, están rotas, gotean, contaminan el suelo y el mar”. La mayoría tienen capacidad para 25 litros. Acostumbran a llenarlas de noche en gasolineras de autoservicio. 

Las mafias las guardan en pisos de barrios pobres hasta que les llega la información y se activa la operación porque son el envase fundamental en una de las fases logísticas del contrabando de hachís y cocaína. Es el petaqueo: la venta de garrafas –petacas- que permite repostar a las narcolanchas en altamar. Se están comprando por 250 euros, contó aquí hace unos meses Jesús A. Cañas. Ponía cifras al volumen de carburante que necesitan los motores de cuatro tiempos para ir a toda velocidad, cargar la droga de los buques nodriza y esquivar a la Guardia Civil: entre 2.000 y 4.000 litros.

El 40% de la cocaína que entra en Europa lo hace por España y nuestra geografía tiene lugares estratégicos. Ves un mapa de la costa onubense y no hace falta ser Pablo Escobar para intuir su potencial para desarrollar uno de los negocios más rentables del mundo. El Atlántico está muy cerca y también una de las rutas tradicionales del tráfico internacional: el corredor entorno al Estrecho de Gibraltar. Uno de los periodistas locales que mejor lo están contando es Jordi Landero en Huelva Información. Allí primero fue el tabaco, luego el hachís, ahora la coca. No ha cambiado la geografía, pero sí la escala. “[El narco] maneja cifras millonarias, introduce cocaína procedente de Sudamérica y utiliza armas de guerra para proteger sus cargamentos”. Es una amenaza para la seguridad de primera magnitud y se necesitan más recursos. El viernes a media mañana, a 80 millas de la costa de Huelva y a 47 de la de Marruecos, dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Comandancia de Huelva chocaron cuando perseguían a una narcolancha. Han fallecido dos guardias civiles. En el primer congreso académico sobre la cuestión, celebrado a finales del año pasado, la Guardia Civil lo explicó: el narcotransporte es la especialidad en Huelva.

Uno de los responsables del Servicio de Vigilancia Aduanera le contó al periodista Landero cuál es la escala salarial de los implicados en el negocio. El tripulante de una narcolancha se puede llevar 10.000 euros por viaje y, si tienes conocimiento de comunicaciones, incluso 20.000. Para el patrón de la embarcación, la cifra máxima: 45.000 euros. Además, debe pagarse a los petaqueros. Donde aquella mañana un grupo de voluntarios recogían garrafas de plásticos, entre playas y marismas, en ocasiones hay jóvenes vigilando. Si ven policía, avisan. Por ello pueden cobrar entre 300 y 900 euros. Es el sueldo más bajo de la cadena del narcotransporte. Luego están los que descargan a tierra los fardos desde las embarcaciones: a ellos les tocan entre 1.500 a 3.000 euros. Son los alijadores, que pueden encargarse también de ocultar y custodiar la mercancía en un primer momento. 25.000 euros pueden cobrar los conductores que trasladan la droga de la playa a los chalés, naves industriales o casas de campo donde se guardarán entre 24 y 48 horas (quienes vigilan las “guarderías”, así las llaman, se embolsan unos 10.000 euros). Estos son los números para el tráfico de hachís. Porque si es cocaína, las cifras se multiplican. Por diez."

(Jordi Amat , El País, 10/05/26)  

La Costa del Sol del narcotráfico... se ha extendido lo que ya parece un mal sistémico, el crimen organizado. El número de bandas organizadas se ha multiplicado en un territorio que ya no da para más... Hay armas de guerra en cualquier sitio. ¿En qué momento se ha dejado prosperar todo esto? Es un grave problema a nivel económico y social que no se afronta con decisión: solo la policía hace su trabajo y con eso no es suficiente... por ejemplo, la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) en Marbella, con su hijastro y su marido —ya fallecido— envueltos en un caso de blanqueo de capitales y narcotráfico, sin que haya mermado su popularidad

"Hace 20 años Marbella saltó por los aires. Desde entonces, nada es lo mismo en la Costa del Sol. La Operación Malaya contra la corrupción urbanística acabó con un sistema de incumplimiento sistemático de la legalidad que nació con la llegada de Jesús Gil a la alcaldía y acabó con la detención de un centenar de personas. Aquel trabajo policial supuso la disolución del Ayuntamiento, primera y única vez que esto ha sucedido en democracia. También un antes y un después para todo el litoral malagueño, que dos décadas más tarde ha conseguido liberarse de la imagen de corrupción, pero se enfrenta a nuevos retos ante un crecimiento que parece infinito. Entre ellos, la escasez de recursos naturales, los problemas de movilidad o el crimen organizado. De fondo, la falta de vivienda y la masificación turística, que va ya mucho más allá del verano en estos casi 150 kilómetros de urbanización continua donde viven 1,3 millones de personas. Y cuyo nuevo centro de gravedad se ha desplazado hacia Málaga, paradigma de este litoral.

Hoy en el Consejo Consultivo de Andalucía, el abogado Diego Martín Reyes fue el elegido hace dos décadas para presidir la comisión gestora que puso orden —en la medida de lo posible— en el Consistorio marbellí. “Malaya corrigió Marbella y provocó que actuaciones similares en ayuntamientos cercanos fuesen descubiertas y enjuiciadas”, recuerda. Ciudades como Estepona, Manilva o Ronda se vieron salpicadas en grandes tramas corruptas, que con el paso de los años han ido desapareciendo de los titulares. “La operación supuso una catarsis en los poderes públicos, un punto de inflexión; pero tengo dudas de que no sigan ocurriendo irregularidades”, advierte Diego Vera, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Gobierno y Territorio (I-INGOT) de la Universidad de Málaga (UMA), quien trabaja, de hecho, en analizar si hoy hay otras fórmulas de corrupción urbanística que pasen desapercibidas. “Entonces era todo muy burdo, con tonadilleras, futbolistas y bolsas de basura llenas de dinero. Ahora no sabemos si se están produciendo corruptelas más sutiles”, apunta. “O puede que funcione todo bien, es lo que queremos saber”, cuenta quien fue uno de los redactores del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, que pretendía poner orden al urbanismo en la zona pero acabó tumbado por el Tribunal Supremo porque la Junta de Andalucía no emitió el informe sobre impacto de género.

El documento se empezó de nuevo y aún hoy no ha sido aprobado. “Tuvimos un momento donde los criterios de ordenación territorial se agudizaban, pero ahora vuelven a estar adormecidos. Si miras al litoral es todo un desastre, con problemas gravísimos” advierte Vera, que cree que la disrupción se produce porque cada municipio va a lo suyo y porque lo privado avanza a toda velocidad buscando rentabilidad, mientras lo público va detrás intentando dar servicios, pero de forma más lenta —para cumplir la legalidad— y sin tantos recursos. “El urbanismo devorador es lo que más ha marcado a la Costa del Sol en su historia reciente”, recalca Librada Moreno, portavoz de Ecologistas en Acción en Mijas, que a sus 56 años lleva desde los 16 implicada en la defensa del medioambiente. “Se ha esquilmado todo”, lamenta quien, además, pone el acento en la crisis climática y la escasez de recursos naturales de este territorio, como ha demostrado la reciente sequía, que puso en jaque al turismo y mantuvo a buena parte de su población con restricciones y cortes de agua durante dos años.

De la vivienda al narcotráfico

Más allá del daño al medio ambiente, las consecuencias del crecimiento infinito del hormigón son evidentes, sobre todo en verano. A un lado, la movilidad. Basta con subir al coche para encontrarse con la A-7 colapsada y una AP-7 de pago que nadie ve como una solución, ni siquiera si dejaran de cobrar peaje. El Cercanías —saturado, aunque en proceso de desdoblamiento— solo llega hasta Fuengirola dejando a Marbella como única gran ciudad sin ferrocarril y el ambicioso tren litoral que apenas ha avanzado en 20 años a pesar de los cambios de gobierno estatales y autonómicos. Al otro lado, la escasez de vivienda, una paradoja porque a simple vista es fácil ver decenas de grandes grúas construyendo miles de pisos en todo el litoral año a año. “Pero la mayoría son para el turismo, segundas residencias y, sobre todo, inversión” asegura Fernando Almeida, profesor de Geografía en la Facultad de Turismo de la UMA, quien expone cómo en el litoral malagueño el urbanismo y el turismo “van de la mano”. “La confianza del inversor es hoy mayor precisamente porque Marbella fue obligada a limpiar su casa de forma pública y ejemplar”, destaca Christopher Glover, máximo responsable de Panorama Properties. Como consecuencia, el mercado marbellí está desbocado, situación que ha contagiado a municipios cercanos como Estepona y Benahavís.

Ahí merece la pena hacer un apunte porque en esas localidades también se ha extendido lo que ya parece un mal sistémico: el crimen organizado. El número de bandas organizadas se ha multiplicado en un territorio que ya no da para más. Esa competencia es el origen de los múltiples tiroteos que se producen cada año. “Viene de los años 70 y 80, mucho antes de Malaya, pero ahora se ha complicado más. Es un grave problema a nivel económico y social que no se afronta con decisión: solo la policía hace su trabajo y con eso no es suficiente”, indica Alejandra Gómez-Céspedes, criminóloga que coordinó la Oficina contra la Droga y el Crimen Organizado de la ONU, quien advierte lo que muchos investigadores: la posibilidad de que un día las balas equivoquen su camino y haya víctimas colaterales. “Hay armas de guerra en cualquier sitio. ¿En qué momento se ha dejado prosperar todo esto?”, se pregunta.

Turismo sin límites

Los ajustes de cuentas apenas tienen influencia sobre esa gran actividad transversal y origen de la Costa del Sol, el turismo, que generó 21.811 millones de euros en 2025, según los datos de la Diputación, que dicen que en este litoral hay 650.000 plazas en 87.500 alojamientos, 84.000 de ellos pisos turísticos, agravando la crisis habitacional. “El destino es indestructible, pero ya no tiene mucho más margen para crecer. O no debería tenerlo si no quiere terminar de reventar el territorio”, avisa Germán Ortega, profesor en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y miembro del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (IATUR), quien pone como gran protagonista de la turistificación a la capital, la que más sufre sus consecuencias en la actualidad. “Hace 20 años la ciudad era un vacío, pero el turismo ha entrado de manera disruptiva, poniendo todo patas arriba y cambiando la ciudad para lo bueno y lo malo”, afirma.

Su colega Alfonso Cerezo, también del IATUR, subraya cómo la política malagueña tiene cada vez discursos centrados en primar la calidad del turismo frente a la cantidad —traducida principalmente en mayor gasto y menos viajeros— pero luego celebran que la Costa del Sol bata récords año a año. Sin ir más lejos, el año pasado registró su mejor cifra histórica con 14,6 millones de visitantes y el aeropuerto de Málaga también se superó a sí mismo alcanzando los 26,7 millones de viajeros. “Y no podemos crecer siempre”, insiste. Cerezo celebra, eso sí, que cada vez más ayuntamientos llaman a la puerta del IATUR en busca de investigaciones y generación de conocimiento que sirva de base para elaborar planes estratégicos de turismo, también consultando a la ciudadanía, en busca de soluciones y equilibrio. Marbella, Mijas o Torremolinos ya lo han hecho. “Antes eso nunca se hacía y es una buena noticia”, añade el investigador. “El problema está en que por muchas normas que pongas, la economía, el mercado, siempre encuentra cómo superarlas”, advierte Fernando Almeida y se comprueba ante la creciente turistificación y gentrificación de la capital y otras muchas zonas del litoral.

Esos tres municipios mencionados tienen, además, otro punto en común: están gobernados por el Partido Popular y ocurre lo mismo en todos los que componen la Costa del Sol occidental y oriental —a excepción de Manilva, donde gobierna el partido local Compromiso Manilva— en muchos casos con mayorías sólidas. “Tras Malaya se produjo una clara derechización del litoral por varias razones. La principal, que el PSOE ya estaba desgastado en la Junta de Andalucía y la derecha fue ganando posiciones en los municipios desde una postura tranquila, sin radicalismos, como predica Juan Manuel Moreno Bonilla. Esa forma de hacer convence, más allá de los resultados de sus políticas”, explica Ángel Valencia, catedrático de Ciencias Políticas en la UMA.

Valencia señala, además, cómo muchos de estos ayuntamientos tienen salud de hierro con alcaldes que parecen intocables. Pase lo que pase. Habla de José María García Urbano (PP), salpicado por varios casos judiciales que no desgastan su liderazgo en Estepona; o Ángeles Muñoz (PP) en Marbella, con su hijastro y su marido —ya fallecido— envueltos en un caso de blanqueo de capitales y narcotráfico, sin que haya mermado su popularidad desde que se hiciera con el cargo, tras Malaya, en 2007, salvo un paréntesis de dos años. Destaca, además, una izquierda “que muestra cierta incapacidad de recuperar la iniciativa política”. “No genera líderes convincentes, pero tampoco discursos o programas ilusionantes”, indica. Un caso claro, en su opinión, es el de Daniel Pérez en la capital, que no ha sabido conectar con la ciudadanía a pesar del grave problema de vivienda de Málaga o la turistificación, que podrían haber hecho tambalear al alcalde, Francisco de la Torre. “La clase media ha progresado y cree que la derecha protege mejor sus intereses económicos que uno de izquierdas, aunque puede no ser cierto”, concluye Diego Martín Reyes con el recuerdo de Malaya aún muy presente." 

(Nacho Sánchez , El País, 05/05/26)  

¿La guerra contra las drogas o la guerra contra los pobres? la llamada “guerra contra las drogas” va en realidad dirigida contra las y los pobres, que son el eslabón más débil que la cadena productiva que deriva en narcóticos... La economía de las mercancías ilícitas, con enormes niveles de explotación de los trabajadores/as, produce enormes volúmenes de efectivo que se lavan e ingresan, y por lo tanto lubrican, al sistema financiero, y permite controlar a las comunidades marginadas a través de la desmoralización social y la intervención policial... las ganancias están concentradas en los eslabones de la cadena más lejanos del cultivo de las plantas, siendo, paradójicamente, las y los trabajadores de estos cultivos de uso ilícito los más criminalizados y perseguidos por la supuesta “guerra” contra el narcotráfico... El campesinado no sólo es el blanco principal del discurso moralista de los medios de comunicación, que ignora su realidad económica y social; las grandes ganancias del negocio se la llevan los grandes capitalistas que se encuentran en lugares como La Florida y están perfectamente identificados por las autoridades estadounidenses que asisten a los mismos círculos sociales donde circula la cocaína que tanto señalan y por la que han muerto cerca de 1 millón de latinoamericanos... El problema no es la planta de coca, sino el sistema económico que criminaliza a las y los pobres de las zonas rurales mientras absorbe y recicla la enorme liquidez generada por los mercados ilícitos. El sector financiero depende de estos flujos. Los bancos mundiales los acogen con agrado. Y las naciones más ricas que promueven la erradicación dependen al mismo tiempo de la estabilidad que proporciona este capital oculto. Tratar al campesinado como el enemigo es ocultar la verdadera arquitectura del narcotráfico, que se extiende hacia arriba, hasta los circuitos de las finanzas legales, las commodities globales y el poder estatal... Sin confrontar a las instituciones financieras que lavan las ganancias, la economía mundial de las drogas continuará funcionando como un pilar no oficial de la liquidez capitalista (Laura Capote)

 "La insistencia permanente del discurso estadounidense alrededor de la lucha contra las drogas pareciera evidenciar una cruzada moral de los sucesivos gobiernos norteamericanos en limpiar su país del consumo de drogas. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta simple idea que suele instalarse en los medios de comunicación masivos. En realidad lo que se busca con la denominada “guerra contra las drogas”, demostrado con la propia historia de nuestra región, es una fachada para el desarrollo de diversos mecanismos de intervención imperialista que han implicado desde la década del 70’ la combinación de métodos que van desde el financiamiento militar a los países de la región, la instalación de bases militares, hasta el apoyo explícito de algún candidato en una contienda electoral.

El dossier más reciente elaborado por el Instituto Tricontinental desarrolla la hipótesis principal de que en realidad la llamada “guerra contra las drogas” va en realidad dirigida contra las y los pobres, que son el eslabón más débil que la cadena productiva que deriva en narcóticos. Las drogas, precisamente, y en especial sus abultadas ganancias, son lo último que interesa a la clase dominante estadounidense y a los circuitos financieros del capital global, combatir, aunque hagan todo el esfuerzo propagandístico por desligarlo de las prácticas “legítimas” del capitalismo.

En realidad, la empresa transnacional de carácter criminal que constituye la industria del narcotráfico, es un elemento fundamental de los circuitos de acumulación del capitalismo a escala global. El dossier afirma que “la guerra contra las drogas es simplemente un intento de los Estados capitalistas de garantizar que estos circuitos de narcóticos permanezcan clandestinos para que el dinero extraído de comercio ilegal pueda continuar dando liquidez a un sistema bancario que no funcionaría sin él”.

En  América Latina y el Caribe, región principalmente afectada por la denominada “guerra”, resalta el caso colombiano como el paradigmático a la hora de comprender las diferentes consecuencias de esta política estadounidense: desde la criminalización de las y los campesinos cultivadores, hasta el financiamiento de un aparato de guerra y represión contra las clases populares, pasando por una formación y financiamiento impartido por los EE.UU. a las fuerzas militares en el país con una doctrina contrainsurgente que encontró en la GCD su excusa perfecta.

La investigación indica que la demanda de las mercancías ilícitas no varía sustancialmente a pesar de la variación de precios, teniendo en cuenta la naturaleza de la misma respecto sus niveles de dependencia, siendo un caldo de cultivo para la comisión de delitos como pequeños hurtos para poder, de la forma que sea, solventar el consumo. “La violencia en el paso de la droga desde las fincas hasta las calles, y la violencia de las sobredosis, rara vez interrumpen la producción o el mercado”

De esta manera, se pueden sacrificar vidas sin interrumpir el proceso de acumulación de capital en la economía formal. La economía de las mercancías ilícitas, con enormes niveles de explotación de los trabajadores/as, produce enormes volúmenes de efectivo que se lavan e ingresan, y por lo tanto lubrican, al sistema financiero, y permite controlar a las comunidades marginadas a través de la desmoralización social y la intervención policial.

Con un repaso por el proceso productivo de la coca, el dossier busca evidenciar de qué manera las ganancias están concentradas en los eslabones de la cadena más lejanos del cultivo de las plantas, siendo, paradójicamente, las y los trabajadores de estos cultivos de uso ilícito los más criminalizados y perseguidos por la supuesta “guerra” contra el narcotráfico.

El rol de las y los campesinos cultivadores es una de las principales preocupaciones de la investigación, destacando cómo, desde la perspectiva del campesinado colombiano, la economía política de la guerra contra las drogas responde a una compleja conexión entre cultivos, falta de desarrollo rural y conflicto armado que ha caracterizado la historia agraria en el país.

El caso colombiano ha sido el caso paradigmático a nivel continental de lo que está detrás de una narrativa simplificada de esta denominada “guerra”. Es la profundización del modelo neoliberal en la agricultura lo que ha acelerado la extinción de las y los pequeños agricultores. El campesinado enfrenta la falta de acceso y tenencia de la tierra, así como la exclusión social y económica, el desempleo, la opresión y marginación, lo que se ve agravado por la debilidad de las políticas públicas, salud y educación rurales inadecuadas, y la imposibilidad de acceder a vivienda digna. En Colombia, la crisis se intensifica aún más por el acaparamiento de tierras, la usurpación y la legalización, la “regularización” de tierras ilegalmente despojadas, llevada a cabo a través de un modelo paramilitar con financiamiento y consentimiento estatal al servicio de grandes corporaciones transnacionales.

El campesinado no sólo es el blanco principal del discurso moralista de los medios de comunicación, que ignora su realidad económica y social; las grandes ganancias del negocio se la llevan los grandes capitalistas que, como ha insistido en varias oportunidades el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentran en lugares como La Florida y están perfectamente identificados por las autoridades estadounidenses que asisten a los mismos círculos sociales donde circula la cocaína que tanto señalan y por la que han muerto cerca de 1 millón de latinoamericanos y latinoamericanas.

Por otro lado, es importante anotar que el movimiento campesino en Colombia también ha construido herramientas para organizarse en territorios donde se cultiva coca. Desde históricas marchas campesinas a mediados de los 90’s, hasta la actualidad, las comunidades campesinas productoras de la hoja de coca exigen al Estado la sustitución voluntaria de los cultivos y el cese de métodos de erradicación forzada con glifosato, que lo único que han traído a los territorios es un aumento del pie de fuerza militar, generando violencia y despojo en los territorios.

“El problema no es la planta de coca, sino el sistema económico que criminaliza a las y los pobres de las zonas rurales mientras absorbe y recicla la enorme liquidez generada por los mercados ilícitos. El sector financiero depende de estos flujos. Los bancos mundiales los acogen con agrado. Y las naciones más ricas que promueven la erradicación dependen al mismo tiempo de la estabilidad que proporciona este capital oculto. Tratar al campesinado como el enemigo es ocultar la verdadera arquitectura del narcotráfico, que se extiende hacia arriba, hasta los circuitos de las finanzas legales, las commodities globales y el poder estatal”, afirma la investigación.

Si el objetivo es terminar con la violencia y la dependencia económica del cultivo de coca, entonces el punto de partida no debe ser ni la militarización ni la erradicación, sino la reconstrucción de la vida rural: reforma agraria, precios garantizados para cultivos lícitos, infraestructura, servicios públicos y derechos políticos para quienes cultivan la tierra. Sin transformar las condiciones sociales y económicas que empujan a las familias a la agricultura ilícita, el ciclo simplemente se reproducirá. Sin confrontar a las instituciones financieras que lavan las ganancias, la economía mundial de las drogas continuará funcionando como un pilar no oficial de la liquidez capitalista." 

(Laura Capote, De Frente, 13/02/26, Este artículo ha sido elaborado por Globetrotter)

¿Sabes cómo se puede frenar al crimen organizado en España? La herramienta para evitar el riesgo de un narcoestado es clara: seguir el rastro del dinero... El alto mando prioriza las grandes incautaciones a la investigación patrimonial y el problema se retroalimenta... La Península Ibérica ha sido siempre la gran puerta de entrada de la droga en Europa, y lo seguirá siendo (Nacodiario)

 "¿Sabes cómo se puede frenar al crimen organizado en España?

La herramienta para evitar el riesgo de un narcoestado es clara: seguir el rastro del dinero / El alto mando prioriza las grandes incautaciones a la investigación patrimonial y el problema se retroalimenta / La Península Ibérica ha sido siempre la gran puerta de entrada de la droga en Europa, y lo seguirá siendo(...).

 

(Narcodiario, 01/02/26) 

El crimen organizado se extiende ya por todos los rincones de la Costa del Sol... En la provincia de Málaga no ha habido desde el pasado Viernes Santo una semana de tregua... por ajustes de cuentas de múltiples factores entre las decenas de bandas del crimen organizado. Asentadas muchas aquí desde los sesenta a la vista de todos, cuando el franquismo impulsó un resort para disfrute de la jet set delincuencial y que en la última década se les ha ido de las manos... El plomo que asola desde hace años a la zona, reconvertida en la sede global no solo del sol y de la playa, sino también de más de 100 bandas del narcotráfico internacional, según el Ministerio del Interior, es visto por muchos residentes como un peaje, el precio a pagar por seguir ganando dinero en uno de los puntos más codiciados del turismo en Europa... En la Costa del Sol, la percepción de la seguridad se parece más a la de una localidad caribeña devorada por el turismo y el narco que la de cualquier otro rincón de España... Así, los que viven y trabajan aquí se han apropiado del lenguaje que impone la violencia: “Aquí es seguro, allí [a 20 minutos], no”; “se matan entre ellos”; “los que mueren algo habían hecho”... Cualquiera sabe que con el coche no debe provocar un enfrentamiento, algo que en otras partes se resolvería con cuatro insultos, aquí no sabes con quién te estás metiendo. Las familias de toda la vida de Marbella ya no van a Puerto Banús o a cenar a uno de los restaurantes de Nueva Andalucía porque viven esquivando las zonas donde se los pueden encontrar... Casi todos saben diferenciarlos e incluso algunos se las apañan para evitar atraerlos. “Intentas cosas… Me he dado cuenta de que un truco para que no vengan al restaurante es usar una decoración más femenina”, cuenta un chef

 "Frente al lugar donde hace poco más de una semana la sangre de dos hombres fornidos regaba las baldosas, dos matrimonios de jubilados (los únicos españoles a la vista) saborean un espeto, tres cañas y un Verdejo. Las letras del bar irlandés, el Monaghan’s, en pleno paseo marítimo de Fuengirola (Málaga), ya no existen. Como si haberle quitado el nombre al local donde se cometió uno de los crímenes más escandalosos de la Costa del Sol este año, borrara de una vez lo que pasó ahí dentro. Familias que arrastran sillas de playa pasan por su puerta y no se detienen. A un lado corre la cerveza y las sardinas, algunas botellas de champán con bengalas para celebrar cumpleaños en inglés, happy hour, cigarros mentolados, los camareros abrazan a las clientas, rugen los deportivos, suena rock, se cocinan al sol decenas de turistas sin necesidad de que haya llegado aún el verano. “Esto no es Marbella. Aquí no pasan esas cosas”, zanja un hostelero que pide que su nombre no aparezca. Como si las balas conocieran de fronteras comarcales, como si el sicario que mató a dos hombres con las terrazas a rebosar un sábado por la noche hubiera sido un espejismo. Como si en la joya del turismo español quedara algún rincón a salvo de la violencia del narcotráfico.     

En la provincia de Málaga no ha habido desde el pasado Viernes Santo una semana de tregua. La Policía ha registrado siete tiroteos, cuatro hombres asesinados y otros tantos heridos. La facilidad de gatillo no es nueva en la provincia, pero sí que el terror se haya desplazado hacia zonas más familiares, como Fuengirola, donde dos hombres fueron acribillados en una terraza llena de gente, la noche de la final de la Champions, en el mismísimo paseo marítimo. Una cámara que grabó el momento, al estilo Medellín o Ciudad de México, ha pulverizado la creencia general de que es “solo entre ellos”, de que eso, a los que viven ahí y no se dedican a nada raro, no les afecta. Esta primavera de tiroteos y ajustes de cuentas ha revivido los fantasmas de los peores años, en 2018 y 2019, con una veintena de cadáveres en las calles provocados por ajustes de cuentas de múltiples factores entre las decenas de bandas del crimen organizado. Asentadas muchas aquí desde los sesenta a la vista de todos, cuando el franquismo impulsó un resort para disfrute de la jet set delincuencial y que en la última década se les ha ido de las manos.

La noche en que Luis Enrique levantaba la Copa de la Champions y se la dedicaba a su hija fallecida con nueve años, en el momento preciso en el que medio mundo se emocionaba con la celebración de un padre que volaba por los aires empujado por sus jugadores en un estadio lejano, un hombre encapuchado se bajó de un coche aparcado en la zona más concurrida de Fuengirola. Eran las 23.30 del sábado 31 de mayo. Y ahí, con las televisiones todavía encendidas, el hombre de la capucha llegó hasta la mesa de Eddie Lyons Jr. y Ross Monaghan y le disparó a bocajarro en el pecho a uno de ellos. Ross corrió hacia adentro del establecimiento, quién sabe si buscando un refugio en los baños. En el vídeo publicado en el Scotish Sun se ve a otro hombre correr entre el sicario y el escocés. Cómo se cae, se choca con la pared, tropezando por la seguridad de que una de esas balas iba a tragársela él también. Pero no. El encapuchado, como en una cacería, sabía bien el nombre que llevaban escritos esos proyectiles que terminaron cercenando hasta en cuatro ocasiones el abdomen del hombre de la camiseta blanca. “La policía nos ha dicho que no digamos una palabra a la prensa”, zanja la dueña del negocio.

En su pueblo no los encontraron para matarlos. Tuvieron que venir hasta Fuengirola. El crimen de los escoceses ha trasladado una guerra de cárteles de Glasgow hasta la Costa del Sol. Como antes sucediera con las mafias suecas, marsellesas o irlandesas. A Ross habían intentado asesinarlo en su país en 2017, cuando había ido a llevar a su hija a la escuela, explicaba la BBC, que como diferentes medios británicos, se hizo eco de la noticia de ese sábado. La bala de entonces solo le alcanzó el hombro. Y, según la prensa escocesa, él y su socio, capos de la legendaria banda de los Lyons, habían decidido desplazarse hasta el lugar donde se hacen los negocios de la droga en Europa: la Costa del Sol. Una batalla que se recrudeció este marzo en Escocia, con una serie de ajustes de cuentas entre pandillas que terminó con 30 detenidos, y culminó a 3.000 kilómetros de su lugar de origen: con la sangre de los dos capos sobre el paseo Marítimo Rey de España, número 206. Este viernes ha sido capturado en Liverpool (Reino Unido) el presunto sicario. 

 Fuengirola no es Marbella. Aunque para un forastero resulta casi imposible distinguir en esta lengua de tierra de 90 kilómetros entre el mar y la montaña, de apartamentos apretados, chalets que se comen los cerros y decenas de hombres y mujeres cuyo único empleo aparente es el de ir al gimnasio, en qué municipio se encuentra. Lo único que separa de un vistazo Fuengirola de otros puntos más exclusivos de la Costa del Sol es el dinero. Y son los 21.200 millones de euros que ingresa del turismo de esta comarca lo que vertebra no solo su economía, sino también sus pesadillas. El plomo que asola desde hace años a la zona, reconvertida en la sede global no solo del sol y de la playa, sino también de más de 100 bandas del narcotráfico internacional, según el Ministerio del Interior, es visto por muchos residentes como un peaje, el precio a pagar por seguir ganando dinero en uno de los puntos más codiciados del turismo en Europa.

Nadie quiere mirar a la esquina del bar sin nombre. Como tampoco nadie quiere saber nada del motivo por el cual cosieron a balazos a un británico a finales de abril al salir de un partido de fútbol con amigos en el club deportivo Naundrup, en una zona de casas acomodadas en Mijas (a media hora en coche de ese lugar). Ni se sabe nada de quién lloró al cadáver de otro hombre que apareció maniatado, con signos de tortura y en estado de descomposición, en una finca en ese mismo municipio, solo 48 horas después. Los más jóvenes siguen llenando las discotecas, pese a que una pequeña discusión puede terminar en una bronca a tiros.

En la Costa del Sol, la percepción de la seguridad se parece más a la de una localidad caribeña devorada por el turismo y el narco que la de cualquier otro rincón de España, que se enorgullece de ser uno de los países más seguros del mundo. Así, los que viven y trabajan aquí se han apropiado del lenguaje que impone la violencia: “Aquí es seguro, allí [a 20 minutos], no”; “se matan entre ellos”; “los que mueren algo habían hecho”. Se utilizan verbos y expresiones que para alguien de Toledo o Valladolid resultan ajenas: un vuelco de droga (robar la mercancía a un rival); “eliminar” a alguien, en lugar de asesinarlo. Cualquiera sabe que con el coche no debe provocar un enfrentamiento, algo que en otras partes se resolvería con cuatro insultos, aquí no sabes con quién te estás metiendo. Las familias de toda la vida de Marbella ya no van a Puerto Banús o a cenar a uno de los restaurantes de Nueva Andalucía porque viven esquivando las zonas donde se los pueden encontrar.

“Aun así, la gente no es muy consciente. Y cuando pasan estas cosas, la mayoría prefiere no hablar mal de la zona, porque daña nuestra imagen”, cuenta el socio fundador de la asociación de vecinos Marbella Activa, Javier Lima. “El problema es que cuando haces como que no pasa nada, lo normalizas”, continúa. “El respeto por la vida que tenemos en Europa se puede perder, pasar de un lado al otro no es tan difícil”, advierte Lima.

Ningún responsable del Ayuntamiento de Fuengirola, ni tampoco de Mijas y Marbella, han querido contestar las preguntas de este diario sobre los últimos tiroteos. La alcaldesa de Fuengirola, Ana María Mula, hacía estos días malabares para no hablar del asesinato de los escoceses y pedir al mismo tiempo en un acto público más recursos al Estado para combatir al crimen organizado. Una petición que se suma a las exigencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona, que llevan advirtiendo años de la facilidad de adquirir un arma de fuego. “Ya en cualquier registro, por menor que sea el delito, hay armas. A priori las tienen para defenderse de otras organizaciones... Pero estamos en el límite de que las utilicen contra nosotros o cualquier ciudadano que pase por al lado sin tener nada que ver”, advierte un policía a EL PAÍS.

En un tiroteo reciente en Marbella, una bala perdida terminó impactando en la carrocería de un Uber que estaba aparcado en la puerta de una discoteca con su conductor dentro. “Casi mata a un civil”, avisa un agente. “Y lo peor es que al final todo esto les sale muy barato”, indican varias de las fuentes consultadas. Aclaran que las escasas penas por los asesinatos y la lentitud de la justicia —que en muchos casos acaba rebajando aún más los años de prisión— son causa de permanente cabreo entre las fuerzas policiales. En muchos casos, los investigadores pasan meses o años tras un grupo de narcos que, una vez detenidos, pasan poco tiempo en prisión provisional o incluso la evitan gracias a errores judiciales, como ocurrió hace pocas semanas con tres de los detenidos en la Operación Epicúreo.

 Casi todos saben diferenciarlos e incluso algunos se las apañan para evitar atraerlos. “Intentas cosas… Me he dado cuenta de que un truco para que no vengan al restaurante es usar una decoración más femenina”, cuenta un chef de una de las zonas más acaudaladas de Marbella, Nueva Andalucía. Casonas entre palmeras a unos metros de Puerto Banús donde todos saben que ahí duermen los que cuando quieren se matan a tiros. Ese mismo chef recuerda una escena en una rotonda de camino a su negocio: “La policía había abierto el maletero de uno de esos cochazos que llevan. Bien, pues ahí había por lo menos cuatro kaláshnikov”, remata. Lo más complejo de esta zona es que cualquiera de las decenas de personas que trabajan para el crimen organizado puede ser tu vecino.

Un agente inmobiliario que vende casas a los millonarios de todo el mundo que, especialmente después de la pandemia, deciden instalarse largas temporadas en la costa, zanja las preguntas sobre si la inseguridad le está afectando a su negocio: “Para muchos de los que venimos de fuera, nuestros países son más inseguros que este. Hay más tiroteos allí que aquí”. Y asegura que lo que sucede fuera de estas fortalezas a ellos no les afecta, todavía no. El director de Marketing y Comunicación de Higuerón Resort, Luis García, uno de los complejos hoteleros más exclusivos de la provincia, asegura que la marca de la Costa del Sol sigue siendo atractiva para el turismo, aunque reconoce: “Por supuesto que las incidencias que han ocurrido no son positivas para el destino, pero son situaciones aisladas y fuera de la vida cotidiana de nuestros residentes y visitantes, ligado a colectivos que nadie queremos en nuestro entorno”.

Los que viven y trabajan en la Costa del Sol saben que el cóctel de narco y turismo, allí donde se ha intentado, nunca ha salido bien. Existen numerosos ejemplos en el mundo donde las balas pasaban rozando las sombrillas, primero, y después la sangre terminaba enturbiando las aguas cristalinas sin que una autoridad consiguiera para ese entonces controlar el monstruo. Un animal, que en el caso paradójico de este rincón del sur de España, tiene además un centenar de cabezas y otros cientos de brazos armados, donde una bronca en Glasgow, en Marsella o en Ámsterdam, puede detonar el terror a unos metros de una familia en Málaga sin que una autoridad pueda hacer nada para impedirlo. Un hostelero que prefiere no hablar más del tema por teléfono advierte: “Claro que estamos preocupados, lo que pasa es que muchos no lo van a reconocer. Pero lo que ha pasado en el Monaghan’s y lo que pasa en Marbella nos puede pasar a cualquiera”. 

( Elena Reina , Nacho Sánchez , El País, 15/06/25)

"¿Se está burlando de la gente, señor Primer Ministro? ¡Estabas literalmente lavando dinero de la droga! … ¡Esto es motivo para que todo el gobierno caiga!"... El escándalo del narcotráfico con bitcoin podría trastocar las elecciones checas... El Ministro de Justicia checo renunció el viernes en medio de un escándalo que involucra una donación de 40 millones de euros en bitcoins... o sea, narcoestados en Europa

 "Un escándalo del gobierno checo que involucra a un empresario de la dark web que trafica con drogas y millones de euros en bitcoin amenaza con ayudar a las perspectivas del líder opositor populista Andrej Babiš en las elecciones parlamentarias de este otoño.

El Ministro de Justicia checo, Pavel Blažek, del Partido Cívico Democrático (ODS) del Primer Ministro Petr Fiala, renunció el viernes en medio de un escándalo que involucra una donación de 40 millones de euros en bitcoins al ministerio —subastada por la institución a cambio de efectivo en una subasta pública—, donada por un narcotraficante convicto.

La criptomoneda provino de Tomáš Jiřikovský, quien anteriormente dirigía un mercado ilegal en la darknet que vendía drogas, y cumplió condena en prisión por malversación, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. El periódico checo Deník N dio la noticia la semana pasada de que la policía está investigando la donación.

Blažek, quien también es conocido como Don Pablo en los círculos políticos checos debido a sus escándalos anteriores que incluyeron asistir a la fiesta de un cabildero pro-ruso o la supuesta corrupción relacionada con apartamentos municipales, dijo que actuó legalmente, pero renunció porque no quería que la coalición actual sufriera.

"Era tan ultra-legal que no podría ser más legal," dijo Blažek, añadiendo que Jiřikovský podría haber donado bitcoin al ministerio como una "forma de penitencia."

Pero el escándalo es una bendición para el candidato opositor Babiš, líder del partido populista de derecha ANO, quien gobernó Chequia entre 2017 y 2021 —y llega en un momento crítico. Aunque sigue liderando, ANO ha ido disminuyendo lentamente en las encuestas durante las últimas semanas, mientras que la coalición Together (SPOLU) ha ido en aumento.

El analista político Ladislav Mrklas del Instituto CEVRO en Praga, dijo que la oposición intentará utilizar el escándalo para obtener beneficios políticos durante semanas.

"Todo el asunto estalló en un momento muy inoportuno, justo cuando parecía que los partidos del gobierno finalmente estaban ganando terreno y su apoyo comenzaba a aumentar desde el fondo," dijo, añadiendo que es un "gran inconveniente" para el gobierno.

Petr Kaniok, del departamento de relaciones internacionales de la Universidad Masaryk en Brno, dijo que la coalición logró mitigar el impacto del escándalo haciendo que el ministro renunciara.

"Para ser directo: sin cuerpo, no hay crimen." Si Blažek ya no está en el gobierno, la oposición tendrá dificultades para atacarlo,” dijo Kaniok, añadiendo que no espera que el caso tenga un gran efecto — también porque Blažek ha sido durante mucho tiempo una figura polarizadora.

Babiš fue rápido en acusar a Blažek y al ODS de blanqueo de dinero y pidió la dimisión del gobierno.

¿Se está burlando de la gente, señor Primer Ministro? ¡Estabas literalmente lavando dinero de la droga! … ¡Esto es motivo para que todo el gobierno caiga! … Eres el gobierno más corrupto que este país ha tenido jamás,” escribió Babiš en una publicación en X.

La policía y la Jefatura Nacional de Combate al Crimen Organizado están investigando si la donación provino de dinero lavado."               

(Ketrin Jochecová , POLITICO, 02/06/25, traducción Quillbot, enlaces en el original)

El análisis de la fiscal jefa Antidroga: Cuando uno habla de narcoestado, se refiere a que el narco se ha introducido en las instituciones. Eso en España no pasa, afortunadamente... En las instituciones públicas nosotros todavía no tenemos a los narcos, pero en las privadas, es decir, la creación de nuevas empresas de blanqueo, poco a poco va aumentando. Hay peligro, efectivamente, de que esto nos desborde... siempre he pensado, aunque es una intuición sin base para demostrarlo, que la llegada de muchísimo dinero iberoamericano a Madrid podría incluir, en parte, fondos de origen ilícito... Necesitamos una mejor capacidad para investigar el blanqueo "La justicia española no está preparada ni para investigar el blanqueo ni grandes causas de narcotráfico"... La policía muchas veces comenta: "El juez rechaza empezar esta investigación porque no puede, porque están colapsados"

 "Cuando uno habla de narcoestado, se refiere a que el narco se ha introducido en las instituciones. Eso en España no pasa, afortunadamente", señala Morán. Sin embargo, la máxima responsable de la Fiscalía Antidroga considera que la administración de justicia "no está preparada para investigar ni blanqueo ni grandes causas de narcotráfico".

Por ello, Morán considera que "un cambio esencial vendría en que los fiscales asuman la instrucción. Eso podría mejorar el sistema". La fiscal aborda la complejidad del fenómeno, más allá de los delitos de salud pública, y reclama una respuesta europea para analizar mejor el origen de las inversiones extranjeras, donde poco el foco como origen de muchas actividades ilícitas: "siempre he pensado", dice, "que la llegada de muchísimo dinero iberoamericano a Madrid podría incluir, en parte, fondos de origen ilícito". Y concluye: "Los narcotraficantes más grandes, incluidos los españoles, están refugiados en Dubái

¿Considera que España evoluciona hacia convertirse en un narcoestado, como algunos dicen?

Cuando uno habla de narcoestado, se refiere a que el narco se ha introducido en las instituciones. Eso en España no pasa, afortunadamente. Un narcoestado es cuando el narco llega a introducirse en las estructuras legales, privadas y públicas. En las públicas nosotros todavía no tenemos a los narcos, pero en las privadas, es decir, la creación de nuevas empresas de blanqueo, poco a poco va aumentando. Hay peligro, efectivamente, de que esto nos desborde.

¿Cómo actúa el narco en España?

Lo que estamos detectando en las últimas causas es que hay un gran interés por parte de los narcotraficantes típicos en contratar profesionales encargados del blanqueo, encargados de maximizar los beneficios económicos, de colocarlos en la economía legal, de crear empresas. Por ejemplo, recientemente hemos visto cómo compran licencias de transporte, de VTC. Eso cada vez es más común.

España es un país que busca inversión extranjera, y esto es normal. Pero es verdad que, a través de estas vías de facilitar la llegada de inversión, puede entrar este dinero. Por ejemplo, siempre he pensado, aunque es una intuición sin base para demostrarlo, que la llegada de muchísimo dinero iberoamericano a Madrid podría incluir, en parte, fondos de origen ilícito. No digo que todo, porque obviamente ha llegado muchísimo dinero de América Latina de forma absolutamente legal. Pero facilitar la llegada de inversión extranjera, sin aumentar los controles, también puede estar facilitando la llegada de dinero que no sea legal.

¿Debería el Estado tener más vías para evitar la llegada de este dinero?

Necesitamos una mejor capacidad para investigar el blanqueo. Desde el punto de vista judicial, no tenemos en este momento toda la capacidad de investigación que requiere el tipo de blanqueo que se da, que es mucho más sofisticado que el de hace años. Los juzgados territoriales no están preparados, y no solo para blanqueos, sino para investigar grandes causas de narcotráfico. La policía muchas veces comenta: "El juez rechaza empezar esta investigación porque no puede, porque están colapsados".

La nueva Ley Orgánica 1/2024 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ofrece una oportunidad de especialización idónea para crear secciones de instrucción especializadas en zonas afectadas en materia de delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas. 

Efectivamente, la nueva redacción del artículo 8.4 de la LOPJ permite: "Excepcionalmente, el Consejo General del Poder Judicial, con informe de la Fiscalía General del Estado, podrá acordar la agrupación de las Secciones de Instrucción y de las Secciones Únicas de varios partidos judiciales limítrofes, dentro de una misma provincia, siempre que, por razón del incremento de las actividades delictivas de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas o personas, se produzca un destacado aumento del volumen de asuntos penales de esta naturaleza en determinadas zonas o períodos. 

La modificación singular en estos casos se limitará al periodo de tiempo en que se produzca la coyuntura que la motiva y a la instrucción de los procesos penales relacionados con los tipos delictivos que justifican el establecimiento de esa agrupación...".

Son ambas cosas. Una de las vías que nos da esperanza es la creación de secciones especializadas en narcotráfico en poblaciones donde se necesiten. Desde que llegué aquí en mayo de 2022, estoy mostrando que la experiencia francesa de creación de jurisdicciones especializadas contra el crimen organizado (JIRS) me parece una buena práctica que deberíamos copiar. 

La Audiencia Nacional, que uno cree que es la solución para todo, está también colapsada. Son seis jueces de instrucción; es imposible. 

¿Por qué los franceses crean esa estructura similar a la Audiencia Nacional?

Los franceses buscan especializar no solamente jueces y fiscales, sino también funcionarios y asesores dedicados exclusivamente a la delincuencia organizada. Eso es lo que hace falta.

Un juzgado de Marbella no puede asumir una gran causa de blanqueo, porque no dan abasto. Además, la competencia de la Audiencia Nacional en relación con el blanqueo es muy limitada, porque solamente tiene competencia para el blanqueo vinculado a delitos de narcotráfico enjuiciados aquí. Una gran causa de blanqueo que venga de un narcotráfico cometido en otros países podría no entrar dentro de las competencias de la Audiencia Nacional.

Las competencias de la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico se definieron en 1977. La Fiscalía Antidroga se creó en 1988 y las competencias son las mismas, pero el mundo y el narcotráfico en España han cambiado. Desde 2022 desde la Fiscalía Especial Antidroga venimos proponiendo en las memorias anuales la necesidad de modificar las competencias de la Audiencia Nacional.

Desde un punto de vista territorial en España, ¿dónde están los principales focos de actividad del narcotráfico?

En Madrid, Catalunya y en toda la zona del Mediterráneo, especialmente la provincia de Málaga.

En Andalucía, con la entrada de hachís de Marruecos a través de narcolanchas que ahora también transportan cocaína. La provincia de Cádiz pero también Huelva, Sevilla y Málaga están afectadas por este fenómeno. 

El otro foco son los puertos: los de Valencia, Algeciras y Barcelona están especialmente afectados pero también Vigo y cada vez más otros puertos más pequeños como Málaga o Bilbao. 

Respecto al cultivo de marihuana, Catalunya, Almería, Granada y cada vez más Castilla la Mancha están afectados por la producción en grandes parcelas o en la actividad indoor. 

¿Tiene vinculación en gran parte con el tema puertos?

El narcotráfico sí, el blanqueo no. Parte relevante del narcotráfico está donde están los puertos, pero el blanqueo tiene más que ver con otro tipo de actividad, con el crecimiento de grandes poblaciones como Marbella o Málaga, con las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. 

¿De dónde vienen los principales grupos criminales que actúan en España?

Grandes narcotraficantes de nacionalidad española hay bastantes. Además, los albaneses están muy presentes. Toda la zona de los Balcanes, pero fundamentalmente albaneses. También mexicanos y colombianos. La mayoría de la mercancía está saliendo de Ecuador últimamente, pero está controlada por México, Colombia y Albania. Se ha detectado una relevante y muy preocupante actividad de albaneses en el puerto de Guayaquil.

Marruecos es otro foco, pero principalmente para el hachís, aunque últimamente estamos viendo que las narcolanchas ya no se dedican solamente a introducir hachís, porque ganan más introduciendo cocaína. El hachís viene de Marruecos, que por otro lado promueve el cultivo legal y tiene una Agencia Nacional de Cannabis con nueve autorizaciones nacionales para usos legales. Lo que Marruecos intenta es controlar la producción y hacerla legal, con THC más limitado, y evitar el comercio ilícito, aun así por el momento no se ha evitado.

¿Qué relación hay del narcotráfico con otro tipo de delitos?

Yo ahora estaba escribiendo una nota para la memoria de la Fiscalía General sobre el Ministerio Fiscal y sus intereses colectivos. El delito contra el tráfico de drogas es un delito contra la salud pública, pero ahora mismo el bien jurídico con el que nos encontramos que interesa a la población es el orden público, la seguridad.

Además del blanqueo, aparecen delitos relacionados con armas, con tenencia de explosivos o sustancias inflamables. Como no hemos conseguido aún que el Parlamento tipifique el petaqueo [transporte de combustible para narcolanchas] como un delito autónomo, estamos intentando que estas conductas sean consideradas típicas conforme al artículo 568, entre dentro de la tipificación del artículo 568, el transporte o tenencia de sustancias inflamables, que causa un riesgo al orden público y a la seguridad pública.

También el medioambiente se ve afectado por le cultivo, la manipulación y la destrucción de las drogas. Las sustancias que tiran al mar o a las aguas interiores, la gasolina, los precursores están produciendo daños relevantes en el medio ambiente. 

Las narcolanchas están utilizándose también para el tráfico de inmigrantes. Y en las plantaciones de marihuana ya hemos encontrado casos de verdadera esclavitud, gente trabajando en condiciones de explotación.
 
En comparación con otros países, ¿cómo está España en la lucha contra el narcotráfico? ¿Qué se debe hacer a nivel europeo?

La UE se ha puesto las pilas en este tema. En octubre de 2023 publicó una hoja de ruta contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, reconociendo que el primer mercado ilícito sigue siendo el de drogas. Una de las 16 acciones propuestas en esta hoja de ruta es una alianza de puertos para abordar la entrada de droga por los puertos. Otra es la creación de una red de fiscales contra la delincuencia organizada, que ya se ha creado, con un fiscal como punto de contacto  por país, y que se dedicará en estos primeros años solo al narcotráfico.

A mí me gustaría ver a mi país con un gran proyecto contra el narcotráfico, como lo que acaban de hacer en Francia, presentado conjuntamente por el ministro de Justicia y el ministro de Interior. En ese plan, por ejemplo, a mi homólogo francés le han asignado de una sola vez diez fiscales más para poder coordinar la actividad contra el crimen organizado. Al contrario, en España la Fiscalía antidroga es la más pequeña de las tres fiscalías especiales, si contamos a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Especial contra la corrupción. La labor de coordinación que nos corresponde es de imposible abordaje con la reducida plantilla actual.

¿Se ha olvidado la sociedad que la droga atenta contra la salud pública?

Esta Fiscalía, en su origen, tiene gran parte de su motivación en la lucha de las madres gallegas contra la droga, que hicieron una labor estupenda focalizando y señalando a los culpables. Yo recuerdo muy bien cuando empecé a trabajar en Barcelona y en cada guardia había uno, dos o tres muertos por drogas. Gente de mi generación que estaba muriendo todos los días. Eso causó realmente alarma en la sociedad.

Ahora la alarma está en Estados Unidos con el fentanilo, porque mueren en las calles. Yo espero que eso no pase aquí. Pero hay un cierto olvido, falta de conciencia sobre los daños a la salud que provocan las drogas. 

El Plan Nacional sobre Drogas está haciendo todo lo posible por señalar que las drogas son malas para la salud pública. Por ejemplo, el fiscal delegado de Barcelona dice que en la sociedad catalana hay cierta empatía hacia el cannabis. Y lo que no estamos viendo son las urgencias psiquiátricas en los hospitales.

Lo que se está fumando la juventud ahora tiene niveles de THC muy altos y eso causa daños gravísimos que la sociedad trata de ignorar. La llamada que se realiza a la concienciación de un mayor cuidado de la salud mental tiene que tener en cuenta que un porcentaje muy importante de estos daños mentales se evitarían con la prevención del consumo de drogas.

¿Qué reformas necesita la justicia española para afrontar mejor el narcotráfico?

Para mí, un cambio esencial vendría en que los fiscales asuman la investigación con una regulación más ágil del proceso. Eso podría mejorar el sistema, aunque al principio los cambios suelen suponer que el proceso sería más lento. Es un objetivo necesario, aunque en este momento la Fiscalía está con una falta de credibilidad muy grande y habría que introducir cambios importantes en nuestra estructura para que la investigación del fiscal pudiera ser aceptada..

Mi otra propuesta, esta más inmediata y con menos cambios, es crear jurisdicciones especializadas como las francesas. La ley de Eficiencia Procesal va en el buen camino, aunque una de las cosas que establece es que se haga "sin coste presupuestario", lo cual es imposible.

También proponemos la tipificación del petaqueo como delito autónomo. Además, creo que habría que revisar algunas medidas de investigación tecnológica: por ejemplo, para poner una baliza no debería hacer falta tanta justificación, podría autorizarlo un fiscal como se hace en otros países. Se necesita una nueva regulación de equipos conjuntos de investigación y de agentes encubiertos.

¿Cómo afecta la geopolítica al mundo del narcotráfico?

Gran parte de los narcotraficantes más grandes, incluidos los españoles, están refugiados en Dubái. Es un lugar que se ha abierto mucho a inversiones, está lejos y la cooperación judicial es más complicada. Se retrasan, no responden, y las extradiciones no se están produciendo

La Comisión Europea está trabajando para mejorar esta situación; bilateralmente Francia, Italia, Bélgica y Holanda ya han enviado magistrados de enlace a Dubái, específicamente por el problema del narcotráfico. Estoy tratando de que el Ministerio de Justicia español también aborde este asunto, aunque creo que es un problema común de toda la Unión Europea y debería abordarse conjuntamente. Sería más eficaz tratarlo desde la UE.

En cuanto al fentanilo, afortunadamente no está llegando a Europa todavía. Hay muchísima alerta en toda Europa para evitar su entrada. Nuestro sistema europeo de salud pública y el control sobre los medicamentos ayuda a prevenir este problema. En España hay alerta máxima y, por fortuna, parece que no está llegando."      (Agenda Pública, 18/05/25)

La organización del jefe de Antiblanqueo de la Policía en Madrid, blanqueó “miles de millones” de otros narcos europeos Utilizaban una compleja estructura de empresas en Dubai, Panamá, Francia y Suiza y a un gestor de criptomonedas radicado en España

 "La organización de presuntos narcotraficantes desarticulada el pasado mes de noviembre, la misma de la que está acusado de pertenecer el jefe de una unidad especializada de la Policía, no solo importaba y vendía cocaína. La investigación de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDYCO) ha revelado que se trata de una gran estructura de blanqueo de capitales que prestaba sus servicios a numerosos narcotraficantes de distintos países europeos, según han informado a elDiario.es fuentes de las pesquisas.

 La causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional establece que la organización investigada ha blanqueado “miles de millones de euros” a través de una compleja estructura que contaba con empresas en Dubai, Panamá, Suiza y Francia. En España, la organización disponía de un gestor de criptomonedas para el blanqueo de capitales a gran escala, precisan las fuentes consultadas. 

Las cifras que van emergiendo en la investigación dejan pequeñas otras que motivaron el escándalo en noviembre. Entonces trascendieron los 21 millones de euros incautados al inspector jefe Óscar Sánchez Gil, al frente de la Unidad contra Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Madrid. A Sánchez, sus compañeros de la UDYCO y Asuntos Internos le encontraron 20 millones de euros emparedados en su domicilio y casi otro millón más en su despacho de la Jefatura.

La cifra venía precedida de otra importante, las 13 toneladas de cocaína que se habían incautado unos días antes en Algeciras a la organización con la que colaboraba el inspector jefe. El alijo apareció en un contenedor procedente de Guayaquil (Ecuador) y supone el mayor incautado en España hasta la fecha.  

Sin embargo, todas esas cifras han ido palideciendo según ha avanzado la investigación y ha emergido una organización que actuaba como una gigantesca lavadora de dinero. Las fuentes consultadas hablan de un operativo con consecuencias imprevisibles para el narcotráfico a nivel europeo. El juez del caso, Francisco de Jorge, ha solicitado un refuerzo, en gran medida motivado por las dimensiones de este caso.

Entre los 15 detenidos en noviembre hay fiscalistas y economistas. La Policía busca desde entonces a tres huidos que figuran como investigados en la causa del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

En la introducción de la cocaína jugaba un papel clave el inspector jefe de la Policía Nacional. Sus continuas consultas a las bases de datos permitían a la organización conocer si sus embarcaciones, vehículos, teléfonos o contenedores estaban siendo investigados por la Policía, la Guardia Civil o los cuerpos autonómicos. 

El 'modus operandi' era el siguiente: el inspector jefe de la UDEF abría falsas investigaciones que le permitían introducir en los archivos policiales todos esos datos referidos. Como se trata de bases de datos compartidas y diseñadas para que no se dupliquen las investigaciones, en el caso de que una embarcación, una empresa importadora o un contenedor, por ejemplo, hubieran sido introducidos por otro Cuerpo saltaba la coincidencia que permitía al policía alertar a sus socios. Mientras las otras organizaciones de narcotraficantes seguían sufriendo un porcentaje fijo de incautaciones policiales había una que pasaba desapercibida al radar de los investigadores. 

Los continuos accesos a las bases de datos policiales no habían pasado desapercibidos a sus compañeros, si bien fue una transferencia desde una sociedad investigada por su relación con los narcotraficantes a otra vinculada al policía y su pareja, también agente del Cuerpo, lo que hizo saltar la alarma de los investigadores en enero de 2024. Sánchez Gil era un policía que no compartía su vida con los compañeros. Entre ellos se había ganado el sobrenombre de 'El Anodino'. Un cargo político cuenta cómo coincidió con él en varios actos y nunca le vio abrir la boca.

Alicante y la empresa de plátanos

Los contenedores con cocaína de la organización habían seguido entrando por Algeciras con aparente normalidad. En realidad, la UDYCO y Vigilancia Aduanera habían puesto el foco en una empresa importadora de plátanos cuatro años antes. Ubicada en la provincia de Alicante, la empresa importaba realmente plátanos, pero no se sabía qué hacía con ellos. No tenía beneficios ni infraestructura. 

La Policía y los agentes de Aduanas llegaron a realizar más de 200 inspecciones en secreto a los contenedores de la empresa. Las sospechas entraron en otro nivel cuando la sociedad de Alicante dejó de trabajar con exportadores de plátano de otros países latinoamericanos y se centró en comprar a una empresa de Ecuador a la que las autoridades del país latinoamericano vinculaban con el narcotráfico.

Por fin, a mediados de octubre se detectó el envío y el escáner Medusa de Vigilancia Aduanera certificó que la droga iba dentro. Se trataba de un contenedor en el que viajaban una primera pantalla de cajas de plátanos, que tapaban el resto de la carga, consistente en cajas de igual apariencia y tamaño cargadas con 11.000 pastillas de cocaína, 13 toneladas en total."                    (Pedro Águeda, eldiario.es, 27/02/25)

Tocata ¿y fuga? de un narco en la Costa del Sol... el binomio Costa del Sol y crimen organizado es solo la punta del iceberg de la impunidad del narcotráfico en España... fugas como la de Bouyakhrichan, que nos ha dejado o en el ridículo más absoluto en Europa o en la peor de las consideraciones a todos los niveles; nunca lo sabremos, aunque lo intuyamos... en Marbella, la ciudad, hay una alcaldesa del PP vinculada al narco, cómo no... y en Málaga, un tribunal ha considerado que el buen hombre -que amenazó de muerte a la heredera al trono o al primer ministro de Países Bajos, donde este grupo criminal controla un imperio- no iba a fugarse y lo dejó en la calle, después de los cinco años que la Policía tardó en cogerlo... ¡Qué recuerdos para un gallego! Los de Sito, Marcial y Feijóo

 "El líder de la Mocro Mafia, Karim Bouyakhrichan, está desaparecido porque un juez de la Audiencia Provincial de Málaga decidió que no había riesgo de fuga y era suficiente con retirarle el pasaporte, con que hiciera acto de presencia cada cierto tiempo y ponerle una fianza de 50.000 euros (al líder de una mafia que factura miles de millones gracias al crimen organizado) Un genio en los juzgados, en el mejor de los casos; la fuga de un narcotraficante, también en el mejor de los casos. Sea como sea -y es posible que nunca lo sepamos-, el binomio Costa del Sol y crimen organizado es solo la punta del iceberg de la impunidad del narcotráfico en España.

Cuando escuché la noticia de la fuga de este sujeto, la relacioné inmediatamente con el estreno de Marbella en Madrid, en la noche del martes, la serie que se podrá ver en Movistar Plus+ a partir del 2 de mayo. Por un momento, pensé que aquello podía ser solo la perfecta promoción del trabajo de Dani de la Torre y Alberto Marini, que se ha inspirado en la investigación de los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano publicada en El País en 2021. La serie Marbella, protagonizada por Hugo Silva y cuyos seis capítulos he visto sin darme tiempo a respirar, es ficción, pero está pasando, y a la noticia de la fuga de Bouyakhrichan me refiero.

Les recomiendo que vean Marbella, porque además de sus interpretaciones y reparto, los claroscuros de una ciudad con varias capas inteconectadas y la adrenalina que supura, es el retrato preciso de una sociedad ostentórea (Jesús Gil) con una dimensión de la que se han desentendido las instituciones, salvo para mantener unos mínimos de decoro, supongo. No hay recursos suficientes para los juzgados o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la inútil -en mi opinión- lucha contra las drogas, pero sí existe un poderoso narco de orígenes múltiples generando una economía sumergida, profusa y arrolladora, en zonas deprimidas, y no solo: según el último registro del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el consumo de los hogares, los españoles nos gastamos 8.222 millones de euros en narcóticos, y estos son los datos oficiales que en temas de consumo ilegal, como las cifras de detenciones y las incautaciones, solo son la punta del iceberg de un negocio puesto a disposición de los criminales en Europa y el resto del mundo. La cocaína, por distintas causas, que tienen que ver con el aumento de plantaciones en Latinoamérica y, por tanto, la bajada de precio, entre otras, es hoy la droga estrella en Europa, en España, en la Costa del Sol, en Marbella. 

Desde las instituciones, nos hablan (poco) de incautaciones puntuales -algunas, exorbitadas-, de detenciones más o menos importantes, de presuntas fugas como la de Bouyakhrichan, que nos ha dejado o en el ridículo más absoluto en Europa o en la peor de las consideraciones a todos los niveles; nunca lo sabremos, aunque lo intuyamos. Lo cierto es que del operativo holandés para garantizar, por ejemplo, la detención y retención del antecesor de Bouyakhrichan al frente de la Mocro Mafia, hemos pasado a un tribunal de Málaga que ha considerado que el buen hombre -que amenazó de muerte a la heredera al trono o al primer ministro de Países Bajos, donde este grupo criminal controla un imperio- no iba a fugarse y lo dejó en la calle, después de los cinco años que la Policía tardó en cogerlo.

Quedan las advertencias de unas fuerzas policiales superadas por la envergadura de las mafias que conviven, se organizan y penalizan conforme a su propia ley del macro-negocio ilegal; quedan las investigaciones periodísticas, como las que inspiran Marbella, la serie, y aun con el riesgo que conlleva indagar en estos grupos que cuentan con una complicidad institucional y ciudadana que no alcanzamos a cuantificar, pero que está, porque sin ella, no hay mafia. De momento, en Marbella, la ciudad, hay una alcaldesa del PP vinculada al narco, cómo no. Alguien tiene que llevar la bandera de "la ONU del crimen organizado" (Nacho Carretero) y en Marbella, la ciudad, no se disimula: se alardea."                 (Ana Pardo de Vera, Público, 24/04/24)

Žižek: Si medimos un Estado fallido por las grietas en el edificio de su poder, reflejadas en guerras civiles ideológicas en ebullición, asambleas estancadas y espacios públicos cada vez más inseguros, debemos reconocer que Estados Unidos no es tan distinto de Haití. Ambos han dado lugar a bandas violentas con ambiciones políticas... se encuentra ante una trágica disyuntiva: la continuación del gobierno de una élite "democrática" corrupta, o el gobierno directo de unas bandas que se presentan como "progresistas"... Haití es un caso extremo de un fenómeno más amplio. Bandas violentas también han ocupado partes de ciudades en Ecuador y México; y, por supuesto, una banda de partidarios del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, asaltó el Capitolio en Washington... una de las bandas eran los Proud Boys, una organización neofascista exclusivamente masculina que promueve y ejerce abiertamente la violencia política... Los Estados fallidos ya no se limitan a unos pocos rincones del Sur Global. Si medimos el fracaso de un Estado por la evidencia de guerras civiles ideológicas en ciernes, debemos reconocer que Francia, el Reino Unido y Estados Unidos se encuentran claramente en el espectro

 "Si medimos un Estado fallido por las grietas en el edificio de su poder, reflejadas en guerras civiles ideológicas en ebullición, asambleas estancadas y espacios públicos cada vez más inseguros, debemos reconocer que Estados Unidos no es tan distinto de Haití. Ambos han dado lugar a bandas violentas con ambiciones políticas.

Tal y como van las cosas en Haití, las bandas violentas podrían no sólo adquirir un papel oficial en el gobierno, sino convertirse en el gobierno. Tras la toma de infraestructuras críticas por parte de las bandas y la dimisión del Primer Ministro Ariel Henry, Haití presenta todas las características familiares de un Estado fallido. Su pueblo se encuentra ante una trágica disyuntiva: la continuación del gobierno de una élite "democrática" corrupta, o el gobierno directo de unas bandas que se presentan como "progresistas".

 Tras el colapso de la ley y el orden, CARICOM, la organización intergubernamental regional del Caribe, ha anunciado un acuerdo para crear un consejo de transición que represente a una amplia gama de agrupaciones políticas y de la sociedad civil haitiana. El consejo ejercería algunos poderes que normalmente corresponden a la oficina (vacante) del presidente, incluida la facultad de nombrar a un primer ministro interino. Se espera que el gobierno resultante convoque elecciones, con lo que se lograría un restablecimiento político completo. Pero, ¿a quién incluirán estos nuevos acuerdos? Haití se encuentra en estado de emergencia desde que grupos armados atacaron la mayor prisión del país a principios de mes, matando e hiriendo a policías y personal penitenciario, y permitiendo la fuga de casi 4.000 reclusos. 

El líder de la banda Jimmy "Barbecue" Chérizier -ex policía- se atribuyó el ataque y pidió el derrocamiento del gobierno. Las bandas controlan ahora el 80% de Puerto Príncipe, la capital de Haití, y han tomado el principal aeropuerto del país para impedir el regreso de Henry de una misión diplomática a Kenia, donde esperaba conseguir refuerzos policiales. El acuerdo de la CARICOM prohíbe el acceso a cualquier persona con condenas penales previas o sanciones en su contra, lo que inhabilita a Chérizier. Pero Chérizier es conocido desde hace tiempo por albergar aspiraciones políticas. 

No solo es el líder de una banda, sino también un político populista, que en 2019 dijo a un entrevistador: "Nunca masacraría a personas de mi misma clase social." A principios de este mes, dijo: "No mentiremos a la gente, diciendo que tenemos una revolución pacífica. No tenemos una revolución pacífica. Estamos iniciando una revolución sangrienta en el país".

Chérizier se ha comparado con Martin Luther King Jr., Malcolm X, Che Guevara, Fidel Castro e incluso Robin Hood. Pero también admira a François "Papa Doc" Duvalier, el dictador de derechas que gobernó Haití con mano de hierro de 1957 a 1971 (y que también aterrorizó a la sociedad haitiana con grupos paramilitares armados, dirigidos por los tristemente célebres Tonton Macoutes).

En una advertencia emitida a última hora de la noche del 11 de marzo, Chérizier anunció que la alianza de bandas conocida como Viv Ansanm no reconocería a ningún gobierno resultante del acuerdo CARICOM, argumentando que "corresponde al pueblo haitiano designar a las personalidades que dirigirán el país". Del mismo modo, un asesor de Guy Philippe, líder rebelde haitiano que regresó recientemente al país, advierte que Puerto Príncipe será incendiada si el próximo gobierno no incluye a Philippe.

La historia de Haití es una larga tragedia. Durante más de 200 años ha sido castigado por la exitosa rebelión de esclavos (que comenzó en 1791) que le permitió emerger como la primera república negra del mundo. Obligada a pagar reparaciones a Francia, su antiguo señor colonial, la única oportunidad que tuvo de prosperar fue cuando Jean-Bertrand Aristide y su partido Lavalas tomaron el poder hace un par de décadas. Pero Aristide, una espina clavada en el costado de Estados Unidos, fue derrocado en un golpe de Estado en febrero de 2004.

Haití es un caso extremo de un fenómeno más amplio. Bandas violentas también han ocupado partes de ciudades en Ecuador y México; y, por supuesto, una banda de partidarios del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, asaltó el Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. Trump promete ahora que uno de sus primeros actos oficiales, si es reelegido, será indultar a todos los condenados por su participación en aquel asalto. La más fuerte de las bandas que organizaron la insurrección del 6 de enero son los Proud Boys, una organización neofascista exclusivamente masculina que promueve y ejerce abiertamente la violencia política. Recordemos que cuando le preguntaron sobre su llamamiento a los grupos supremacistas blancos y paramilitares en un debate presidencial en 2020, Trump respondió infamemente: "Chicos Orgullosos, retrocedan y manténganse al margen." 

Desde entonces, los líderes del grupo han sido condenados por conspiración sediciosa y otros delitos contra Estados Unidos por su intento de bloquear el traspaso del poder presidencial prescrito por la Constitución. Curiosamente, los Proud Boys tienen un proceso de iniciación que incluye novatadas físicas, como recibir puñetazos a menos que respondas correctamente a preguntas de trivialidades sobre cultura pop, y los miembros deben "abstenerse de la pornografía". Por extraños que parezcan estos rituales, son mecanismos familiares. 

Los rituales fraternales desempeñan el papel de la poesía, tal y como los describió Ernst Jünger, un reacio compañero de viaje nazi que, al igual que los Proud Boys, celebraba el efecto purificador de la lucha militar: "Toda lucha por el poder va precedida de una verificación de las imágenes y de la iconoclasia. Por eso necesitamos poetas: ellos inician el derrocamiento, incluso el de los titanes".

 Los Estados fallidos ya no se limitan a unos pocos rincones del Sur Global. Si medimos el fracaso de un Estado por las grietas en el edificio de su poder -es decir, por la evidencia de guerras civiles ideológicas en ciernes, asambleas estancadas y espacios públicos cada vez más inseguros-, debemos reconocer que Francia, el Reino Unido y Estados Unidos se encuentran claramente en el espectro. El teórico político noruego Jon Elster estaba en lo cierto, en 2020, cuando escribió: "Podemos invertir el dictado común de que la democracia está amenazada, y afirmar que la democracia es la amenaza, al menos en su forma populista a corto plazo".

 La experiencia reciente ofrece señales claras de lo que ocurrirá si Trump gana las elecciones presidenciales de noviembre. Se podría parafrasear apropiadamente un viejo chiste de Alemania del Este: Vladimir Putin, Xi Jinping y Trump tienen una audiencia con Dios y se les permite una pregunta a cada uno. Putin empieza: "Dime qué le pasará a Rusia en las próximas décadas". Dios responde: "Rusia se convertirá gradualmente en una colonia de China". Putin se da la vuelta y empieza a llorar. Xi hace la misma pregunta sobre China. Dios responde: "Acabado el milagro económico chino, tendrá que volver a una dictadura de línea dura para sobrevivir, mientras pide ayuda a Taiwán". Xi se da la vuelta y empieza a llorar. Finalmente, Trump pregunta: "¿Y cuál será el destino de EEUU después de que yo vuelva a tomar el poder?". Dios se da la vuelta y empieza a llorar."

( Slavoj Žižek , Project Syndicate,  18/03/24, traducción DEEPL)

Haití: 200 pandillas criminales que luchan por imponerse en los territorios, en guerra entre ellas, y contra el Estado... Hay otros países de América Latina donde las bandas del crimen organizado, dueñas de verdaderos arsenales, controlan territorios que ponen bajo su soberanía, imponen candidatos en las elecciones, tienen en planilla a las autoridades civiles y a la policía, cobran impuestos a agricultores y comerciantes, asesinan periodistas, y erigen su propio sistema judicial en el que impera la pena de muerte. Pero aún no disputan el poder nacional, desde la capital... En Haití, sí... Jimmy Chérizier, alias Barbecue, caudillo de la G-9 y Familia, una banda, o federación de nueve poderosas bandas, desafía al primer ministro de facto, Ariel Henry, que no puede regresar al país porque su Gobierno no controla el aeropuerto de Puerto Príncipe, mientras las instituciones se disuelven... El 80% del país se halla en manos de la delincuencia beligerante... quienes en la comunidad internacional vuelven la cabeza para mirar la catástrofe, lo hacen no sin fastidio... Barbecue, el nuevo caudillo, se prepara para reinar en un país en vías de extinción (Sergio Ramírez)

 "Imaginemos un paisaje de desolación y ruina, como el que Corman McCarthy describe La carretera, o vemos en esas películas distópicas del día después. Pero no se trata de un escenario sin nombre, sino de un país real, Haití, que ha vivido un desastre continuado a lo largo de décadas, dictaduras militares, huracanes, terremotos, líderes mesiánicos, gobiernos fallidos, conspiraciones, asesinatos políticos, cofradías de narcotraficantes, oligarquías sordas y mudas; y hoy, 200 pandillas criminales que luchan por imponerse en los territorios, en guerra entre ellas, y contra el Estado.

Hay otros países de América Latina donde las bandas del crimen organizado, dueñas de verdaderos arsenales, controlan territorios que ponen bajo su soberanía, imponen candidatos en las elecciones, tienen en planilla a las autoridades civiles y a la policía, cobran impuestos a agricultores y comerciantes, asesinan periodistas, y erigen su propio sistema judicial en el que impera la pena de muerte. Pero aún no disputan el poder nacional, desde la capital.

En Haití, sí. Jimmy Chérizier, alias Barbecue, caudillo de la G-9 y Familia, una banda, o federación de nueve poderosas bandas, desafía al primer ministro de facto, Ariel Henry, que no puede regresar al país porque su Gobierno no controla el aeropuerto de Puerto Príncipe, mientras las instituciones se disuelven y el ejército y la policía son incapaces de imponerse frente al caos. El 80% del país se halla en manos de la delincuencia beligerante.

Barbecue es un antiguo policía de élite, que cuando estaba en activo ya se había visto envuelto en asesinatos. Debe su nombre de guerra, según él mismo, a que su madre vendía pollos asados por las calles de Puerto Príncipe; según otras versiones, a que suele quemar las casas con la gente que se asa adentro. Nada ajeno a la tradición del país. El dictador vitalicio Papa Doc Duvalier mandaba decapitar a sus enemigos y hacía que le llevaran sus cabezas al palacio presidencial para practicar ritos de vudú.

Barbecue habla como el jefe de un partido en armas, y sus reclamos son políticos.

“Hemos elegido tomar nuestro destino en nuestras propias manos. La batalla que estamos librando no sólo derrocará al Gobierno. Es una batalla que cambiará todo el sistema”, proclama. Y se ofende de que lo consideren un criminal. “Este sistema tiene mucho dinero y tiene el control de los medios. Ahora me hacen parecer como si fuera un gánster”.

El presidente Jovenel Moïse fue asesinado por sicarios colombianos en julio de 2021, víctima de los capos de una poderosa red de narcotraficantes. Pero según los investigadores de InSight Crime, Moïse financiaba una parte sustancial de las operaciones de Barbecue, quien completaba sus ingresos con el dinero proveniente de secuestros y extorsiones. Este apoyo habría cesado cuando Ariel Henry, el primer ministro, se quedó al mando.

La exigencia de Barbecue se concentra ahora en que Henry, varado en Puerto Rico, y que permanece en su cargo sin que haya habido nuevas elecciones, sea depuesto por la policía y el ejército: “que asuman su responsabilidad y arresten a Ariel Henry. Una vez más, repetimos, la población no es nuestro enemigo”, dice en la arenga transmitida desde su canal de YouTube.

Se comporta como un millenial que conoce las ventajas de la tecnología digital, y presenta videos de los cadáveres de quienes han sido ejecutados por órdenes suyas, por negarse a pagar los rescates.

Para apoyar su demanda de la destitución de Henry, llevó a cabo un asalto concertado a la Penitenciaría Nacional y a la cárcel Croix de Bouquets, que hizo vigilar previamente con drones, de donde liberó a 3.700 prisioneros, con un saldo de 12 muertos.

En el año 2009, recién pasados dos huracanes devastadores, y antes del terremoto que en enero del año siguiente destruyó Puerto Príncipe, estuve una semana en Haití para escribir un reportaje por encargo de EL PAÍS, dentro de la serie Testigos del horror.

Entonces me tocó entrevistar al jefe de la Misión de Estabilización de la ONU, Hédi Hannabi, en el Hotel Cristopher, donde tenía su cuartel general, y que se derrumbó con el terremoto, con el propio Hannabi entre las víctimas mortales.

“Esta no es la clásica misión de paz, porque no hay dos partes en conflicto; lo que tenemos es anarquía, la presencia de las pandillas, la ausencia de instituciones. Si nos fuera hoy de aquí, lo que vendrían sería el caos”.

Eso fue hace 15 años. El caos ha sobrevenido. Y quienes en la comunidad internacional vuelven la cabeza para mirar la catástrofe, lo hacen no sin fastidio. Kenia se comprometió a enviar una fuerza policial de mil soldados, que otros países deben financiar, desde luego Kenia está en la cola en los índices mundiales de desarrollo humano. Y en esas gestiones se hallaba Henry en Nairobi cuando se dio el asalto a las cárceles, y ya no ha podido volver.

Mientras tanto, el escenario distópico se afirma con sus colores sombríos. Y Barbecue, el nuevo caudillo, se prepara para reinar en un país en vías de extinción."            (Sergio Ramírez , El País, 12/03/24)