Thomas Piketty: Francia va a tomar decisiones políticas decisivas durante el próximo año. Por un lado, una derecha nacionalista en pleno auge propone un referéndums contra los inmigrantes que permitan «devolver la voz al pueblo». Frente a esto, la izquierda, para aclarar sus posiciones y unir sus fuerzas,debe proponer la aprobación, mediante referéndum, de un impuesto de solidaridad nacional que grave a los multimillonarios y a los que poseen patrimonios de cientos de millones... La izquierda también debe devolver la palabra al pueblo, pero situándose en el terreno de la solidaridad y la justicia, y situándo la cuestión democrática en el centro de la campaña presidencial. Y demostrando, de paso, que el discurso antimigrantes del RN no es más que una fachada destinada a desviar la ira social y a defender a los más ricos... Ese impuesto de solidaridad constaría, por un lado, de un impuesto excepcional con un tipo del 50 % sobre los enriquecimientos superiores a 100 millones de euros entre 2017 y 2027; y, por otro lado, un impuesto anual y permanente con un tipo del 5 % sobre los patrimonios superiores a 100 millones y del 10 % a partir de 1 000 millones... Los ingresos se situarían en torno a los 800 000 millones de euros (400 000 millones correspondientes al componente excepcional y 400 000 millones en 10 años para el componente permanente), lo que supone aproximadamente el 30 % del PIB... Para evitar cualquier elusión, el ISN se devengaría en proporción al número de años de residencia en Francia, de modo que el exilio fiscal no supondría un gran coste para el fisco (un contribuyente que se exiliara tras 60 años en Francia seguiría pagando 60/61 del impuesto que deben los residentes el primer año, 60/62 el segundo, etc.)... en Francia se aplicó un impuesto similar en 1945

"Un referéndum para un modelo de desarrollo alternativo

 Francia va a tomar decisiones políticas decisivas durante el próximo año. Por un lado, una derecha nacionalista en pleno auge, cada vez más cercana a los círculos empresariales, y que pretende llegar al poder estigmatizando la inmigración y a los extranjeros. En su arsenal, referéndums contra los inmigrantes que permitan «devolver la voz al pueblo». Frente a esto, la izquierda titubea, vacila, se divide y se enreda. Para aclarar sus posiciones y unir sus fuerzas, la izquierda debe proponer la aprobación, mediante referéndum, de un impuesto de solidaridad nacional que grave a los multimillonarios y a los que poseen patrimonios de cientos de millones. Teniendo en cuenta el estado del debate y la magnitud de lo que está en juego, esta es la mejor manera de zanjar la cuestión. La derecha quiere devolver la palabra al pueblo en materia de identidad e inmigración. La izquierda debe hacer lo mismo, pero situándose en el terreno de la solidaridad y la justicia. Y demostrando, de paso, que el discurso antimigrantes del RN no es más que una fachada destinada a desviar la ira social y a defender a los más ricos.   

 Una propuesta de este tipo permitiría aclarar las opciones disponibles y situar la cuestión democrática en el centro de la campaña presidencial. En Francia no se ha celebrado ningún referéndum desde 2005 (algo inédito desde 1945). La crisis de los Chalecos Amarillos debería haber sido la ocasión para crear un auténtico referéndum de iniciativa ciudadana. No se ha hecho nada. Ha llegado el momento de confiar en los ciudadanos y devolverles la palabra sobre un tema que ocupa un lugar central en la historia del país desde 1789: la igualdad y el fin de los privilegios.  

El texto sometido a referéndum podría inspirarse en el impuesto de solidaridad nacional (ISN) aprobado por la ordenanza del 15 de agosto de 1945. El ISN constaba de dos componentes: por un lado, un impuesto sobre los patrimonios más elevados en 1945, con un tipo que alcanzaba el 20 % para las mayores fortunas; y, por otro lado, una contribución excepcional sobre el enriquecimiento constatado entre 1938 y 1945, con un tipo que alcanzaba el 100 % para los aumentos patrimoniales más importantes.  

El ISN versión 2027 propuesto por la izquierda para su aprobación mediante referéndum también podría constar de dos componentes: por un lado, un impuesto excepcional con un tipo del 50 % sobre los enriquecimientos superiores a 100 millones de euros entre 2017 y 2027; y, por otro lado, un impuesto anual y permanente con un tipo del 5 % sobre los patrimonios superiores a 100 millones y del 10 % a partir de 1 000 millones. 

 Los ingresos se situarían en torno a los 800 000 millones de euros (400 000 millones correspondientes al componente excepcional y 400 000 millones en 10 años para el componente permanente), lo que supone aproximadamente el 30 % del PIB. Esta cifra sigue siendo modesta en comparación con el Lastenausgleich alemán de 1952, un sistema de tributación excepcional de los patrimonios más elevados cuyos ingresos representaban el 60 % del PIB alemán de la época, a pesar de que las fortunas privadas eran mucho menos prósperas que en la Francia actual (el 250 % del PIB frente a más del 500 %). Para evitar cualquier elusión, el ISN se devengaría en proporción al número de años de residencia en Francia, de modo que el exilio fiscal no supondría un gran coste para el fisco (un contribuyente que se exiliara tras 60 años en Francia seguiría pagando 60/61 del impuesto que deben los residentes el primer año, 60/62 el segundo, etc.).   

 Esos 800 000 millones de euros serían aportados en forma de valores por los multimillonarios y los centimillonarios, y se invertirían en un fondo soberano que permitiría a los poderes públicos reorientar la inversión en función de las prioridades estratégicas del país, especialmente en el ámbito energético. Sobre la base de estos nuevos activos, Francia lanzaría un empréstito excepcional de 400 000 millones que permitiría financiar un ambicioso plan de inversión y contratación en los ámbitos de la formación, la investigación y la sanidad. Se trata de un nuevo contrato social, otro modelo de desarrollo, más soberano, más equitativo y más sostenible, sobre el que se celebraría este referéndum (véase el Global Justice Report: A Plan for Equality & Prosperity within Planetary Boundaries) . Todo lo contrario al modelo que nos proponen los multimillonarios y los tecnonacionalistas, cuyo único proyecto es cubrir el mundo de centros de datos y enriquecerse cada vez más, sin ninguna preocupación social ni medioambiental.  

 Habrá quien intente alegar que un impuesto de solidaridad nacional de este tipo sería jurídicamente imposible o inconstitucional. Este argumento resulta incomprensible desde el punto de vista histórico, ya que en Francia se aplicó un impuesto similar en 1945 (al igual que, por cierto, en numerosos países de Europa y en Japón para hacer frente a los retos de la posguerra, un periodo marcado por una elevada deuda y una gran necesidad de inversión pública, como ocurre hoy en día), y que ninguna modificación constitucional introducida desde entonces ha prohibido ni limitado la tributación progresiva del patrimonio. Por otra parte, el artículo 11 de la Constitución permite al presidente someter a los electores cualquier proyecto de ley relativo a «la política económica o social de la nación» (sin necesidad de aprobación parlamentaria previa). El artículo 34 precisa que la fijación de los tipos y las bases imponibles de todo tipo es competencia de la ley (y de nadie más). Si un presidente elegido, al proponer un referéndum de este tipo, activa el artículo 11 al día siguiente de su elección, será sencillamente imposible oponerse a ello desde el punto de vista democrático.   

 Por supuesto, se puede oponerse políticamente al ISN, por ejemplo, argumentando que las enormes desigualdades patrimoniales actuales son indispensables para hacer frente a los retos del futuro, o bien que un impuesto de este tipo sería deseable en teoría, pero fácilmente eludible en la práctica. Estos argumentos carecen de peso a la luz de los datos históricos disponibles, pero el debate es legítimo. Lo que es seguro es que hay que dejar de esconderse tras pseudoargumentos jurídicos y aceptar situar el debate en el terreno político, histórico, social y económico. Ese es el debate democrático al que tienen derecho los votantes." 

(Thomas Piketty, blog, 23/06/26, traducción DEEPL)

Thomas Piketty: Un referéndum para un nuevo modelo de desarrollo... Para aclarar sus posiciones y unir sus fuerzas, la izquierda debe proponer la aprobación, mediante referéndum, de un impuesto de solidaridad nacional que grave a los multimillonarios y a los que poseen patrimonios de cientos de millones... Una propuesta de este tipo permitiría aclarar las opciones disponibles y situar la cuestión democrática en el centro de la campaña presidencial... Ha llegado el momento de confiar en los ciudadanos y devolverles la palabra sobre un tema que ocupa un lugar central en la historia del país desde 1789: la igualdad y el fin de los privilegios... El texto sometido a referéndum podría inspirarse en el impuesto de solidaridad nacional (ISN) aprobado por la ordenanza del 15 de agosto de 1945... El ISN versión 2027 podría constar de dos componentes: por un lado, un impuesto excepcional con un tipo del 50 % sobre los enriquecimientos superiores a 100 millones de euros entre 2017 y 2027; y, por otro lado, un impuesto anual y permanente con un tipo del 5 % sobre los patrimonios superiores a 100 millones y del 10 % a partir de 1 000 millones... Los ingresos se situarían en torno a los 800 000 millones de euros (400 000 millones correspondientes al componente excepcional y 400 000 millones en 10 años para el componente permanente), lo que supone aproximadamente el 30 % del PIB... Esos 800 mil millones de euros serían abonados en títulos por los multimillonarios y los centimillonarios, y se invertirían en un fondo soberano que permitiría a los poderes públicos reorientar la inversión en función de las prioridades estratégicas del país, especialmente en el ámbito energético. Sobre la base de estos nuevos activos, Francia lanzaría un empréstito excepcional de 400 mil millones que permitiría financiar un ambicioso plan de inversión y contratación en los ámbitos de la formación, la investigación y la sanidad. Se trata de un nuevo contrato social, otro modelo de desarrollo, más soberano, más equitativo y más sostenible

"Francia va a tomar decisiones políticas decisivas durante el próximo año. Por un lado, una derecha nacionalista en pleno auge, cada vez más cercana a los círculos empresariales, y que pretende llegar al poder estigmatizando la inmigración y a los extranjeros. En su arsenal, referéndums contra los inmigrantes que permiten «devolver la voz al pueblo». Frente a esto, la izquierda titubea, vacila, se divide y se enreda. Para aclarar sus posiciones y unir sus fuerzas, la izquierda debe proponer la aprobación, mediante referéndum, de un impuesto de solidaridad nacional que grave a los multimillonarios y a los que poseen patrimonios de cientos de millones. Teniendo en cuenta el estado del debate y la magnitud de lo que está en juego, esta es la mejor manera de zanjar la cuestión. La derecha quiere devolver la palabra al pueblo en materia de identidad e inmigración. La izquierda debe hacer lo mismo, pero situándose en el terreno de la solidaridad y la justicia. Y demostrando, de paso, que el discurso antimigrantes del RN no es más que una fachada destinada a desviar la ira social y a defender a los más ricos.   

 Una propuesta de este tipo permitiría aclarar las opciones disponibles y situar la cuestión democrática en el centro de la campaña presidencial. En Francia no se ha celebrado ningún referéndum desde 2005 (algo inédito desde 1945). La crisis de los Chalecos Amarillos debería haber sido la ocasión para crear un auténtico referéndum de iniciativa ciudadana. No se ha hecho nada. Ha llegado el momento de confiar en los ciudadanos y devolverles la palabra sobre un tema que ocupa un lugar central en la historia del país desde 1789: la igualdad y el fin de los privilegios.  

El texto sometido a referéndum podría inspirarse en el impuesto de solidaridad nacional (ISN) aprobado por la ordenanza del 15 de agosto de 1945. El ISN constaba de dos componentes: por un lado, un impuesto sobre los patrimonios más elevados en 1945, con un tipo que alcanzaba el 20 % para las mayores fortunas; y, por otro lado, una contribución excepcional sobre el enriquecimiento constatado entre 1938 y 1945, con un tipo que alcanzaba el 100 % para los aumentos patrimoniales más importantes.  

El ISN versión 2027 propuesto por la izquierda para su aprobación mediante referéndum también podría constar de dos componentes: por un lado, un impuesto excepcional con un tipo del 50 % sobre los enriquecimientos superiores a 100 millones de euros entre 2017 y 2027; y, por otro lado, un impuesto anual y permanente con un tipo del 5 % sobre los patrimonios superiores a 100 millones y del 10 % a partir de 1 000 millones.

Los ingresos se situarían en torno a los 800 000 millones de euros (400 000 millones correspondientes al componente excepcional y 400 000 millones en 10 años para el componente permanente), lo que supone aproximadamente el 30 % del PIB. Esta cifra sigue siendo modesta en comparación con el Lastenausgleich alemán de 1952, un sistema de tributación excepcional de los patrimonios más elevados cuyos ingresos representaban el 60 % del PIB alemán de la época, a pesar de que las fortunas privadas eran mucho menos prósperas que en la Francia actual (el 250 % del PIB frente a más del 500 %). Para evitar cualquier elusión, el ISN se devengaría en proporción al número de años de residencia en Francia, de modo que el exilio fiscal no supondría un gran coste para el fisco (un contribuyente que se exiliara tras 60 años en Francia seguiría pagando 60/61 del impuesto que deben los residentes el primer año, 60/62 el segundo, etc.).   

 Esos 800 mil millones de euros serían abonados en títulos por los multimillonarios y los centimillonarios, y se invertirían en un fondo soberano que permitiría a los poderes públicos reorientar la inversión en función de las prioridades estratégicas del país, especialmente en el ámbito energético. Sobre la base de estos nuevos activos, Francia lanzaría un empréstito excepcional de 400 mil millones que permitiría financiar un ambicioso plan de inversión y contratación en los ámbitos de la formación, la investigación y la sanidad. Se trata de un nuevo contrato social, otro modelo de desarrollo, más soberano, más equitativo y más sostenible, sobre el que se celebraría este referéndum (véase el Global Justice Report: A Plan for Equality & Prosperity within Planetary Boundaries) . Todo lo contrario al modelo que nos proponen los multimillonarios y los tecnonacionalistas, cuyo único proyecto es cubrir el mundo de centros de datos y enriquecerse cada vez más, sin ninguna preocupación social ni medioambiental.  

 Habrá quien intente alegar que un impuesto de solidaridad nacional de este tipo sería jurídicamente imposible o inconstitucional. Este argumento resulta incomprensible desde el punto de vista histórico, ya que en Francia se aplicó un impuesto similar en 1945 (al igual que, por cierto, en numerosos países de Europa y en Japón para hacer frente a los retos de la posguerra, un periodo marcado por una elevada deuda y una gran necesidad de inversión pública, como ocurre hoy en día), y que ninguna modificación constitucional introducida desde entonces ha prohibido ni limitado la tributación progresiva del patrimonio. Por otra parte, el artículo 11 de la Constitución permite al presidente someter a los electores cualquier proyecto de ley relativo a «la política económica o social de la nación» (sin necesidad de aprobación parlamentaria previa). El artículo 34 precisa que la fijación de los tipos y las bases imponibles de todo tipo es competencia de la ley (y de nadie más). Si un presidente elegido, al proponer un referéndum de este tipo, activa el artículo 11 al día siguiente de su elección, será sencillamente imposible oponerse a ello desde el punto de vista democrático.   

 Por supuesto, se puede oponerse políticamente al ISN, por ejemplo, argumentando que las enormes desigualdades patrimoniales actuales son indispensables para hacer frente a los retos del futuro, o bien que un impuesto de este tipo sería deseable en teoría, pero fácilmente eludible en la práctica. Estos argumentos carecen de peso a la luz de los datos históricos disponibles, pero el debate es legítimo. Lo que es seguro es que hay que dejar de esconderse tras pseudoargumentos jurídicos y aceptar situar el debate en el terreno político, histórico, social y económico. Ese es el debate democrático al que tienen derecho los votantes." 

(Thomas Piketty , blog, 23/06/26, traducción Deepl) 

El año que viene, Francia podría elegir a su primer líder de extrema derecha desde 1944... Jordan Bardella obtendrá más del 30 por ciento de los votos en la primera vuelta. Ningún otro candidato cuenta con el apoyo de más del 17 por ciento... Los partidos franceses tradicionales también están perdiendo el debate económico... se burlaban de la contradicción económica de las peticiones de Le Pen de reducir impuestos y aumentar el gasto social. Pero Macron ha gastado libremente para suavizar el golpe del confinamiento por la COVID-19 y el dolor inflacionario de la guerra en Ucrania, que añadieron 1,1 billones de dólares a la deuda nacional. La deuda nacional acumulada es ahora la tercera más alta de Europa. El país está en bancarrota, y es difícil argumentar que un presidente del RN sería menos responsable fiscalmente... Un gobierno del RN también pondría a prueba el mercado único europeo imponiendo una preferencia por las empresas francesas en los contratos de las administraciones locales y nacionales en Francia, algo que actualmente está prohibido por la legislación de la UE... La propuesta presupuestaria actual del RN también depende de que Francia se niegue a pagar una parte de sus contribuciones a Bruselas, lo que violaría la legislación de la UE. Esto provocaría una crisis de fe en la UE... Le Pen propone sustituir la arquitectura supranacional y basada en el derecho de la UE por la "cooperación libremente acordada entre los estados miembros", poniendo fin a 50 años de compromiso francés con el actual modelo de la UE... Francia no podría imponer un cambio tan drástico unilateralmente, pero podría paralizar la toma de decisiones de la UE, al menos en parte (Mujtaba Rahman)

"Cómo Francia cae ante la extrema derecha.

El año que viene, Francia podría elegir a su primer líder de extrema derecha desde 1944. La campaña para las elecciones, previstas para el próximo abril, ya está en marcha, y sondeo tras sondeo muestra que Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) tiene una ventaja abrumadora. La popularidad del RN —fundado en 1972 como Frente Nacional por Jean-Marie Le Pen, antes de ser rebautizado por su hija Marine en 2018— ha crecido de manera constante en los últimos 30 años, impulsada por la inquietud ante el aumento de la inmigración y las dificultades económicas de Francia. En las elecciones presidenciales de 2017 y 2022, este sentimiento llevó a Marine Le Pen a la segunda vuelta, donde perdió contundentemente frente a Emmanuel Macron en ambas ocasiones.

Pero para 2027 no se espera una repetición de esas elecciones. Macron no puede presentarse de nuevo debido a los límites de mandato, y mientras el RN sigue ganando terreno, su base unificada de votantes del establishment se ha dispersado. Es probable que Le Pen tampoco se presente, tras ser hallada cómplice en el desvío de fondos de la UE, aunque está apelando la decisión. Aun así, las encuestas, como una publicada por Odoxa en mayo, sugieren que el presidente del RN y probable candidato, Jordan Bardella, obtendrá más del 30 por ciento de los votos en la primera vuelta. Ningún otro candidato cuenta con el apoyo de más del 17 por ciento de los votantes actuales.

Una victoria de la extrema derecha en la segunda vuelta no está en absoluto garantizada, pero es, por primera vez, una posibilidad seria. El año 2027, en otras palabras, podría terminar siendo el equivalente francés de un momento "2016" estadounidense o británico. Una década después de que el Brexit rompiera el consenso en torno a la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea y de que Donald Trump detonara la política estadounidense convencional, hay razones para anticipar una ruptura en la gobernanza francesa. Y tal ruptura, a su vez, enviaría ondas de choque a través de la propia UE.

Una victoria de la extrema derecha en Francia sería mucho más trascendental que los experimentos de gobierno de extrema derecha en Hungría e Italia en los últimos años. Con la quinta economía occidental más grande, membresía en el Consejo de Seguridad de la ONU y estatus como estado nuclear, Francia ejerce una influencia significativa sobre la UE. Es un miembro central y fundador del bloque y aún posee una docena de territorios soberanos en todo el mundo. En comparación con el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán o la primera ministra italiana Giorgia Meloni, un presidente de extrema derecha en el Palacio del Elíseo tendría mucho más poder para llevar a cabo el manual de la extrema derecha de subvertir la arquitectura supranacional y basada en el derecho de la UE. En un momento en que la UE busca fortalecer su unidad e influencia global, afirmar su independencia soberana de Estados Unidos y hacer retroceder a Rusia y China, las próximas elecciones francesas conllevan un riesgo considerable.
**GRADUALMENTE, Y DE REPENTE**

Desde 1958, cuando el líder francés Charles de Gaulle supervisó una nueva constitución y estableció la Quinta República Francesa tras un intento de golpe de estado y un colapso político, la política francesa ha alternado de manera predecible entre el centro-derecha y el centro-izquierda. Los votantes franceses, que suelen ser cautelosos pero también desconfiados de los gobernantes, podían expulsar al bloque que estuviera en el poder sabiendo que nada sustancial cambiaría. Pero para 2017, los franceses habían comenzado a agitarse por algo nuevo. Estaban hartos de los fracasos tanto de la izquierda como de la derecha para reducir el desempleo y ofrecer mejores niveles de vida, educación pública y atención sanitaria. Macron, que fundó un nuevo partido político y se presentó bajo el lema "Ni izquierda ni derecha", ofreció una revolución sin dolor. Su enfoque era algo más audaz y menos corrupto que la gestión improvisada que le precedió, pero no mucho más exitoso. Redujo el desempleo, pero no logró aumentar los ingresos de la clase trabajadora y media. A lo largo de sus nueve años de mandato, sus fracasos han llevado a más votantes a creer que Bardella o Le Pen son ahora, como se dice, la única alternativa.

Muchos votantes urbanos y educados aún sienten cierta repulsión hacia el populismo simplista y los orígenes racistas de la extrema derecha, pero muchos votantes de las clases suburbanas, rurales y trabajadoras se sienten tentados por la agenda del RN de reprimir la inmigración ilegal, la delincuencia y el auge del islam radical. Estos problemas son reales, pero no son tan agudos como los pintan los medios de comunicación franceses de derechas y los candidatos de extrema derecha. Después de que las celebraciones por la victoria de un equipo de fútbol francés en la Liga de Campeones se convirtieran en disturbios en mayo, por ejemplo, Bardella dijo en televisión que las escenas eran "reminiscentes de una guerra civil" e instó a los franceses a "despertar", porque esos alborotadores pronto "estarían derribando las puertas de los edificios de apartamentos y entrando en sus hogares". Atribuyó la violencia, en parte, a la inmigración y al fracaso de las políticas de asimilación de Francia. Los bastiones electorales más fuertes del RN tienden a estar en pueblos con habitantes solo o mayoritariamente blancos, o suburbios con poca delincuencia, pero como en Estados Unidos y el Reino Unido, las burbujas de las redes sociales han reforzado la convicción en torno a esta ira y sensación de pérdida.

Los partidos franceses tradicionales también están perdiendo el debate económico. En elecciones pasadas, los partidos de centro-izquierda y centro-derecha se burlaban de la contradicción económica de las peticiones de Le Pen de reducir impuestos y aumentar el gasto social —una versión muy revisada de las políticas antiestatales de su padre—. Pero en los últimos nueve años, la política económica de Macron ha gastado libremente para suavizar el golpe del confinamiento por la COVID-19 a individuos y empresas y para aliviar el dolor inflacionario de la guerra en Ucrania. Estas iniciativas fueron populares, pero también añadieron aproximadamente 1,1 billones de dólares a la deuda nacional de Francia. La deuda nacional acumulada es ahora de alrededor del 118 por ciento de su PIB —casi un 20 por ciento más que hace una década y la tercera proporción más alta de Europa, después de Grecia e Italia—. El país, en otras palabras, está en bancarrota, y es difícil argumentar que un presidente del RN sería menos responsable fiscalmente.
**PERDER LA BATALLA, NO LA GUERRA**

Hay pocas dudas de que el candidato del RN, ya sea Bardella o Le Pen, ganará la primera vuelta de las elecciones. La pregunta más importante, entonces, es si él o ella podrá reunir una mayoría en la segunda vuelta. Gran parte de esto dependerá del oponente, y de si ese candidato inspira a los votantes franceses a aferrarse a su cautela innata o alimenta su apetito por el cambio.

En 2017 y 2022, Macron reunió un "Frente Republicano" de bloques de extrema izquierda, centro-izquierda, centro y centro-derecha para derrotar contundentemente a Le Pen. Esa coalición no ha desaparecido, pero se ha debilitado. Las elecciones para todos los ayuntamientos de Francia en marzo, que dieron victorias a muchos candidatos tradicionales, sugieren que aún existe un impulso entre muchos votantes de centro-izquierda y centro-derecha para votar tácticamente y mantener a la extrema derecha fuera del poder. Entre los candidatos favoritos de estos votantes se incluyen el expresidente socialista François Hollande, que aún no se ha declarado pero parece creer que puede emerger como campeón de la conflictiva izquierda moderada, y el primer ministro de Macron, Édouard Philippe, que busca unir el fracturado centro y centro-derecha en una versión renovada del movimiento gaullista que dominó la política francesa de centroderecha durante gran parte de finales del siglo XX y principios del XXI. Philippe es el actual favorito para el segundo puesto, con un 17 por ciento de los encuestados en un sondeo de Odoxa de mayo diciendo que votarían por él si las elecciones se celebraran ese domingo.

Pero estos políticos son solo dos en un campo de al menos 20 contendientes, que van desde variedades de la extrema izquierda trotskista hasta otros movimientos nacionalista-populistas. Lo más significativo es que Philippe tendrá que lidiar con el magnetismo y el cinismo del candidato perpetuo de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo un 16 por ciento en la encuesta de Odoxa de mayo y cuya base electoral ha mostrado mucha menos disposición a votar tácticamente para mantener al RN fuera del poder. Mélenchon perdió contra Le Pen en la primera vuelta de 2022 por poco más de un punto porcentual y sigue siendo popular, especialmente entre los jóvenes y los habitantes de los conflictivos suburbios multiraciales de las ciudades francesas. Sin embargo, también es temido y detestado por gran parte del resto de Francia, con solo 15 de los encuestados franceses expresando confianza en él en una encuesta de Toluna-Harris de mayo.

La proliferación de candidatos puede reducir la puntuación necesaria para llegar a la segunda vuelta, haciendo que las probabilidades de cada candidato de ganar sean algo así como una lotería. La decisión sobre el segundo puesto podría decidirse por unos pocos miles de votos, de aproximadamente 47 millones. Esos pocos miles de votos podrían, a su vez, determinar el resultado final. Una encuesta de mayo de Toluna-Harris sugiere que Philippe perdería contra Bardella por ocho puntos porcentuales, mientras que Mélenchon perdería por más de 30.

La otra gran incógnita es el efecto Bardella. Le Pen, la líder de facto del RN, ha estado posicionándose para presentarse durante años, y las encuestas le otorgan alrededor del 33 por ciento de los votos en la primera vuelta, a pesar de la sentencia judicial de marzo de 2025 que la declaró cómplice en el desvío de aproximadamente 5 millones de dólares en fondos de la UE. Si pierde su apelación a la sentencia, que se anunciará el 7 de julio, se le prohibirá presentarse durante cinco años, y la candidatura recaerá en Bardella, que según las encuestas obtendría incluso más votos —alrededor del 35 por ciento, pero posiblemente hasta el 38 por ciento—. El RN ya se está preparando para este escenario, y Bardella está en una buena posición, habiendo forjado una personalidad política eficaz para el siglo XXI, con un trato educado y accesible y un talento para hablar con frases tranquilizadoras en televisión y en Tik Tok.

La principal debilidad de Bardella es su edad. Tendrá 31 años en el momento de la votación del año que viene, y los votantes de la segunda vuelta probablemente se preguntarán si tiene lo necesario para ser jefe de estado y cómo se enfrentaría a matones experimentados como Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. En privado, algunos estrategas del RN han sugerido que a Bardella le iría mejor como candidato del RN en 2032. Si gana el año que viene, podría verse desbordado por crisis domésticas e internacionales y dañar al RN a largo plazo.
**SOLO EL PRINCIPIO**

Si un gobierno liderado por el RN podría realmente cambiar Francia dependería de las elecciones legislativas que Bardella o Le Pen casi con toda seguridad convocarían después de asumir el cargo. Casi todos los presidentes recién elegidos han hecho esto desde 1958, y típicamente su partido gana. Pero gran parte de lo que hizo que el segundo mandato de Macron fuera tan difícil y, en última instancia, un fracaso, fue su incapacidad para obtener esa ventaja en 2022: sin una mayoría clara en la legislatura, no pudo conseguir suficiente apoyo para aprobar muchas de sus iniciativas sobre la economía, el déficit presupuestario y la deuda nacional. El RN podría caer en una trampa similar, especialmente dada su impopularidad en la Francia metropolitana, y si lo hiciera, el país podría verse obligado a soportar varios años más de estancamiento parlamentario.

Sin embargo, tuviera mayoría o no, el primer gran desafío de gobierno del RN sería su presupuesto de 2027. Bardella ha dicho que respetaría el compromiso de Macron de reducir el déficit presupuestario del cinco por ciento del PIB al límite del tres por ciento de la UE para 2029. Pero la plataforma económica del RN contiene tensiones internas que harían difícil predecir su enfoque de gobierno. El partido está atrapado entre impulsos y facciones estatistas y de libre mercado, favorecidos los primeros por Le Pen y los segundos por Bardella. El partido ha prometido impuestos más bajos pero más gasto social, y una edad de jubilación reducida para algunos trabajadores pero más alta para aquellos que entran tarde al mercado laboral. Sus planes presupuestarios dependen de estimaciones poco realistas de ahorros por la ralentización de la inmigración, y por tanto de las prestaciones sociales de los inmigrantes, y por la lucha contra el fraude. Tal incertidumbre económica significaría que si el RN fuera elegido, los mercados de bonos probablemente se rebelarían, vendiendo bonos franceses y aumentando el coste del endeudamiento público y del servicio de la deuda.

En privado, los estrategas del RN dicen que moderarían muchas de sus políticas económicas siempre que pudieran reclamar victorias en materia de inmigración y delincuencia. La prueba económica definitiva para ellos será, por tanto, si pueden mantener el presupuesto francés en condiciones aceptables. Aquí, irónicamente, están parcialmente protegidos por la pertenencia de Francia a la unión monetaria de la UE, que es mucho más grande y, por tanto, más estable de lo que sería una moneda francesa. Aun así, si el RN gestionara mal las finanzas lo suficiente, las consecuencias no solo perjudicarían a Francia; la economía del país es lo bastante grande como para que una profunda crisis presupuestaria francesa sacuda la confianza en toda la moneda euro en sí misma.

Una victoria de la extrema derecha también podría provocar otro agudo espasmo de los disturbios urbanos y suburbanos que han estallado regularmente desde 2005. Los políticos del partido de extrema izquierda de Mélenchon, La Francia Insumisa, han prácticamente prometido tal resultado, diciendo que se negarían a reconocer una victoria de la extrema derecha y que habría "cinco rondas" de votos el año que viene —dos en la elección presidencial, dos en la parlamentaria y una en las calles—.

Los estrategas del RN saben que se enfrentarían a una intensa presión por parte de los mercados de bonos y la tecnocracia francesa desde el primer día y que, para evitar el tipo de colapso que podría destruir su gobierno, tendrían que comprometerse. Sin embargo, también estarían bajo presión de su triunfante base para demostrar que están cumpliendo su promesa de abandonar lo que consideran políticas antialemanas, proélite y eurocéntricas. Cualquier señal de que el RN se está volviendo convencional provocaría burlas de los opositores e ira de los partidarios.
**JOVEN, PELEADOR Y HAMBRIENTO**

El RN ya no es el partido antisemita, antieuropeo, antinorteamericano y antiotanista que era cuando fue fundado en la década de 1970, pero sigue siendo introvertido y escéptico ante el poder de la UE. Un gobierno de extrema derecha que tomara el control en Francia cambiaría el país, pero probablemente sería aún más desestabilizador para la Unión Europea. Francia es un gran estado miembro fundador con una tradición de liderazgo en la integración europea y la política de la UE, no de socavar el club desde dentro, como hizo el gobierno de extrema derecha de Orbán en Hungría. Muchas de sus figuras importantes simpatizan con Rusia y Putin, y un gobierno del RN podría bloquear más ayuda a Kiev, tratar de deshacer las sanciones de la UE contra Rusia y oponerse a la adhesión de Ucrania a la UE.

Incluso si el RN no lograra una mayoría parlamentaria, tener la presidencia le otorgaría, según la constitución francesa, una amplia autoridad sobre la política exterior, incluida la política de Francia hacia Europa. Como segunda economía del bloque después de Alemania, único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y única potencia nuclear, podría perturbar la UE a través de una serie de largas batallas legales y constitucionales con Bruselas.

Bardella ha intentado tranquilizar a los europeos nerviosos sobre tal posibilidad. En mayo, sugirió en una entrevista con medios alemanes que podría formar una alianza con el canciller de centroderecha Friedrich Merz para hacer Europa más competitiva y menos burocrática. Sin embargo, es probable que aún provoque una serie de conflictos en torno a cuestiones como la contribución de Francia al presupuesto de la UE, la política común europea de inmigración y las normas de la UE sobre fijación de precios de la electricidad. Bardella ya ha argumentado que la libre circulación de personas permitida en la UE debería aplicarse solo a los ciudadanos de la UE, recreando de hecho las fronteras internas. Un gobierno del RN también probablemente pondría a prueba el mercado único europeo imponiendo una preferencia por las empresas francesas en los contratos de las administraciones locales y nacionales en Francia, algo que actualmente está prohibido por la legislación de la UE.

La propuesta presupuestaria actual del RN también depende de que Francia se niegue a pagar una parte de sus contribuciones a Bruselas, lo que violaría la legislación de la UE. Esto provocaría una crisis de fe en la UE. Ningún país se ha negado jamás a pagar su contribución al presupuesto de la UE —ni siquiera el Reino Unido en la década de 1980, cuando la primera ministra Margaret Thatcher exigió que la UE devolviera el "dinero de su país" por lo que ella alegaba eran pagos excesivos— (finalmente, se redujeron los requisitos de contribución británicos para compensar lo que la UE reconoció como pagos excesivos). Si Francia se negara a pagar por completo, la UE se vería sumida en una larga crisis política y posiblemente fiscal.

La política oficial del RN en las elecciones europeas de 2024, que no ha cambiado, era proponer sustituir la arquitectura supranacional y basada en el derecho de la UE por la "cooperación libremente acordada entre los estados miembros", poniendo fin a 50 años de compromiso francés con el actual modelo de la UE. Francia no podría imponer un cambio tan drástico unilateralmente, pero podría paralizar la toma de decisiones de la UE, si no toda, al menos en parte.

Bardella podría no destruir la UE, pero congelaría todas las esperanzas de progreso hacia una Europa más capaz de hacer frente a China, Rusia y Estados Unidos. Mientras que la UE busca promover un mayor endeudamiento común, un presupuesto más grande y políticas comunes en materia de industria, inmigración y defensa, el RN quiere reducir el presupuesto y la autoridad de la UE en estos ámbitos. El RN favorece aumentar el presupuesto de defensa francés, pero se opone a una política de defensa europea común y sigue comprometido, a largo plazo, con que Francia abandone la estructura militar integrada que subyace a la OTAN. Una Francia liderada por la extrema derecha también probablemente abandonaría el plan de Macron de crear un embrión de disuasión nuclear europeo posicionando aviones franceses con capacidad nuclear en otros estados de la UE y Noruega. Y aunque el RN ha condenado la invasión rusa de Ucrania, también se ha opuesto sistemáticamente a la ayuda de la UE y Francia a Kiev, una posición que probablemente llevaría aún más lejos si se le diera el poder para hacerlo.

No se sabe cómo sería la relación entre París y Washington bajo un gobierno francés de extrema derecha. Trump y Bardella comparten cierta ideología y actitudes, especialmente en materia de inmigración, pero Bardella ha criticado los enfoques de Trump sobre Groenlandia, Venezuela, el comercio transatlántico y las restricciones a los gigantes tecnológicos estadounidenses como ataques a la soberanía nacional. El homólogo estadounidense de Bardella durante la mayor parte de su mandato ni siquiera sería Trump, sino quien le suceda en 2029.

Lo que las próximas elecciones deparan a Francia no es, por tanto, en absoluto seguro. Pero ya están acercando al país mucho más a un futuro de extrema derecha que en cualquier otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y las posibles ondas de choque se extenderían por toda Europa. Cualquier presidente del RN estaría, por supuesto, dividido entre el compromiso y alimentar las expectativas y prejuicios de la base del partido. Pero, como mínimo, tal escenario empujaría a Francia y Europa a cinco años de confusión y parálisis. En medio de la agitación del orden mundial de posguerra provocada por China, Estados Unidos y Rusia, esa posibilidad es algo que Francia y Europa no pueden permitirse.

(Mujtaba Rahman, Revista de prensa, 18/06/26, traducción Deep Seek, enlaces en el original, fuente Foreign Affairs )

Gabriel Zucman: Para comprender el debate presupuestario que está llegando a su fin, es necesario objetivar una realidad que ahora es estructurante: la influencia sin precedentes de los multimillonarios en la vida democrática de la nación... En 2026, el déficit público alcanzará o superará, por cuarto año consecutivo, el 5 % del PIB. Se trata de una situación sin precedentes: Francia nunca ha experimentado una sucesión de déficits tan elevados fuera de un periodo de crisis económica, pandemia o guerra... La deuda pública alcanzará el 118 % del PIB en 2026, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial... El país en su conjunto no se está empobreciendo, ni mucho menos, el aumento de la deuda pública se ha visto más que compensado por el aumento del patrimonio privado. Entre 2012 y 2024, mientras que la deuda pública aumentó en 1,4 billones de euros, el patrimonio total de los hogares franceses creció en 4,7 billones de euros. Solo el de las 500 mayores fortunas se disparó en casi 1 billón de euros... El aumento de la deuda pública durante este periodo fue apenas superior al aumento de la fortuna de estos centimillonarios. En este contexto se desarrollaron los debates presupuestarios de 2025. ¿Cómo sanear las finanzas públicas del país? En febrero de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una propuesta de ley que creaba un impuesto mínimo para los ultra ricos: los hogares fiscales cuya riqueza supere los 100 millones de euros tendrían un impuesto mínimo equivalente al 2 % de su patrimonio... El objetivo era simplemente garantizar que las mayores fortunas no pagaran menos impuestos, en proporción a sus ingresos, que otras categorías sociales... Dado que la fortuna de los centimillonarios ronda el 40 % del PIB, un impuesto equivalente al 2 % de su patrimonio reportaría aproximadamente el 0,8 % del PIB en ingresos fiscales... lo que permitiría alcanzar aproximadamente un tercio del esfuerzo necesario para estabilizar la ratio deuda pública/PIB a medio plazo... Durante el verano, el Gobierno dió marcha atrás... es difícil no ver en esto otra cosa que no sea la influencia de las grandes fortunas francesas en la vida política y democrática del país... Al igual que otros países antes que ella, Francia ha entrado en la era de la riqueza extrema. Este desequilibrio es la causa principal del bloqueo presupuestario y del descontrol de nuestras finanzas públicas. Impide las inversiones necesarias en educación, innovación, salud e infraestructuras, que son la clave de nuestra prosperidad futura... Este es el problema económico y político fundamental al que se enfrenta ahora nuestro país

 "No hay ningún tema de política económica y social en el que se observe una brecha tan grande entre el apoyo popular y la representación nacional.

 Para comprender el debate presupuestario que está llegando a su fin, es necesario objetivar, con lucidez y serenidad, una realidad que ahora es estructurante: la influencia sin precedentes de los multimillonarios en la vida democrática de la nación.

Recapitulemos los parámetros de la situación presupuestaria de Francia y, para empezar, situémoslos en el contexto histórico a largo plazo.

En 2026, el déficit público alcanzará o superará, por cuarto año consecutivo, el 5 % del PIB. Se trata de una situación sin precedentes: Francia nunca ha experimentado una sucesión de déficits tan elevados fuera de un periodo de crisis económica, pandemia o guerra.

La deuda pública alcanzará el 118 % del PIB en 2026, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial y, anteriormente, la Revolución Francesa.

 El país en su conjunto no se está empobreciendo, ni mucho menos: el aumento de la deuda pública se ha visto más que compensado por el aumento del patrimonio privado.

Entre 2012 y 2024, mientras que la deuda pública aumentó en 1,4 billones de euros, el patrimonio total de los hogares franceses creció en 4,7 billones de euros.

Solo el de las 500 mayores fortunas se disparó en casi 1 billón de euros, pasando del equivalente al 13 % del PIB en 2012 al equivalente al 42 % del PIB en 2024.

El aumento de la deuda pública durante este periodo fue apenas superior al aumento de la fortuna de estos centimillonarios.

En este contexto se desarrollaron los debates presupuestarios de 2025. ¿Cómo sanear las finanzas públicas del país? ¿Podrían contribuir de alguna manera los patrimonios más elevados?

Los debates comenzaron en febrero de 2025, cuando la Asamblea Nacional aprobó una propuesta de ley que creaba un impuesto mínimo para los ultra ricos.

 No se trataba de gravar el aumento de la fortuna de estos últimos (lo que Francia hizo en el pasado, en particular en 1945 con el impuesto de solidaridad nacional, que gravaba al 100 % los enriquecimientos superiores a 5 millones de francos), sino de una propuesta modesta y específica:

Someter a los hogares fiscales cuya riqueza supere los 100 millones de euros a un impuesto mínimo equivalente al 2 % de su patrimonio.

El objetivo era simplemente garantizar que las mayores fortunas no pagaran menos impuestos, en proporción a sus ingresos, que otras categorías sociales. Quienes ya paguen un impuesto personal equivalente al 2 % o más de su patrimonio no tendrían que pagar nada más.

Dado que la fortuna de los centimillonarios ronda el 40 % del PIB, un impuesto equivalente al 2 % de su patrimonio reportaría aproximadamente el 0,8 % del PIB en ingresos fiscales: 40 % por 2 %. Es decir, tras deducir los impuestos ya pagados por los contribuyentes afectados, unos 20 000 millones de euros de ingresos fiscales adicionales al año.

Nadie pretende que esta medida por sí sola pueda resolver nuestros problemas de finanzas públicas. Pero todo el mundo entiende que podría contribuir en gran medida a ello.

 Los economistas coinciden en que es necesario reducir nuestros déficits públicos entre 2 y 3 puntos del PIB para poder estabilizar la ratio deuda pública/PIB a medio plazo. Una contribución que aportara 0,8 puntos del PIB permitiría alcanzar aproximadamente un tercio del esfuerzo necesario.

El Gobierno comenzó expresando su oposición, primero en la Asamblea en febrero y luego en el Senado en junio.

Sin embargo, reconociendo la validez del argumento en el que se basa la propuesta de un impuesto mínimo —es decir, la facilidad con la que los ultra ricos eluden hoy en día el pago de impuestos—, la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, indicó que estaba trabajando en un impuesto similar que se introduciría en otoño, aunque con un tipo más bajo —el 0,5 % en lugar del 2 %— y numerosas lagunas.

Una propuesta que se esperaba que reportara alrededor de 2000 millones de euros. Era diez veces menos que el impuesto mínimo del 2 % debatido —y entonces apoyado por Francia— en el G20 el año anterior.

Sin embargo, cuando llegó el otoño, el impuesto mínimo «de Montchalin» no se aplicó: si el 2 % era inaceptable, el 0,5 % seguía siendo demasiado. Durante el verano, el Gobierno había dado marcha atrás.

 En su lugar, el proyecto de ley de finanzas presentado en octubre introdujo un impuesto sobre el patrimonio de las sociedades holding, cuya principal característica era excluir de su base imponible la mayor parte del patrimonio de las sociedades holding. No estaban sujetos a este impuesto ni las acciones, ni los bienes inmuebles, ni las inversiones en start-ups. Solo se gravarían, en esencia, los activos líquidos inactivos.

Esta medida debía reportar unos 1000 millones de euros, es decir, el 0,03 % del PIB.

Era demasiado para el Senado. ¡La gota colmó el vaso! Los senadores se pusieron manos a la obra. A su vez, se excluyeron del impuesto sobre las sociedades holding los activos líquidos, así como las obras de arte y las joyas, para dejar finalmente solo los caballos de carreras, los vinos de gran calidad y otros «bienes de lujo» que, por extraño que parezca, se encuentran en las sociedades holding.

El impuesto sobre las sociedades holding, así reformulado, reportaría 100 millones de euros, es decir, el 0,003 % del PIB.

Finalmente, esta audacia causó temor. El Gobierno de Sébastien Lecornu retomó en enero el impuesto reescrito por el Senado en el presupuesto que aprobó por 49,3. Pero, presa del pánico, el primer ministro anunció inmediatamente que iba a pedir al Consejo Constitucional que investigara la validez de esta medida, que, en definitiva, quizá iba demasiado lejos.

 Detrás de esta serie de retrocesos, es difícil ver otra cosa que no sea la influencia de las grandes fortunas francesas en la vida política y democrática del país.

Esta influencia se manifestó abiertamente en otoño, cuando los medios de comunicación propiedad de multimillonarios (aproximadamente el 80 % de la prensa privada) se movilizaron contra la propuesta de un impuesto mínimo del 2 %, con argumentos («los multimillonarios no pueden pagar», «este impuesto hundiría la economía francesa», etc.) que, como mínimo, no destacaban precisamente por su pertinencia.

Se hizo patente cuando el Senado en junio y la Asamblea Nacional en octubre votaron en contra del impuesto mínimo del 2 %, a pesar de contar con el apoyo de una inmensa mayoría de los franceses (el 86 % según el IFOP), en un frente unido que abarcaba desde los representantes del centro hasta los del Rassemblement National.

No hay ningún tema de política económica y social en el que se observe una brecha tan grande entre el apoyo popular y la representación nacional.

Pero las renuncias que siguieron —y la facilidad con la que fueron aceptadas por los diferentes partidos que ratificaron el presupuesto— son igualmente significativas.

 Por supuesto, se puede debatir sobre el impuesto mínimo del 2 % y plantear alternativas. Pero, ¿cómo aceptar un presupuesto que, en el contexto actual de desviación presupuestaria y explosión de las mayores fortunas, no exige ningún esfuerzo a estas últimas?

Fue el propio Financial Times el que escribió en otoño lo que ya no se puede leer en la prensa económica francesa, ahora propiedad casi en su totalidad de multimillonarios, calificando a Francia de «democracia social infradotada, cruzada con una oligarquía».

Las grandes fortunas siempre han tenido un gran poder, lo que supone una tensión fundamental en el seno de todas las sociedades democráticas. Pero con la explosión de su riqueza en los últimos quince años, la multiplicación de sus inversiones en los medios de comunicación y el control de estos, la situación ha cambiado. El frágil equilibrio de poderes económicos y políticos de la socialdemocracia de la posguerra se ha derrumbado.

 Al igual que otros países antes que ella, Francia ha entrado en la era de la riqueza extrema.

Este desequilibrio es la causa principal del bloqueo presupuestario y del descontrol de nuestras finanzas públicas. Impide las inversiones necesarias en educación, innovación, salud e infraestructuras, que son la clave de nuestra prosperidad futura. Alimenta una espiral en la que la riqueza compra el poder, que a su vez consolida las fortunas ya establecidas. Vicia el funcionamiento de nuestros mercados, corrompe el juego democrático y alimenta el sentimiento de impotencia que favorece el auge de los partidos nativistas contemporáneos.

Este es el problema económico y político fundamental al que se enfrenta ahora nuestro país." 

( Gabriel Zucman, CADTM, 10/02/26, traducción DEEPL, enlaces y gráficos en el original)

Francia: Desde hace varios años, y en particular, desde el 7 de octubre de 2023, la izquierda radical y los movimientos de protesta son objeto de campañas de intimidación, que se han multiplicado en los últimos meses, y de una ofensiva represiva... Un buen número de activistas antirracistas, pro-Palestina, ecologistas, políticas/os y sindicalistas han sido objeto de numerosos ataques, ya sea en las redes sociales, a través de declaraciones de responsables políticos o mediante acciones legales... Si bien la causa palestina ha suscitado la mayor represión y los intentos de censura más constantes, no es la única, ya que recientemente, Sophie Binet, secretaria general de la CGT, ha sido imputada por injurias públicas tras comparar a los grandes empresarios que amenazan con deslocalizar con "las ratas que huyen del barco"... la universidad y la investigación, también sufre numerosos ataques de este tipo, con una multiplicación de las amenazas contra las libertades académicas, que son también ataques contra las libertades públicas... El profesorado y las investigadoras e investigadores que se resisten al rumbo autoritario, militarista y racista del mundo se enfrentan hoy a una ola de censura, amenazas y procedimientos legales que tienen por objeto la intimidación y el silenciamiento. Estos ataques a las libertades académicas, a veces orquestados desde las altas esferas del Estado... los y las investigadoras especializadas en Palestina han sido amenazadas con sanciones y/o vilipendiadas... la ley del 31 de julio de 2025 sobre la lucha contra el antisemitismo en la enseñanza superior marca un giro importante y muy preocupante... introduce una nueva sección académica presidida por un/a magistrado/a, lo que confiere a las presidencias de los centros un poder disciplinario mayor y potencialmente excesivo, que podrían dar lugar a un control abusivo de las expresiones militantes estudiantiles o a la confusión entre posiciones políticas y comportamientos discriminatorios... Las librerías tampoco se libran, y algunas de ellas afirman estar «especialmente afectadas por las intimidaciones»... la suspensión del historiador Julien Théry, amenazado con perder su puesto por denunciar a los firmantes de un artículo en el que se pedía a Emmanuel Macron que no reconociera al Estado palestino, cuando la calidad de su trabajo como profesor no se ha puesto en duda, pone de manifiesto el progresivo deslizamiento hacia sanciones basadas no en faltas profesionales, sino en opiniones expresadas públicamente ( Contretemps)

 "Desde hace varios años, y en particular, desde el 7 de octubre de 2023, la izauierda radical y los movimientos de protesta —especialmente los antiimperialistas y antirracistas— son objeto de campañas de intimidación, que se han multiplicado en los últimos meses, y de una ofensiva represiva. Un buen número de activistas antirracistas, pro-Palestina, ecologistas, políticas/os y sindicalistas han sido objeto de numerosos ataques, ya sea en las redes sociales, a través de declaraciones de responsables políticos o mediante acciones legales.

Si bien la causa palestina ha suscitado la mayor represión y los intentos de censura más constantes, no es la única, ya que recientemente, Sophie Binet, secretaria general de la CGT, ha sido imputada por injurias públicas tras comparar a los grandes empresarios que amenazan con deslocalizar con "las ratas que huyen del barco". Un sector de la sociedad del que se habla menos, el de la universidad y la investigación, también sufre numerosos ataques de este tipo, con una multiplicación de las amenazas contra las libertades académicas, que son también ataques contra las libertades públicas.

En este editorial de la revista Contretemps, volvemos sobre esta ofensiva liberticida que requiere una amplia resistencia por parte de los círculos universitarios y más allá.

***

El profesorado y las investigadoras e investigadores que se resisten al rumbo autoritario, militarista y racista del mundo se enfrentan hoy a una ola de censura, amenazas y procedimientos legales que tienen por objeto la intimidación y el silenciamiento. Estos ataques a las libertades académicas, a veces orquestados desde las altas esferas del Estado, deben entenderse en el contexto de la fascistización de las élites y del Estado, la radicalización islamófoba del Occidente imperialista, la represión de la solidaridad con el pueblo palestino contra la guerra genocida y la alianza entre neoliberales y neofascistas.

El Código de Educación francés establece claramente que "los profesores-investigadores, los profesores y los investigadores gozan de plena independencia y total libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones docentes y de sus actividades de investigación, con las reservas que les imponen, de conformidad con las tradiciones universitarias y las disposiciones del presente código, los principios de tolerancia y objetividad" (artículo L952-2).

Esta disposición recuerda que la libertad académica es la condición misma de la producción científica, basada en la autonomía respecto a los poderes, el rigor metodológico y la validación por pares. No es un privilegio corporativista ni un espacio de ilegalidad, sino una base indispensable para la vitalidad democrática.

Sin embargo, esta libertad fundamental se ve hoy amenazada y cuestionada por un conjunto de discursos, decisiones políticas y prácticas institucionales que contribuyen a una restricción general de las libertades públicas. La libertad académica está estrechamente relacionada con otras libertades, en particular la libertad de expresión y la libertad de asociación, y los ataques contra ellas son testimonio de amenazas más amplias a los principios democráticos. Defender una de estas libertades implica, por tanto, defenderlas todas.

Desde hace algunos años, varios responsables políticos señalan a la universidad como un espacio problemático, incluso peligroso. Al afirmar que «el mundo universitario [era] culpable de haber dividido a la República en dos» en junio de 2020, al salir del confinamiento, mientras se desplegaban movilizaciones contra la violencia policial convocadas por el Comité Adama Traoré tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos, Emmanuel Macron legitima las ofensivas anteriores, procedentes en particular de la extrema derecha o del Printemps républicain, que ya habían llevado a la cancelación de algunos coloquios.

Jean-Michel Blanquer siguió por este camino cuando, en el contexto del asesinato de Samuel Paty, acusó a los enfoques interseccionales de amenazar a la República. Frédérique Vidal, entonces ministra de Educación Superior e Investigación, anunció en 2021 una investigación sobre el «islamoizquierdismo» en la enseñanza superior, apoyada por el diputado Patrick Hetzel, investigación que finalmente se abandonó, pero cuyos efectos nocivos se dejaron sentir de forma duradera^1/. Más recientemente, Élisabeth Borne, entonces primera ministra, consideró que el «islamoizquierdismo» era «una corriente [que] existe en la sociedad y, por lo tanto, necesariamente en la universidad», reactivando la idea de que ciertas disciplinas y ciertos objetos de estudio tendrían un sesgo político incompatible con las exigencias científicas.

Desde el 7 de octubre de 2023, esta ofensiva política ha subido un peldaño: los y las investigadoras especializadas en Palestina han sido amenazadas con sanciones y/o vilipendiadas. A nivel local, presentar mociones en las instancias universitarias en solidaridad con el pueblo palestino o contra el genocidio en Gaza se ha vuelto muy complicado, mientras que las iniciativas académicas o militantes en las universidades se enfrentan a numerosos obstáculos.

Estos obstáculos llegaron incluso a las prohibiciones, como es el caso de una conferencia en la Universidad de Estrasburgo con Rima Hassan en noviembre de 2024, considerada ilegal por una orden judicial. Esta deriva se vio facilitada por la LRU, una ley impuesta bajo la presidencia de Sarkozy, que pretendía instaurar la «autonomía de lasuniversidades», pero que lo que hizo fue sobre todo aumentar la autonomía de rectores y rectoras, otorgándoles poderes propios mucho más importantes.

Además, el ciberacoso a profesionales de la investigación ha aumentado aún más y diversas iniciativas académicas han sido objeto de amenazas, como el coloquio «Materialismo histórico» en la Universidad Paris-Dauphine en junio de 2025, con el objetivo de censurar ciertas voces consideradas demasiado militantes o subversivas, lo que llevó a la organización, bajo la presión de la dirección de la institución, a sacar algunas sesiones fuera de la universidad^2/.

Este salto cualitativo en la ofensiva reaccionaria condujo, además, a la elaboración de una ley cuyos decretos de aplicación se promulgaron durante el verano de 2025. De hecho, la ley del 31 de julio de 2025 sobre la lucha contra el antisemitismo en la enseñanza superior marca un giro importante y muy preocupante. Si bien sus objetivos declarados se inscriben en una lucha necesaria contra el racismo y todas las formas de discriminación, sus modalidades prácticas entrañan numerosos riesgos para las libertades académicas y la libertad de expresión del estudiantado.

La reforma del procedimiento disciplinario introduce una nueva sección académica presidida por un/a magistrado/a, lo que confiere a las presidencias de los centros un poder disciplinario mayor y potencialmente excesivo^3/. La moción del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación (CNESER) pide la retirada de esta ley debido al carácter potencialmente represivo de las disposiciones adoptadas, que podrían dar lugar a un control abusivo de las expresiones militantes estudiantiles o a la confusión entre posiciones políticas y comportamientos discriminatorios.

En lo que se refiere al personal de la enseñanza superior y la investigación, y en particular de investigadoras e investigadores, se multiplican las campañas de intimidación mediática y política. En septiembre, se acusó a varios historiadores/as de fomentar el antisemitismo cuando decidieron retirarse de un coloquio organizado por la Universidad Paris Cité tras conocer que contaba con el apoyo de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Fundación Científica de Israel, cuya financiación también abarca ámbitos militares^4/. Las personas afectadas, que fueron invitadas por su experticia en la historia del judaísmo y las comunidades judías, vieron cómo sus nombres circulaban por las redes sociales y se veían expuestos a amenazas que no solo iban dirigidas contra su reputación, sino también contra su seguridad.

Después, se canceló el coloquio «Palestina y Europa», organizado fundamentalmente por el Centro Árabe de Investigaciones y Estudios de París (Carep Paris), que debía celebrarse en el Collège de France los días 13 y 14 de noviembre de 2025, bajo la presión conjunta del ministerio, un colectivo de abogados y una red de investigadores reaccionarios reunidos en la Red de Investigación sobre el Racismo y el Antisemitismo, que no es la primera vez que lleva a cabo una campaña de delación, fichaje y calumnia, según un artículo bien documentado, publicado por Blast. Afortunadamente, el coloquio pudo celebrarse en las instalaciones del CAREP en París, con una gran participación en línea.

Al mismo tiempo, se supo de la existencia de una encuesta del Cevipof, destinada a ser realizada en las universidades, que incluía una pregunta sobre si la institución era un lugar donde se propagaban fenómenos como el «odio a Israel», «la manifestación de apoyo a la causa palestina», «la manifestación de apoyo a Hamás» o el «odio a los sionistas»^5/ todo ello presentado de antemano como indicios de antisemitismo. Para Nicolas Cadène, antiguo relator general del Observatorio de la Laicidad, tal yuxtaposición constituye una «confusión peligrosa», ya que asimila formas de expresión política legítimas, e incluso protegidas, a formas de odio o violencia punibles.

Las librerías tampoco se libran, y algunas de ellas afirman estar «especialmente afectadas por las intimidaciones» desde el 7 de octubre de 2023. La denuncia presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, contra la editorial Libertalia por un juego de las siete familias que incluye el personaje de «un policía racista de la BAC» ilustra una preocupante tendencia a criminalizar la sátira. El propio ministro del Interior también presentó una denuncia contra un humorista, Pierre-Emmanuel Barré, por haber tenido la osadía de recordar varios hechos recientes y especialmente impactantes de delitos policiales, generalmente impunes.

Por último, la suspensión del historiador Julien Théry, amenazado con perder su puesto por denunciar a los firmantes de un artículo en el que se pedía a Emmanuel Macron que no reconociera al Estado palestino, cuando la calidad de su trabajo como profesor no se ha puesto en duda, pone de manifiesto el progresivo deslizamiento hacia sanciones basadas no en faltas profesionales, sino en opiniones expresadas públicamente^6/.

Todos estos hechos remiten a una dinámica más profunda, característica de un proceso de fascistización, que se basa especialmente en un vuelco ficticio de las relaciones de dominación. Así, se acusa a los grupos minoritarios de haberse vuelto dominantes y tiránicos, capaces de imponer la censura y de instaurar un clima de terror intelectual. Además, se les reprocha que se presenten como víctimas, mientras que las verdaderas víctimas serían, según esta lógica, aquellas personas que, al ver cuestionados sus privilegios, se consideran desposeídas de sus libertades^7/.

La amalgama entre pensamiento crítico, activismo y odio racial permite entonces criminalizar posiciones intelectuales, deslegitimar campos de investigación y presentar ciertas disciplinas como intrínsecamente peligrosas^8/. En particular, se asiste a una confusión deliberada entre antisemitismo, apoyo a Palestina, críticas al Estado colonial israelí, defensa del derecho internacional y a fortiori, cualquier análisis crítico del colonialismo y las relaciones sociales de raza.

Pueden existir formas de racismo, en particular de antisemitismo e islamofobia, pero también de sexismo, homofobia y capacitismo en las filas de la izquierda social y política, en la medida en que las opresiones estructuran y atraviesan todas las capas de la sociedad, pero son contrarias a los valores y compromisos mayoritarios de nuestras organizaciones, y deben combatirse sin tregua.

En lo que respecta específicamente al antisemitismo (pero esto es válido para todos los tipos de racismo), es importante recordar, basándonos en el último informe de la CNCDH (2023), que son, con diferencia, las personas simpatizantes de la izquierda quienes se declaran con mayor frecuencia «totalmente a favor de una lucha enérgica contra el antisemitismo»; lo mismo ocurre con la islamofobia y, en general, con el racismo.

Ante esta ofensiva, se han organizado movilizaciones colectivas. Además del trabajo cotidiano de las organizaciones sindicales, el colectivo «Vidal démission», el coloquio «La savante et le politique» (La sabia y la política) o la creación de la Asociación para la Libertad Académica y de la Coordinación Antifascista para la Afirmación de las Libertades Pedagógicas y Académicas, entre otras, dan testimonio de la voluntad de numerosos investigadores e investigadoras de resistir a este deterioro de las condiciones de trabajo intelectual.

También se han emprendido acciones legales, en particular un recurso por abuso de poder contra el anuncio de la investigación de Frédérique Vidal, mencionado más arriba. Dos años después, el ministerio respondió que estas declaraciones «no le comprometían», ya que finalmente no se había llevado a cabo ninguna investigación. Sin embargo, como recuerda el colectivo que inició el procedimiento, «estas palabras (...) tuvieron consecuencias realmente perjudiciales para los colegas»^9/. Las movilizaciones sindicales, universitarias y jurídicas demuestran la capacidad del mundo académico para defenderse colectivamente, aunque las relaciones de fuerza sigan siendo desfavorables.

La acumulación de censuras, intimidaciones y presiones institucionales o políticas constituye una señal extremadamente alarmante para el estado de las libertades académicas en Francia. Preservar estas libertades implica reconocer su papel esencial en la construcción de un espacio democrático basado en la pluralidad de conocimientos y puntos de vista. También se trata de garantizar la protección y la formación de las personas más expuestas a las diferentes formas de racismo, rechazando al mismo tiempo las generalizaciones que sirven a objetivos represivos. Por último, la lucha contra las formas de discriminación presentes en los medios universitarios nunca debe conducir a la aceptación de medidas o discursos que reduzcan la libertad de expresión o de enseñanza.

La defensa de la libertad académica es indisociable de la defensa de la propia democracia, es decir, del conjunto de las libertades públicas y los derechos democráticos fundamentales. Supone una vigilancia constante y un compromiso colectivo para preservar las condiciones de un debate intelectual abierto, riguroso y contradictorio, sin el cual no puede existir ni una verdadera investigación ni una sociedad democrática.

Esta exigencia no es solo francesa: se inscribe en un contexto internacional donde las universidades se han convertido en objetivos privilegiados de las fuerzas reaccionarias. En Estados Unidos, el nuevo mandato de Donald Trump ha venido acompañado de ataques radicales contra las instituciones científicas y los campus^10/.

El ejemplo más emblemático es la publicación, a principios de 2025, de una lista de palabras que pasaron a estar prohibidas en las solicitudes de financiación que se eleven a la Fundación Nacional para la Ciencia —entre ellas «diversidad», «género», «racismo», «justicia social» o «víctima»— con el fin de descartar sistemáticamente los proyectos de investigación relacionados con las desigualdades y la discriminación^11/.

Esto también puede adoptar la forma de amenazas físicas, como en el caso del historiador Mark Bray, especialista en antifascismo y profesor en Nueva Jersey, que se vio obligado a huir de Estados Unidos tras recibir amenazas de muerte por la firma de un decreto por parte de Donald Trump en el que se designaba al «movimiento antifa» como terrorista.

Esta ofensiva también se observa en Argentina, donde el Gobierno de Javier Milei impone una austeridad brutal y endurece la represión de las movilizaciones. Las universidades se ven estranguladas financieramente y acusadas de adoctrinamiento ideológico; el Conicet (CNRS argentino) se desmantela mediante despidos masivos y congelación de las becas, mientras que la comunidad universitaria —en particular la de ciencias humanas y sociales— es estigmatizada: la ciencia solo tiene valor si la financia el mercado.

Ante estas dinámicas autoritarias, la defensa de las libertades académicas se presenta más que nunca como un instrumento fundamental contra el odio racista, la dominación social y la violencia, ya sean promovidos en Francia o en otros lugares por la extrema derecha y sus aliados neoliberales y/o libertarios."

(Editorial Contretemps, Viento Sur, 09/01/26, fuente Contretemps)

Piketty: La Agrupación Nacional (Rassemblement national), es el partido de los multimillonarios... el hecho de que los diputados del RN hayan votado al unísono con el resto de la derecha en contra del impuesto mínimo del 2 % a los titulares de patrimonios superiores a 100 millones de euros es un acontecimiento importante... Al acudir en ayuda de los ultra ricos, cuando hasta ahora se había abstenido, el RN se ha afirmado claramente como el partido de los multimillonarios, como un partido de derecha en todos los sentidos, a la vez nacionalista, antimigrante, extractivista e hipercapitalista, al igual que los republicanos de Donald Trump... El compromiso del RN con los ultra ricos también es coherente con la ideología general del partido, que se basa en una visión profundamente jerárquica del mundo. Tanto para el RN como para los trumpistas, la desigualdad está en todas partes y, sobre todo, es inevitable: entre los nacionales y los extranjeros, entre los cristianos y los musulmanes... Este discurso desempeña un papel central en el debate público. Ante esta nueva unión de las derechas, la izquierda tiene una responsabilidad histórica... Al igual que Zhoran Mamdani en Nueva York, debe centrarse en primer lugar en las medidas sociales y universalistas (coste de la vida, vivienda, transporte, sanidad, escuelas) y demostrar que solo la contribución de los más ricos permite financiar todo ello... solo una contribución excepcional de los patrimonios privados más elevados permitirá salir adelante. La escala del Impuesto de Solidaridad Nacional aplicada en Francia en 1945 ascendía hasta el 20 % sobre los patrimonios más elevados y al 100 % sobre los enriquecimientos más importantes... En la posguerra, el Lastenausgleich («reparto de la carga») ascendía en Alemania hasta el 50 % para los patrimonios más elevados. El impuesto equivalente alcanzaba el 90 % en Japón. Quienes repiten una y otra vez que sería jurídicamente imposible gravar los patrimonios más elevados y que un impuesto mínimo del 2 % sobre los ultra ricos sería confiscatorio, solo demuestran su profunda ignorancia histórica... La riqueza siempre es colectiva: depende de la implicación de miles de personas, y no de unos pocos genios individuales sin los cuales el mundo se derrumbaría. La escala de ingresos se ha dividido por diez en el norte de Europa desde 1910, y este avance hacia la igualdad ha ido de la mano de una prosperidad sin precedentes

 "¿Cómo salir del estancamiento político francés? En primer lugar, aceptando la idea de que la democracia necesita alternancias claras y asumidas para funcionar correctamente. No es manteniendo siempre a los mismos en el poder como se va a salir de la actual crisis democrática. La bipolarización izquierda-derecha, siempre que se renueve con suficiente rapidez en su contenido ante las transformaciones del mundo, tiene la virtud de permitir tales alternancias. Este es el modelo que permitió la consolidación de la democracia en el siglo XX, y es en esta dirección en la que hay que avanzar hoy para evitar su desintegración.  

Desde este punto de vista, el hecho de que los diputados del RN hayan votado al unísono con el resto de la derecha en contra del impuesto mínimo del 2 % a los titulares de patrimonios superiores a 100 millones de euros es un acontecimiento importante, que puede contribuir a la clarificación política. Al acudir en ayuda de los ultra ricos, cuando hasta ahora se había abstenido, el RN se ha afirmado claramente como el partido de los multimillonarios, como un partido de derecha en todos los sentidos, a la vez nacionalista, antimigrante, extractivista e hipercapitalista, al igual que los republicanos de Donald Trump.  

 Esta decisión puede sorprender, si pensamos en la imagen popular y social que el partido de Le Pen ha querido dar de sí mismo durante mucho tiempo. En realidad, es perfectamente lógica. En primer lugar, porque los aliados que el RN puede esperar reunir para alcanzar una mayoría parlamentaria se sitúan claramente en una línea clásica de derecha, contraria a los impuestos y al gasto público. Es el caso de la UDR (Unión de las Derechas por la República) de Éric Ciotti, que se unió oficialmente al RN en 2024, así como del resto de LR (Los Republicanos). También es el caso de los macronistas más derechistas, que en los últimos años han demostrado estar dispuestos a aliarse con el RN para votar leyes tan importantes como la ley de inmigración en diciembre de 2023 (con la consiguiente revisión del código de nacionalidad y un profundo cuestionamiento del derecho de suelo, que finalmente no se aplicó por razones técnicas) o la ley antiinquilinos (y supuestamente antiocupantes) en diciembre de 2022.   

 El compromiso del RN con los ultra ricos también es coherente con la ideología general del partido, que se basa en una visión profundamente jerárquica del mundo. Tanto para el RN como para los trumpistas, la desigualdad está en todas partes y, sobre todo, es inevitable: entre los nacionales y los extranjeros, entre los cristianos y los musulmanes, entre las personas honradas y los delincuentes, entre los que trabajan duro y los que viven de las ayudas sociales. Ante esta dura realidad, es mejor exaltar la identidad nacional y el poder, el orden y el respeto a las jerarquías y, sobre todo, evitar los discursos idealistas sobre la justicia social y la armonía universal, que no serían más que hipócritas nanas difundidas por los ideólogos de izquierda para darse buena conciencia y engañar a los crédulos. Este discurso arraigado en la derecha tiene enormes debilidades, pero también tiene sus puntos fuertes y, en cualquier caso, desempeña un papel central en el debate público.   

 Ante esta nueva unión de las derechas, la izquierda tiene una responsabilidad histórica. Al igual que Zhoran Mamdani en Nueva York, debe centrarse en primer lugar en las medidas sociales y universalistas (coste de la vida, vivienda, transporte, sanidad, escuelas) y demostrar que solo la contribución de los más ricos permite financiar todo ello.

La izquierda también debe basarse en las lecciones de la historia. Ante una deuda pública que ha vuelto a alcanzar máximos históricos, solo una contribución excepcional de los patrimonios privados más elevados permitirá salir adelante.  

La escala del Impuesto de Solidaridad Nacional aplicada en Francia en 1945 ascendía hasta el 20 % sobre los patrimonios más elevados y al 100 % sobre los enriquecimientos más importantes. Se podía pagar en títulos y no contemplaba ninguna exención para los «bienes profesionales» y otras «empresas familiares e innovadoras». En la posguerra, el Lastenausgleich («reparto de la carga») ascendía en Alemania hasta el 50 % para los patrimonios más elevados. El impuesto equivalente alcanzaba el 90 % en Japón.  

 Quienes repiten una y otra vez que sería jurídicamente imposible gravar los patrimonios más elevados y que un impuesto mínimo del 2 % sobre los ultra ricos sería confiscatorio, solo demuestran su profunda ignorancia histórica. Y también su rechazo a cualquier debate racional y sereno, basado en fundamentos empíricos sólidos.  

Más allá de la cuestión financiera, esta contribución de los más ricos también sería una oportunidad para redistribuir el poder económico, concediendo por fin importantes derechos de voto a los empleados en los consejos de administración de las empresas, como se hace en Alemania y Suecia desde los años cincuenta. La riqueza siempre es colectiva: depende de la implicación de miles de personas, y no de unos pocos genios individuales sin los cuales el mundo se derrumbaría. La escala de ingresos se ha dividido por diez en el norte de Europa desde 1910, y este avance hacia la igualdad ha ido de la mano de una prosperidad sin precedentes, como acaba de demostrar un estudio publicado por el Laboratorio sobre Desigualdades Globales.   

 Por último, y quizás lo más importante, la izquierda en Francia, al igual que en Estados Unidos, debe hacer todo lo posible por reducir la brecha territorial. La diferencia electoral entre las clases populares de las grandes aglomeraciones y las de las ciudades medianas y los municipios rurales ha alcanzado niveles desconocidos desde hace un siglo. Las primeras siguen votando a la izquierda, pero las segundas se han decantado mayoritariamente por la derecha. Esto es consecuencia de un profundo sentimiento de abandono por parte de los servicios públicos y de la competencia internacional. Solo reuniendo a las clases populares, como supo hacer en el siglo XX, la izquierda logrará imponer una nueva bipolarización."

(thomas piketty , blog, 11/11/25, traducción DEEPL, enlaces en el original)

El gobierno francés, de Lecornu, recorta 12.000 millones en el presupuesto de la seguridad social, con los votos del Partido Socialista y la abstención masiva de los grupos ecologista y comunista. Solo los Insoumisos se opusieron al desangre... "Ser una izquierda útil para los franceses y las francesas", una izquierda del "deber". Así es como Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista, denominaba la supresión de al menos 80 puestos de trabajo en cada Centro Hospitalario Universitario (CHU) de Francia, la muerte de varios miles de personas en los pasillos de los hospitales, la vacante de más de 15.000 puestos de enfermeras y enfermeros en el país, las horas extra no pagadas de varios miles de sanitarios, el aumento del copago de tratamientos y medicamentos para los enfermos. Porque eso es precisamente lo que significarán los 12.000 millones de euros de recortes en los ingresos del presupuesto de la seguridad social votados por los diputados del PS... Renunciando a recuperar el más mínimo céntimo de los 80.000 millones de euros de exenciones sociales que benefician casi en su totalidad al capital y a las rentas altas, la maniobra conjunta de la Macronía, del PS, tendrá consecuencias dramáticas sobre un sector de la salud despojado de presupuesto tras presupuesto, y en definitiva, sobre el trabajo, la vida y la muerte de cientos de miles de asegurados y sanitarios (Diario Red)

 "Los diputados socialistas, comunistas y ecologistas dieron luz verde al saqueo de 5.000 millones de euros al hospital público. El sábado 8 de noviembre al anochecer, la Asamblea Nacional aprobaba la parte de ingresos del presupuesto de la Seguridad Social presentado por Sébastien Lecornu. En el programa de esta carnicería presupuestaria, cerca de 12.000 millones de euros han sido recortados del presupuesto de la Seguridad Social, de los cuales 5.000 millones corresponden al hospital público. Unos ingresos menores que el gobierno compensará con una drástica reducción del gasto social, en un momento en que el hospital público y la salud ya están en la agonía.

Unos recortes salvajes firmados por Emmanuel Macron, por supuesto, pero también los votos del Partido Socialista y la abstención masiva de los grupos ecologista y comunista permitieron la aprobación por un margen de 15 votos de una anunciada masacre social y sanitaria. Un voto aún más escandaloso porque avala un conjunto de medidas en las antípodas del programa de ruptura con el que fueron elegidos los diputados del Partido Socialista, de EELV y del PCF. Un paso más del partido de la rosa para fortalecer su alianza con la oligarquía financiera. Solo los Insoumisos se opusieron al desangre.

"Ser una izquierda útil para los franceses y las francesas", una izquierda del "deber". Así es como Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista, denominaba la supresión de al menos 80 puestos de trabajo en cada Centro Hospitalario Universitario (CHU) de Francia, la muerte de varios miles de personas en los pasillos de los hospitales, la vacante de más de 15.000 puestos de enfermeras y enfermeros en el país, las horas extra no pagadas de varios miles de sanitarios, el aumento del copago de tratamientos y medicamentos para los enfermos.

Porque eso es precisamente lo que significarán los 12.000 millones de euros de recortes en los ingresos del presupuesto de la seguridad social votados por los diputados del PS este sábado 8 de noviembre, cómplices de la Macronía a los que ayudaron en su tarea del día las abstenciones masivas de los grupos comunista y ecologista.

Es en efecto seguro, dada la obsesión ideológica malsana de los macronistas por la reducción del gasto de protección social, que este desangre de los ingresos se traducirá en recortes con motosierra al menos igual de importantes en el gasto. Y serán, por supuesto, los asegurados y los sanitarios, ya al límite, quienes sufrirán recortes violentos que la Macronía justificará por la previa bajada de los ingresos.

Estos 12.000 millones de mella representarán otros tantos puestos de trabajo suprimidos, medicamentos más caros o no reembolsados, horas extra no pagadas, horas de espera en urgencias, precariedad para los enfermos, degradación de las capacidades de las residencias de ancianos (EHPAD), de la protección social y de la discapacidad. Mecánicamente, todo voto a favor de estos ingresos era un voto a favor de los recortes presupuestarios, y por tanto, de la política del gobierno que podrá ahora pasar por decreto los ahorros inicuos que está preparando hacer sobre las espaldas de los franceses y francesas más vulnerables.

Renunciando a recuperar el más mínimo céntimo de los 80.000 millones de euros de exenciones sociales que benefician casi en su totalidad al capital y a las rentas altas, la maniobra conjunta de la Macronía, del PS, y de los grupos comunista y ecologista tendrá consecuencias dramáticas sobre un sector de la salud despojado de presupuesto tras presupuesto, y en definitiva, sobre el trabajo, la vida y la muerte de cientos de miles de asegurados y sanitarios.

Una situación y un voto que solo fueron posibles por la negativa del Partido Socialista a censurar a Sébastien Lecornu el pasado octubre, estando Olivier Faure y los suyos demasiado preocupados por la idea de una nueva disolución que les obligaría a asumir ante los electores el peso de sus traiciones.

Más que nunca, los franceses desean que el gobierno se vaya, y Emmanuel Macron con él. Ante esta exasperación creciente; la Francia Insumisa propone una política alternativa basada en la reconstrucción de los servicios públicos mediante el reparto de la riqueza.

Como finalmente subrayó Manuel Bompard, diputado y coordinador nacional de Francia Insumisa, este episodio lo habrá recordado una vez más con claridad: "El pueblo de izquierdas sabe sobre quién puede contar"." 

(Editorial DiarioRed, 13/11/25) 

Wolfgang Munchau: Cómo Bardella podría romper la UE... por primera vez parece que la extrema derecha tiene posibilidades reales de ganar la presidencia francesa... Bardella como líder, este pidió un referéndum para reafirmar la primacía de la Constitución francesa sobre el Derecho europeo, y propuso un menú del que Francia elegiría... aprobaría las políticas industriales y los intercambios científicos... querría renegociar Schengen y el mercado único... y prohibiría migración, energía, defensa y fronteras... Su agenda es claramente incompatible con la pertenencia a la UE. La UE nunca podría aceptar una propuesta francesa para cambiar unilateralmente la libertad de circulación... Francia acabaría incumpliendo tantas de sus normas que el Frexit sería la única forma de cumplir sus promesas electorales... La UE no se desintegraría en el momento en que la Agrupación Nacional llegara al poder. Pero poco después sufriría un paro cardíaco

 "Los expertos políticos suelen caer en un error lógico muy común: la falacia de composición. Les encanta generalizar a partir de una sola observación. Y el error de juicio más común que escucho en este momento tiene que ver con la extrema derecha europea. Se da por sentado que, cuando —o si— lleguen al poder, todos acabarán como Giorgia Meloni.

La primera ministra italiana puede que empezara como antieuropea, pero hoy gobierna como una moderada proeuropea o, como ella diría, una «euro-realista». Y la sabiduría popular en Europa es que la extrema derecha francesa hará lo mismo. Pero esto supone un malentendido fundamental del Agrupamiento Nacional de Le Pen. Su partido no podría ser más diferente de Hermanos de Italia, el partido de Meloni. Por un lado, ambos han ocupado posiciones opuestas en el espectro político, especialmente en lo que respecta a la OTAN y Europa. Esperar que la extrema derecha francesa imite la postura más moderada de Meloni es caer en la falacia de la composición.

 Meloni ha recorrido un largo camino político. Entró en la política en los años noventa como activista juvenil del Movimiento Social Italiano: los neofascistas de la posguerra. En 1995, su líder, Gianfranco Fini, reconstituyó el partido como Alianza Nacional, una nueva versión que abrazaba la democracia liberal, la pertenencia a la OTAN y la integración europea. Fue Fini, y no Meloni, quien convirtió a la extrema derecha italiana en un movimiento proeuropeo y proestablishment. Más tarde se convirtió en uno de los ministros más importantes de Silvio Berlusconi y en una de las voces más proeuropeas de su gabinete.

En 2009, Fini fusionó su Alianza Nacional con el partido de Berlusconi y, en 2012, Meloni abandonó el grupo para convertirse en líder de un nuevo partido: Hermanos de Italia. Su partido era más de derechas que el de Fini, pero seguía rechazando el fascismo. Meloni era euroescéptica, muy en la línea de los conservadores británicos anteriores al Brexit. Sin embargo, ha sabido sacar partido al bloque, e Italia es considerada cada vez más como un socio creíble y estable.

 La situación no podría ser más diferente en Francia, donde la figura destacada de la extrema derecha es Marine Le Pen, presidenta del Agrupamiento Nacional. Aunque actualmente tiene prohibido presentarse a cargos políticos durante cinco años, esto no ha afectado a la popularidad de su partido. Su protegido de 30 años, Jordan Bardella, ha asumido el liderazgo y actualmente obtiene entre el 35 % y el 37,5 % de la intención de voto en la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales. El segundo candidato es el ex primer ministro Édouard Philippe, que se sitúa entre el 15 % y el 19,5 %. Aunque es difícil traducir estas cifras en votos para la segunda vuelta, por primera vez parece que la extrema derecha tiene posibilidades reales de ganar la presidencia francesa.

El partido ha recorrido un largo camino desde que fue fundado por el padre de Marine, el difunto Jean-Marie Le Pen, en 1972 como Frente Nacional. Adoptó una postura dura con respecto a la pertenencia a la Comunidad Económica Europea —como se llamaba entonces— alegando que constituía una amenaza para la soberanía francesa. Le Pen padre rechazó más tarde el mercado único, el euro y Schengen. Pero nunca se acercó al poder.

 Sin embargo, su clan sigue gobernando. Y su ideología sigue vigente. Bajo el liderazgo de Marine, la postura del partido sobre Europa pareció suavizarse un poco. Ella seguía queriendo salir del euro y de Schengen, pero no de la propia UE. En cambio, quería renegociar los tratados. En la práctica, por supuesto, esto no habría sido posible, por lo que su postura nunca fue fundamentalmente diferente del Frexit, salvo en el tono.

Le Pen redobló su apuesta por la salida del euro en las elecciones de 2017 y perdió frente a Emmanuel Macron, ya que el extremismo de su discurso contribuyó claramente a su derrota. Así, en 2018, renombró el partido como Agrupación Nacional y cambió su mensaje de salir de la UE por completo a reformarla desde dentro. Superficialmente, esto podría parecer un cambio al estilo Meloni. Pero, en realidad, significa algo diferente, lo que quedó brutalmente claro en las elecciones parlamentarias del año pasado.

Después de que Agrupación Nacional obtuviera una victoria aplastante —la mayor hasta la fecha— en las elecciones europeas de 2024, Macron convocó elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional francesa. Bardella asumió el mando del partido y, en un momento de la campaña, parecía que estaba a punto de alcanzar la mayoría política. Esto solo se frustró en el último momento cuando, presas del pánico, los partidos de la oposición formaron una alianza para relegar a la extrema derecha al tercer puesto.

 Pero a lo largo de esas dos elecciones, la postura del partido sobre la integración europea se endureció significativamente. Con Bardella como líder, este pidió un referéndum para reafirmar la primacía de la Constitución francesa sobre el Derecho europeo y, durante la campaña europea, propuso la idea de una stratégie tricolore: un menú de platos de integración europea del que Francia elegiría lo que considerara oportuno.

La categoría verde representa la integración europea que el partido aprueba, es decir, las políticas industriales y los intercambios científicos. La categoría naranja contiene aquellos ámbitos políticos que Francia querría renegociar, como Schengen y el mercado único. Y la categoría roja incluye los ámbitos totalmente prohibidos: migración, energía, defensa y fronteras. Bardella quiere dar prioridad a los ciudadanos franceses en el acceso al empleo y revertir la libre circulación. Dime que quieres salir de la UE, sin decirme que quieres salir de la UE. Así es Bardella.

«Dime que quieres salir de la UE, sin decirme que quieres salir de la UE».

 Su agenda es claramente incompatible con la pertenencia a la UE. En el pasado, la UE ha mostrado una gran tolerancia ante las infracciones de Francia, por ejemplo, en materia de déficit fiscal. Pero esto va demasiado lejos. La UE nunca podría aceptar una propuesta francesa para cambiar unilateralmente la libertad de circulación. Así que, aunque el Agrupamiento Nacional no haga campaña con la salida de la UE como plataforma, acabará incumpliendo tantas de sus normas que el Frexit sería la única forma de cumplir sus promesas electorales.

Por si te quedaba alguna duda, aquí tienes más. En una entrevista con The Economist la semana pasada, Bardella dijo que quiere que el BCE compre deuda francesa. Francia es el mayor deudor de Europa y el deudor con mayor exposición a inversores de fuera de Europa. Técnicamente, el BCE podría hacerlo. Cuenta con una herramienta denominada «instrumento de protección de la transmisión», que le permitiría comprar bonos franceses durante una crisis financiera. El argumento a favor del rescate por parte del banco central es que Francia es simplemente demasiado grande para quebrar. Como presidente o primer ministro, Bardella podría amenazar al BCE con un impago unilateral.

 Es fácil descartar sus comentarios como un completo disparate, como hizo un economista francés en una conversación que mantuve con él la semana pasada. Sin embargo, yo me lo tomo en serio, porque un Gobierno francés liderado por Le Pen o Bardella podría llevar a Europa al borde del abismo. Francia es un actor poderoso. No es Grecia. Ni Italia. Bardella también quiere una rebaja del presupuesto de la UE, como hizo en su día Margaret Thatcher. Esto empujaría a una UE con pocos recursos y que se ha comprometido en exceso con Ucrania a una crisis existencial.

Este escenario no podría ser más diferente de lo que ocurrió en Italia con Meloni. Italia cuenta con garantías constitucionales contra la retirada unilateral del euro y los tratados internacionales. El pragmatismo de Meloni tiene mucho sentido. Está intentando que el bloque funcione en interés de Italia. La situación es muy diferente en Francia, donde la Constitución otorga al presidente poderes sin parangón en las democracias de Europa occidental. La UE no se desintegraría en el momento en que la Agrupación Nacional llegara al poder. Pero poco después sufriría un paro cardíaco."

(Wolfgang Munchau , UnHerd, 10/11/25, traducción DEEPL, enlaces en el original)

Jean Luc Mélenchon: Francia en crisis... Una derecha dividida, un centro dividido y una izquierda dividida... estamos al final del macronismo, y, en su desesperación, se está aliando con la extrema derecha... porque en Francia hay un clima pre-revolucionario... hubo protestas masivas que tuvieron lugar en 2005 y 2023... eran las respuestas de las personas al impacto del neoliberalismo en su existencia concreta... Esta situación es lo que ha preocupado a Macron y al establishment... El ochenta y cinco por ciento de las nuevas leyes en un año son patrocinadas o apoyadas por Le Pen... Creemos que este mundo está llegando a su fin, y que solo son posibles dos resultados: el colectivismo o la ley del más fuerte... Observamos la aparición de un nuevo mundo: un pueblo urbano, organizado en redes. Esta nueva Francia ya existe en sí misma, su gente definida por su conflicto de intereses con la oligarquía... La ley del más fuerte se expresa cuando ya no hay una lógica de progreso colectivo en Francia. Cuando uno de cada dos franceses es obeso o tiene sobrepeso, cuando la mortalidad infantil ha aumentado durante 10 años, cuando una de cada cuatro madres cría a sus hijos sola. Cuando las fortunas de los multimillonarios se han duplicado desde que Macron se convirtió en presidente. El colectivismo no es una utopía, sino una necesidad

 "Walden Bello entrevista a Jean-Luc Mélenchon y al liderazgo de La France Insoumise sobre la profundización de la crisis política en Francia y sus implicaciones para la izquierda y la alternativa al antiguo régimen.

En los nueve años desde su fundación en 2016, La France Insoumise (LFI) se ha convertido en la principal formación de izquierda en Francia, con su actual representación parlamentaria de 71, por delante de los partidos tradicionales de izquierda, el Partido Socialista y el Partido Comunista. La personalidad más identificada con ella es Jean Luc Mélenchon, quien se ha postulado para la presidencia tres veces, la última en 2022, cuando obtuvo el 21.9 por ciento de los votos, terminando en tercer lugar después de la segunda clasificada Marine Le Pen del Rally Nacional y Emmanuel Macron. La France Insoumise describe su orientación como socialista democrática y ecosocialista.

Lo siguiente es una entrevista compuesta. Cuando visitó París en julio de 2025, Walden Bello entrevistó a algunos de los líderes de LFI, incluyendo a Nadege Abomangoli, vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Aurelie Trouve, presidenta del Comité de Asuntos Económicos de la Asamblea; y a los miembros del parlamento Arnaud Le Gall, Aurelien Tache y Aurelien Saintoul. Esto fue seguido en septiembre de 2025 por una entrevista por correo electrónico con el líder de LFI, Jean Luc Melenchon (JLM).
La crisis del macronismo

Walden Bello: ¿Puedes darme tu evaluación de la situación política actual en Francia?

La France Insoumise: En términos de la situación estratégica, estamos al final del macronismo. Los macronistas están muy divididos y, en su desesperación, se están aliando con la extrema derecha.

Empecemos señalando que el año pasado, cuando el Rally Nacional ganó las elecciones al Parlamento Europeo, Macron estaba dispuesto a hacer un trato con ellos. Iba a nombrar a un primer ministro del Rally Nacional. Ese era el plan.

Eso no sucedió. Pero incluso si no lo hizo, la realidad es que el macronismo ya ha absorbido gran parte de la ideología y los eslóganes de la extrema derecha. Los macronistas están en una alianza con la extrema derecha en el gobierno actual. Los Republicanos, el partido tradicional de la derecha, ya se ha posicionado, más que nunca, al lado de la extrema derecha. El nuevo líder de este partido, un hombre llamado Bruno Retailleau, es ahora ministro del interior, y por lo tanto de la policía. En una reunión, dijo: "Abajo el velo." Como saben, este es un lema de la extrema derecha. Además, como probablemente sepas, durante la guerra colonial en Argelia, la comunidad colonial francesa también gritaba: "Abajo el velo", dirigiéndose a las mujeres musulmanas. Así que esto es algo muy antiguo pero al mismo tiempo muy preocupante dada la situación actual. La islamofobia representa una amenaza muy real en la medida en que proporciona el pegamento ideológico de todas las fuerzas de derecha en nuestro país.

Protestas Populares y la Izquierda

WB: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la izquierda en este momento?

Jean Luc Melenchon: Los capitalistas apoyan a la extrema derecha. ¿Sabes por qué? Porque hay una movilización social intensa contra las decisiones que provienen del programa neoliberal. En Francia hay un clima pre-revolucionario, según la admisión de analistas que son ellos mismos favorables a los que están en el poder. De hecho, en todo el mundo, desde hace muchos años, ha habido situaciones revolucionarias. Llamamos a estos eventos "revoluciones ciudadanas." En mi libro Ahora el Pueblo, trato de analizarlas, incluyendo las condiciones que las producen. Esta situación es lo que ha preocupado a Macron y al establishment.

En Francia, hubo un movimiento de los chalecos amarillos. Al principio, la izquierda tradicional no los apoyó. Dijeron que los chalecos amarillos eran fascistas. Solo 10 días después de que comenzara, la izquierda, los sindicatos y el movimiento alter-globalización hicieron una declaración diciendo que los apoyaban. Lo que estaba sucediendo era que estaba surgiendo una nueva línea de conflicto: no izquierda contra derecha, sino la oligarquía contra el pueblo.

Como sabes, hubo protestas masivas que tuvieron lugar en 2005 y 2023. El carácter de las dos protestas fue diferente. Las de 2005 tuvieron lugar en los suburbios de las grandes ciudades. Los de 2023 también fueron en ciudades más pequeñas. Eran personas muy jóvenes. Algunos sociólogos dijeron que las protestas de 2005 y 2023 tenían las mismas causas, pero nosotros pensamos que las protestas de 2023 fueron diferentes. Las personas que participaron en ellas eran muy jóvenes, y sentían muy profundamente lo que estaban rechazando, incluyendo el derecho de la policía a matarlos, la licencia para matar, especialmente a los jóvenes hombres árabes.

No había portavoz, pero estaba claro contra qué era. Fue una reacción a una ejecución extrajudicial. Y la polarización fue más aguda en 2023, en parte debido a las redes sociales. Hubo una explosión de ira por parte de la derecha en reacción a las protestas, con algunas personas expresando que era correcto que la policía matara a estos jóvenes árabes y negros.
Capitalismo y Racismo

WB: ¿Estuvieron las protestas de 2023 también vinculadas a cuestiones económicas?

LFI: Sí, lo estaban, y señalamos que los eventos fueron causados por políticas neoliberales.

Estas eran las respuestas de las personas al impacto del neoliberalismo en su existencia concreta. Todos los demás partidos los llamaron disturbios. Nosotros no. El término utilizado fue muy importante para nosotros. Aquellos que son víctimas del racismo también deben ser vistos como víctimas del capitalismo. Son las personas que también son totalmente explotadas por el capitalismo. Entonces, contrariamente a la posición del líder del Partido Comunista y algunos en el Partido Socialista, no se puede separar la lucha contra el racismo de la lucha contra el capitalismo.

Necesitamos enfatizar esto, que el racismo no es solo un problema moral. Está vinculado a la economía. Por ejemplo, dicen que solo tenemos una cantidad limitada de riqueza para compartir, y compartirla con los migrantes perjudicará a nuestra propia gente. Entonces, esto sirve para dividir a la gente. Empiezas con los migrantes, luego dices que los pobres blancos también deben ser excluidos, y así sucesivamente. Entonces, los macronistas están tratando de normalizar esta división promovida por la extrema derecha. Lo consideran deseable enmarcarlo de esta manera. Eso es lo que han empezado a hacer en Mayotte, destruir los derechos de los migrantes, y después de Mayotte, llevarán esta idea a Francia. Entonces, Mayotte y otros territorios de ultramar de Francia están sirviendo como laboratorios. Pero también hay tales esfuerzos en muchos lugares, como los suburbios alrededor de Marsella, donde el partido de Marine Le Pen, ejerce cierta influencia. Están creando muchos estados de excepción. Por ejemplo, ahora hay un proyecto de ley, presentado por el Rally Nacional, para encarcelar a cualquier extranjero arrestado durante al menos 200 días si ha sido previamente condenado y sentenciado. Eso es una clara violación de los derechos básicos: no se puede encarcelar a nadie si no ha sido condenado y sentenciado. El ochenta y cinco por ciento de las nuevas leyes en un año son patrocinadas o apoyadas por el Rally Nacional.

Nos gustaría añadir que también estamos tratando de crear un nuevo antirracismo. Un problema que hemos enfrentado es que en el pasado, el antirracismo fue utilizado como un arma por los socialistas cuando estaban en el poder para atacar a sus enemigos. Entonces, la gente ahora es muy, muy sospechosa del antirracismo, especialmente si quienes lo defienden son líderes que son hombres blancos con agendas políticas.

También estamos combatiendo nuevas formas de racismo, como la acusación de que las personas no blancas están infiltrándose en la sociedad y el gobierno para llegar a altos cargos, y lo están haciendo a través de ventajas especiales proporcionadas por el gobierno. Esto es extraño porque en el pasado, su crítica era que los musulmanes no quieren integrarse. Pero ahora, cuando algunas personas no blancas llegan a altos cargos, como la camarada Nadege, que es vicepresidenta de la Asamblea Nacional, dicen que es por los beneficios especiales que disfrutan.

WB: Entonces, por lo que puedo entender de lo que estás diciendo, ¿no crees que otras secciones de la izquierda son comprensivas o realmente entienden la difícil situación de los migrantes?

LFI: Sí, pero esto no es nuevo para los líderes comunistas porque hace 40 años ya decían que había un problema con los inmigrantes. Pero nuestras diferencias con el Partido Comunista van más allá de simplemente etiquetar las protestas como disturbios, sino que se extienden a diferentes visiones de la sociedad. Se trata de quién forma parte del pueblo, y esto es algo que evoluciona con el tiempo. El Partido Comunista está muerto porque se aferra a una visión obsoleta de quiénes son las "personas revolucionarias". La clase trabajadora ha evolucionado de tal manera que los árabes y otras comunidades no blancas son ahora la mayoría en muchos sectores de la clase trabajadora. Puedes ver esto en los hospitales, donde incluso la mayoría de los médicos no son blancos. Entonces, es muy importante luchar contra el racismo, porque si no lo haces, permites que la gente y la clase trabajadora se dividan.

La Izquierda Dividida

WB: Cambiando a un tema relacionado, ¿puedes decirme cuál es el estado de la izquierda en Francia?

LFI: Puedes decir que sin Francia Insumisa ya no habría una izquierda viable en Francia. Por supuesto, hay otros partidos, como el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista no enfrenta los muchos desafíos en el país. No luchan contra el racismo con la fuerza que deberían. Específicamente, el Partido Socialista está dividido. No tienen agenda, no tienen programa. Y la única pregunta para ellos es saber cómo ganar escaños electos y si deben aliarse con LFI o no. Es una situación difícil, pero debemos avanzar aunque nos acusen de divisivos. En términos de la situación estratégica, nos enfrentamos al macronismo, que está muy dividido porque es el fin del macronismo, y está la extrema derecha. Por supuesto, como en muchos otros países, tienes los medios de comunicación, que están dominados por multimillonarios que favorecen mucho una victoria de la extrema derecha.

WB: Entonces, cuando hablas de los Socialistas, ¿estás diciendo que no quieren una alianza con LFI?

LFI: Los socialistas están divididos en dos grupos. Un grupo no quiere una alianza con nosotros bajo ninguna circunstancia. El otro grupo no quiere una alianza, pero la aceptaría en ciertas situaciones. Sin embargo, están enfocados en obtener el apoyo de los votantes que apoyan a Macron en las próximas elecciones, y como creen que una alianza alienaría a estos votantes, estas personas no quieren una alianza con nosotros en este momento. Pero no se preguntan si los votantes seguirían votándolos en la segunda vuelta de las elecciones. Su estrategia es típica del deseo de volver a colocar al pueblo bajo la autoridad de la pequeña burguesía por miedo a la extrema derecha.

Para nosotros, la búsqueda de los votantes macronistas por parte de los socialistas es una ilusión, ya que los partidarios de Macron son principalmente conservadores y no apoyarían a los socialistas o socialdemócratas, incluso si algunos medios agrupan a los socialistas y a los macronistas en el mismo bloque. Pero dado su proyecto, los socialistas hacen todo lo posible por distinguirse de nosotros. Por ejemplo, en lo que respecta a la situación en Gaza, todavía no quieren usar la palabra "genocidio." Luego dicen que estamos apoyando a Hamás y al terrorismo. ¿Qué más puede pedir la extrema derecha? Es un regalo para ellos. El partido de derecha establecido, los republicanos, de hecho, han solicitado una investigación parlamentaria sobre nuestros supuestos vínculos con grupos terroristas. Estamos enfrentando una verdadera demonización. Tienen esta etiqueta para nosotros, llamándonos "Islamo-Marxistas." Estas personas usan estas etiquetas para asustar a la gente y dividirla frente a la crisis del neoliberalismo. Pero por ahora, son los más desacreditados en la opinión pública. Su oportunismo repugna a la gente común.

El Centro Dividido y la Derecha Dividida

WB: Habrá elecciones presidenciales en 2027 y elecciones generales en 2029. ¿Crees que la izquierda podrá unirse para disputar efectivamente estas elecciones?

LFI: En otras circunstancias, las cosas serían favorables para la izquierda. Los macronistas están muy divididos. Si miras a aquellos que votaron por Macron en 2017 y a los que lo hicieron en 2023, verás una gran diferencia. En 2017, sus votos provinieron principalmente de votantes mayores y centristas. En 2023, provinieron de votantes más jóvenes que no se pueden describir tanto como centristas, sino como personas interesadas en modernizar el conservadurismo. Ya no tienes a nadie que pueda unir a estos dos grupos. Macron tiene prohibido por ley volver a presentarse. Ahora está claro que el macronismo fue un fenómeno de una sola vez. La mayoría de los macronistas ahora están a favor de aliarse con la extrema derecha, como dijimos antes.

En cuanto a la derecha y la extrema derecha, también están divididas. Está Bruno Retailleau, el líder de Los Republicanos, el partido conservador tradicional. Luego está el Rally Nacional de Marine Le Pen. Debido a que ha sido condenada por malversación junto con otros líderes de su partido, se le ha prohibido postularse para un cargo público. Su protegido, Jordan Bardella, se presentará en su lugar. Pero Bardella no es creíble, tiene un bajo nivel cultural, es muy joven, bastante perezoso y es muy inexperto en comparación con Retailleau, quien ha ocupado muchos cargos y ha estado repitiendo la misma retórica durante los últimos 40 años. Entre Bardella y Retailleau, es probable que el Gran Capital favorezca a Retailleau.

Como dijimos antes, en otras circunstancias, la situación sería favorable para la izquierda. Estamos abiertos a hablar con los socialistas, pero los socialistas están persiguiendo a los macronistas, lo cual, como dijimos antes, es una ilusión, ya que los macronistas preferirían aliarse con la extrema derecha. Los Verdes, los Socialistas y los Comunistas están hablando de una alianza electoral entre ellos, y lo único que los une es evitar hablar con Francia Insumisa. Pero dado que cada uno de ellos solo está interesado en aumentar su número de escaños, lo cual solo puede hacerse a expensas de los demás, estas conversaciones no llegarán muy lejos.

Colectivismo: El Programa y la Visión de La France Insoumise

WB: Suponiendo que usted, camarada Mélenchon, se postule para presidente en 2027, ¿cuáles serían los elementos clave de su programa?

JLM: Sí, habrá una candidatura de La Francia Insumisa. Tendremos un candidato que lleve nuestro programa "L'Avenir en commun" (El Futuro en Común). El programa proviene de la sociedad misma: asociaciones, sindicatos, colectivos, científicos. Hay 831 medidas para construir una Nueva Francia, rompiendo con el orden capitalista. Estas medidas se actualizan constantemente, se presupuestan y se detallan en folletos de programa. Proponen partir de las necesidades de la propia sociedad, para dar lugar a un nuevo pueblo.

Para romper con el maltrato neoliberal y alejarnos del productivismo, estableceremos la "regla verde": no tomar de la naturaleza más de lo que ella es capaz de regenerar por sí misma. Proponemos proteger los comunes y lo que llamamos los derechos de las especies. El derecho al silencio, a la comida saludable, a respirar aire limpio y a beber agua que no envenene. Estas medidas están en el corazón de nuestro programa, para transformar profundamente la sociedad y construir armonía entre los seres humanos y con la naturaleza. También tienen una aplicación concreta para guiar la economía, reemplazando las lógicas del mercado por las de la planificación ecológica. Este método permitirá implementar grandes proyectos en vivienda, energía, agricultura e industria. Se crearán miles de empleos.

"L'Avenir en commun", nuestro programa, también es una ruptura con el plan de acción del gobierno y la monarquía presidencial. Por eso pasaremos a la Sexta República, con medidas que permitan la intervención popular, como el referéndum de revocación para cualquier funcionario electo o el referéndum de iniciativa ciudadana. En los últimos años, nuestro país ha estado marcado por poderosas expresiones del autoritarismo de la Quinta República, como fue el caso del aumento de la edad de jubilación a 64 años, sin una votación en la Asamblea Nacional y a pesar de una movilización popular histórica en la historia de nuestro país. Restauraremos la jubilación a los 60 años, para que todos puedan recuperar el control sobre su tiempo libre.

WB: Compañero Mélenchon, ¿puede describir el tipo de socialismo que propone para Francia?

JLM: Prefiero hablar de colectivismo. No se trata solo de resolver la cuestión social, sino también de abordar la cuestión del interés humano general y los derechos de los seres vivos, que forman un colectivo sistémico.

Observamos la aparición de un nuevo mundo: un pueblo urbano, organizado en redes. Esta nueva Francia ya existe en sí misma, su gente definida por su conflicto de intereses con la oligarquía. Esta última se ha apropiado de las redes colectivas de las que depende la vida cotidiana. Creemos que este mundo está llegando a su fin, y que solo son posibles dos resultados: el colectivismo o la ley del más fuerte.

Tomemos el caso del cambio climático, que es inevitable e irreversible. ¿Cómo nos recuperamos, cómo proponemos soluciones colectivistas? La elección del individualismo, de la ley del más fuerte, significa dejar que miles de personas sean envenenadas por productos químicos eternos solo para mantener el ciclo del dinero girando. Significa no planificar para prevenir que los mega-incendios lo quemen todo, porque se han recortado los presupuestos para los aviones Canadair.

La ley del más fuerte se expresa cuando ya no hay una lógica de progreso colectivo en Francia. Cuando uno de cada dos franceses es obeso o tiene sobrepeso, cuando la mortalidad infantil ha aumentado durante 10 años, cuando una de cada cuatro madres cría a sus hijos sola. Cuando las fortunas de los multimillonarios se han duplicado desde que Macron se convirtió en presidente.

El colectivismo no es una utopía, sino una necesidad. Entender el momento significa llevar la realidad con nosotros, hacernos dueños de la situación. El callejón sin salida del sistema capitalista puede ser una buena noticia, una oportunidad para paralizarlo, para llevarlo al límite. Cada uno de nosotros es responsable del resultado que le daremos a esta ruptura." 

(Entrevista a Jean-Luc Melenchon, por Walden Bello,   Znetwork, 27/10/25, traducción Quillbot,