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17.9.26

Casi el 25% de la deuda pública europea está ahora en manos de su banco central...Nos debemos el 25% de nuestra deuda a nosotros mismos. Si devolvemos este dinero, tendremos que encontrarlo en algún lado, ya sea volviendo a pedir prestado para refinanciar la deuda en lugar de pedir prestado para invertir, ya sea subiendo los impuestos o recortando el gasto. Hay otra manera... Sabemos que las cancelaciones de deuda son momentos decisivos. Así ocurrió en la Conferencia de Londres de 1953, cuando Alemania se benefició de la condonación de dos tercios de su deuda pública, lo que le permitió volver a la prosperidad... el BCE podría ofrecer hoy a los Estados europeos los medios para su reconstrucción ecológica... contamos con la suerte de tener un acreedor que no teme perder su dinero: el BCE. Por tanto, nuestra propuesta es sencilla: hagamos un contrato entre los Estados europeos y el BCE. Este último se compromete a condonar las deudas públicas que posee (o a transformarlas en deudas perpetuas sin intereses), mientras que los Estados se comprometen a invertir las mismas cantidades en la reconstrucción ecológica y social... Sin duda, el BCE puede permitírselo... un banco central puede operar con capital propio negativo sin dificultad. Puede incluso crear dinero para compensar estas pérdidas: así lo establece el Protocolo nº 4 anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea... La anulación de las deudas públicas que tiene, a cambio de inversiones de los Estados, sería un primer signo fuerte de que Europa está recuperando su destino (Thomas Piketty) Mélenchon propone BORRAR la deuda de Francia con el Banco Central Europeo... No es que sea una propuesta original de Melenchón, ya lleva tiempo encima de la mesa... sería una medida muy buena para reducir en muchos puntos porcentuales la deuda pública de Francia y la de cualquier otro país que hiciese lo mismo, como España. ¿Y sabéis cuál sería el impacto económico? Cero... la deuda pública no es mala, es simplemente el dinero que ha inyectado el Estado en la economía a través del déficit público. Y eso puede ser bueno o malo porque puedes inyectar dinero para la corrupción o para rescatar a la banca, pero puede ser bueno porque estás mejorando la vida de la gente... De hecho, si Francia tiene un problema es más de deuda privada... la deuda privada de las empresas es 156%. Eso es lo que a mí me preocupa... Diríamos, ostras, el Banco Central Europeo tendría una pérdida, ¿no? Pero qué me estás contando, si el BCE crea el dinero. No hay ninguna pérdida por ningún lado... Melenchón? dices, si el 19% de la deuda del Estado francés se le debe a un organismo que crea los euros, vamos a cancelar esto cuando venza contrato o ya mismo (Eduardo Garzón)

"El líder de la izquierda francesa, Melenchón, ha propuesto como una de sus medidas estrellas cancelar, es decir, quitar, borrar la parte de deuda pública de Francia que tiene con el Banco Central Europeo.

A muchos economistas ortodoxos seguro que les talla la cabeza al escuchar esto. No es que sea una propuesta original de Melenchón, ya lleva tiempo encima de la mesa, pero obviamente no quieren ni oír hablar de ella.

¿Por qué? Es lo que vamos a ver a continuación, pero ya os adelanto que sería una medida superbuena para reducir en muchos puntos porcentuales la deuda pública de Francia y la de cualquier otro país que hiciese lo mismo, como España.

¿Y sabéis cuál sería el impacto económico? Cero. El coste económico de hacerlo sería 0 cer.

Así que, por Dios, ¿por qué no quieren hacerlo? es lo que vamos a ver al final de este vídeo, pero creo que os podéis imaginar por dónde van los tiros, ¿no?

Las políticas y las propuestas de Melenchon y de su plataforma de Francia insumisa me parecen muy buenas para combatir a la amenaza de la ultraderecha porque ofrecen soluciones reales, pragmáticas y muy progresistas que mejoran la vida de la gente. y cancelar la deuda pública de Francia no es a cambiar mucho las cosas, pero de cara a la visión ortodoxa sí, porque a ellos les preocupa mucho que haya una deuda pública muy grande de Francia. A mí no me preocupa tanto, pero a ellos sí.

¿Cuál es la mejor forma de que no haya tanta deuda pública? Bórrame una buena parte que es casi el 20% de la deuda. Ahora vamos a ver los datos. Pero no quieren. No quieren.

¿Por qué? Lo vamos a ver luego.

Fijaos, aquí tenéis, eh, por supuesto, la prensa eh de economía en España, pues tirándose de los pelos, ¿no? La receta, estoy hablando ahora del economista, un titular, la receta de la izquierda en Francia para borrar la deuda pública que aterroriza al Banco Central Europeo y a Bruselas, un tachón que la dejaría por debajo del 100% del PIB.

¿Qué problema hay si está precisamente diciendo que va a bajar la deuda pública sin ningún tipo de coste? sin ningún tipo de coste. Bueno, le da urticaria a todo esto, ¿no? Ya sabéis cómo funciona el tema.

Os recuerdo la deuda pública de Francia, igual que la de muchos otros países, por supuesto, en porcentaje del PIB, está aumentando, ¿vale? En los últimos años está aumentando un poquito más de lo normal, pero esta es la tónica habitual de todos los países del mundo y no tiene por qué ser negativo. Como hemos hablado tantísimas ocasiones, la deuda pública está denominada en euros. Si el Banco Central Europeo quiere, puede mantenerla sostenible todo el tiempo que quiera, porque el Banco Central Europeo crea euros sin ningún tipo de lima, ¿vale? Y ojo, esto que estoy diciendo no es ninguna locura porque lo ha hecho por la puerta de atrás.

Como veremos a continuación, la deuda pública de Francia está subiendo mucho en los últimos años, que ha subido ya hasta el 117% cuando la de España lleva 5 años bajando y ya está en torno al 103%. Entonces, eh la de Francia ha vuelto a superar a la de España, que hacía tiempo que no la superaba, pero ahí está. Si comparamos los demás países, tenemos a, perdón, a Grecia, número uno de deuda pública sobre el PI. Ya sabéis por qué le sigue muy de cerca a Italia, cerca del 140% y después está Francia, que hace tiempo que superó a Bélgica y está pues unos niveles muy muy elevado. Después de Bélgica estaría España, que la lleva reduciendo un tiempo, ¿vale?

Esto son datos sin más, porque ya sabéis que la deuda pública  no es mala, es simplemente el dinero que ha inyectado el Estado en la economía a través del déficit público. Y eso puede ser bueno o malo porque puedes inyectar dinero para la corrupción o para rescatar a la banca, pero puede ser bueno porque estás mejorando la vida de la gente, ¿no?

Bien, en la deuda pública de Francia, como ha subido, pues mucha gente dice, "Esto es lo que explica que esté subiendo su tipo de interés de la deuda pública porque cada vez mayor, los inversores se fían menos y te exigen mayor tipo de interés." Eso no es así. Lo hemos hablado en multitud de ocasiones. El tipo de interés de la deuda pública está subiendo en todos los países, quizá con la excepción de Suiza, ahí lo veis, y por supuesto la de China que está yendo hacia abajo encima. Pero esto responde al hecho de que todos los bancos centrales han dicho, "Voy aumentar el tipo de interés oficial." y por lo tanto también están afectando el tipo de interés de forma indirecta de la deuda pública, ¿no? Es algo que pueden controlar de forma indirecta, insisto, y tiene que ver con el conflicto en Irán, que no acaba, que creen que va a provocar inflación y entonces se están adelantando dentro de esos márgenes que permiten los bancos centrales porque establecen dónde está el techo y dónde está el suelo, de por dónde pueden ir los tipos de interés dentro de ese margen, resulta que sí hay flexibilidad, hay margen para que los inversores exijan más o menos tipos de interés, pero siempre se van a mover en esos márgenes. Y en Francia están exigiendo más de la cuenta, más que en Italia, más que en Grecia, más que en España y más que en Portugal. Si es que resulta que al final los pics, los llamado cerdo, están mejor que Francia, ¿vale? En términos de de tipo de interés de la deuda pública.

¿Por qué? Porque dentro de este margen, los inversores financieros en Francia están nerviosos porque hay mucha inestabilidad política. Llevan un mogollón de tiempo sin un gobierno estable. Encima hay amenaza de que llegue la extrema derecha, amenazas para ello de que llegue la extrema izquierda como Melenchó, la Francia Insumisa. Y entonces están ahí nerviosos, nerviosos, ya está. No es algo que debería preocupar a un banco central como el europeo que puede crear todos los euros que quiera.

Comparación con España, pues siempre ha sido más cara la deuda pública de España, exceptuando los últimos tiempos, por lo que os estoy diciendo, ¿no? Esto es lo que genera tantísimos titulares de Francia está al borde de la quiebra, tonterías que ya hemos demontado en alguna que otra ocasión. De hecho, si Francia tiene un problema es más de deuda privada, que esto no se habla nunca, pero aquí os pongo un gráfico en el que podéis ver que lo rojo es la deuda pública, que si está denominada la misma moneda no tiene por qué ser ningún tipo de problema, pero tenemos luego la naranja, que es la deuda de la familia y la amarilla que es la deuda de las empresas. Y esos agentes económicos no crean su dinero, no tienen Banco Central por ningún lado. Y fijaos, la de Francia es del 59% de la deuda privada de la familia, que no está mal nada mal, pero las empresas es 156%. Eso es lo que a mí me preocupa, eso sí, ¿no? La deuda pública, que eso está chupado pagarlo, ¿no? Pero bueno, de momento esto no lo tengo estudiado, no sé si que vaya a explotar en algún momento. Lo comento aquí como información interesante.

Vamos con la propuesta de Melenchón, no sin antes recordar que es una propuesta, entre otras muchas más. Y aquí os traigo alguna para que veáis cómo suena la música. Dice Jen Jen Luke Melenchon. Un gobierno insumiso decretará el estado de emergencia social con medios para responder a él. Aquí está lo que haremos, bloquear los precios de los productos de primera necesidad, bloquear o congelar los márgenes de beneficio para que las empresas no ganen más dinero, congelar los alquileres para que los rentistas no sigan haciéndose de oro por la cara. Aumentar el salario mínimo, aumentar los salarios abriendo una nueva negociación anual obligatoria, restablecer la escala móvil de salarios. Cuando los precios suben, los salarios deben subir subir y establecer la cantina escolar biológica y gratuita para todos los niños. Estos son simplemente unas cuantas propuestas que aquí os traigo para que entendáis por dónde van los tiros, ¿no?

Y ahora vamos con nuestra propuesta. Para poder entenderla hay que explicar, y lo voy a hacer con dibujitos para que todo el mundo lo tenga clarísimo, de qué forma tiene el Banco Central Europeo ahora deuda pública de Francia. Eso, ¿cómo es? ¿Eso cómo es? Pues lo explico. Deuda pública es emisión de bonos públicos. Es simplemente que el Estado francés dice, "Oye, voy a sacar aquí un bono público que es una opción de inversión." Si alguien quiere rentabilizar su dinero, sea una familia, sea una empresa, incluso otro estado, puede darme el dinero, como veis aquí en el dibujito. A cambio, le doy un bono público que viene recogido contractualmente lo que va a ocurrir, que es que yo le voy a ir pagando anualmente una cantidad de dinero, que son los intereses y así se está revalorizando este dinero que han metido. ¿Vale? Es una inversión financiera. Es como si alguien en vez de invertir en acciones o en vez de invertir en, yo que sé, una criptomoneda, pues invierte en un bono público. Ya está, eso es lo que es. No vamos aquí a entrar si es diferente para un país con soberanía monetaria que no. De momento esto es lo que nos interesa, ¿vale?

Entonces, ¿qué pasa cuando el plazo de vencimiento vence? Es decir, cuando llegas a su final, porque esto hay que registrar por el contrato, ¿cuánto va a durar? 3 meses, un año, 10 años, 40 años. Bien, ¿qué pasa cuando llega ese tiempo? se rompe el contrato, el bono público se tacha y el Estado le va a devolver todo el dinero que en su día le prestó. Entonces, la ganancia del inversor es todo lo que le ha ido pagando en intereses durante todo este tiempo. ¿Vale? Sencillo, sencillo de enter.

Por cierto, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que el inversor cuando recibe su dinero de vuelta dice, "Pues yo lo vuelvo a meter porque así lo revalorizo. Es la inversión más segura de todas porque los estados raramente quiebran y me suele ofrecer un tipo de interés que está cerca de la inflación, ¿vale? Eso suele hacerlo inversores, fondos, eh, sobre todo fondos de inversión muy garantistas, ¿no? Sobre todo relacionados con planes privados de pensiones porque es mucho dinero que no quieren arriesgarlo, sino simplemente que se revalorice para asegurarle la pensión a sus clientes, ¿no? Entonces, insisto, cuando termina el contrato suele ocurrir eso, pero ¿y si no termina el contrato, es decir, estamos en un momento en el que el inversor tiene el bono público en su posición y está cobrando los intereses regularmente? ¿Qué pasa si antes de que venza el contrato ocurre esto? ¿Qué es lo que pasó en Europa desde el año 2015 a través de lo que se conoce como quantitive easing o expansión cuantitativa en español? que es, oye, el Banco Central Europeo, que es el único que puede crear los euros y los crea sin ningún tipo de límite ni de coste, crea dinero y lo utiliza para comprarle el bono público a ese inversor. Ese inversor, lo recuerdo, bancos, eh fondos de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? No solo bonos públicos, también bonos privados, etcétera, etcétera. Pero la clave es que la mayoría fueron bonos públicos. Pues esto es lo que ocurrió a partir del año 2015. Entonces, cuando lo hizo, que ocurre que el bono público se queda en posesión del Banco Central Europeo y el inversor ha recibido ya el dinero de vuelta y ya está, el inversor ya no tiene ninguna relación contractual con el Estado francés. Ahora es el Estado francés que le tiene que pagar intereses al Banco Central Europeo porque ahora es ese organismo el que tiene el bono público en su posesión. Y cuando termine el plazo de vencimiento, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente que tiene que devolverle el dinero al Banco Central Europeo, ¿vale? Y ya está. Pero durante todo ese tiempo le ha tenido que estar pagando intereses.

Aquí tenéis los datos de la cantidad de dinero tan loca, que no nos podemos ni imaginar, tan loca que ha creado el Banco Centroeuropeo desde el año 2015 para comprar este tipo de bonos. Ya está. Estamos hablando de que para 2016 ya había creado 1 billón de euros para comprar bono. Para el año 2020 había casi 3 billones de euros que habían sido creados para comprar esto. Dinero que le llega a los inversores por la cara antes de tiempo. A los inversores les iba a llegar el dinero, pero les llega antes de tiempo porque el Banco Central Europeo ha sido muy generoso.

Bien, para 2020 está la cosa calmada hasta que pandemia y tienen que volver a crear dinero. Fijaos, para el año 2022 ya se habían creado 5 billones con B, que es una locura. Es que de verdad que no nos podemos imaginar con nuestra mente simple lo que significa esa cantidad de dinero. Siempre pongo el mismo ejemplo. Desde el año cero de nuestra era hasta eh la actualidad no han pasado ni un billón de segundos. Y fijaos, si ha pasado tiempo. Pasarán en el año 32,000 después de Cristo. Toma ya. Eh, pues eso lo multiplica por cinco y es la cantidad de dinero que ha creado el Banco Central Europeo en apenas 7 años, ¿no? Para dárselo a la gente más necesitada, ¿no? Para dárselo a los inversores, los fondos de inversión, para que hicieran dinero y rentabilidad.

Fijaos, a partir del año 2022 la cosa cambia y se empieza a reducir, pero muy lentamente. Aquí lo podéis ver, eh, Banco Central Europeo diciendo, "Vamos a dar marcha atrás, sí, pero muy lentamente." Por eso no ha generado tantos problemas de prima de riesgo y tal. Y ahora estamos en 2026 casi terminando y la cosa sigue bajando lentamente, ¿no?

Bien. ¿Cuáles son los países? Por curiosidad que más han recibido este tipo de ayuda. Pues aquí lo tenéis, ¿no? Que no son los países, son los fondos de inversión de cada uno de estos países. Alemania, Italia, Francia, España, Países Bajos, ahí lo tenéis, ¿no? Por por tamaño. En términos relativos son en Eslovenia, Países Bajos, Eslovaquia, Alemania, Finlandia, Austria, Bélgica, Portugal, España, Italia y luego Francia. El 19% de toda la deuda pública de Francia la tiene el Banco Central Europeo.

Os recuerdo, el Banco Central Europeo creó dinero y compró el bono público. Se lo podría haber comprado directamente a Francia, al Estado francés. Eso está prohibidísimo por los estatutos del Banco Central Europeo, porque es monetizar deuda, porque es crear dinero para financiar las políticas públicas y eso supuestamente genera hiperinflación. Sí, claro, pero sí lo puedes hacer a través del intermediario, ¿no? Que el intermediario es un fondo de inversión que se hace de oro por la cara, os recuerdo, billones de euros.

¿Y qué hace con todo ese dinero? Ahí lo tenéis. Dice, "Me voy a lo más rentable, que es el sector de del inmuebles, al sector inmobiliario. Genero burbujas, inflo el precio de las viviendas. Con todo ese dinero que me sobra, eh, lo dedico al alquiler, a la inversión de para rentabilizar por alquileres o también la burbuja de inteligencia artificial. Eh, la empresa Bitcoin, oro, ahí es donde tenemos todas las burbujas por culpa de los bancos centrales que crearon dinero no para financiar las políticas públicas, ni para dársel a la gente más necesitada, ni para crear empleo, sino para los fondos de inversión, sus coleguitas, sus coleguitas, porque en los fondos de inversión lo que hay son gente que ha estado trabajando en los bancos centrales o que van a trabajar en algún momento. Hay una puerta giratoria tremenda de la que hablaremos en algún otro momento.

Bueno, entonces, insisto, recordad, es el Banco Central Europeo que crea dinero de la nada, pero en vez de dárselo directamente al Estado francés, se lo da al inversor privado, que luego ya hará con el dinero lo que quiera. Y cuando venza el contrato, pues el Estado francés tiene que devolverle todo el dinero. Pero claro, normalmente no lo tiene porque operan todos en déficit público. Así que o se tiene que endeudar otra vez en el mercado privado porque ya no hay expansión cuantitativa y entonces le sale más caro endeudarse para poder pagarle al Banco Central Europeo o recurre a medidas draconianas como la de mi ley que sería recorto en todo y aumento los impuestos y le robo a la gente dinero para hacer frente al pago de esa deuda para pagar al Banco Central Europeo en euros. que el Banco Central Europeo crea los euros a libre voluntad sin ningún tipo de coste y de límite.

¿Me explicáis qué sentido tiene esto? Ya os lo digo yo. Ninguno. Ninguno. Ortodoxia económica, liberal, monetarista de el Banco Central no puede crear dinero. ¿Por qué lo hicieron de esta forma por la puerta de atrás a partir del año 2015? porque se le iba todo a la con la primera del rigo subiendo muchísimo, la economía no prosperaba, no arrancaba, había miedo de deflación y dijeron, "No nos vamos a atrever a hacer la monetización de deuda directa, pero vamos a ir por la puerta de atrás, que sí que mejora la prima de riesgo de todos estos países, etcétera, etcétera." Sí, correcto, pero con el coste de inundar de dinero los mercados financieros y de aquellos polvos los lodos de la burbuja inmobiliaria, tecnológica, etcétera, etcétera.

¿Qué es lo que propone Melenchón? dices, si el 19% de la deuda del Estado francés se le debe a un organismo que crea los euros, ¿por qué le tenemos que pagar? Dice, vamos a cancelar esto cuando venza contrato o ya mismo, pum, borrón y cuenta nueva. Ese 19% que le debo al Banco Central Europeo, pues ya no se lo debo. Y lo quitamos, lo borramos, pum, pam, 19% menos. Que ya estamos hablando que tenía 117% sobre el PIB, ¿no? La deuda pública de Francia, pues bajaría menos de 100%. A ver, los obsesionados con que quieren bajar la deuda pública, esta es la mejor forma de hacerlo. Y nadie pierde.

¿Por qué? Diríamos, ostras, el Banco Central Europeo tendría una pérdida, ¿no? Todo este dinero, pero qué me estás contando, si el BCO central europeo crea el dinero. No hay ninguna pérdida por ningún lado. ¿Por qué entonces no quieren hacerlo ni en pintura? Pues ya creo que os podéis imaginar por dónde van los tiros, porque mostraría su vergüenza, porque estaría dándose cuenta a la gente de que todo esto ha sido una pantomima durante años. Nos han dicho, desde 1993, concretamente después del tratado de Mastrich, que los bancos centrales no pueden crear dinero para financiar los estados, pero bien que lo han hecho por la puerta de atrás. Entonces ahora dicen, "Esto no podemos consentirlo, que sería lo lógico, lo eficiente, lo eficaz. Es que que alguien me explique por qué no. Simplemente es por lo que os digo, algunos dirán, "El Banco Central Europeo tendría pérdidas." He escuchado algún economista supuestamente de izquierda decir eso, no tienen ni pies ni cabeza porque el Banco Central Europeo crea euros, puede tener todos los beneficios en euro que quiera. Eso es lo que dicen algunos y la realidad es que no quieren demostrar que el Banco Central es el Banco de los Estados y que puede financiar toda la política pública que dé la gana. Otra cosa es que luego eso pueda tener consecuencias porque los recursos reales no son infinitos y puede haber tensión inflacionaria incluso de depreciación de la moneda. Pero lo que está claro es que el Banco Central Europeo no tiene sentido que que les esté demandando dinero a los estados porque tienen deuda pública de ellos. No tiene ningún tipo de sentido, de verdad.

Por eso algunos economistas que no son muy de izquierda como Thomas Piquetty o Cristina Narbona, que no sé si es economista, pero bueno, se sumó con Nacho Álvarez y redactaron un artículo para el país hace ya más de 3 años, eh, ojo, para pedir esto, anular la deuda pública. os haciendo una especie de propuesta pragmática decía, anulamos este 20% que le debemos al Banco Central, que no tiene sentido, y os prometemos que ese 20% lo invertimos [carraspeo] y así como que contablemente te salen las cuentas, ¿no? Y que no se está el estado aprovechando.

Aquí la lógica o la excusa que utilizan es Sí, claro, si ahora los estados se les perdona la deuda, entonces van a seguir gastando como manirrotos porque en algún momento se le perdonará la deuda. Y es que eso se llama riesgo moral y se puede abordar de mil formas diferentes, como por ejemplo, gastan lo que hay que gastar, pero no me pongas aquí una restricción por la cara en la que el organismo creador de los euros ahora tiene que estar diciendo, "Dadme euros, que no tiene sentido." No tiene ningún tipo de sentido.

El sentido, insisto, es el que os comento. Estarían, si cancelaran la deuda, estarían demostrando que todo esto ha sido un teatro. Durante años nos han dicho que no podían crear dinero para financiar las políticas públicas de los países. Mentira, mentira. De hecho, eso está prohibido en los estatutos del Banco Central Europeo. Y encontraron la manera para sortearlo dándoselo a los fondos de inversión para lograr más o menos el mismo efecto. Entonces, ahora no quieren demostrar que nos han estado engañando durante todo este tiempo y utilizan esa excusa del Banco Central con pérdida, de la el riesgo moral. Uy, y si se te perdona la deuda, luego vas a gastar mucho y tal, contrólalo de otra forma. Pero esto es una vergüenza. Esto no tiene pies ni cabeza y es la consecuencia y el resultado de que la Unión Europea se creara al albor del neoliberalismo, del monetarismo y de las concepciones sobre dinero público absolutamente erróneas y anticientíficas, pero eso sí, que sirven a los intereses de los poderosos y concretamente de la banca.

Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola." 

(Eduardo Garzón, You tube, 10/09/26) 

  

"Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos. En la zona euro nos debemos el 25% de nuestro endeudamiento a nosotros mismos. Su cancelación a cambio de inversiones de los Estados sería un primer signo fuerte de que el continente está recuperando su destino

 El debate sobre la anulación de las deudas en manos del BCE se ha desarrollado en Francia, pero también en Italia, Luxemburgo y Bélgica, en los pasillos de las instituciones europeas, entre los representantes del propio BCE y los distintos ministerios de finanzas de la zona euro.

Este debate es positivo y útil. Por primera vez desde hace mucho tiempo, las cuestiones monetarias se plantean como discusión pública. El dinero deja de ser por un momento este tema, sustraído a la deliberación colectiva y confiado a un banco central independiente de los poderes políticos, aunque dependiente de los mercados financieros. Los ciudadanos están descubriendo, algunos de ellos con consternación, que casi el 25% de la deuda pública europea está ahora en manos de su banco central.

Nos debemos el 25% de nuestra deuda a nosotros mismos. Si devolvemos este dinero, tendremos que encontrarlo en algún lado, ya sea volviendo a pedir prestado para refinanciar la deuda en lugar de pedir prestado para invertir, ya sea subiendo los impuestos o recortando el gasto.

Hay otra manera. Como economistas, dirigentes y ciudadanos comprometidos de varios países, nos toca advertir que el BCE podría ofrecer hoy a los Estados europeos los medios para su reconstrucción ecológica, pero también para reparar los daños sociales, económicos y culturales causados por la terrible crisis sanitaria que sufrimos.

Esto no significa que los Estados miembros no hayan actuado, ya que se han adoptado medidas de protección. Pero siguen siendo muy insuficientes. El plan de rescate europeo, con una dotación de apenas 300.000 millones de euros en subvenciones durante tres años, está muy lejos de los dos billones de euros solicitados por el Parlamento Europeo. ¿Hace falta recordar que, antes de la crisis sanitaria, el Tribunal de Cuentas Europeo ya indicaba en 2018 una necesidad mínima de entre 300.000 y 400.000 millones de euros de inversión adicional al año para financiar la transición ecológica en Europa? Estamos muy lejos de esto, sobre todo con la crisis sanitaria.

No consideramos que la cancelación de la deuda pública, aunque esté retenida por el BCE, sea un hecho insignificante. Sabemos que las cancelaciones de deuda son momentos decisivos. Así ocurrió en la Conferencia de Londres de 1953, cuando Alemania se benefició de la condonación de dos tercios de su deuda pública, lo que le permitió volver a la prosperidad y afianzar su futuro en el espacio europeo. Pero, ¿no está Europa atravesando hoy una crisis de proporciones excepcionales que exigiría medidas igualmente excepcionales?

Por otro lado, contamos con la suerte de tener un acreedor que no teme perder su dinero: el BCE. Por tanto, nuestra propuesta es sencilla: hagamos un contrato entre los Estados europeos y el BCE. Este último se compromete a condonar las deudas públicas que posee (o a transformarlas en deudas perpetuas sin intereses), mientras que los Estados se comprometen a invertir las mismas cantidades en la reconstrucción ecológica y social. Estas cantidades alcanzan ya casi 2.500.000 millones de euros para toda Europa. Esta cantidad es suficiente para satisfacer las expectativas del Parlamento Europeo y, sobre todo, para salvaguardar el interés general.

Sin duda, el BCE puede permitírselo. Como reconoce un gran número de economistas, incluso entre los que se oponen a esta solución, un banco central puede operar con capital propio negativo sin dificultad. Puede incluso crear dinero para compensar estas pérdidas: así lo establece el Protocolo nº 4 anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En segundo lugar, jurídicamente, en contra de lo que afirman algunos responsables de instituciones europeas, en particular el BCE, la anulación no está explícitamente prohibida por los tratados europeos. Por un lado, todas las instituciones financieras del mundo pueden renunciar a sus créditos y el BCE no es una excepción. En cambio, la palabra “cancelación” no aparece ni en el Tratado ni en el Protocolo sobre el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). Tal vez sería “contrario al espíritu del Tratado”, pero ¿no era también el caso del quantitative easing de Mario Draghi? En este asunto, solo cuenta la voluntad política: la historia nos ha demostrado muchas veces que las dificultades jurídicas se ven superadas por los acuerdos políticos.

Por último, queremos aclarar un malentendido: queda claro que la cancelación de la deuda pública por parte del BCE, aunque esté condicionada a su reinversión, no puede ser el alfa y el omega de cualquier política económica. En primer lugar, el BCE sólo intervendría para liberar el margen fiscal de los Estados miembros y, obviamente, no invertiría por sí mismo. Algunos piensan que las tasas de interés bajas o negativas en toda Europa son suficientes para empujar a los Estados a endeudarse para invertir. Esto no es lo que muestra la reducción constante del nivel medio de deuda pública en la Unión Europea entre 2015, cuando aparecieron las tasas negativas, y el inicio de la crisis sanitaria. Muchos Estados han reducido su nivel de endeudamiento en lugar de pedir préstamos para invertir, aunque las tasas sean negativas. ¿Por qué cambiaría esto? El pacto suscrito entre los Estados y el BCE impedirá esta estrategia de escape de responsabilidad. Pero, por supuesto, no será suficiente: hay que tomar otras medidas en materia de reforma de los criterios de deuda y déficit, de proteccionismo ecológico y solidario, de reformas fiscales destinadas a reducir el nivel de desigualdad… También hay que implementar una nueva gobernanza europea, en particular mediante la transición al voto por mayoría cualificada en asuntos fiscales.

Europa ya no puede permitirse el lujo de verse sistemáticamente bloqueada por sus propias normas. Otros Estados del mundo utilizan al máximo su política monetaria, en apoyo de la política fiscal, como China, Japón o Estados Unidos. El Banco de Japón utiliza su poder de creación monetaria para comprar acciones directamente en el mercado a través de fondos cotizados (ETF), convirtiéndose así en el mayor inversor del país. También deberíamos considerar la posibilidad de utilizar el poder de creación monetaria del BCE para financiar la reconstrucción ecológica y social bajo control democrático. La anulación de las deudas públicas que tiene, a cambio de inversiones de los Estados, sería un primer signo fuerte de que Europa está recuperando su destino.

Thomas Piketty es director de investigación en la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Cristina Narbona es vocal de la junta directiva de Economistas Frente a la Crisis. Nacho Álvarez es secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos. Steve Keen es profesor de Economía y Finanzas en la Universidad de Kingston. Firman además este texto: (...)"

(Thomas Piketty. Cristina Narbona, Nacho Álvarez , El País, 05/02/21) 

19.7.26

Thomas Piketty: Francia va a tomar decisiones políticas decisivas durante el próximo año. Por un lado, una derecha nacionalista en pleno auge propone un referéndums contra los inmigrantes que permitan «devolver la voz al pueblo». Frente a esto, la izquierda, para aclarar sus posiciones y unir sus fuerzas,debe proponer la aprobación, mediante referéndum, de un impuesto de solidaridad nacional que grave a los multimillonarios y a los que poseen patrimonios de cientos de millones... La izquierda también debe devolver la palabra al pueblo, pero situándose en el terreno de la solidaridad y la justicia, y situándo la cuestión democrática en el centro de la campaña presidencial. Y demostrando, de paso, que el discurso antimigrantes del RN no es más que una fachada destinada a desviar la ira social y a defender a los más ricos... Ese impuesto de solidaridad constaría, por un lado, de un impuesto excepcional con un tipo del 50 % sobre los enriquecimientos superiores a 100 millones de euros entre 2017 y 2027; y, por otro lado, un impuesto anual y permanente con un tipo del 5 % sobre los patrimonios superiores a 100 millones y del 10 % a partir de 1 000 millones... Los ingresos se situarían en torno a los 800 000 millones de euros (400 000 millones correspondientes al componente excepcional y 400 000 millones en 10 años para el componente permanente), lo que supone aproximadamente el 30 % del PIB... Para evitar cualquier elusión, el ISN se devengaría en proporción al número de años de residencia en Francia, de modo que el exilio fiscal no supondría un gran coste para el fisco (un contribuyente que se exiliara tras 60 años en Francia seguiría pagando 60/61 del impuesto que deben los residentes el primer año, 60/62 el segundo, etc.)... en Francia se aplicó un impuesto similar en 1945

"Un referéndum para un modelo de desarrollo alternativo

 Francia va a tomar decisiones políticas decisivas durante el próximo año. Por un lado, una derecha nacionalista en pleno auge, cada vez más cercana a los círculos empresariales, y que pretende llegar al poder estigmatizando la inmigración y a los extranjeros. En su arsenal, referéndums contra los inmigrantes que permitan «devolver la voz al pueblo». Frente a esto, la izquierda titubea, vacila, se divide y se enreda. Para aclarar sus posiciones y unir sus fuerzas, la izquierda debe proponer la aprobación, mediante referéndum, de un impuesto de solidaridad nacional que grave a los multimillonarios y a los que poseen patrimonios de cientos de millones. Teniendo en cuenta el estado del debate y la magnitud de lo que está en juego, esta es la mejor manera de zanjar la cuestión. La derecha quiere devolver la palabra al pueblo en materia de identidad e inmigración. La izquierda debe hacer lo mismo, pero situándose en el terreno de la solidaridad y la justicia. Y demostrando, de paso, que el discurso antimigrantes del RN no es más que una fachada destinada a desviar la ira social y a defender a los más ricos.   

 Una propuesta de este tipo permitiría aclarar las opciones disponibles y situar la cuestión democrática en el centro de la campaña presidencial. En Francia no se ha celebrado ningún referéndum desde 2005 (algo inédito desde 1945). La crisis de los Chalecos Amarillos debería haber sido la ocasión para crear un auténtico referéndum de iniciativa ciudadana. No se ha hecho nada. Ha llegado el momento de confiar en los ciudadanos y devolverles la palabra sobre un tema que ocupa un lugar central en la historia del país desde 1789: la igualdad y el fin de los privilegios.  

El texto sometido a referéndum podría inspirarse en el impuesto de solidaridad nacional (ISN) aprobado por la ordenanza del 15 de agosto de 1945. El ISN constaba de dos componentes: por un lado, un impuesto sobre los patrimonios más elevados en 1945, con un tipo que alcanzaba el 20 % para las mayores fortunas; y, por otro lado, una contribución excepcional sobre el enriquecimiento constatado entre 1938 y 1945, con un tipo que alcanzaba el 100 % para los aumentos patrimoniales más importantes.  

El ISN versión 2027 propuesto por la izquierda para su aprobación mediante referéndum también podría constar de dos componentes: por un lado, un impuesto excepcional con un tipo del 50 % sobre los enriquecimientos superiores a 100 millones de euros entre 2017 y 2027; y, por otro lado, un impuesto anual y permanente con un tipo del 5 % sobre los patrimonios superiores a 100 millones y del 10 % a partir de 1 000 millones. 

 Los ingresos se situarían en torno a los 800 000 millones de euros (400 000 millones correspondientes al componente excepcional y 400 000 millones en 10 años para el componente permanente), lo que supone aproximadamente el 30 % del PIB. Esta cifra sigue siendo modesta en comparación con el Lastenausgleich alemán de 1952, un sistema de tributación excepcional de los patrimonios más elevados cuyos ingresos representaban el 60 % del PIB alemán de la época, a pesar de que las fortunas privadas eran mucho menos prósperas que en la Francia actual (el 250 % del PIB frente a más del 500 %). Para evitar cualquier elusión, el ISN se devengaría en proporción al número de años de residencia en Francia, de modo que el exilio fiscal no supondría un gran coste para el fisco (un contribuyente que se exiliara tras 60 años en Francia seguiría pagando 60/61 del impuesto que deben los residentes el primer año, 60/62 el segundo, etc.).   

 Esos 800 000 millones de euros serían aportados en forma de valores por los multimillonarios y los centimillonarios, y se invertirían en un fondo soberano que permitiría a los poderes públicos reorientar la inversión en función de las prioridades estratégicas del país, especialmente en el ámbito energético. Sobre la base de estos nuevos activos, Francia lanzaría un empréstito excepcional de 400 000 millones que permitiría financiar un ambicioso plan de inversión y contratación en los ámbitos de la formación, la investigación y la sanidad. Se trata de un nuevo contrato social, otro modelo de desarrollo, más soberano, más equitativo y más sostenible, sobre el que se celebraría este referéndum (véase el Global Justice Report: A Plan for Equality & Prosperity within Planetary Boundaries) . Todo lo contrario al modelo que nos proponen los multimillonarios y los tecnonacionalistas, cuyo único proyecto es cubrir el mundo de centros de datos y enriquecerse cada vez más, sin ninguna preocupación social ni medioambiental.  

 Habrá quien intente alegar que un impuesto de solidaridad nacional de este tipo sería jurídicamente imposible o inconstitucional. Este argumento resulta incomprensible desde el punto de vista histórico, ya que en Francia se aplicó un impuesto similar en 1945 (al igual que, por cierto, en numerosos países de Europa y en Japón para hacer frente a los retos de la posguerra, un periodo marcado por una elevada deuda y una gran necesidad de inversión pública, como ocurre hoy en día), y que ninguna modificación constitucional introducida desde entonces ha prohibido ni limitado la tributación progresiva del patrimonio. Por otra parte, el artículo 11 de la Constitución permite al presidente someter a los electores cualquier proyecto de ley relativo a «la política económica o social de la nación» (sin necesidad de aprobación parlamentaria previa). El artículo 34 precisa que la fijación de los tipos y las bases imponibles de todo tipo es competencia de la ley (y de nadie más). Si un presidente elegido, al proponer un referéndum de este tipo, activa el artículo 11 al día siguiente de su elección, será sencillamente imposible oponerse a ello desde el punto de vista democrático.   

 Por supuesto, se puede oponerse políticamente al ISN, por ejemplo, argumentando que las enormes desigualdades patrimoniales actuales son indispensables para hacer frente a los retos del futuro, o bien que un impuesto de este tipo sería deseable en teoría, pero fácilmente eludible en la práctica. Estos argumentos carecen de peso a la luz de los datos históricos disponibles, pero el debate es legítimo. Lo que es seguro es que hay que dejar de esconderse tras pseudoargumentos jurídicos y aceptar situar el debate en el terreno político, histórico, social y económico. Ese es el debate democrático al que tienen derecho los votantes." 

(Thomas Piketty, blog, 23/06/26, traducción DEEPL)

24.6.26

Thomas Piketty: Un referéndum para un nuevo modelo de desarrollo... Para aclarar sus posiciones y unir sus fuerzas, la izquierda debe proponer la aprobación, mediante referéndum, de un impuesto de solidaridad nacional que grave a los multimillonarios y a los que poseen patrimonios de cientos de millones... Una propuesta de este tipo permitiría aclarar las opciones disponibles y situar la cuestión democrática en el centro de la campaña presidencial... Ha llegado el momento de confiar en los ciudadanos y devolverles la palabra sobre un tema que ocupa un lugar central en la historia del país desde 1789: la igualdad y el fin de los privilegios... El texto sometido a referéndum podría inspirarse en el impuesto de solidaridad nacional (ISN) aprobado por la ordenanza del 15 de agosto de 1945... El ISN versión 2027 podría constar de dos componentes: por un lado, un impuesto excepcional con un tipo del 50 % sobre los enriquecimientos superiores a 100 millones de euros entre 2017 y 2027; y, por otro lado, un impuesto anual y permanente con un tipo del 5 % sobre los patrimonios superiores a 100 millones y del 10 % a partir de 1 000 millones... Los ingresos se situarían en torno a los 800 000 millones de euros (400 000 millones correspondientes al componente excepcional y 400 000 millones en 10 años para el componente permanente), lo que supone aproximadamente el 30 % del PIB... Esos 800 mil millones de euros serían abonados en títulos por los multimillonarios y los centimillonarios, y se invertirían en un fondo soberano que permitiría a los poderes públicos reorientar la inversión en función de las prioridades estratégicas del país, especialmente en el ámbito energético. Sobre la base de estos nuevos activos, Francia lanzaría un empréstito excepcional de 400 mil millones que permitiría financiar un ambicioso plan de inversión y contratación en los ámbitos de la formación, la investigación y la sanidad. Se trata de un nuevo contrato social, otro modelo de desarrollo, más soberano, más equitativo y más sostenible

"Francia va a tomar decisiones políticas decisivas durante el próximo año. Por un lado, una derecha nacionalista en pleno auge, cada vez más cercana a los círculos empresariales, y que pretende llegar al poder estigmatizando la inmigración y a los extranjeros. En su arsenal, referéndums contra los inmigrantes que permiten «devolver la voz al pueblo». Frente a esto, la izquierda titubea, vacila, se divide y se enreda. Para aclarar sus posiciones y unir sus fuerzas, la izquierda debe proponer la aprobación, mediante referéndum, de un impuesto de solidaridad nacional que grave a los multimillonarios y a los que poseen patrimonios de cientos de millones. Teniendo en cuenta el estado del debate y la magnitud de lo que está en juego, esta es la mejor manera de zanjar la cuestión. La derecha quiere devolver la palabra al pueblo en materia de identidad e inmigración. La izquierda debe hacer lo mismo, pero situándose en el terreno de la solidaridad y la justicia. Y demostrando, de paso, que el discurso antimigrantes del RN no es más que una fachada destinada a desviar la ira social y a defender a los más ricos.   

 Una propuesta de este tipo permitiría aclarar las opciones disponibles y situar la cuestión democrática en el centro de la campaña presidencial. En Francia no se ha celebrado ningún referéndum desde 2005 (algo inédito desde 1945). La crisis de los Chalecos Amarillos debería haber sido la ocasión para crear un auténtico referéndum de iniciativa ciudadana. No se ha hecho nada. Ha llegado el momento de confiar en los ciudadanos y devolverles la palabra sobre un tema que ocupa un lugar central en la historia del país desde 1789: la igualdad y el fin de los privilegios.  

El texto sometido a referéndum podría inspirarse en el impuesto de solidaridad nacional (ISN) aprobado por la ordenanza del 15 de agosto de 1945. El ISN constaba de dos componentes: por un lado, un impuesto sobre los patrimonios más elevados en 1945, con un tipo que alcanzaba el 20 % para las mayores fortunas; y, por otro lado, una contribución excepcional sobre el enriquecimiento constatado entre 1938 y 1945, con un tipo que alcanzaba el 100 % para los aumentos patrimoniales más importantes.  

El ISN versión 2027 propuesto por la izquierda para su aprobación mediante referéndum también podría constar de dos componentes: por un lado, un impuesto excepcional con un tipo del 50 % sobre los enriquecimientos superiores a 100 millones de euros entre 2017 y 2027; y, por otro lado, un impuesto anual y permanente con un tipo del 5 % sobre los patrimonios superiores a 100 millones y del 10 % a partir de 1 000 millones.

Los ingresos se situarían en torno a los 800 000 millones de euros (400 000 millones correspondientes al componente excepcional y 400 000 millones en 10 años para el componente permanente), lo que supone aproximadamente el 30 % del PIB. Esta cifra sigue siendo modesta en comparación con el Lastenausgleich alemán de 1952, un sistema de tributación excepcional de los patrimonios más elevados cuyos ingresos representaban el 60 % del PIB alemán de la época, a pesar de que las fortunas privadas eran mucho menos prósperas que en la Francia actual (el 250 % del PIB frente a más del 500 %). Para evitar cualquier elusión, el ISN se devengaría en proporción al número de años de residencia en Francia, de modo que el exilio fiscal no supondría un gran coste para el fisco (un contribuyente que se exiliara tras 60 años en Francia seguiría pagando 60/61 del impuesto que deben los residentes el primer año, 60/62 el segundo, etc.).   

 Esos 800 mil millones de euros serían abonados en títulos por los multimillonarios y los centimillonarios, y se invertirían en un fondo soberano que permitiría a los poderes públicos reorientar la inversión en función de las prioridades estratégicas del país, especialmente en el ámbito energético. Sobre la base de estos nuevos activos, Francia lanzaría un empréstito excepcional de 400 mil millones que permitiría financiar un ambicioso plan de inversión y contratación en los ámbitos de la formación, la investigación y la sanidad. Se trata de un nuevo contrato social, otro modelo de desarrollo, más soberano, más equitativo y más sostenible, sobre el que se celebraría este referéndum (véase el Global Justice Report: A Plan for Equality & Prosperity within Planetary Boundaries) . Todo lo contrario al modelo que nos proponen los multimillonarios y los tecnonacionalistas, cuyo único proyecto es cubrir el mundo de centros de datos y enriquecerse cada vez más, sin ninguna preocupación social ni medioambiental.  

 Habrá quien intente alegar que un impuesto de solidaridad nacional de este tipo sería jurídicamente imposible o inconstitucional. Este argumento resulta incomprensible desde el punto de vista histórico, ya que en Francia se aplicó un impuesto similar en 1945 (al igual que, por cierto, en numerosos países de Europa y en Japón para hacer frente a los retos de la posguerra, un periodo marcado por una elevada deuda y una gran necesidad de inversión pública, como ocurre hoy en día), y que ninguna modificación constitucional introducida desde entonces ha prohibido ni limitado la tributación progresiva del patrimonio. Por otra parte, el artículo 11 de la Constitución permite al presidente someter a los electores cualquier proyecto de ley relativo a «la política económica o social de la nación» (sin necesidad de aprobación parlamentaria previa). El artículo 34 precisa que la fijación de los tipos y las bases imponibles de todo tipo es competencia de la ley (y de nadie más). Si un presidente elegido, al proponer un referéndum de este tipo, activa el artículo 11 al día siguiente de su elección, será sencillamente imposible oponerse a ello desde el punto de vista democrático.   

 Por supuesto, se puede oponerse políticamente al ISN, por ejemplo, argumentando que las enormes desigualdades patrimoniales actuales son indispensables para hacer frente a los retos del futuro, o bien que un impuesto de este tipo sería deseable en teoría, pero fácilmente eludible en la práctica. Estos argumentos carecen de peso a la luz de los datos históricos disponibles, pero el debate es legítimo. Lo que es seguro es que hay que dejar de esconderse tras pseudoargumentos jurídicos y aceptar situar el debate en el terreno político, histórico, social y económico. Ese es el debate democrático al que tienen derecho los votantes." 

(Thomas Piketty , blog, 23/06/26, traducción Deepl) 

19.6.26

El año que viene, Francia podría elegir a su primer líder de extrema derecha desde 1944... Jordan Bardella obtendrá más del 30 por ciento de los votos en la primera vuelta. Ningún otro candidato cuenta con el apoyo de más del 17 por ciento... Los partidos franceses tradicionales también están perdiendo el debate económico... se burlaban de la contradicción económica de las peticiones de Le Pen de reducir impuestos y aumentar el gasto social. Pero Macron ha gastado libremente para suavizar el golpe del confinamiento por la COVID-19 y el dolor inflacionario de la guerra en Ucrania, que añadieron 1,1 billones de dólares a la deuda nacional. La deuda nacional acumulada es ahora la tercera más alta de Europa. El país está en bancarrota, y es difícil argumentar que un presidente del RN sería menos responsable fiscalmente... Un gobierno del RN también pondría a prueba el mercado único europeo imponiendo una preferencia por las empresas francesas en los contratos de las administraciones locales y nacionales en Francia, algo que actualmente está prohibido por la legislación de la UE... La propuesta presupuestaria actual del RN también depende de que Francia se niegue a pagar una parte de sus contribuciones a Bruselas, lo que violaría la legislación de la UE. Esto provocaría una crisis de fe en la UE... Le Pen propone sustituir la arquitectura supranacional y basada en el derecho de la UE por la "cooperación libremente acordada entre los estados miembros", poniendo fin a 50 años de compromiso francés con el actual modelo de la UE... Francia no podría imponer un cambio tan drástico unilateralmente, pero podría paralizar la toma de decisiones de la UE, al menos en parte (Mujtaba Rahman)

"Cómo Francia cae ante la extrema derecha.

El año que viene, Francia podría elegir a su primer líder de extrema derecha desde 1944. La campaña para las elecciones, previstas para el próximo abril, ya está en marcha, y sondeo tras sondeo muestra que Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) tiene una ventaja abrumadora. La popularidad del RN —fundado en 1972 como Frente Nacional por Jean-Marie Le Pen, antes de ser rebautizado por su hija Marine en 2018— ha crecido de manera constante en los últimos 30 años, impulsada por la inquietud ante el aumento de la inmigración y las dificultades económicas de Francia. En las elecciones presidenciales de 2017 y 2022, este sentimiento llevó a Marine Le Pen a la segunda vuelta, donde perdió contundentemente frente a Emmanuel Macron en ambas ocasiones.

Pero para 2027 no se espera una repetición de esas elecciones. Macron no puede presentarse de nuevo debido a los límites de mandato, y mientras el RN sigue ganando terreno, su base unificada de votantes del establishment se ha dispersado. Es probable que Le Pen tampoco se presente, tras ser hallada cómplice en el desvío de fondos de la UE, aunque está apelando la decisión. Aun así, las encuestas, como una publicada por Odoxa en mayo, sugieren que el presidente del RN y probable candidato, Jordan Bardella, obtendrá más del 30 por ciento de los votos en la primera vuelta. Ningún otro candidato cuenta con el apoyo de más del 17 por ciento de los votantes actuales.

Una victoria de la extrema derecha en la segunda vuelta no está en absoluto garantizada, pero es, por primera vez, una posibilidad seria. El año 2027, en otras palabras, podría terminar siendo el equivalente francés de un momento "2016" estadounidense o británico. Una década después de que el Brexit rompiera el consenso en torno a la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea y de que Donald Trump detonara la política estadounidense convencional, hay razones para anticipar una ruptura en la gobernanza francesa. Y tal ruptura, a su vez, enviaría ondas de choque a través de la propia UE.

Una victoria de la extrema derecha en Francia sería mucho más trascendental que los experimentos de gobierno de extrema derecha en Hungría e Italia en los últimos años. Con la quinta economía occidental más grande, membresía en el Consejo de Seguridad de la ONU y estatus como estado nuclear, Francia ejerce una influencia significativa sobre la UE. Es un miembro central y fundador del bloque y aún posee una docena de territorios soberanos en todo el mundo. En comparación con el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán o la primera ministra italiana Giorgia Meloni, un presidente de extrema derecha en el Palacio del Elíseo tendría mucho más poder para llevar a cabo el manual de la extrema derecha de subvertir la arquitectura supranacional y basada en el derecho de la UE. En un momento en que la UE busca fortalecer su unidad e influencia global, afirmar su independencia soberana de Estados Unidos y hacer retroceder a Rusia y China, las próximas elecciones francesas conllevan un riesgo considerable.
**GRADUALMENTE, Y DE REPENTE**

Desde 1958, cuando el líder francés Charles de Gaulle supervisó una nueva constitución y estableció la Quinta República Francesa tras un intento de golpe de estado y un colapso político, la política francesa ha alternado de manera predecible entre el centro-derecha y el centro-izquierda. Los votantes franceses, que suelen ser cautelosos pero también desconfiados de los gobernantes, podían expulsar al bloque que estuviera en el poder sabiendo que nada sustancial cambiaría. Pero para 2017, los franceses habían comenzado a agitarse por algo nuevo. Estaban hartos de los fracasos tanto de la izquierda como de la derecha para reducir el desempleo y ofrecer mejores niveles de vida, educación pública y atención sanitaria. Macron, que fundó un nuevo partido político y se presentó bajo el lema "Ni izquierda ni derecha", ofreció una revolución sin dolor. Su enfoque era algo más audaz y menos corrupto que la gestión improvisada que le precedió, pero no mucho más exitoso. Redujo el desempleo, pero no logró aumentar los ingresos de la clase trabajadora y media. A lo largo de sus nueve años de mandato, sus fracasos han llevado a más votantes a creer que Bardella o Le Pen son ahora, como se dice, la única alternativa.

Muchos votantes urbanos y educados aún sienten cierta repulsión hacia el populismo simplista y los orígenes racistas de la extrema derecha, pero muchos votantes de las clases suburbanas, rurales y trabajadoras se sienten tentados por la agenda del RN de reprimir la inmigración ilegal, la delincuencia y el auge del islam radical. Estos problemas son reales, pero no son tan agudos como los pintan los medios de comunicación franceses de derechas y los candidatos de extrema derecha. Después de que las celebraciones por la victoria de un equipo de fútbol francés en la Liga de Campeones se convirtieran en disturbios en mayo, por ejemplo, Bardella dijo en televisión que las escenas eran "reminiscentes de una guerra civil" e instó a los franceses a "despertar", porque esos alborotadores pronto "estarían derribando las puertas de los edificios de apartamentos y entrando en sus hogares". Atribuyó la violencia, en parte, a la inmigración y al fracaso de las políticas de asimilación de Francia. Los bastiones electorales más fuertes del RN tienden a estar en pueblos con habitantes solo o mayoritariamente blancos, o suburbios con poca delincuencia, pero como en Estados Unidos y el Reino Unido, las burbujas de las redes sociales han reforzado la convicción en torno a esta ira y sensación de pérdida.

Los partidos franceses tradicionales también están perdiendo el debate económico. En elecciones pasadas, los partidos de centro-izquierda y centro-derecha se burlaban de la contradicción económica de las peticiones de Le Pen de reducir impuestos y aumentar el gasto social —una versión muy revisada de las políticas antiestatales de su padre—. Pero en los últimos nueve años, la política económica de Macron ha gastado libremente para suavizar el golpe del confinamiento por la COVID-19 a individuos y empresas y para aliviar el dolor inflacionario de la guerra en Ucrania. Estas iniciativas fueron populares, pero también añadieron aproximadamente 1,1 billones de dólares a la deuda nacional de Francia. La deuda nacional acumulada es ahora de alrededor del 118 por ciento de su PIB —casi un 20 por ciento más que hace una década y la tercera proporción más alta de Europa, después de Grecia e Italia—. El país, en otras palabras, está en bancarrota, y es difícil argumentar que un presidente del RN sería menos responsable fiscalmente.
**PERDER LA BATALLA, NO LA GUERRA**

Hay pocas dudas de que el candidato del RN, ya sea Bardella o Le Pen, ganará la primera vuelta de las elecciones. La pregunta más importante, entonces, es si él o ella podrá reunir una mayoría en la segunda vuelta. Gran parte de esto dependerá del oponente, y de si ese candidato inspira a los votantes franceses a aferrarse a su cautela innata o alimenta su apetito por el cambio.

En 2017 y 2022, Macron reunió un "Frente Republicano" de bloques de extrema izquierda, centro-izquierda, centro y centro-derecha para derrotar contundentemente a Le Pen. Esa coalición no ha desaparecido, pero se ha debilitado. Las elecciones para todos los ayuntamientos de Francia en marzo, que dieron victorias a muchos candidatos tradicionales, sugieren que aún existe un impulso entre muchos votantes de centro-izquierda y centro-derecha para votar tácticamente y mantener a la extrema derecha fuera del poder. Entre los candidatos favoritos de estos votantes se incluyen el expresidente socialista François Hollande, que aún no se ha declarado pero parece creer que puede emerger como campeón de la conflictiva izquierda moderada, y el primer ministro de Macron, Édouard Philippe, que busca unir el fracturado centro y centro-derecha en una versión renovada del movimiento gaullista que dominó la política francesa de centroderecha durante gran parte de finales del siglo XX y principios del XXI. Philippe es el actual favorito para el segundo puesto, con un 17 por ciento de los encuestados en un sondeo de Odoxa de mayo diciendo que votarían por él si las elecciones se celebraran ese domingo.

Pero estos políticos son solo dos en un campo de al menos 20 contendientes, que van desde variedades de la extrema izquierda trotskista hasta otros movimientos nacionalista-populistas. Lo más significativo es que Philippe tendrá que lidiar con el magnetismo y el cinismo del candidato perpetuo de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo un 16 por ciento en la encuesta de Odoxa de mayo y cuya base electoral ha mostrado mucha menos disposición a votar tácticamente para mantener al RN fuera del poder. Mélenchon perdió contra Le Pen en la primera vuelta de 2022 por poco más de un punto porcentual y sigue siendo popular, especialmente entre los jóvenes y los habitantes de los conflictivos suburbios multiraciales de las ciudades francesas. Sin embargo, también es temido y detestado por gran parte del resto de Francia, con solo 15 de los encuestados franceses expresando confianza en él en una encuesta de Toluna-Harris de mayo.

La proliferación de candidatos puede reducir la puntuación necesaria para llegar a la segunda vuelta, haciendo que las probabilidades de cada candidato de ganar sean algo así como una lotería. La decisión sobre el segundo puesto podría decidirse por unos pocos miles de votos, de aproximadamente 47 millones. Esos pocos miles de votos podrían, a su vez, determinar el resultado final. Una encuesta de mayo de Toluna-Harris sugiere que Philippe perdería contra Bardella por ocho puntos porcentuales, mientras que Mélenchon perdería por más de 30.

La otra gran incógnita es el efecto Bardella. Le Pen, la líder de facto del RN, ha estado posicionándose para presentarse durante años, y las encuestas le otorgan alrededor del 33 por ciento de los votos en la primera vuelta, a pesar de la sentencia judicial de marzo de 2025 que la declaró cómplice en el desvío de aproximadamente 5 millones de dólares en fondos de la UE. Si pierde su apelación a la sentencia, que se anunciará el 7 de julio, se le prohibirá presentarse durante cinco años, y la candidatura recaerá en Bardella, que según las encuestas obtendría incluso más votos —alrededor del 35 por ciento, pero posiblemente hasta el 38 por ciento—. El RN ya se está preparando para este escenario, y Bardella está en una buena posición, habiendo forjado una personalidad política eficaz para el siglo XXI, con un trato educado y accesible y un talento para hablar con frases tranquilizadoras en televisión y en Tik Tok.

La principal debilidad de Bardella es su edad. Tendrá 31 años en el momento de la votación del año que viene, y los votantes de la segunda vuelta probablemente se preguntarán si tiene lo necesario para ser jefe de estado y cómo se enfrentaría a matones experimentados como Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. En privado, algunos estrategas del RN han sugerido que a Bardella le iría mejor como candidato del RN en 2032. Si gana el año que viene, podría verse desbordado por crisis domésticas e internacionales y dañar al RN a largo plazo.
**SOLO EL PRINCIPIO**

Si un gobierno liderado por el RN podría realmente cambiar Francia dependería de las elecciones legislativas que Bardella o Le Pen casi con toda seguridad convocarían después de asumir el cargo. Casi todos los presidentes recién elegidos han hecho esto desde 1958, y típicamente su partido gana. Pero gran parte de lo que hizo que el segundo mandato de Macron fuera tan difícil y, en última instancia, un fracaso, fue su incapacidad para obtener esa ventaja en 2022: sin una mayoría clara en la legislatura, no pudo conseguir suficiente apoyo para aprobar muchas de sus iniciativas sobre la economía, el déficit presupuestario y la deuda nacional. El RN podría caer en una trampa similar, especialmente dada su impopularidad en la Francia metropolitana, y si lo hiciera, el país podría verse obligado a soportar varios años más de estancamiento parlamentario.

Sin embargo, tuviera mayoría o no, el primer gran desafío de gobierno del RN sería su presupuesto de 2027. Bardella ha dicho que respetaría el compromiso de Macron de reducir el déficit presupuestario del cinco por ciento del PIB al límite del tres por ciento de la UE para 2029. Pero la plataforma económica del RN contiene tensiones internas que harían difícil predecir su enfoque de gobierno. El partido está atrapado entre impulsos y facciones estatistas y de libre mercado, favorecidos los primeros por Le Pen y los segundos por Bardella. El partido ha prometido impuestos más bajos pero más gasto social, y una edad de jubilación reducida para algunos trabajadores pero más alta para aquellos que entran tarde al mercado laboral. Sus planes presupuestarios dependen de estimaciones poco realistas de ahorros por la ralentización de la inmigración, y por tanto de las prestaciones sociales de los inmigrantes, y por la lucha contra el fraude. Tal incertidumbre económica significaría que si el RN fuera elegido, los mercados de bonos probablemente se rebelarían, vendiendo bonos franceses y aumentando el coste del endeudamiento público y del servicio de la deuda.

En privado, los estrategas del RN dicen que moderarían muchas de sus políticas económicas siempre que pudieran reclamar victorias en materia de inmigración y delincuencia. La prueba económica definitiva para ellos será, por tanto, si pueden mantener el presupuesto francés en condiciones aceptables. Aquí, irónicamente, están parcialmente protegidos por la pertenencia de Francia a la unión monetaria de la UE, que es mucho más grande y, por tanto, más estable de lo que sería una moneda francesa. Aun así, si el RN gestionara mal las finanzas lo suficiente, las consecuencias no solo perjudicarían a Francia; la economía del país es lo bastante grande como para que una profunda crisis presupuestaria francesa sacuda la confianza en toda la moneda euro en sí misma.

Una victoria de la extrema derecha también podría provocar otro agudo espasmo de los disturbios urbanos y suburbanos que han estallado regularmente desde 2005. Los políticos del partido de extrema izquierda de Mélenchon, La Francia Insumisa, han prácticamente prometido tal resultado, diciendo que se negarían a reconocer una victoria de la extrema derecha y que habría "cinco rondas" de votos el año que viene —dos en la elección presidencial, dos en la parlamentaria y una en las calles—.

Los estrategas del RN saben que se enfrentarían a una intensa presión por parte de los mercados de bonos y la tecnocracia francesa desde el primer día y que, para evitar el tipo de colapso que podría destruir su gobierno, tendrían que comprometerse. Sin embargo, también estarían bajo presión de su triunfante base para demostrar que están cumpliendo su promesa de abandonar lo que consideran políticas antialemanas, proélite y eurocéntricas. Cualquier señal de que el RN se está volviendo convencional provocaría burlas de los opositores e ira de los partidarios.
**JOVEN, PELEADOR Y HAMBRIENTO**

El RN ya no es el partido antisemita, antieuropeo, antinorteamericano y antiotanista que era cuando fue fundado en la década de 1970, pero sigue siendo introvertido y escéptico ante el poder de la UE. Un gobierno de extrema derecha que tomara el control en Francia cambiaría el país, pero probablemente sería aún más desestabilizador para la Unión Europea. Francia es un gran estado miembro fundador con una tradición de liderazgo en la integración europea y la política de la UE, no de socavar el club desde dentro, como hizo el gobierno de extrema derecha de Orbán en Hungría. Muchas de sus figuras importantes simpatizan con Rusia y Putin, y un gobierno del RN podría bloquear más ayuda a Kiev, tratar de deshacer las sanciones de la UE contra Rusia y oponerse a la adhesión de Ucrania a la UE.

Incluso si el RN no lograra una mayoría parlamentaria, tener la presidencia le otorgaría, según la constitución francesa, una amplia autoridad sobre la política exterior, incluida la política de Francia hacia Europa. Como segunda economía del bloque después de Alemania, único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y única potencia nuclear, podría perturbar la UE a través de una serie de largas batallas legales y constitucionales con Bruselas.

Bardella ha intentado tranquilizar a los europeos nerviosos sobre tal posibilidad. En mayo, sugirió en una entrevista con medios alemanes que podría formar una alianza con el canciller de centroderecha Friedrich Merz para hacer Europa más competitiva y menos burocrática. Sin embargo, es probable que aún provoque una serie de conflictos en torno a cuestiones como la contribución de Francia al presupuesto de la UE, la política común europea de inmigración y las normas de la UE sobre fijación de precios de la electricidad. Bardella ya ha argumentado que la libre circulación de personas permitida en la UE debería aplicarse solo a los ciudadanos de la UE, recreando de hecho las fronteras internas. Un gobierno del RN también probablemente pondría a prueba el mercado único europeo imponiendo una preferencia por las empresas francesas en los contratos de las administraciones locales y nacionales en Francia, algo que actualmente está prohibido por la legislación de la UE.

La propuesta presupuestaria actual del RN también depende de que Francia se niegue a pagar una parte de sus contribuciones a Bruselas, lo que violaría la legislación de la UE. Esto provocaría una crisis de fe en la UE. Ningún país se ha negado jamás a pagar su contribución al presupuesto de la UE —ni siquiera el Reino Unido en la década de 1980, cuando la primera ministra Margaret Thatcher exigió que la UE devolviera el "dinero de su país" por lo que ella alegaba eran pagos excesivos— (finalmente, se redujeron los requisitos de contribución británicos para compensar lo que la UE reconoció como pagos excesivos). Si Francia se negara a pagar por completo, la UE se vería sumida en una larga crisis política y posiblemente fiscal.

La política oficial del RN en las elecciones europeas de 2024, que no ha cambiado, era proponer sustituir la arquitectura supranacional y basada en el derecho de la UE por la "cooperación libremente acordada entre los estados miembros", poniendo fin a 50 años de compromiso francés con el actual modelo de la UE. Francia no podría imponer un cambio tan drástico unilateralmente, pero podría paralizar la toma de decisiones de la UE, si no toda, al menos en parte.

Bardella podría no destruir la UE, pero congelaría todas las esperanzas de progreso hacia una Europa más capaz de hacer frente a China, Rusia y Estados Unidos. Mientras que la UE busca promover un mayor endeudamiento común, un presupuesto más grande y políticas comunes en materia de industria, inmigración y defensa, el RN quiere reducir el presupuesto y la autoridad de la UE en estos ámbitos. El RN favorece aumentar el presupuesto de defensa francés, pero se opone a una política de defensa europea común y sigue comprometido, a largo plazo, con que Francia abandone la estructura militar integrada que subyace a la OTAN. Una Francia liderada por la extrema derecha también probablemente abandonaría el plan de Macron de crear un embrión de disuasión nuclear europeo posicionando aviones franceses con capacidad nuclear en otros estados de la UE y Noruega. Y aunque el RN ha condenado la invasión rusa de Ucrania, también se ha opuesto sistemáticamente a la ayuda de la UE y Francia a Kiev, una posición que probablemente llevaría aún más lejos si se le diera el poder para hacerlo.

No se sabe cómo sería la relación entre París y Washington bajo un gobierno francés de extrema derecha. Trump y Bardella comparten cierta ideología y actitudes, especialmente en materia de inmigración, pero Bardella ha criticado los enfoques de Trump sobre Groenlandia, Venezuela, el comercio transatlántico y las restricciones a los gigantes tecnológicos estadounidenses como ataques a la soberanía nacional. El homólogo estadounidense de Bardella durante la mayor parte de su mandato ni siquiera sería Trump, sino quien le suceda en 2029.

Lo que las próximas elecciones deparan a Francia no es, por tanto, en absoluto seguro. Pero ya están acercando al país mucho más a un futuro de extrema derecha que en cualquier otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y las posibles ondas de choque se extenderían por toda Europa. Cualquier presidente del RN estaría, por supuesto, dividido entre el compromiso y alimentar las expectativas y prejuicios de la base del partido. Pero, como mínimo, tal escenario empujaría a Francia y Europa a cinco años de confusión y parálisis. En medio de la agitación del orden mundial de posguerra provocada por China, Estados Unidos y Rusia, esa posibilidad es algo que Francia y Europa no pueden permitirse.

(, Revista de prensa, 18/06/26, traducción Deep Seek, enlaces en el original, fuente Foreign Affairs )

11.2.26

Gabriel Zucman: Para comprender el debate presupuestario que está llegando a su fin, es necesario objetivar una realidad que ahora es estructurante: la influencia sin precedentes de los multimillonarios en la vida democrática de la nación... En 2026, el déficit público alcanzará o superará, por cuarto año consecutivo, el 5 % del PIB. Se trata de una situación sin precedentes: Francia nunca ha experimentado una sucesión de déficits tan elevados fuera de un periodo de crisis económica, pandemia o guerra... La deuda pública alcanzará el 118 % del PIB en 2026, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial... El país en su conjunto no se está empobreciendo, ni mucho menos, el aumento de la deuda pública se ha visto más que compensado por el aumento del patrimonio privado. Entre 2012 y 2024, mientras que la deuda pública aumentó en 1,4 billones de euros, el patrimonio total de los hogares franceses creció en 4,7 billones de euros. Solo el de las 500 mayores fortunas se disparó en casi 1 billón de euros... El aumento de la deuda pública durante este periodo fue apenas superior al aumento de la fortuna de estos centimillonarios. En este contexto se desarrollaron los debates presupuestarios de 2025. ¿Cómo sanear las finanzas públicas del país? En febrero de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una propuesta de ley que creaba un impuesto mínimo para los ultra ricos: los hogares fiscales cuya riqueza supere los 100 millones de euros tendrían un impuesto mínimo equivalente al 2 % de su patrimonio... El objetivo era simplemente garantizar que las mayores fortunas no pagaran menos impuestos, en proporción a sus ingresos, que otras categorías sociales... Dado que la fortuna de los centimillonarios ronda el 40 % del PIB, un impuesto equivalente al 2 % de su patrimonio reportaría aproximadamente el 0,8 % del PIB en ingresos fiscales... lo que permitiría alcanzar aproximadamente un tercio del esfuerzo necesario para estabilizar la ratio deuda pública/PIB a medio plazo... Durante el verano, el Gobierno dió marcha atrás... es difícil no ver en esto otra cosa que no sea la influencia de las grandes fortunas francesas en la vida política y democrática del país... Al igual que otros países antes que ella, Francia ha entrado en la era de la riqueza extrema. Este desequilibrio es la causa principal del bloqueo presupuestario y del descontrol de nuestras finanzas públicas. Impide las inversiones necesarias en educación, innovación, salud e infraestructuras, que son la clave de nuestra prosperidad futura... Este es el problema económico y político fundamental al que se enfrenta ahora nuestro país

 "No hay ningún tema de política económica y social en el que se observe una brecha tan grande entre el apoyo popular y la representación nacional.

 Para comprender el debate presupuestario que está llegando a su fin, es necesario objetivar, con lucidez y serenidad, una realidad que ahora es estructurante: la influencia sin precedentes de los multimillonarios en la vida democrática de la nación.

Recapitulemos los parámetros de la situación presupuestaria de Francia y, para empezar, situémoslos en el contexto histórico a largo plazo.

En 2026, el déficit público alcanzará o superará, por cuarto año consecutivo, el 5 % del PIB. Se trata de una situación sin precedentes: Francia nunca ha experimentado una sucesión de déficits tan elevados fuera de un periodo de crisis económica, pandemia o guerra.

La deuda pública alcanzará el 118 % del PIB en 2026, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial y, anteriormente, la Revolución Francesa.

 El país en su conjunto no se está empobreciendo, ni mucho menos: el aumento de la deuda pública se ha visto más que compensado por el aumento del patrimonio privado.

Entre 2012 y 2024, mientras que la deuda pública aumentó en 1,4 billones de euros, el patrimonio total de los hogares franceses creció en 4,7 billones de euros.

Solo el de las 500 mayores fortunas se disparó en casi 1 billón de euros, pasando del equivalente al 13 % del PIB en 2012 al equivalente al 42 % del PIB en 2024.

El aumento de la deuda pública durante este periodo fue apenas superior al aumento de la fortuna de estos centimillonarios.

En este contexto se desarrollaron los debates presupuestarios de 2025. ¿Cómo sanear las finanzas públicas del país? ¿Podrían contribuir de alguna manera los patrimonios más elevados?

Los debates comenzaron en febrero de 2025, cuando la Asamblea Nacional aprobó una propuesta de ley que creaba un impuesto mínimo para los ultra ricos.

 No se trataba de gravar el aumento de la fortuna de estos últimos (lo que Francia hizo en el pasado, en particular en 1945 con el impuesto de solidaridad nacional, que gravaba al 100 % los enriquecimientos superiores a 5 millones de francos), sino de una propuesta modesta y específica:

Someter a los hogares fiscales cuya riqueza supere los 100 millones de euros a un impuesto mínimo equivalente al 2 % de su patrimonio.

El objetivo era simplemente garantizar que las mayores fortunas no pagaran menos impuestos, en proporción a sus ingresos, que otras categorías sociales. Quienes ya paguen un impuesto personal equivalente al 2 % o más de su patrimonio no tendrían que pagar nada más.

Dado que la fortuna de los centimillonarios ronda el 40 % del PIB, un impuesto equivalente al 2 % de su patrimonio reportaría aproximadamente el 0,8 % del PIB en ingresos fiscales: 40 % por 2 %. Es decir, tras deducir los impuestos ya pagados por los contribuyentes afectados, unos 20 000 millones de euros de ingresos fiscales adicionales al año.

Nadie pretende que esta medida por sí sola pueda resolver nuestros problemas de finanzas públicas. Pero todo el mundo entiende que podría contribuir en gran medida a ello.

 Los economistas coinciden en que es necesario reducir nuestros déficits públicos entre 2 y 3 puntos del PIB para poder estabilizar la ratio deuda pública/PIB a medio plazo. Una contribución que aportara 0,8 puntos del PIB permitiría alcanzar aproximadamente un tercio del esfuerzo necesario.

El Gobierno comenzó expresando su oposición, primero en la Asamblea en febrero y luego en el Senado en junio.

Sin embargo, reconociendo la validez del argumento en el que se basa la propuesta de un impuesto mínimo —es decir, la facilidad con la que los ultra ricos eluden hoy en día el pago de impuestos—, la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, indicó que estaba trabajando en un impuesto similar que se introduciría en otoño, aunque con un tipo más bajo —el 0,5 % en lugar del 2 %— y numerosas lagunas.

Una propuesta que se esperaba que reportara alrededor de 2000 millones de euros. Era diez veces menos que el impuesto mínimo del 2 % debatido —y entonces apoyado por Francia— en el G20 el año anterior.

Sin embargo, cuando llegó el otoño, el impuesto mínimo «de Montchalin» no se aplicó: si el 2 % era inaceptable, el 0,5 % seguía siendo demasiado. Durante el verano, el Gobierno había dado marcha atrás.

 En su lugar, el proyecto de ley de finanzas presentado en octubre introdujo un impuesto sobre el patrimonio de las sociedades holding, cuya principal característica era excluir de su base imponible la mayor parte del patrimonio de las sociedades holding. No estaban sujetos a este impuesto ni las acciones, ni los bienes inmuebles, ni las inversiones en start-ups. Solo se gravarían, en esencia, los activos líquidos inactivos.

Esta medida debía reportar unos 1000 millones de euros, es decir, el 0,03 % del PIB.

Era demasiado para el Senado. ¡La gota colmó el vaso! Los senadores se pusieron manos a la obra. A su vez, se excluyeron del impuesto sobre las sociedades holding los activos líquidos, así como las obras de arte y las joyas, para dejar finalmente solo los caballos de carreras, los vinos de gran calidad y otros «bienes de lujo» que, por extraño que parezca, se encuentran en las sociedades holding.

El impuesto sobre las sociedades holding, así reformulado, reportaría 100 millones de euros, es decir, el 0,003 % del PIB.

Finalmente, esta audacia causó temor. El Gobierno de Sébastien Lecornu retomó en enero el impuesto reescrito por el Senado en el presupuesto que aprobó por 49,3. Pero, presa del pánico, el primer ministro anunció inmediatamente que iba a pedir al Consejo Constitucional que investigara la validez de esta medida, que, en definitiva, quizá iba demasiado lejos.

 Detrás de esta serie de retrocesos, es difícil ver otra cosa que no sea la influencia de las grandes fortunas francesas en la vida política y democrática del país.

Esta influencia se manifestó abiertamente en otoño, cuando los medios de comunicación propiedad de multimillonarios (aproximadamente el 80 % de la prensa privada) se movilizaron contra la propuesta de un impuesto mínimo del 2 %, con argumentos («los multimillonarios no pueden pagar», «este impuesto hundiría la economía francesa», etc.) que, como mínimo, no destacaban precisamente por su pertinencia.

Se hizo patente cuando el Senado en junio y la Asamblea Nacional en octubre votaron en contra del impuesto mínimo del 2 %, a pesar de contar con el apoyo de una inmensa mayoría de los franceses (el 86 % según el IFOP), en un frente unido que abarcaba desde los representantes del centro hasta los del Rassemblement National.

No hay ningún tema de política económica y social en el que se observe una brecha tan grande entre el apoyo popular y la representación nacional.

Pero las renuncias que siguieron —y la facilidad con la que fueron aceptadas por los diferentes partidos que ratificaron el presupuesto— son igualmente significativas.

 Por supuesto, se puede debatir sobre el impuesto mínimo del 2 % y plantear alternativas. Pero, ¿cómo aceptar un presupuesto que, en el contexto actual de desviación presupuestaria y explosión de las mayores fortunas, no exige ningún esfuerzo a estas últimas?

Fue el propio Financial Times el que escribió en otoño lo que ya no se puede leer en la prensa económica francesa, ahora propiedad casi en su totalidad de multimillonarios, calificando a Francia de «democracia social infradotada, cruzada con una oligarquía».

Las grandes fortunas siempre han tenido un gran poder, lo que supone una tensión fundamental en el seno de todas las sociedades democráticas. Pero con la explosión de su riqueza en los últimos quince años, la multiplicación de sus inversiones en los medios de comunicación y el control de estos, la situación ha cambiado. El frágil equilibrio de poderes económicos y políticos de la socialdemocracia de la posguerra se ha derrumbado.

 Al igual que otros países antes que ella, Francia ha entrado en la era de la riqueza extrema.

Este desequilibrio es la causa principal del bloqueo presupuestario y del descontrol de nuestras finanzas públicas. Impide las inversiones necesarias en educación, innovación, salud e infraestructuras, que son la clave de nuestra prosperidad futura. Alimenta una espiral en la que la riqueza compra el poder, que a su vez consolida las fortunas ya establecidas. Vicia el funcionamiento de nuestros mercados, corrompe el juego democrático y alimenta el sentimiento de impotencia que favorece el auge de los partidos nativistas contemporáneos.

Este es el problema económico y político fundamental al que se enfrenta ahora nuestro país." 

Gabriel Zucman, CADTM, 10/02/26, traducción DEEPL, enlaces y gráficos en el original)

10.1.26

Francia: Desde hace varios años, y en particular, desde el 7 de octubre de 2023, la izquierda radical y los movimientos de protesta son objeto de campañas de intimidación, que se han multiplicado en los últimos meses, y de una ofensiva represiva... Un buen número de activistas antirracistas, pro-Palestina, ecologistas, políticas/os y sindicalistas han sido objeto de numerosos ataques, ya sea en las redes sociales, a través de declaraciones de responsables políticos o mediante acciones legales... Si bien la causa palestina ha suscitado la mayor represión y los intentos de censura más constantes, no es la única, ya que recientemente, Sophie Binet, secretaria general de la CGT, ha sido imputada por injurias públicas tras comparar a los grandes empresarios que amenazan con deslocalizar con "las ratas que huyen del barco"... la universidad y la investigación, también sufre numerosos ataques de este tipo, con una multiplicación de las amenazas contra las libertades académicas, que son también ataques contra las libertades públicas... El profesorado y las investigadoras e investigadores que se resisten al rumbo autoritario, militarista y racista del mundo se enfrentan hoy a una ola de censura, amenazas y procedimientos legales que tienen por objeto la intimidación y el silenciamiento. Estos ataques a las libertades académicas, a veces orquestados desde las altas esferas del Estado... los y las investigadoras especializadas en Palestina han sido amenazadas con sanciones y/o vilipendiadas... la ley del 31 de julio de 2025 sobre la lucha contra el antisemitismo en la enseñanza superior marca un giro importante y muy preocupante... introduce una nueva sección académica presidida por un/a magistrado/a, lo que confiere a las presidencias de los centros un poder disciplinario mayor y potencialmente excesivo, que podrían dar lugar a un control abusivo de las expresiones militantes estudiantiles o a la confusión entre posiciones políticas y comportamientos discriminatorios... Las librerías tampoco se libran, y algunas de ellas afirman estar «especialmente afectadas por las intimidaciones»... la suspensión del historiador Julien Théry, amenazado con perder su puesto por denunciar a los firmantes de un artículo en el que se pedía a Emmanuel Macron que no reconociera al Estado palestino, cuando la calidad de su trabajo como profesor no se ha puesto en duda, pone de manifiesto el progresivo deslizamiento hacia sanciones basadas no en faltas profesionales, sino en opiniones expresadas públicamente ( Contretemps)

 "Desde hace varios años, y en particular, desde el 7 de octubre de 2023, la izauierda radical y los movimientos de protesta —especialmente los antiimperialistas y antirracistas— son objeto de campañas de intimidación, que se han multiplicado en los últimos meses, y de una ofensiva represiva. Un buen número de activistas antirracistas, pro-Palestina, ecologistas, políticas/os y sindicalistas han sido objeto de numerosos ataques, ya sea en las redes sociales, a través de declaraciones de responsables políticos o mediante acciones legales.

Si bien la causa palestina ha suscitado la mayor represión y los intentos de censura más constantes, no es la única, ya que recientemente, Sophie Binet, secretaria general de la CGT, ha sido imputada por injurias públicas tras comparar a los grandes empresarios que amenazan con deslocalizar con "las ratas que huyen del barco". Un sector de la sociedad del que se habla menos, el de la universidad y la investigación, también sufre numerosos ataques de este tipo, con una multiplicación de las amenazas contra las libertades académicas, que son también ataques contra las libertades públicas.

En este editorial de la revista Contretemps, volvemos sobre esta ofensiva liberticida que requiere una amplia resistencia por parte de los círculos universitarios y más allá.

***

El profesorado y las investigadoras e investigadores que se resisten al rumbo autoritario, militarista y racista del mundo se enfrentan hoy a una ola de censura, amenazas y procedimientos legales que tienen por objeto la intimidación y el silenciamiento. Estos ataques a las libertades académicas, a veces orquestados desde las altas esferas del Estado, deben entenderse en el contexto de la fascistización de las élites y del Estado, la radicalización islamófoba del Occidente imperialista, la represión de la solidaridad con el pueblo palestino contra la guerra genocida y la alianza entre neoliberales y neofascistas.

El Código de Educación francés establece claramente que "los profesores-investigadores, los profesores y los investigadores gozan de plena independencia y total libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones docentes y de sus actividades de investigación, con las reservas que les imponen, de conformidad con las tradiciones universitarias y las disposiciones del presente código, los principios de tolerancia y objetividad" (artículo L952-2).

Esta disposición recuerda que la libertad académica es la condición misma de la producción científica, basada en la autonomía respecto a los poderes, el rigor metodológico y la validación por pares. No es un privilegio corporativista ni un espacio de ilegalidad, sino una base indispensable para la vitalidad democrática.

Sin embargo, esta libertad fundamental se ve hoy amenazada y cuestionada por un conjunto de discursos, decisiones políticas y prácticas institucionales que contribuyen a una restricción general de las libertades públicas. La libertad académica está estrechamente relacionada con otras libertades, en particular la libertad de expresión y la libertad de asociación, y los ataques contra ellas son testimonio de amenazas más amplias a los principios democráticos. Defender una de estas libertades implica, por tanto, defenderlas todas.

Desde hace algunos años, varios responsables políticos señalan a la universidad como un espacio problemático, incluso peligroso. Al afirmar que «el mundo universitario [era] culpable de haber dividido a la República en dos» en junio de 2020, al salir del confinamiento, mientras se desplegaban movilizaciones contra la violencia policial convocadas por el Comité Adama Traoré tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos, Emmanuel Macron legitima las ofensivas anteriores, procedentes en particular de la extrema derecha o del Printemps républicain, que ya habían llevado a la cancelación de algunos coloquios.

Jean-Michel Blanquer siguió por este camino cuando, en el contexto del asesinato de Samuel Paty, acusó a los enfoques interseccionales de amenazar a la República. Frédérique Vidal, entonces ministra de Educación Superior e Investigación, anunció en 2021 una investigación sobre el «islamoizquierdismo» en la enseñanza superior, apoyada por el diputado Patrick Hetzel, investigación que finalmente se abandonó, pero cuyos efectos nocivos se dejaron sentir de forma duradera1/. Más recientemente, Élisabeth Borne, entonces primera ministra, consideró que el «islamoizquierdismo» era «una corriente [que] existe en la sociedad y, por lo tanto, necesariamente en la universidad», reactivando la idea de que ciertas disciplinas y ciertos objetos de estudio tendrían un sesgo político incompatible con las exigencias científicas.

Desde el 7 de octubre de 2023, esta ofensiva política ha subido un peldaño: los y las investigadoras especializadas en Palestina han sido amenazadas con sanciones y/o vilipendiadas. A nivel local, presentar mociones en las instancias universitarias en solidaridad con el pueblo palestino o contra el genocidio en Gaza se ha vuelto muy complicado, mientras que las iniciativas académicas o militantes en las universidades se enfrentan a numerosos obstáculos.

Estos obstáculos llegaron incluso a las prohibiciones, como es el caso de una conferencia en la Universidad de Estrasburgo con Rima Hassan en noviembre de 2024, considerada ilegal por una orden judicial. Esta deriva se vio facilitada por la LRU, una ley impuesta bajo la presidencia de Sarkozy, que pretendía instaurar la «autonomía de lasuniversidades», pero que lo que hizo fue sobre todo aumentar la autonomía de rectores y rectoras, otorgándoles poderes propios mucho más importantes.

Además, el ciberacoso a profesionales de la investigación ha aumentado aún más y diversas iniciativas académicas han sido objeto de amenazas, como el coloquio «Materialismo histórico» en la Universidad Paris-Dauphine en junio de 2025, con el objetivo de censurar ciertas voces consideradas demasiado militantes o subversivas, lo que llevó a la organización, bajo la presión de la dirección de la institución, a sacar algunas sesiones fuera de la universidad2/.

Este salto cualitativo en la ofensiva reaccionaria condujo, además, a la elaboración de una ley cuyos decretos de aplicación se promulgaron durante el verano de 2025. De hecho, la ley del 31 de julio de 2025 sobre la lucha contra el antisemitismo en la enseñanza superior marca un giro importante y muy preocupante. Si bien sus objetivos declarados se inscriben en una lucha necesaria contra el racismo y todas las formas de discriminación, sus modalidades prácticas entrañan numerosos riesgos para las libertades académicas y la libertad de expresión del estudiantado.

La reforma del procedimiento disciplinario introduce una nueva sección académica presidida por un/a magistrado/a, lo que confiere a las presidencias de los centros un poder disciplinario mayor y potencialmente excesivo3/. La moción del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación (CNESER) pide la retirada de esta ley debido al carácter potencialmente represivo de las disposiciones adoptadas, que podrían dar lugar a un control abusivo de las expresiones militantes estudiantiles o a la confusión entre posiciones políticas y comportamientos discriminatorios.

En lo que se refiere al personal de la enseñanza superior y la investigación, y en particular de investigadoras e investigadores, se multiplican las campañas de intimidación mediática y política. En septiembre, se acusó a varios historiadores/as de fomentar el antisemitismo cuando decidieron retirarse de un coloquio organizado por la Universidad Paris Cité tras conocer que contaba con el apoyo de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Fundación Científica de Israel, cuya financiación también abarca ámbitos militares4/. Las personas afectadas, que fueron invitadas por su experticia en la historia del judaísmo y las comunidades judías, vieron cómo sus nombres circulaban por las redes sociales y se veían expuestos a amenazas que no solo iban dirigidas contra su reputación, sino también contra su seguridad.

Después, se canceló el coloquio «Palestina y Europa», organizado fundamentalmente por el Centro Árabe de Investigaciones y Estudios de París (Carep Paris), que debía celebrarse en el Collège de France los días 13 y 14 de noviembre de 2025, bajo la presión conjunta del ministerio, un colectivo de abogados y una red de investigadores reaccionarios reunidos en la Red de Investigación sobre el Racismo y el Antisemitismo, que no es la primera vez que lleva a cabo una campaña de delación, fichaje y calumnia, según un artículo bien documentado, publicado por Blast. Afortunadamente, el coloquio pudo celebrarse en las instalaciones del CAREP en París, con una gran participación en línea.

Al mismo tiempo, se supo de la existencia de una encuesta del Cevipof, destinada a ser realizada en las universidades, que incluía una pregunta sobre si la institución era un lugar donde se propagaban fenómenos como el «odio a Israel», «la manifestación de apoyo a la causa palestina», «la manifestación de apoyo a Hamás» o el «odio a los sionistas»5/ todo ello presentado de antemano como indicios de antisemitismo. Para Nicolas Cadène, antiguo relator general del Observatorio de la Laicidad, tal yuxtaposición constituye una «confusión peligrosa», ya que asimila formas de expresión política legítimas, e incluso protegidas, a formas de odio o violencia punibles.

Las librerías tampoco se libran, y algunas de ellas afirman estar «especialmente afectadas por las intimidaciones» desde el 7 de octubre de 2023. La denuncia presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, contra la editorial Libertalia por un juego de las siete familias que incluye el personaje de «un policía racista de la BAC» ilustra una preocupante tendencia a criminalizar la sátira. El propio ministro del Interior también presentó una denuncia contra un humorista, Pierre-Emmanuel Barré, por haber tenido la osadía de recordar varios hechos recientes y especialmente impactantes de delitos policiales, generalmente impunes.

Por último, la suspensión del historiador Julien Théry, amenazado con perder su puesto por denunciar a los firmantes de un artículo en el que se pedía a Emmanuel Macron que no reconociera al Estado palestino, cuando la calidad de su trabajo como profesor no se ha puesto en duda, pone de manifiesto el progresivo deslizamiento hacia sanciones basadas no en faltas profesionales, sino en opiniones expresadas públicamente6/.

Todos estos hechos remiten a una dinámica más profunda, característica de un proceso de fascistización, que se basa especialmente en un vuelco ficticio de las relaciones de dominación. Así, se acusa a los grupos minoritarios de haberse vuelto dominantes y tiránicos, capaces de imponer la censura y de instaurar un clima de terror intelectual. Además, se les reprocha que se presenten como víctimas, mientras que las verdaderas víctimas serían, según esta lógica, aquellas personas que, al ver cuestionados sus privilegios, se consideran desposeídas de sus libertades7/.

La amalgama entre pensamiento crítico, activismo y odio racial permite entonces criminalizar posiciones intelectuales, deslegitimar campos de investigación y presentar ciertas disciplinas como intrínsecamente peligrosas8/. En particular, se asiste a una confusión deliberada entre antisemitismo, apoyo a Palestina, críticas al Estado colonial israelí, defensa del derecho internacional y a fortiori, cualquier análisis crítico del colonialismo y las relaciones sociales de raza.

Pueden existir formas de racismo, en particular de antisemitismo e islamofobia, pero también de sexismo, homofobia y capacitismo en las filas de la izquierda social y política, en la medida en que las opresiones estructuran y atraviesan todas las capas de la sociedad, pero son contrarias a los valores y compromisos mayoritarios de nuestras organizaciones, y deben combatirse sin tregua.

En lo que respecta específicamente al antisemitismo (pero esto es válido para todos los tipos de racismo), es importante recordar, basándonos en el último informe de la CNCDH (2023), que son, con diferencia, las personas simpatizantes de la izquierda quienes se declaran con mayor frecuencia «totalmente a favor de una lucha enérgica contra el antisemitismo»; lo mismo ocurre con la islamofobia y, en general, con el racismo.

Ante esta ofensiva, se han organizado movilizaciones colectivas. Además del trabajo cotidiano de las organizaciones sindicales, el colectivo «Vidal démission», el coloquio «La savante et le politique» (La sabia y la política) o la creación de la Asociación para la Libertad Académica y de la Coordinación Antifascista para la Afirmación de las Libertades Pedagógicas y Académicas, entre otras, dan testimonio de la voluntad de numerosos investigadores e investigadoras de resistir a este deterioro de las condiciones de trabajo intelectual.

También se han emprendido acciones legales, en particular un recurso por abuso de poder contra el anuncio de la investigación de Frédérique Vidal, mencionado más arriba. Dos años después, el ministerio respondió que estas declaraciones «no le comprometían», ya que finalmente no se había llevado a cabo ninguna investigación. Sin embargo, como recuerda el colectivo que inició el procedimiento, «estas palabras (...) tuvieron consecuencias realmente perjudiciales para los colegas»9/. Las movilizaciones sindicales, universitarias y jurídicas demuestran la capacidad del mundo académico para defenderse colectivamente, aunque las relaciones de fuerza sigan siendo desfavorables.

La acumulación de censuras, intimidaciones y presiones institucionales o políticas constituye una señal extremadamente alarmante para el estado de las libertades académicas en Francia. Preservar estas libertades implica reconocer su papel esencial en la construcción de un espacio democrático basado en la pluralidad de conocimientos y puntos de vista. También se trata de garantizar la protección y la formación de las personas más expuestas a las diferentes formas de racismo, rechazando al mismo tiempo las generalizaciones que sirven a objetivos represivos. Por último, la lucha contra las formas de discriminación presentes en los medios universitarios nunca debe conducir a la aceptación de medidas o discursos que reduzcan la libertad de expresión o de enseñanza.

La defensa de la libertad académica es indisociable de la defensa de la propia democracia, es decir, del conjunto de las libertades públicas y los derechos democráticos fundamentales. Supone una vigilancia constante y un compromiso colectivo para preservar las condiciones de un debate intelectual abierto, riguroso y contradictorio, sin el cual no puede existir ni una verdadera investigación ni una sociedad democrática.

Esta exigencia no es solo francesa: se inscribe en un contexto internacional donde las universidades se han convertido en objetivos privilegiados de las fuerzas reaccionarias. En Estados Unidos, el nuevo mandato de Donald Trump ha venido acompañado de ataques radicales contra las instituciones científicas y los campus10/.

El ejemplo más emblemático es la publicación, a principios de 2025, de una lista de palabras que pasaron a estar prohibidas en las solicitudes de financiación que se eleven a la Fundación Nacional para la Ciencia —entre ellas «diversidad», «género», «racismo», «justicia social» o «víctima»— con el fin de descartar sistemáticamente los proyectos de investigación relacionados con las desigualdades y la discriminación11/.

Esto también puede adoptar la forma de amenazas físicas, como en el caso del historiador Mark Bray, especialista en antifascismo y profesor en Nueva Jersey, que se vio obligado a huir de Estados Unidos tras recibir amenazas de muerte por la firma de un decreto por parte de Donald Trump en el que se designaba al «movimiento antifa» como terrorista.

Esta ofensiva también se observa en Argentina, donde el Gobierno de Javier Milei impone una austeridad brutal y endurece la represión de las movilizaciones. Las universidades se ven estranguladas financieramente y acusadas de adoctrinamiento ideológico; el Conicet (CNRS argentino) se desmantela mediante despidos masivos y congelación de las becas, mientras que la comunidad universitaria —en particular la de ciencias humanas y sociales— es estigmatizada: la ciencia solo tiene valor si la financia el mercado.

Ante estas dinámicas autoritarias, la defensa de las libertades académicas se presenta más que nunca como un instrumento fundamental contra el odio racista, la dominación social y la violencia, ya sean promovidos en Francia o en otros lugares por la extrema derecha y sus aliados neoliberales y/o libertarios."

(Editorial Contretemps, Viento Sur, 09/01/26, fuente Contretemps)

13.11.25

Piketty: La Agrupación Nacional (Rassemblement national), es el partido de los multimillonarios... el hecho de que los diputados del RN hayan votado al unísono con el resto de la derecha en contra del impuesto mínimo del 2 % a los titulares de patrimonios superiores a 100 millones de euros es un acontecimiento importante... Al acudir en ayuda de los ultra ricos, cuando hasta ahora se había abstenido, el RN se ha afirmado claramente como el partido de los multimillonarios, como un partido de derecha en todos los sentidos, a la vez nacionalista, antimigrante, extractivista e hipercapitalista, al igual que los republicanos de Donald Trump... El compromiso del RN con los ultra ricos también es coherente con la ideología general del partido, que se basa en una visión profundamente jerárquica del mundo. Tanto para el RN como para los trumpistas, la desigualdad está en todas partes y, sobre todo, es inevitable: entre los nacionales y los extranjeros, entre los cristianos y los musulmanes... Este discurso desempeña un papel central en el debate público. Ante esta nueva unión de las derechas, la izquierda tiene una responsabilidad histórica... Al igual que Zhoran Mamdani en Nueva York, debe centrarse en primer lugar en las medidas sociales y universalistas (coste de la vida, vivienda, transporte, sanidad, escuelas) y demostrar que solo la contribución de los más ricos permite financiar todo ello... solo una contribución excepcional de los patrimonios privados más elevados permitirá salir adelante. La escala del Impuesto de Solidaridad Nacional aplicada en Francia en 1945 ascendía hasta el 20 % sobre los patrimonios más elevados y al 100 % sobre los enriquecimientos más importantes... En la posguerra, el Lastenausgleich («reparto de la carga») ascendía en Alemania hasta el 50 % para los patrimonios más elevados. El impuesto equivalente alcanzaba el 90 % en Japón. Quienes repiten una y otra vez que sería jurídicamente imposible gravar los patrimonios más elevados y que un impuesto mínimo del 2 % sobre los ultra ricos sería confiscatorio, solo demuestran su profunda ignorancia histórica... La riqueza siempre es colectiva: depende de la implicación de miles de personas, y no de unos pocos genios individuales sin los cuales el mundo se derrumbaría. La escala de ingresos se ha dividido por diez en el norte de Europa desde 1910, y este avance hacia la igualdad ha ido de la mano de una prosperidad sin precedentes

 "¿Cómo salir del estancamiento político francés? En primer lugar, aceptando la idea de que la democracia necesita alternancias claras y asumidas para funcionar correctamente. No es manteniendo siempre a los mismos en el poder como se va a salir de la actual crisis democrática. La bipolarización izquierda-derecha, siempre que se renueve con suficiente rapidez en su contenido ante las transformaciones del mundo, tiene la virtud de permitir tales alternancias. Este es el modelo que permitió la consolidación de la democracia en el siglo XX, y es en esta dirección en la que hay que avanzar hoy para evitar su desintegración.  

Desde este punto de vista, el hecho de que los diputados del RN hayan votado al unísono con el resto de la derecha en contra del impuesto mínimo del 2 % a los titulares de patrimonios superiores a 100 millones de euros es un acontecimiento importante, que puede contribuir a la clarificación política. Al acudir en ayuda de los ultra ricos, cuando hasta ahora se había abstenido, el RN se ha afirmado claramente como el partido de los multimillonarios, como un partido de derecha en todos los sentidos, a la vez nacionalista, antimigrante, extractivista e hipercapitalista, al igual que los republicanos de Donald Trump.  

 Esta decisión puede sorprender, si pensamos en la imagen popular y social que el partido de Le Pen ha querido dar de sí mismo durante mucho tiempo. En realidad, es perfectamente lógica. En primer lugar, porque los aliados que el RN puede esperar reunir para alcanzar una mayoría parlamentaria se sitúan claramente en una línea clásica de derecha, contraria a los impuestos y al gasto público. Es el caso de la UDR (Unión de las Derechas por la República) de Éric Ciotti, que se unió oficialmente al RN en 2024, así como del resto de LR (Los Republicanos). También es el caso de los macronistas más derechistas, que en los últimos años han demostrado estar dispuestos a aliarse con el RN para votar leyes tan importantes como la ley de inmigración en diciembre de 2023 (con la consiguiente revisión del código de nacionalidad y un profundo cuestionamiento del derecho de suelo, que finalmente no se aplicó por razones técnicas) o la ley antiinquilinos (y supuestamente antiocupantes) en diciembre de 2022.   

 El compromiso del RN con los ultra ricos también es coherente con la ideología general del partido, que se basa en una visión profundamente jerárquica del mundo. Tanto para el RN como para los trumpistas, la desigualdad está en todas partes y, sobre todo, es inevitable: entre los nacionales y los extranjeros, entre los cristianos y los musulmanes, entre las personas honradas y los delincuentes, entre los que trabajan duro y los que viven de las ayudas sociales. Ante esta dura realidad, es mejor exaltar la identidad nacional y el poder, el orden y el respeto a las jerarquías y, sobre todo, evitar los discursos idealistas sobre la justicia social y la armonía universal, que no serían más que hipócritas nanas difundidas por los ideólogos de izquierda para darse buena conciencia y engañar a los crédulos. Este discurso arraigado en la derecha tiene enormes debilidades, pero también tiene sus puntos fuertes y, en cualquier caso, desempeña un papel central en el debate público.   

 Ante esta nueva unión de las derechas, la izquierda tiene una responsabilidad histórica. Al igual que Zhoran Mamdani en Nueva York, debe centrarse en primer lugar en las medidas sociales y universalistas (coste de la vida, vivienda, transporte, sanidad, escuelas) y demostrar que solo la contribución de los más ricos permite financiar todo ello.

La izquierda también debe basarse en las lecciones de la historia. Ante una deuda pública que ha vuelto a alcanzar máximos históricos, solo una contribución excepcional de los patrimonios privados más elevados permitirá salir adelante.  

La escala del Impuesto de Solidaridad Nacional aplicada en Francia en 1945 ascendía hasta el 20 % sobre los patrimonios más elevados y al 100 % sobre los enriquecimientos más importantes. Se podía pagar en títulos y no contemplaba ninguna exención para los «bienes profesionales» y otras «empresas familiares e innovadoras». En la posguerra, el Lastenausgleich («reparto de la carga») ascendía en Alemania hasta el 50 % para los patrimonios más elevados. El impuesto equivalente alcanzaba el 90 % en Japón.  

 Quienes repiten una y otra vez que sería jurídicamente imposible gravar los patrimonios más elevados y que un impuesto mínimo del 2 % sobre los ultra ricos sería confiscatorio, solo demuestran su profunda ignorancia histórica. Y también su rechazo a cualquier debate racional y sereno, basado en fundamentos empíricos sólidos.  

Más allá de la cuestión financiera, esta contribución de los más ricos también sería una oportunidad para redistribuir el poder económico, concediendo por fin importantes derechos de voto a los empleados en los consejos de administración de las empresas, como se hace en Alemania y Suecia desde los años cincuenta. La riqueza siempre es colectiva: depende de la implicación de miles de personas, y no de unos pocos genios individuales sin los cuales el mundo se derrumbaría. La escala de ingresos se ha dividido por diez en el norte de Europa desde 1910, y este avance hacia la igualdad ha ido de la mano de una prosperidad sin precedentes, como acaba de demostrar un estudio publicado por el Laboratorio sobre Desigualdades Globales.   

 Por último, y quizás lo más importante, la izquierda en Francia, al igual que en Estados Unidos, debe hacer todo lo posible por reducir la brecha territorial. La diferencia electoral entre las clases populares de las grandes aglomeraciones y las de las ciudades medianas y los municipios rurales ha alcanzado niveles desconocidos desde hace un siglo. Las primeras siguen votando a la izquierda, pero las segundas se han decantado mayoritariamente por la derecha. Esto es consecuencia de un profundo sentimiento de abandono por parte de los servicios públicos y de la competencia internacional. Solo reuniendo a las clases populares, como supo hacer en el siglo XX, la izquierda logrará imponer una nueva bipolarización."

( , blog, 11/11/25, traducción DEEPL, enlaces en el original)