"Ya no vendrán más". Con esta palabras, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa anunció el pasado martes que los llamados hombres de negro iban a dejar de visitar España dos veces al año después de que el Estado español haya devuelto más del 75% del préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que recibió en 2012 para rescatar a la banca, y especialmente a Bankia... "Da una apariencia carpetazo a una historia que está lejos de haber sido estudiada, analizada e incluso judicializada"... hay una realidad incuestionable: el Estado no va a recuperar, ni de lejos, todo el dinero público destinado a salvar a la banca. Ésta, por su parte, tampoco va a pagar lo que debería... el Estado ha puesto 58.000 millones de euros de dinero público sobre la mesa para rescatar a la banca desde 2009, pero que hasta ahora solo se han recuperado 6.922... pero la parte del león son las enormes pérdidas de la Sareb y los créditos fiscales monetizables, los DTA... y además están los créditos fiscales que han salvado entre 70.000 y 80.000 millones de euros en activos de los bancos. Muchos de ellos se terminarán convirtiendo en deuda pública cuando llegue 2032... el montante final rondará los 140.000 millones de euros allá por el año 2032... hay una razón para que los bancos no paguen lo que les corresponde: "Ha faltado voluntad política"... la gran mentira de que aquí solo se rescató a las cajas de ahorro controladas por los políticos. Pero la crisis era de todo el sector, incluidos los grandes bancos. Todos estaban en quiebra

 "Ya no vendrán más". Con esta palabras, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa anunció el pasado martes que los llamados hombres de negro iban a dejar de visitar España dos veces al año después de que el Estado español haya devuelto más del 75% del préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que recibió en 2012 para rescatar a la banca, y especialmente a Bankia. El Tesoro realizó este jueves un nuevo pago de 4.575 millones de euros, con lo que ya se han devuelto 34.047 millones de los 41.333 millones que recibió España de las instituciones de la UE. Quedan pendientes de pagar 7.285 millones, que habrá que devolver entre 2026 y 2027.   

El final de las visitas de los hombres de negro tiene una evidente carga simbólica. Oficialmente, desde este jueves 11 de diciembre de 2025, España ya no está bajo supervisión financiera de la Unión Europea por primera vez en 13 años. Como explica el economista Carlos Sánchez Mato, el adiós a los hombres de negro invita a pensar que el Estado español ha terminado de pagar el famoso rescate bancario cuando no es así. "Da una apariencia carpetazo a una historia que está lejos de haber sido estudiada, analizada e incluso judicializada", sostiene Sánchez Mato. 

Porque los hombres de negro no volverán, pero España aún sigue pagando por el rescate bancario, que incluye las ayudas públicas que empezaron en el año 2009 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "El rescate a la banca es mucho más amplio", certifica Sánchez Mato, experto en banca y en las ayudas que históricamente ha recibido el sector. 

La devolución al MEDE avanza a buen ritmo, pero el coste para el Estado es mucho mayor que lo que marca ese préstamo. Las cifras bailan según quien haga las cuentas, pero hay una realidad incuestionable: el Estado no va a recuperar, ni de lejos, todo el dinero público destinado a salvar a la banca. Ésta, por su parte, tampoco va a pagar lo que debería. Aquellas promesas del Gobierno presidido por Rajoy de que el rescate bancario no le iba a costar "ni un solo euro al contribuyente" se diluyeron muy pronto como lágrimas en la lluvia. 

El Tribunal de Cuentas sostiene en su último informe que a 1 de enero de 2022 el rescate a la banca había costado hasta ese momento 71.833 millones de euros. De esa cantidad, 50.622 millones de euros corresponden al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el instrumento creado por el Estado para la reconversión y liquidación de las cajas de ahorros, y otros 21.273 millones son aportaciones de entidades de crédito. Estas cifras, sin embargo, "no pueden considerarse definitivas", advirtió el propio Tribunal de Cuentas la pasada primavera.

Las cifras del FROB son parecidas, pero no exactamente iguales. El organismo informaba el pasado mes de septiembre de que, en total, el Estado ha puesto 58.000 millones de euros de dinero público sobre la mesa para rescatar a la banca desde 2009, pero que hasta ahora solo se han recuperado 6.922, apenas el 11,93% del total. En este sentido, lo acontecido con Bankia es un ejemplo cristalino: de los 22.000 millones destinados a la entidad que presidía Rodrigo Rato, el Estado (que tras la absorción por parte de CaixaBank, tiene una participación del 16,1% en la entidad catalana) espera, en su estimación más optimista, recuperar 9.000 millones de euros. El resto, se ha perdido para siempre. 

En la misma línea que el FROB, el Banco de España nunca se ha mostrado muy optimista respecto a la posibilidad de que el Estado recupere todo el dinero público destinado a mantener los bancos a flote. Entre los años 2013 y 2019, el organismo regulador publicó una nota anual sobre las ayudas financieras a la banca en la que analizaba la situación. Sin embargo, en 2020 dejó de hacerlo. En su última nota sobre este asunto, la del año 2019, el Banco de España asumía que como mucho el Estado iba a recuperar el 21% de todas las ayudas públicas. Desde entonces el organismo regulador ha guardado silencio.

El lastre de la Sareb

Las cuentas de Carlos Sánchez Mato son distintas. A esos 58.000 millones de euros reconocidos por el FROB, él añade los avales y las garantías que en su día exigió el MEDE para prestar dinero al Estado español y que han terminado por engrosar la factura final. Esas condiciones fueron impuestas por escrito en lo que en su día se denominó Memorando de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés). "El MoU suponía poner rodilla en tierra ante Bruselas. Te daban el dinero pero te ponían condiciones y los hombres de negro supervisaban esas condiciones", ilustra Sánchez Mato.

Con su préstamo, el MEDE exigía la creación de la Sareb, que en su día fue bautizado como el "banco malo". Fundado en 2012 con la participación mayoritaria del Estado, la Sareb, acrónimo de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, asumió desde un principio los "activos tóxicos" que la banca no quería (esencialmente inmobiliarios) por valor de más de 300.000 millones. Esos activos han sufrido fuertes depreciaciones con el paso de los años hasta acumular un patrimonio negativo que superaba los 14.000 millones a principios de 2024. Solo en ese año la Sareb sufrió pérdidas netas de 2.826 millones de euros.

"Todavía están cayendo los costes de los avales y las garantías proporcionadas en las operaciones de venta y privatización de las cajas. Aún hay garantías vivas que si no se devuelven por parte de quienes se tienen que devolver, el Estado pringa. Pero la parte del león son las enormes pérdidas de la Sareb y los créditos fiscales monetizables, los DTA", puntualiza Sánchez Mato. Por todo ello, Sánchez Mato ofrece una cantidad alternativa, lo que él considera el "coste real" del rescate bancario: "Hasta el año 2024, 102.000 millones de euros", afirma categórico.

Escándalo

"Pagar el préstamo del MEDE no acaba con el verdadero escándalo que ha supuesto el rescate de la banca en España", añade Sánchez Mato. Este experto calcula que el montante final rondará los 140.000 millones de euros allá por el año 2032, que es cuando terminará de pagarse la factura según estableció en su día el Gobierno de Rajoy. 

"Los 140.000 millones no son una cantidad echada al aire. Las pérdidas de la Sareb van a ir a más, porque ya solo le queda la morralla, y además están los créditos fiscales que han salvado entre 70.000 y 80.000 millones de euros en activos de los bancos. Muchos de ellos se terminarán convirtiendo en deuda pública cuando llegue 2032", afirma Sánchez Mato.

De ese dinero, el Estado va a recuperar muy poco. "Nadie ha dudado nunca de que España iba a poder pagar el préstamo del MEDE. El problema aquí es que no ha pagado quien tenía que pagar [los bancos]", concluye Sánchez Mato. 

El economista asegura que solo hay una razón para que los bancos no paguen lo que les corresponde: "Ha faltado voluntad política". Según su teoría, el coste político del rescate bancario es tan alto, que en los últimos años los Gobiernos de Rajoy y de Pedro Sánchez han decidido echar un tupido velo sobre el asunto y tapar las verdaderas cifras del rescate. 

A todo ello hay que añadir, según Sánchez Mato, la imposición de un relato falso: "Una de las operaciones políticas de mayor calado ha sido establecer la gran mentira de que aquí solo se rescató a las cajas de ahorro controladas por los políticos. Pero la crisis era de todo el sector, incluidos los grandes bancos. Todos estaban en quiebra. Las medidas tomadas durante el rescate y la nacionalización y posterior venta de las cajas salvaron a los grandes bancos", concluye Sánchez Mato." 

(Jorge Otero , Público, 11/12/25) 

Eurostat ha actualizado el balance del coste de la crisis bancaria en los 27 países de la UE entre 2007–2024... El resultado es muy desigual. Un grupo de 17 países han pagado una factura enorme que suma un total de 266.171 millones de euros... El que ha gestionado peor la crisis es España, donde sus ciudadanos han cargado con las mayores pérdidas de toda la Unión, con unos costes de 72.655 millones de euros, el 27% del total... Otros diez países, sin embargo, no han tenido coste alguno o incluso han recuperado con beneficios las ayudas al sector financiero... Ni los banqueros ni los supervisores españoles han explicado tan extravagante anomalía (Andreu Missé)

 "En 2010, en un impulso de loable sinceridad, Mervyn King, gobernador del Banco de Inglaterra entre 2003 y 2013, confesó en una conferencia en Nueva York que “de todas las maneras posibles de organizar la banca, la actual es la peor”. Han pasado 15 años de aquella confidencia y el mundo de las finanzas no parece haber mejorado mucho.

Dos hechos recientes nos han recordado el tremendo coste de la crisis financiera y la falta de transparencia sobre el origen de las exorbitantes ganancias bancarias.

En primer lugar, Eurostat ha actualizado el balance del coste de la crisis bancaria en los 27 países de la UE entre 2007–2024. El resultado es muy desigual. Un grupo de 17 países han pagado una factura enorme que suma un total de 266.171 millones de euros. El que ha gestionado peor la crisis es España, donde sus ciudadanos han cargado con las mayores pérdidas de toda la Unión, con unos costes de 72.655 millones de euros, el 27% del total. Otros diez países, sin embargo, no han tenido coste alguno o incluso han recuperado con beneficios las ayudas al sector financiero. Ni los banqueros ni los supervisores españoles han explicado tan extravagante anomalía.

La segunda noticia es el resultado de una investigación de dos expertos en temas financieros, Carlos Arenillas, ex vicepresidente de la CNMV, y Jorge Pérez, ex jefe de regulación contable del Banco de España, explicitada en Lo que el Banco de España no cuenta, (Cinco Días). Los autores sostienen que el Banco de España pagó a la banca española en 2024 unos 8.000 millones de euros por los 200.000 millones de euros que depositaron en el banco central español. El tipo de interés medio con que fueron remunerados estos depósitos fue del 3,7%. Un rendimiento extraordinario si además se tiene en cuenta que son operaciones sin riesgo alguno. Se trata de un generoso obsequio si se tiene en cuenta que en 2024 los seis mayores bancos españoles obtuvieron un beneficio neto de 16.000 millones de euros netos por sus actividades en España.

Hace unos meses la Fiscalía recurrió al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que había rechazado la demanda de Sumar en la que solicitaba el detalle del reparto de la dádiva entre los distintos bancos. Información que había sido denegada previamente por el Banco de España.

El problema es europeo. El año pasado, un grupo de economistas y eurodiputados, encabezados por los profesores Yuemei Ji y Paul de Grauwe, dirigieron una carta al BCE en la que pedían explicaciones por la falta de transparencia de estas transferencias a los bancos en la UE que superaban los 140.000 millones de euros, comparables al presupuesto europeo que en 2023 fue de 169.000 millones de euros. Su presidenta, Christine Lagarde, justificó estas operaciones para “lograr el mandato de estabilidad de precios en la zona euro... incluso si resulta temporalmente en un aumento de las ganancias financieras para los bancos comerciales”.

Un sistema que acarrea tantos costes a la mayoría y ganancias tan arbitrarias a unos pocos no es mejor que el que describió King. La transparencia financiera se ha convertido en una urgencia."                     ( Andreu Missé , El País, 05/05/25)

Aún pagamos el rescate bancario... El once de diciembre es una fecha que no queremos recordar; es y será durante años un cumpleaños aciago. El estado español, especialmente los autónomos, trabajadores y pensionistas, los que más contribuyen proporcionalmente al erario público, tuvimos que abonar ese día 3.643 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)... la Unión Europea, ese año, facilitó una línea de crédito de 100 mil millones de euros para rescatar a la banca española. El Gobierno del PP utilizó unos 41.333 millones mientras vaciaba la hucha de la Seguridad Social e impulsaba los recortes más draconianos que se recuerdan... el Estado español ha devuelto al organismo comunitario 24.898 millones de euros, (60,2% del préstamo inicial)... debemos 16.400 millones de euros que se abonarán en cuatro pagos anuales. De no hacerlo la garantía ofrecida por el ejecutivo fueron las pensiones públicas... estaba al frente del gobierno Mariano Rajoy, siendo su ministro de Economía Luis de Guindos: los dos afirmaron por activa y por pasiva que el rescate bancario no le costaría ni un euro al erario público. En realidad la financiación de la deuda se hizo también en forma de recortes en pensiones, dependencia, sanidad y educación... el préstamo europeo se destinó a rescatar a Bankia, Catalunya Caixa, Nueva Caixa Galicia, Banco de Valencia, BMN, Caja 3 Liberbank…. Ninguna de estas entidades sobrevivió. Su supervivencia hubiera permitido devolver los créditos europeos. No era este el objetivo del rescate, se pretendía concentrar el capital en muy pocos bancos, controlados todos ellos por los grandes fondos de inversión internacionales. Han sido los auténticos beneficiarios del rescate (Eduardo Luque)

 "El once de diciembre es una fecha que no queremos recordar; es y será durante años un cumpleaños aciago. El estado español, especialmente los autónomos, trabajadores y pensionistas, los que más contribuyen proporcionalmente al erario público, tuvimos que abonar ese día 3.643 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Este instrumento fue creado en 2012 para proporcionar ayuda financiera a los países de la zona euro en dificultas financieras.

Como recordaremos la Unión Europea, ese año, facilitó una línea de crédito de 100 mil millones de euros para rescatar a la banca española. El Gobierno del PP utilizó unos 41.333 millones mientras vaciaba la hucha de la Seguridad Social e impulsaba los recortes más draconianos que se recuerdan.

Fue el ex presidente Zapatero en 2011 quien abrió las puertas a los recortes al modificar, con el apoyo del PP y UPN, el artículo 135 de la Constitución por presiones de Alemania. El cambio constitucional obligó al gobierno a pagar primero las deudas antes que crear y ampliar el colchón social. El PP, cuando llegó al poder, sólo tuvo que seguir el camino iniciado por el PSOE.

Bajo esa premisa el Estado español ha devuelto al organismo comunitario 24.898 millones de euros, (60,2% del préstamo inicial). La cantidad prestada se recibió en dos partes, el Gobierno del PP recibió el 11 de diciembre del 2012 la cantidad de 39.468 millones y el 5 de febrero del 2013 otros 1.865 millones para reestructurar el sector financiero y salvar (que no se hizo) las cajas de ahorro quebradas.

Desgraciadamente aún no hemos acabado de pagar, debemos 16.400 millones de euros que se abonarán en cuatro pagos anuales. De no hacerlo la garantía ofrecida por el ejecutivo fueron las pensiones públicas. En 2027 acabaremos de pagar y comenzaremos a devolver los préstamos Next Generation. Una gran parte de ese dinero, como hemos señalado en múltiples ocasiones, no es a fondo perdido como se nos dijo, hay que devolverlo con intereses y comisiones. 

En 2012 estaba al frente del gobierno Mariano Rajoy, siendo su ministro de Economía Luis de Guindos: los dos afirmaron por activa y por pasiva que el rescate bancario no le costaría ni un euro al erario público. En realidad la financiación de la deuda se hizo también en forma de recortes en pensiones, dependencia, sanidad y educación. Mientras, y en un ejercicio de cinismo a los que nos habituó el expresidente afirmaba: “es un crédito a la banca que va a pagar la banca”. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría apuntaba:[1] “se hace con un objetivo, que no cueste un euro al contribuyente”; por su parte el ministro De Guindos repetía: “esto no cuesta nada a los contribuyentes españoles”. MENTÍAN.

Como recordaremos el préstamo europeo se destinó a rescatar a Bankia, Catalunya Caixa, Nueva Caixa Galicia, Banco de Valencia, BMN, Caja 3 Liberbank…. Ninguna de estas entidades sobrevivió. Su supervivencia hubiera permitido devolver los créditos europeos. No era este el objetivo del rescate, se pretendía concentrar el capital en muy pocos bancos, controlados todos ellos por los grandes fondos de inversión internacionales. Han sido los auténticos beneficiarios del rescate puesto que prácticamente todo corrió a cargo del erario público. Los fondos como BlackRocK o Vanguard se han posicionado con tal intensidad que hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que son los que dirigen el sistema político y financiero en nuestro país.

Finalmente los grandes bancos adquirieron o absorvieron a bajo costo las instituciones en riesgo. El caso de la absorción de Bankia por la Caixa fue paradigmático. La Caixa se quedó con enormes activos inmobiliarios que ahora están revalorizándose. Su venta, sobre todo en las grandes urbes, genera unos dividendos extraordinarios a los que el gobierno de turno renunció a cobrar. El “gobierno progresista” no quiso construir una banca pública sobre la extinta Bankia. Nuestro país es de los pocos que no tienen banco público digno de ese nombre. Paradójicamente ministros que procedían de IU e incluso situados más a su izquierda callaron, desaparecieron y enmudecieron por el foro. El debate no era ese, estaba ocupado por el problema “Trans” y la cultura de la cancelación.

Pero todo esto no es suficiente para el capital transnacional. Era necesario limitar aún más el margen de maniobra de los gobiernos; así la Unión Europea decidió que se deben sumar como deuda pública los activos inmobiliarios de todas las cajas quebradas. Al desprenderse el Estado español de estos activos y haber asumido su rescate, la Unión Europea nos impone que sean considerados como déficit público. Como consecuencia la deuda pública crece. De ello se deriva una paradoja; la Unión Europea nos puede llegar a multar por un déficit excesivo siendo ella la responsable en parte del mismo. Para sumar un despropósito sobre otro, ahora se impone la vuelta al ajuste financiero del 3%. Es el argumento que utilizará la UE, si es que sobrevive a la crisis ucraniana, para promover nuevas políticas de ajuste.

Es sangrante observar cómo la mayor parte del dinero inyectado se ha perdido para siempre.  Como decíamos, uno de los casos más paradigmáticos fue  el de Bankia. El gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, hizo un regalo mayúsculo a la Caixa que pudo absorberlo a coste cero, al igual que había sucedido con otras entidades cuando gobernaba el PP. El rescate bancario bajo Rajoy nos había costado 32.610 millones. De ese dinero se dieron por perdidos (en palabras de Nadia Calviño, la ex ministra) 28.133 millones (el 86,2% del total). En este país estamos muy acostumbrados a socializar las pérdidas y a privatizar las ganancias.

La gran paradoja es el estruendoso silencio de la izquierda política y sindical. La lucha cainita y el relato electoral les ocupan todas las energías. Es por eso que nadie menciona el enorme desfalco a las clases trabajadoras y a los pensionistas que ha supuesto la “salvación” de la banca. Nadie, a la izquierda a la izquierda del PSOE, exige responsabilidades. Estamos huérfanos de alternativas. La izquierda, como lo definiría Domenico Losurdo, está ausente del debate social."                              ( Eduardo Luque , El Viejo Topo, 14/02/24)

El último revés judicial a la gestión económica del PP de Rajoy agrava el agujero millonario que dejó de herencia... El Estado perdió 50.000 millones en el rescate a la banca de 2012, tuvo que engordar su deuda otros 35.000 en 2022 tras el fiasco de la Sareb, ha tenido que pagar sanciones, devolver el canon de las eléctricas y ahora tendrá que restituir las subidas de impuestos a las empresas que las reclamasen... una primera aproximación apunta que podría ser alrededor de 7.000 millones, aproximadamente, un 0,5% del PIB

 "El último revés judicial a la gestión económica de los gobiernos del Partido Popular (PP) que presidió Mariano Rajoy durante la crisis financiera agrava el agujero millonario que dejaron de herencia a los siguientes ejecutivos y a las arcas públicas. Este jueves, el Tribunal Constitucional decidió tumbar una de las medidas que tomó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda en 2016 para cumplir con los objetivos de déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado): limitar las deducciones de las grandes empresas.

La cantidad total que tendrá que restituir el nuevo de Gobierno de coalición a las compañías que reclamasen estas subidas de impuestos, según lo prevé la sentencia del Tribunal Constitucional, se desconoce. “Tenemos que analizar la resolución”, aseguran fuentes del actual Ministerio de Hacienda de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Pero una primera aproximación, si se asume que todas las empresas han reclamado, apunta que podría ser alrededor de 7.000 millones, si se atiende a los 1.000 millones que Hacienda reconoció que se ingresaron extraordinariamente con el Impuesto de Sociedades en 2016, y se multiplica por los 7 años que ha estado vigente esta medida, de 2016 a 2023.

Aproximadamente, se trataría de un 0,5% del PIB (Producto Interior Bruto), cuando el objetivo es volver a dejar el déficit en el 3%, según obligan las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), a partir de este 2024.

Fue la Audiencia Nacional la que cuestionó esta norma y llevó el asunto hasta el Tribunal Constitucional al entender que un Real Decreto-Ley no podía regular “elementos esenciales del Impuesto de Sociedades”, que solo se podría transformar a través de una norma con rango superior de ley. Un motivo similar que llevó al mismo tribunal a anular otra reforma fiscal de Montoro de ese mismo año: el pago adelantado del Impuesto de Sociedades.

Otra de las grandes medidas de Cristóbal Montoro y el ejecutivo de Mariano Rajoy que tumbó el Constitucional fue la amnistía fiscal de 2012, a la que según los datos de Hacienda se acogieron en torno a 30.000 españoles. En ese caso el pleno también declaró su inconstitucionalidad pero limitó los efectos a los que no hubieran regularizado su situación para preservar la “seguridad jurídica”.

El rescate a la banca que no iba a costar ni un euro

A la cantidad que cueste la sentencia reciente del Tribunal Constitucional hay que sumarle otras derrotas judiciales en España y en la UE de decisiones que tomaron Rajoy y sus principales responsables económicos, como Montoro o Luis de Guindos, que hoy es vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Este último y la vicepresidenta de aquel momento, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaron en 2012 el histórico rescate a la banca “que no costaría ni un euro” de dinero público, según aseguraron entonces. Finalmente, implicó cerca de 50.000 millones en pérdidas para el Estado, según ha contabilizado el Banco de España.

En 2022, también por culpa de la gestión del rescate, el anterior Gobierno de coalición tuvo que engordar la deuda pública de nuestro país en otros 35.000 millones. En este caso, por el fiasco de la Sareb, conocida como el “banco malo”, según exigió Eurostat (la institución de estadística de la UE). La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se diseñó para asumir el ladrillo tóxico de la banca rescatada, bajo control privado. Sin embargo, fracasó y desde el mismo 2022 ha quedado en manos públicas.

A este fracaso contribuyeron la polémica gestión de los contratos con terceros —los llamados servicers— para dar salida a esa cartera de inmuebles y un derivado para cubrirse de teóricas subidas de tipos de interés que dio como resultado unas pérdidas de 3.000 millones. Ese swap se contrató durante la presidencia de Belén Romana, de la máxima confianza de Luis de Guindos y hoy consejera del Banco Santander.

Modelo 720

También data de 2012 otro fiasco de la etapa Rajoy que supone otro roto millonario para las cuentas públicas. También fue obra de Cristóbal Montoro, el ministro que batió el récord de permanencia en la cartera de Hacienda y que en 2010, cuando estaba en la oposición, pronunció aquel “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros” mientras el país se asomaba al rescate por la crisis de deuda soberana.

A principios de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbaba el “desproporcionado” régimen sancionador que impuso hace una década Montoro para aflorar la existencia de bienes ocultos en el exterior: el denominado modelo 720.

Este mecanismo, que ha permitido aflorar bienes en el extranjero por valor de 225.200 millones, y que la Comisión Europea exigió a España modificar en 2017, aparejaba la amenaza de fuertes multas por la omisión o falta de datos, se lanzó en paralelo a la polémica amnistía fiscal.

Por un lado, se ofrecía un caramelo a los defraudadores que, a través del llamado modelo 750, regularizaran su situación con esa medida de gracia, que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional sin consecuencias para sus beneficiarios, que pudieron aflorar activos ocultos pagando un exiguo 3%.

Por otro, el modelo 720 impuso duras penalizaciones a los contribuyentes que ocultasen o declarasen fuera de plazo bienes en el extranjero con un valor superior a los 50.000 euros.

Con ese régimen sancionador, “extremadamente represivo”, según el TJUE, los bienes y derechos no declarados se consideraron ganancias patrimoniales no justificadas, con sanciones por el 150% de su valor y sin posibilidad de prescripción. En 2023, Hacienda reconoció la “nulidad absoluta” de las sanciones, y abrió la puerta a reclamar su devolución, que podría alcanzar hasta los 70 millones en total.

El IVA de las CCAA

Hace dos años, Hacienda también resolvió otro “problema heredado” del Gobierno de Rajoy, al compensar a las comunidades autónomas con 3.000 millones por el IVA que dejaron de recibir por el ejercicio 2017.

Montoro implantó entonces un nuevo sistema electrónico (el Suministro Inmediato de Información o SII) para gestionar el cobro de ese tributo que hizo que las autonomías acabaran ingresando 11 meses de IVA en lugar de 12 por ese ejercicio. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez no dio solución al problema, al condicionar la devolución de ese dinero a tener aprobados unos Presupuestos, varias comunidades autónomas recurrieron ante el Tribunal Supremo. Finalmente, el Alto Tribunal reconoció en 2021 el derecho a ser compensadas Castilla y León y Galicia, ambas gobernadas por el PP, abriendo la puerta a una catarata de reclamaciones.

Como resumió gráficamente un fiscalista que conoce las tripas de la Administración, Montoro “hizo el animal, pero cuadró las cuentas y el marrón se lo come ahora otro”.

Canon hidroeléctrico

Otra sentencia similar fue la que dictó el Tribunal Supremo sobre el canon hidroeléctrico que aprobó el Gobierno del PP, de nuevo, en 2012, aunque no se implementó hasta 2015. En abril de 2021, el Tribunal Supremo daba la razón a las eléctricas en una decisión que ha obligado a devolver a las compañías del sector 1.907,67 millones por la recaudación de ese canon entre 2013 y 2020. Ese importe se reintegró a las empresas en plena crisis de precios de la luz y se cargó al déficit público, mediante un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de finales de 2021 para autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia.

El canon grava con un 25,5% la facturación por la producción de las centrales de mayor tamaño. Lo puso en marcha el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, para atajar (se dijo en su momento) el multimillonario déficit de tarifa del sistema eléctrico, aunque los fondos van a parar al Tesoro Público.

Cuando trascendió la sentencia del Supremo, se cifró la devolución en 500 millones, y posteriormente, en 1.400 millones, pero la cifra final ha sido muy superior. El Alto Tribunal no anuló el canon como tal, pero sí su carácter retroactivo (los ejercicios 2013 y 2014) y decretó que las Confederaciones Hidrográficas (encargadas de recaudarlo) no pueden reclamárselo a aquellas concesiones cuyos titulares no dieran su visto bueno expreso, cosa que no ocurrió.

Castor y autopistas

También emana de otra sentencia del Supremo uno de los más polémicos agujeros relacionados con el sector energético: el pago a la banca de la indemnización de 1.350 millones de euros que adelantaron las entidades a ACS por el fallido almacén de gas Castor. Es el dinero que el Alto Tribunal obligó al Estado a abonar a finales de 2020 a Santander y CaixaBank tras cancelarse los pagos, a través del recibo del gas, del adelanto que hicieron a la promotora del almacén por su clausura en 2014.

La indemnización deviene de la resolución de adjudicación del silo en 2008, con el socialista Miguel Sebastián como ministro de Industria, que incluía una cláusula por la que en caso de extinción de la concesión, ACS tendría derecho a recibir una compensación aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.

Pero el importe acabó asumiéndolo el Estado porque, cuando se decidió hibernar la instalación en 2014, tras una sucesión de terremotos, el entonces ministro José Manuel Soria aprobó a toda prisa un Real Decreto-Ley para indemnizar a ACS cargando su coste, con intereses, a la tarifa del gas. El decreto fue declarado inconstitucional en 2017, lo que dejó sin cobertura los pagos que hasta entonces se habían hecho a la banca.

Al agujero del Castor se suman las millonarias reclamaciones en tribunales de arbitraje de inversores afectados por los recortes a las renovables, que llegaron a alcanzar los 10.000 millones de euros, de los que hasta ahora se ha evitado el pago de 6.100 millones, según el Ministerio para la Transición Ecológica; o los más de 500 millones que hubo que devolver a las eléctricas por el bono social vigente entre 2013 y 2016, aunque en este caso el importe lo costearon los consumidores de electricidad. Y está por determinar la factura del rescate de las autopistas de peaje quebradas por la crisis financiera de 2008 y actualmente en manos del Estado, que “no costará un euro al ciudadano”, según dijo a finales de 2013 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

El anterior Gobierno de coalición calculó a finales del año 2021 un coste provisional de 1.021 millones, una estimación que está sujeta a un largo proceso administrativo y judicial, resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requieren las infraestructuras, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones de terrenos y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.

Esos más de 1.000 millones son un cálculo a la baja, dado que el propio Gobierno reconoció que la factura final podría situarse en hasta 3.305 millones. Los acreedores, fondos de inversión y constructoras, aseguran que las compensaciones podrían ascender a 4.500 millones. Aquí PSOE y PP también se culpan respectivamente del fiasco. Los socialistas lo atribuyen al modelo privatizador de José María Aznar, responsable de promover esas infraestructuras. Y los populares, a la falta de celo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de pleitear en los tribunales por los sobrecostes de los terrenos expropiados, lo que benefició a familias como los Franco, los Serrano Suñer o los Abelló."                      (Daniel Yebra / Antonio M. Vélez, eldiario.es, 18 de enero de 2024)

España pagó 3.643 millones más del rescate bancario que no era un rescate y que no nos costaría nada

 "En junio de 2012, España enfrentaba una crisis financiera que amenazaba con hacerla colapsar. Los rumores sobre la posible ruptura del euro y las crecientes dudas sobre la salud de su sector bancario, destrozado por la burbuja inmobiliaria, llevaron al gobierno de Mariano Rajoy a pedir ayuda a la Unión Europea. Para evitar el coste político de una nefasta gestión, se prometió a la nación que el rescate no costaría un euro a los contribuyentes. Sin embargo, estas palabras eran meras promesas vacías. El rescate bancario en España ha tenido un precio, y es un precio que el pueblo español sigue pagando.

Mariano Rajoy afirmó que no era un rescate, era «un crédito a la banca que va a pagar la banca». La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró que se hacía con el objetivo de que «no costara un euro al contribuyente». Estas afirmaciones eran tranquilizadoras en un momento de crisis, pero resultaron ser falsas. Se rescataron bancos, empresas privadas, y el coste lo asumimos entre todas y todos.

El Tesoro español ha pagado hasta la fecha 24.898 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), lo que representa el 60,2% de la ayuda total recibida. Además de estas cifras astronómicas, se han pagado unos 3.276 millones de euros en intereses y comisiones entre 2012 y 2023. Quedan pendientes otros 16.435 millones de euros, que deben ser reembolsados en los próximos años, junto con intereses adicionales.

La triste verdad es que la mayoría del dinero inyectado en el rescate bancario se ha perdido para siempre o es de difícil recuperación. De los 24.096 millones de euros aportados a Bankia, solo se consideran recuperables unos 6.340 millones. Los 2.192 millones inyectados a la Sareb se han dado por perdidos. Del rescate a otras entidades, se han perdido 28.133 millones, el 86,2%. Este dinero podría haber aliviado la factura del MEDE y habría ayudado a sanear las finanzas públicas.

La historia del rescate bancario en España debe servir como recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión financiera del país. Las promesas de que el rescate no costaría nada resultaron ser una falacia, y el pueblo español está pagando las consecuencias. Es fundamental aprender de estos errores para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro y para exigir responsabilidad a quienes tomaron decisiones erróneas.

El rescate bancario en España fue acompañado de promesas de que no tendría costo para los ciudadanos, pero la realidad es que ha dejado una factura astronómica que el país sigue pagando. La falta de transparencia y la negación de la verdad no son la forma de abordar los problemas financieros. Aprender de estas lecciones es crucial para garantizar un futuro financiero más sólido y para asegurarse de que las promesas vacías no vuelvan a engañar al pueblo español."

(Javier F. Ferrero. Attac España, 03/01/24; Artículo original publicado en spanishrevolution.net)

España acumula un déficit de 74.000 millones en sus cuentas por el rescate bancario 15 años después... La factura sigue aumentando año tras año

 "La factura para España del rescate bancario sigue aumentando año tras año cuando se van a cumplir 15 desde el estallido de la crisis financiera de 2008. Eurostat acaba de actualizar el gasto de los países europeos en los programas de apoyo al sector financiero desde entonces y hasta el cierre de 2022. El organismo ha cifrado en más de 74.000 millones de euros el déficit acumulado por España en este periodo por la diferencia entre lo que inyectó en el sector y lo que ha ingresado por ello. Es el mayor desfase absoluto registrado en Europa y el sexto si se pone en relación con el PIB del pasado año. 

 Eurostat, el organismo estadístico de la Comisión Europea, emitió hace unos días el informe anual de evolución de deuda y déficit de los países europeos que incluye un capítulo concreto para analizar la evolución de los programas de apoyo al sector financiero que se han realizado desde 2008. El informe cifra en algo más de 89.700 millones de euros el gasto que ha tenido que asumir entre 2008 y 2022 España por los programas de inyección al sector financiero, siendo el grueso, el de 2012. Aquel fue el año, entre otros, del rescate de Bankia, CatalunyaCaixa o Banco de Valencia. Esta cifra absoluta también incluye lo destinado a la Sareb, que fue registrado en 2021 como deuda pública. En este proceso, el Estado solo ha ingresado 15.475 millones. De ahí el resultado del desfase de más de 74.000 millones.

 España se mantiene así a la cabeza de los países de la UE en términos absolutos. Está por delante de los 49.000 millones de Irlanda o de los 48.000 millones de desfase en Alemania. Sin embargo, el informe de Eurostat da unos datos llamativos respecto a un pequeño grupo de países que ha logrado obtener superávit entre lo que gastó en inyecciones al sistema bancario y lo que ha recuperado por los ingresos y comisiones que ha percibido por aquellos instrumentos de ayuda a la banca. Destaca especialmente Francia, con más de 2.000 millones de saldo positivo o los 1.500 millones de Dinamarca.

España arrastra todavía los efectos de un delicado rescate bancario, cuyos efectos siguen generando gastos para el erario público. El Gobierno del PP de Mariano Rajoy puso en marcha este proceso de reestructuración bancaria asegurando que no le costaría ni un euro a los contribuyentes. La envergadura del gasto acumulado por España, los más de 89.000 millones, es difícilmente comparable con el de Francia, cuyo desembolso acumulado apenas supera los 10.000 millones, según el propio estudio de Eurostat. Fue esta agencia la que en 2021 obligó al Estado español a hacer propia la deuda de la Sareb, ya que estaba completamente avalada por las cuentas públicas.

Este año se cumplen tres lustros desde que el colapso de Lehman Brothers diera inicio a la mayor crisis financiera de las últimas décadas. Los estados realizaron fuertes desembolsos durante los años siguientes con distintas estructuras de rescate al sector bancario para evitar que se contagiara al conjunto del sistema. La caída del sector en España se produjo unos años más tarde, en 2012 y acabó con un rescate europeo con fondo de hasta 100.000 millones de euros.

El Estado, a través del FROB, inyectó miles de millones de euros en cajas de ahorros que fueron obligadas a fusionarse y a convertirse en bancos, algunas de ellas acabaron siendo absorbidas por entidades de mayor tamaño. Esto produjo un rápido proceso de concentración, que se ha cerrado recientemente con las operaciones de CaixaBank y Unicaja, y fuertes pérdidas para el Estado. Actualmente, el FROB solo cuenta con dos grandes activos para tratar de reducir su coste del rescate: el 17% de CaixaBank y algo más del 50% de la Sareb, el conocido como banco malo.

¿A qué se han destinado estos 89.000 millones de gasto en España? La parte principal del gasto se produjo en apenas cuatro ejercicios. Fueron las inyecciones de capital, las que sumaron más de 47.700 millones de euros entre 2011 y 2014. Aquí se encuadran los rescates propiamente dichos, las tomas de control en grupos como Bankia o BMN. El resto se reparte entre compras de activos, como el caso de la Sareb, que pese a que nació como entidad privada ya es considerada pública, o el pago de intereses. (...)

 Eurostat señala que España sigue aumentando su déficit, aunque este aumento se ha frenado en el último año. En concreto, el pasado ejercicio sumó 967 millones al cálculo que hace la agencia estadística sobre el desfase en las cuentas que han generado las ayudas al sistema financiero, el nivel más bajo desde que el Estado entró en tromba en entidades como Bankia o Banco de Valencia. Fue el resultado de un gasto que superó los 1.400 millones y unos ingresos de algo más de 440 millones."                 (Diego Larrouy, eldiario.es, 24/05/23)

La información correcta es: "Bruselas obliga a España a contabilizar como deuda pública el agujero del Sareb de más de 35 mil millones junto a los más de 65 mil millones del rescate bancario"... Entre una y otra los bancos eapañoles nos adeudan 100 mil millones, pero no disponemos ni de una vivienda del tremendo stock del que dispone el Sareb para proyección oficial o alquiler

Carlos Cagigal @CcagigalNeira

 La información, analisis e interpretación son totalmente erróneos. No es "Bruselas obliga a España a contabilizar como deuda pública el agujero del Sareb estimado en más de 35 mil millones de €".

La información y datos correctos son "Bruselas obliga a España a contabilizar como deuda pública el agujero del Sareb de más de 35 mil millones junto a los más de 65 mil millones del rescate bancario".

Entre una y otra los bancos eapañoles nos adeudan 100 mil millones, pero no disponemos ni de una vivienda del tremendo stock del que dispone el Sareb para proyección oficial o alquiler social. Eso sí, las deudas nos la comemos los españoles. Luego no hay para sanidad y educación. 

5:42 p. m. · 26 mar. 2021
34 Retweets 58 Me gusta

Recordando con Daniel Bernabe los años negros del rescate...

 Dice Daniel Bernabé (1) que si la situación del país no fuera tan desastrosa, nunca nos hubiésemos enterado de la gigantesca estafa que fué la salida a bolsa de Bankia. Nos enteramos porque el capitalismo especulativo ya se devoraba a sí mismo.

Siguió la suspensión de la soberanía española en manos de los 'hombres de negro' de la Troika, que presentaron un memorando de obligado cumplimiento por el que nos obligaban a recoretar. En caso de no aceptarlos, España no tendría financiación, el país entraría en bancarrota, y sufriría un 'corralito'.

20 páginas que contenían 32 puntos:  

"La Troika aterriza en España. Se congelan las pensiones, se recorta la prestación de paro, se ajusta la plantilla de sanidad y educación y se aprueban las mayores subidas de impuestos de la historia reciente. La crisis se recrudece." (El País) 

 En resumen, nos imponen la reforma de la Constitución para incluir el artículo 135 que obliga al pago prioritario de la deuda,  y un techo de gasto. Esto con Zapatero.

Con Rajoy, los recortes llegan a límites brutales, austericidas, una reforma laboral que aplasta los derechos de los trabajadores por completo, y se desarrolla la entrega de nuestra soberanía que pasa a manos de organismos internacionales, que piden seguir recortando.

Mientras los especuladores internacionales se estaban haciendo de oro. 

Después del austericidio, destruida España y Grecia, todo se calma...

 "(...)  Y entonces ocurrió el Merkozy. En noviembre de 2010, la canciller Merkel y el presidente Sarkozy escenifican su idilio político paseando por las playas de Deauville. Ahí anuncian que la deuda pública encajaría quitas y que cada país apechugaría con sus bancos. La traición a la periferia se consuma, los mercados entran en pánico y la bala de plata con la que querían matar las crisis acaba siendo un tiro en el pie. Desde ese instante, los salvamentos se suceden generando el efecto contrario al deseado: ahuyentan a los inversores que querían atraer.

En ese contexto, las cajas de ahorros españolas iban cayendo. Sin una gobernanza que generase credibilidad y sin la capacidad para buscar capital en los mercados, lo tenían difícil para refinanciarse al tiempo que estaban atrapadas en el inmobiliario. Primero fue CCM en marzo de 2009. Luego Cajasur y la CAM. (...)

La solución escogida consistió en crear grupos más grandes. Pero con esa estrategia se terminó con conglomerados zombi apoyados en una contabilidad creativa que no reconocía las pérdidas. Se había perdido la oportunidad de recapitalizar cuando se podía. El riesgo bancario y el soberano caminaban de la mano hacia el abismo.

Y la incertidumbre arreció todavía más cuando ganó el PP las elecciones en diciembre de 2011. Nada más tomar posesión como ministro, Luis de Guindos declaró al Financial Times que la banca española precisaba 50.000 millones. Y lo anunció sin dar pista alguna de cómo se iban a conseguir esos fondos. Los decretos conocidos como Guindos I y II forzaron a las entidades a reconocer el valor perdido del inmobiliario. Pero no decían de dónde se obtendrían los recursos necesarios para sanearse. 

Tan sólo se abría la puerta a más fusiones. El ministro incluso manifestó en el Congreso que la crisis bancaria no costaría “un euro” al contribuyente. Pero el mercado no se lo creía. Entre enero y mayo de 2012, la prima de riesgo escaló desde los 300 a los 550 puntos. En medio de la vorágine, las casas de análisis estimaban que la banca española precisaba entre 50.000 y 250.000 millones.  (...)

En muy poco tiempo, el ministro pacta con el FMI que se señale a Bankia. A partir de ahí, el clamor para intervenir la entidad se extiende por Europa. Casi 250.000 millones de euros salen de España durante la primera mitad de 2016. Solo el BCE mantiene a los bancos que, a su vez, compran deuda pública con esa liquidez.

En el culmen de la crisis de Bankia, el auditor Deloitte se niega a dar el visto bueno a las cuentas, y el ministro rechaza un plan de salvamento presentado por Rato y valorado en 7.000 millones. Rato se ve abocado a la dimisión. Y la entidad se nacionaliza. El reemplazo elegido es un banquero que brinde credibilidad: José Ignacio Goirigolzarri, que pide 19.000 millones adicionales.

Todo ese ruido sobre Bankia echa más leña al fuego de la prima de riesgo, y la entidad se señala como el talón de Aquiles del euro. Pero España era demasiado grande como para ser rescatada con una mera línea que costease todas sus necesidades. De modo que se opta por un crédito limitado exclusivamente a los bancos.

 El 9 de junio de 2012 España pide el rescate.  (...)

La Troika aterriza en España. Se congelan las pensiones, se recorta la prestación de paro, se ajusta la plantilla de sanidad y educación y se aprueban las mayores subidas de impuestos de la historia reciente. La crisis se recrudece.

Para asegurar a los inversores, dos consultoras, cuatro auditoras, el BCE y el FMI revisaron los números de la banca española. Tras las valoraciones, la cifra que se pidió al mecanismo de rescate bancario ascendió a los 41.333 millones, de los que Bankia se llevó 17.959 millones, que se sumaron a los 4.465 millones ya puestos. Como parte del rescate, se impuso la creación de un banco malo que extirpase los activos inmobiliarios de las entidades.

Sin embargo, las tensiones no amainaron. En el fondo, los inversores presionaban para que Alemania respaldase las deudas de toda Europa. Tras muchos contactos de alta política entre bastidores, el 26 de julio Mario Draghi pronuncia su ya famoso “haré lo que sea necesario” para salvar el euro. EE UU presiona para mantener a Grecia en la moneda única. 

A finales de agosto, el entonces primer ministro chino, Wen Jiabao, traslada en Pekín a Merkel que no podía seguir comprando deuda europea si se dudaba de la pervivencia del euro. Finalmente, a la vuelta de ese verano, Berlín da un giro y expresa su intención de mantener a Grecia en el euro. Y eso empieza a calmar las aguas. (...)"              (Antonio Maqueda, El País, 09/06/17)

 (1) Notas de lectura de: Daniel Bernabé: La distancia del presente. Auge y crisis de la democracia española (2010-2020). Ed. Akal, 2020; págs. 84-87)

La Troika impuso la rebaja de la pensión media, así como la elevación de la edad de jubilación

"(...) Hoy día es conocido que tras el 10 de mayo de 2010, la famosa Troika impuso una serie de medidas restrictivas en el marco de intervención de facto de la economía española. 

Estas medidas incluían una rebaja sustancial de la pensión media, así como la elevación de la edad de jubilación, aspectos que fueron aprobadas por el Presidente Zapatero y luego complementadas por Rajoy. 

El invento del método de revalorización de las pensiones fue diseñado por Bruselas y ha sido impuesto a todos los pensionistas, a lo que hay que añadir la implantación del copago en medicamentos y servicios médicos que antes eran de provisión universal sin participación de los usuarios.

Respecto al desempleo, es conocida la postura de dirigentes como Alvaro Nadal sobre la urgencia de la reducción de las prestaciones por desempleo ya que se considera un freno para la búsqueda activa de empleo, lo que está lanzando a un buen número de desempleados al abismo de la exclusión social. 

En concreto en el presupuesto de 2015, ya se incorporó una reducción de 6.000 millones  en la partida destinada al desempleo, lo que sin duda poco a poco va a lograr el sueño de muchos liberales que admiran el modelo anglosajón en el que apenas hay subsidios de desempleo. (...)"       (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 15/02/2015)

Rajoy prefirió una deuda inasumible al rescate. Con el rescate no hubiéramos devuelto ni un solo euro a la banca alemana, francesa y holandesa

"Rajoy, cuyo único legado es haber empobrecido y endeudado brutalmente a varias generaciones de españoles, protagonizó la mayor farsa jamás contada: “La gran decisión de la legislatura fue evitar el rescate”, algo que será nuestra ruina.

El déspota provinciano Rajoy –“no vuelva usted por aquí”, le dijo a Sánchez, como si el Parlamento fuera su cortijo– prefirió arruinar el futuro de la nación contrayendo una deuda monstruosa a pedir un rescate que le obligaba a un recorte drástico del gasto político, de las redes clientelares, de las subvenciones a los oligarcas y de la corrupción de la que él y el PP han sido beneficiarios principales, algo a lo que no estaba dispuesto porque constituye la base misma de su poder.

 “Nos negamos a salir de la crisis a expensas de los pensionistas, de los parados o de la caja de la Seguridad Social”. No cabe más desvergüenza ni mayor miseria moral. A Rajoy le importan un pimiento los pensionistas, los parados, el haber expoliado a la clase media o haber llevado a millones a la pobreza y la exclusión social.

La troika solo exigía dos cosas: acabar con el déficit público y conseguir un superávit primario (descontando los intereses de la deuda). Pero Rajoy puso “líneas rojas que no se podían traspasar”, y dejó clara su decisión cuando se le pidió cortar el despilfarro y el tamaño del Estado: “Eso ni se toca”. Y no dudó ni un segundo en escoger la otra alternativa: el endeudamiento masivo de los españoles a través de la barra libre del BCE que puso en marcha Draghi.

Todos los indicadores económicos y sociales han empeorado con Rajoy (...)

La primera y devastadora consecuencia de no haber sido rescatados ha sido que España no va a tener quita alguna de deuda. En ese momento la deuda ascendía a 811.691 millones de euros. Grecia consiguió una quita del 70%, pero aún con un 50%, nuestra deuda se habría reducido en 400.000 millones. 

Con el rescate no hubiéramos devuelto ni un solo euro a las cajas alemanas, francesas y holandesas, que ni siquiera experimentaron quita alguna, al contrario que en el resto del mundo. Solo Rajoy, el monaguillo de Merkel, va a pagar hasta el último céntimo. A cambio ha pedido que se nombre a De Guindos presidente de la Comisión: veremos si Merkel, al contrario que Roma, sí paga a los traidores.

Tampoco habríamos subvencionado con ríos de dinero público a los grandes banqueros para que se apropiasen de las cajas de ahorro, que eran el 51% del sistema financiero, lo que les ha permitido crecer espectacularmente. Ni tampoco hubiéramos tenido que pedir un rescate financiero de 43.000 millones para salvar la ruina de Bankia y el robo de Sareb, dos desastres impulsados por De Guindos, el capo de Lehman Brothers España que engañó y arruinó a miles de inversores.

 Más de 250.000 millones de la nueva deuda habrían sido para pagar los desafueros de los banqueros y los oligarcas del IBEX, una deuda ilegítima que España debe renegociar como sea. El crédito ilimitado de BCE permitió y sigue permitiendo a Rajoy mantener el monstruoso tamaño del Estado, aprobar presupuestos desequilibrados y no afrontar ni una sola de las reformas estructurales imprescindibles.

El gasto clientelar, con legiones de enchufados, con miles de empresas públicas innecesarias, miles de coches oficiales, despachos de lujo, viajes y tarjetas oro sin control, que habría tenido que desaparecer con el rescate, se ha mantenido intacto.

 Y para colmo se ha puesto en marcha un programa masivo de ayuda a las CC.AA. y entidades locales más endeudadas y peor gestionadas de 110.000 millones de euros, donde las más despilfarradoras y corruptas han sido premiadas –40.000 millones a la Generalitat catalana– recibiendo más dinero aún a interés cero, unos préstamos que jamás serán devueltos. 

Sin embargo Rajoy sí ha realizado recortes drásticos en gasto social: 10.000 millones de euros en la enseñanza y 20.000 millones en sanidad y en dependencia, donde cien mil dependientes han muerto desde que gobierna, esperando una ayuda reconocida que nunca llegó. (...)"               (Rajoy prefirió una deuda inasumible al rescate, de Roberto Centeno en El Confidencial, en Caffe Reggio, 02/03/2015)

La UE mantendrá a España bajo vigilancia hasta que devuelva el 100% del rescate... hasta 1927

"El fondo de rescate de la UE (MEDE) mantendrá su vigilancia sobre España hasta que devuelva la totalidad de los 41.300 millones de euros del rescate bancario -lo que está previsto que suceda en 2027- y verificará cada vez que haya un vencimiento que el Gobierno cuenta con los recursos suficientes y ha presupuestado el pago, según ha anunciado este lunes su director, Klaus Regling. 

El control del MEDE se sumará a la supervisión de la Comisión Europea, que enviará dos misiones al año a Madrid -y al resto de países que pongan fin a sus programas de rescate, como Irlanda- hasta que se reembolse el 75% del rescate bancario.

"La idea es garantizar que los países paguen. Tendremos que estar allí hasta que se devuelva todo. La vigilancia de la Comisión termina cuando se paga el 75% del préstamo. Nosotros tenemos un mandato más estrecho pero estaremos en Irlanda, en España y en el resto de países", ha explicado Regling en rueda de prensa al término de la reunión del Eurogrupo.

El MEDE trabajará con un sistema de "alerta temprana" según el cual "hará análisis cada vez que venza un pago, que en algunos casos es trimestralmente, de si el dinero está disponible y previsto en el presupuesto". "Tenemos que proteger los recursos del fondo de rescate", ha alegado su director.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha explicado al Eurogrupo que las dos misiones al año que Bruselas enviará a España, Irlanda y el resto de países que salgan de sus rescates examinarán "la situación económica, presupuestaria y financiera".

"Para ser claros, la vigilancia posterior a los programas no implica nuevas condiciones", ha resaltado Rehn, que ha aclarado que Bruselas trabajará de forma "pragmática" para evitar que se dupliquen los procedimientos de control. (...)"        (Público, 09/12/2013)

Bruselas aprueba que los depósitos de más de 100.000 euros pagarán en el futuro rescate español (o italiano)

"Los depósitos inferiores a 100.000 euros serán los únicos que estarán totalmente protegidos ante futuros rescates bancarios. La Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara ha aprobado que los grandes depositantes también tengan que pagar en el salvamento de los bancos, como adelantó hace un mes este medio. 

 Así aparece en el texto de compromiso de la directiva de resolución bancaria que se aprobó, el pasado lunes, en Bruselas, según confirman fuentes comunitarias.

Los depósitos aparecen en el último grado de prelación en el ejercicio de 'burden sharing' (quitas), tras los accionistas, titulares de poductos híbridos y bonistas. De hecho, estas pérdidas se asumirán sólo como "último recursos" para la recapitalización de los bancos en los que estuviese ingresado ese pasivo. 

Bruselas quiere adoptar esta medida para limitar el impacto en la hucha del Fondo de Rescate (MEDE) de futuras crisis bancarias. De hecho, el MEDE será el último organismo en aportar fondos para la recapitalización de una entidad financiera.

Con esta salvaguarda, Bruselas quiere dejar perfectamente reglamentada la protección de los depósitos de menos de 100.000 euros para evitar discusiones políticas y sobresaltos para la ciudadanía como sucedió en la crisis de Chipre, cuyo primer plan de rescate incluía una tasa del 6,75% a las cuentas de menos de 100.000 euros.

El objetivo de la directiva de resolución bancaria -que todavía debe ser refrendada por el Ecofin- es que sean los accionistas y los acreedores, y no los contribuyentes los que paguen por futuros rescates bancarios. De hecho, fuentes comunitarias no descartan que incluso se puedan introducir diferentes grados de quitas en función de la cuantía del depósito.

"Son conversaciones de pasillo que pueden acabar en los papeles. Al final, un depósito de 105.000 euros está más cerca de otro de 99.999 euros que de 300.000 euros, por ejemplo", subrayan fuentes comunitarias. (...)

El Parlamento Europeo reclama que la directiva que castigará a los depósitos de más de 100.000 euros entre en vigor ya en enero de 2016, dos años antes de lo que propone la Comisión y apoyan países como España y Francia. El texto de compromiso, que se votó el lunes por la noche, recibió un amplio apoyo con 39 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención y servirá de base para las negociaciones con los Gobiernos."   (Vox Pópuli, 23/05/2013)

Ayudas de 40.000 millones con ajustes de 40.000 empleos

"Y es que el sector financiero, y más concretamente, algunas cajas de ahorros, no todas, han tenido que recurrir al capital público para sobrevivir, lo que ha provocado que España solicitase a Europa una lí¬nea de crédito de más de 40.000 millones de euros.

 Pero la factura que ha pasado Bruselas por este préstamo es demasiado elevada, según afirman todas las fuentes consultadas. Y no es por el tipo de interés que se debe pagar por él. Es por la condicionalidad impuesta.

"La Unión Europea es el acreedor y por lo tanto es el que marca las reglas", declara un directivo de una destacada entidad financiera. Otro ejecutivo se queja de que por un grupo de entidades con necesidades de capital, menos del 40% del sector, España "está completamente vigilada. Ha perdido su autonomía. Los hombres de negro vigilan todos nuestros movimientos".

Se ha pasado de 53 entidades financieras hace dos años y medio a 12 en la actualidad. El tamaño medio de las entidades ha pasado de 33.000 millones de euros a 106.000 millones. Mientras que la capacidad instalada se ha reducido en un 14%, con 6.500 oficinas menos.

"Es la mayor reestructuración de la historia y posiblemente sea la mayor que se haya hecho en el mundo jamás", afirmaba el sábado Ángel Ron, presidente de Banco Popular, en una entrevista con CincoDías. Y añadía que ya se detecta "que hay menos actores dispuestos a dar crédito. 

Si tienes al 40% del sistema con unas necesidades de racionalización del 60%, eso está expulsando al cliente. Lo que ves es que hay gente con necesidades de crédito solvente que tú no puedes atender, ¿por qué?, porque somos muy pocos actores prestando dinero".

Y es que algo más de 40.000 millones de euros en ayudas públicas para la banca se van a llevar algo más de 40.000 empleos en el sector. El secretario general de Comfia, además, recalca que por primera vez en años ha estallado la conflictividad en el sistema financiero, lo que también tendrá su repercusión en la atención que recibe el cliente.

Por primera vez también desde hace unos 20 años las salidas de los trabajadores en las cajas se realizan sin pacto con los sindicatos, de forma traumática y con las indemnizaciones casi mínimas. En las entidades nacionalizadas no se aplica la reforma laboral, pero se le acerca mucho.

 Ejemplo: Bankia, con un ERE que afecta a 5.000 empleados, ha ofrecido 22 días por año trabajado con un tope de 14 meses, y una rebaja del salario que puede llegar en algunos casos al 50%. El grupo financiero, no obstante, tiene previsto mejorar ligeramente esta oferta, pero no cuenta con "mu¬cho margen de maniobra", según palabras de sus directivos.

Lejos han quedado ya los despidos de oro. Todo por un exceso de apalancamien¬to y por un exceso de viviendas en construcción, la burbuja inmobiliaria, se quejaba el jueves un directivo financiero que posiblemente tenga los días contados en el sector."        (Cinco Días, 16/12/2012)

Golpe de estado financiero desde la Unión Europea

"El rescate a la banca española, con un primer tramo de alrededor de 40.000 millones de euros, comporta la aplicación de las medidas del Memorándum de la Unión Europea en perjuicio de la inmensa mayoría de la población.

LO QUE OCULTA EL RESCATE:

a) La falta absoluta de flujo crediticio para las economías particulares y productivas, que en ningún caso se resolverá con las medidas adoptadas.

b) Con cargo al ejercicio de 2011, el Estado ha asumido pérdidas de más de 11.000 millones de euros por importes incobrables, y  hace pocos días el Banco de Valencia (que había recibido 6.000 millones de ayudas estatales) fue adjudicado por 1 euro a Caixabank. Estos precedentes indican lo que se puede esperar de las entidades recapitalizadas con los 40.000 millones del rescate. Recordemos que 11.000 millones es una cantidad superior a lo que en 2012 ha supuesto el total de los recortes en sanidad, educación y servicios sociales en España.

c) Especialmente sangrante es que con una mínima parte del importe de esta recapitalización se habría podido cubrir la deuda impagada de las familias desahuciadas por las mismas entidades, lo que representa un menosprecio del más mínimo sentido de la justicia

Por estos motivos DENUNCIAMOS: (...)

 2.-Los 40.000 millones de euros del rescate pasan a engordar la deuda pública, lo que constituye una nueva transferencia de deuda privada a deuda pública, con la consiguiente carga tanto de intereses como de devolución de unas cantidades que resultarán de imposible cobro una vez vendidas las entidades re-privatizadas. (...)

4.-La imposición de un «banco malo» con un 45% de capital público, pero con el aval por parte del Estado de las cantidades destinadas a la compra de los activos y créditos de las entidades hasta un total de 90.000 millones de euros, todo ello con el consiguiente aumento del riesgo asumido y, en el futuro, con el previsible aumento de la deuda pública debido a las pérdidas del banco malo.

5.-La reducción exigida de 10.000 puestos de trabajo, lo que comporta hacer pagar a los trabajadores las responsabilidades de directivos, políticos, organismos reguladores, empresas tasadoras, auditoras y de calificación, etc., que no solo no han asumido sus responsabilidades, sino que en algunas ocasiones –en caso de algunos directivos– se han enriquecido con indemnizaciones y planes de pensiones millonarios.

6.-La imposición de vender las entidades re-capitalizadas, lo que impide la formación de una banca pública potente que asuma la función de dar financiación a la economía real de particulares, autónomos y pymes.

7.-La imposición de pérdidas de más del 40% del dinero invertido en participaciones preferentes, que en la inmensa mayoría de los casos fueron colocadas con engaño a ahorradores sin la información adecuada. (...)

Dado el carácter antidemocrático de las medidas implicadas en el rescate bancario y el Memorándum, PEDIMOS:

I.- La no asunción de la deuda privada por parte del Estado y, por tanto, el impago de la parte de la deuda proveniente de este traspaso. Solo con este impago se obtendrían recursos para parar los recortes y recuperar las prestaciones y los servicios sociales  que se han suprimido.

II.- Que se exijan responsabilidades a todos los actores que han provocado la situación de práctica quiebra del sistema financiero, comenzando por los directivos, los políticos y todas aquellas personas que por acción u omisión la han hecho posible. (...)

 

El Frente Ciudadano contra el Poder Financiero no pretende multiplicar artificialmente el número de organizaciones que luchan por la justicia. Aspira a catalizar una lucha que ya se está llevando a cabo desde diferentes colectivos y entidades y a reforzarla buscando las sinergias y la cooperación entre todas.

Frente Ciudadano contra el Poder Financiero "        (Attac España, 14/12/2012)