Echa a andar la primera cooperativa de vivienda en cesión de uso de Galicia... El proyecto residencial busca garantizar el acceso digno a la vivienda y reivindica el derecho a vivir en comunidad fuera de la lógica especulativa... La cooperativa es la propietaria del edificio. Las viviendas no se pueden vender ni convertir en patrimonio individual. Este sistema garantiza la permanencia del modelo e impide su transformación en vivienda privada... Las personas socias realizan una aportación inicial de entre 15.000 y 20.000 euros y posteriormente abonan una cuota mensual de entre 500 y 750 euros, según la tipología. Esta cuota, fijada a precio de coste, se mantiene estable durante toda la concesión del derecho de superficie, que en este caso es de 50 años (Alba Cambeiro)

 "Según los datos del Observatorio de la Vivienda de Galicia, el precio medio del alquiler en A Coruña pasó de 529,5 euros en 2020 a 733,1 euros en 2025. Un incremento del 38,5% en solo cinco años. En el conjunto de Galicia, el alquiler medio ha visto una subida de 438,6 a 594,6 euros en el mismo período, con un aumento del 35,6%.

Es en este escenario de emergencia habitacional donde está tomando forma As Lavandeiras, un proyecto cooperativo de vivienda en régimen de cesión de uso promovido por la cooperativa Outra Forma de Vivenda (OFV). En julio de 2025, tras ganar el concurso de una parcela municipal en Xuxán, el proyecto dio un salto decisivo hacia su materialización.

El edificio, diseñado por la cooperativa Hábitat Social, se levantará en siete plantas y albergará alrededor de treinta y cinco viviendas de diferentes tipologías, desde estudios de 40-50 metros cuadrados hasta pisos de tres dormitorios de 97 metros. El elemento central será un gran patio interior que funcionará como pulmón verde y espacio de convivencia, complementado con áreas comunes: salas polivalentes, lavandería, huerto urbano y espacios de trabajo compartido.

Ni alquiler ni compra: derecho de uso

El modelo funciona con una lógica distinta al mercado convencional. Las personas socias realizan una aportación inicial de entre 15.000 y 20.000 euros y posteriormente abonan una cuota mensual de entre 500 y 750 euros, según la tipología. Esta cuota, fijada a precio de coste, se mantiene estable durante toda la concesión del derecho de superficie, que en este caso es de 50 años.

La cooperativa es la propietaria del edificio. Las viviendas no se pueden vender ni convertir en patrimonio individual. Este sistema garantiza la permanencia del modelo e impide su transformación en vivienda privada.

Según explica Margarida Vázquez, portavoz de la cooperativa Outra Forma de Vivenda, una vez se agota el derecho de superficie de 50 años, el edificio y la parcela pasan a titularidad municipal de nuevo. Pero esto no significa el final del proyecto: “Normalmente lo que se hace es crear una especie de fondo dentro de la comunidad para volver a presentarse a la licitación si la hay; o negociar con el ayuntamiento para continuar con el proyecto”.

Sobre el plazo de concesión, Vázquez reconoce que es mejorable: “En Cataluña, los períodos suelen ser de 75 a 99 años”. Aún así, valora positivamente que el Ayuntamiento adaptase el pliego en algunos conceptos para que las cooperativas se pudieran presentar.

Esta misma semana la cooperativa dio un paso decisivo: acaba de firmar la escritura para recibir el solar y tener la adjudicación plena. A partir de ahora, disponen de cuatro meses para presentar la solicitud de licencia municipal y dos años para la construcción del edificio. “Calculamos que podemos entrar a vivir en el edificio a finales de 2028 o comienzos de 2029”, afirma Vázquez.

El proceso de selección de las personas socias busca sobre todo la implicación en el proyecto y la disposición a “tejer comunidad y tener un vecindario de confianza y amable entre todas”. Uno de los elementos que distinguen este tipo de proyectos es la apuesta por la vida comunitaria. A través de un diseño consensuado, el grupo decide qué actividades y áreas comunes quiere impulsar, desde bibliotecas hasta lavanderías o espacios de gimnasio.

Nuevas fórmulas frente al modelo especulativo

Los suelos que el Ayuntamiento cedió el año pasado para vivienda pública, incluido el de As Lavandeiras, “ya llevaban ahí muchos años”, explica Iago Carro, arquitecto y miembro de Ergosfera, quien señala la necesidad de experimentar con otros modelos y lógicas de vivienda en “suelos completamente vacantes, que no tienen usos formales”.

Para Carro, la puesta en marcha de este primer proyecto es fundamental. Considera que, cuando exista un caso real que funcione y la ciudadanía pueda verlo de primera mano, muchos de los prejuicios alrededor de los modelos cooperativos “comenzarán a desaparecer”. En otras ciudades del Estado ya se llevan muchos años experimentando con estas fórmulas. “Aquí, como siempre, este tipo de cosas más experimentales llegamos unas décadas tarde”, constata.

El arquitecto sitúa el proyecto en un contexto más amplio de reflexión sobre lo que denomina “rentismo popular”. Durante mucho tiempo, explica, solo se identificaban actores de gran escala o problemas sistémicos muy abstractos. Pero en los últimos años salió al debate público una cuestión central: la vivienda se convirtió en un refugio de seguridad para cualquier persona que tenga posibilidades económicas, generando una situación en la que la ciudadanía logra seguridad individual a costa de la inseguridad colectiva.

Según explica Carro, esta identificación del problema también está modificando la manera de pensar las normativas. La apertura del debate permite revisar conceptos clave como el de gran tenedor y valorar criterios más ajustados a la realidad actual, entre ellos la posibilidad de considerar que “quien posee más de una vivienda por unidad residencial ya debería ser cualificado como tal”.                                 (Alba Cambeiro , El Salto, 19/11/25) 

El cooperativismo crece con fuerza en España impulsado por las cooperativas de trabajo... el 45% de las nuevas cooperativistas son mujeres, un porcentaje notablemente superior al registrado en otros modelos empresariales... las cooperativas de trabajo impulsan la economía con valores y un modelo empresarial democrático y sostenible a corto y largo plazo... son, en general, de menor tamaño y más especializadas, lo que apunta a un cambio de tendencia hacia modelos más dinámicos y adaptados a nichos concretos de mercado

 "En 2024 se constituyeron 1.565 nuevas cooperativas, según los últimos datos recabados por la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En concreto, las cooperativas de trabajo asociado (CTA) lideran este fuerte crecimiento: de las 1.565 nuevas cooperativas, un 78% (1.227) son CTA, responsables de casi 3.000 nuevos empleos cooperativos (2.968).

«El cooperativismo en España se consolida como un motor clave de empleo y desarrollo económico y confirma que las CTA son parte indispensable de la columna vertebral del cooperativismo, impulsando la economía con valores y un modelo empresarial democrático y sostenible a corto y largo plazo«, explica en un comunicado COCETA, que destaca otro dato importante: el 45% de las nuevas cooperativistas son mujeres, un porcentaje notablemente superior al registrado en otros modelos empresariales.

Andalucía lidera el crecimiento de nuevas cooperativas

Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la creación de nuevas CTA, con 284 cooperativas, seguida por Galicia (174 CTA), la Comunitat Valenciana (146 CTA) y Cataluña (129 CTA). En lo que respecta a creación de empleos cooperativos, también lidera Andalucía, con 629 empleos nuevos, seguida de Cataluña (392), Galicia (389), País Vasco (326) y la Comunitat Valenciana (322).

En cuanto a los sectores, el 75% de las nuevas cooperativas se enmarcan en el ámbito de los servicios, lo que sigue la tendencia general de la economía española. El 14% corresponde al sector de la construcción y el 8% a la industria. En este último destaca una tendencia hacia la paridad entre hombres y mujeres, a diferencia del tejido empresarial convencional, donde la industria continúa siendo un ámbito fuertemente masculinizado. «Además, el 52% del empleo cooperativo lo ocupan mujeres, lo que refuerza el papel del cooperativismo como impulsor de la igualdad de género y la cohesión social», subraya COCETA.

La consolidación de las cooperativas de trabajo asociado

Entre 2023 y 2024, el cooperativismo en España continúa su tendencia de crecimiento y alcanza ya las 24.435 entidades (un 4,5%), especialmente en el modelo de cooperativas de trabajo asociado, que representan más del 81,2% del total de cooperativas activas. En total, hay 19.846 en 2024 (+4,8%).

No obstante, según recoge COCETA, el crecimiento en número de cooperativas creadas se acompaña de un menor número de personas que forman parte de los proyectos: 265 personas socias con una caída de 323 empleos cooperativos respecto al año anterior. «Este dato responde a que las nuevas cooperativas creadas son, en general, de menor tamaño y más especializadas, lo que apunta a un cambio de tendencia hacia modelos más dinámicos y adaptados a nichos concretos de mercado. Esta tendencia hacia estructuras empresariales de menor tamaño es común en el conjunto del tejido empresarial español», explica la confederación.

«Desde COCETA valoramos estos datos como una muestra del potencial transformador del modelo cooperativo para generar empleo estable y de calidad, fomentar la igualdad de oportunidades y dinamizar el tejido empresarial en todo el territorio», concluye."

(La Marea, 26/05/25)

Entrepatios es un edificio ecológico, de madera y máximo aislamiento, que produce más energía de la que consume, en el que los vecinos tienen el derecho de uso de los apartamentos pero no pueden venderlos, y que está lleno de espacios para la vida comunitaria... El derecho de uso es un modelo de propiedad colectiva. Para construir el edificio se constituye una cooperativa, como se hace en otras muchas promociones, pero luego esa cooperativa se usa también para su gestión. La cooperativa es la propietaria de todo el edificio y cada uno de los miembros de la cooperativa tenemos el derecho de uso de una vivienda. Estas casas no se pueden vender, lo que evita que se especule con ellas. Cuando alguien se quiere ir, se le devuelve su aportación al capital social y entra otra persona. Es como un híbrido entre la propiedad y el alquiler, porque en el fondo si que eres propietario, aunque de una manera colectiva, y también tienes que pagar una cuota mensual [para devolver el préstamo al banco y de gastos de comunidad] que es como un alquiler, pero un 20 o un 30% más barata que los precios de mercado. Esto te garantiza una vivienda para toda la vida. No la puedes vender, pero sí la pueden heredar tus hijos (Iñaki Alonso)

 "En el barrio madrileño de Usera está uno de los bloques de viviendas más peculiares del país. Entrepatios es un edificio ecológico, de madera y máximo aislamiento, que produce más energía de la que consume, en el que los vecinos tienen el derecho de uso de los apartamentos pero no pueden venderlos, y que está lleno de espacios para la vida comunitaria. Allí tiene su propia casa Iñaki Alonso (Madrid, 54 años), el arquitecto que está consiguiendo, sin ninguna ayuda de las administraciones, hacer realidad otras formas de vivir como esta en la actual jungla urbanística.

Pregunta. ¿Tal y como está el sector de la vivienda, cómo se consigue sacar adelante edificios ecológicos sin subir los precios?

Respuesta. La buena noticia es que se puede, terminamos el primer edificio en 2020 y ahora concluimos tres más a precio de mercado. Es una cuestión de buen diseño y buena planificación, y decidir dónde pones los gastos. El mercado está desbocado, pero dentro de esos precios, hoy en día se puede decidir si vives en una vivienda eficiente, saludable y ecológica o en una convencional.

P. ¿Por qué este edificio produce más energía de la que consume?

R. Este es el único edificio de viviendas colectivas en España que produce más energía de la que consume. Esto es así, primero, porque consume muy poco, pues se ha diseñado con criterios Passivhaus. Yo este invierno todavía no he tenido que poner la calefacción en casa. Lo segundo es que está muy bien orientado al sur. Y, en tercer lugar, tiene mucha instalación fotovoltaica para producir electricidad. La factura media de energía [contado luz y climatización] es de unos 25 euros al mes, pero en verano baja a cero o 10 euros.

 P. ¿En qué consiste el modelo de derecho de uso de este bloque de viviendas?

R. El derecho de uso es un modelo de propiedad colectiva. Para construir el edificio se constituye una cooperativa, como se hace en otras muchas promociones, pero luego esa cooperativa se usa también para su gestión. La cooperativa es la propietaria de todo el edificio y cada uno de los miembros de la cooperativa tenemos el derecho de uso de una vivienda. Estas casas no se pueden vender, lo que evita que se especule con ellas. Cuando alguien se quiere ir, se le devuelve su aportación al capital social y entra otra persona. Es como un híbrido entre la propiedad y el alquiler, porque en el fondo si que eres propietario, aunque de una manera colectiva, y también tienes que pagar una cuota mensual [para devolver el préstamo al banco y de gastos de comunidad] que es como un alquiler, pero un 20 o un 30% más barata que los precios de mercado. Esto te garantiza una vivienda para toda la vida. No la puedes vender, pero sí la pueden heredar tus hijos.

P. ¿Por qué considera una ventaja que no se puedan comprar y vender las viviendas?

R. El mayor problema es que la vivienda ha perdido su función social para convertirse en un refugio financiero. El modelo de derecho de uso tampoco es para todo el mundo, pero sí debería estar dentro de las opciones de vivienda ofertadas en nuestra sociedad, fomentándose con ayuda de las administraciones, pues tiene muchas soluciones para las grandes problemáticas que tenemos hoy en día. En Dinamarca, un 10% de las viviendas son con derecho de uso.

P. ¿De qué forma soluciona los problemas actuales?

R. En lo que respecta al grave problema de acceso a la vivienda, se tiene que solucionar con muchas medidas e incorporar este modelo también ayuda. Hoy existe en el país un déficit de unas 150.000 viviendas nuevas al año. Es cierto que hay entre 3,5 y 4 millones de casas vacías que hay que regular para que entren en el mercado, pero no siempre están o no hay suficientes allí donde más se necesitan. El modelo de derecho de uso soluciona una cuestión importante, que es la protección permanente de la vivienda.

P. ¿A qué se refiere?

R. En España hoy en día solo hay un 2% de viviendas públicas de protección oficial. Se construyeron muchas más, pero con el tiempo se han ido desprotegiendo e incorporando al mercado libre. La vivienda pública tiene que ser de protección permanente, como pasa en el País Vasco. Con el derecho de uso hay una protección permanente, la gente entra y sale, pero no se desprotege con el tiempo. El modelo de vivienda en derecho de uso cumple una función antiespeculativa.

P. Otro de los problemas al que intentan dar solución es el ambiental. ¿No es cierto?

R. Efectivamente. La construcción de viviendas es responsable del 36% de las emisiones de CO₂ que causan el cambio climático. Este modelo tal y como lo planteamos aquí permite construir de forma sostenible, con madera, con criterios de máxima eficiencia, con producción de renovables, de esta forma estamos solucionando otro de los graves problemas que tenemos. Hay que cambiar la manera de construir, tenemos que conseguir que los edificios sean sumideros de CO₂.

P. También menciona el problema de la soledad.

R. Hoy vivimos cada vez más juntos en ciudades y más conectados con la tecnología, pero también estamos más solos. Los índices de soledad y de enfermedades mentales en las ciudades crecen preocupantemente.

P. ¿Construir casas para vivir es mucho más que levantar edificios?

R. Se habla mucho del número de viviendas que hay que construir, pero este no es solo un problema cuantitativo, sino también cualitativo, tenemos la grandísima oportunidad para el futuro de mejorar la calidad de vida de mucha gente e incluso de redefinir el modelo industrial.

P. En su edificio de Entrepatios tienen cuarto común de lavadoras, taller compartido de herramientas, salas con cocinas colectivas. ¿Por qué es tan importante esto en el diseño del edificio?

R. Se trata de generar relaciones entre las personas. Cuando la gente baja a poner la lavadora se encuentra con otros vecinos, hay conversaciones. Aunque cada uno cuenta con cocina en su casa, tener otras compartidas ayuda a construir posibilidades de relaciones, se puede quedar a comer todos juntos. Y esto va más allá de los espacios comunes, es una cultura colaborativa, de cuidados entre los vecinos. Al final, resumiendo mucho, lo que buscamos es vivir mejor. Porque pagamos menos en energía, porque somos coherentes con nuestros principios, porque nos cuidamos entre los vecinos.

P. ¿Cómo funciona el modelo de derecho de uso si hay conflictos entre los vecinos?

R. En este tipo de comunidades se dan conflictos al igual que en todas partes, la gran diferencia es que hay voluntad, cultura y dinámicas específicas para solucionarlos.

P. ¿Qué pasa si alguno de los vecinos deja de pagar sus cuotas mensuales?

R. Si alguien no paga por mala fe existen mecanismos para echarle, pero si es porque no puede en un momento de crisis tenemos formas de ayudarle. Es importante el apoyo mutuo entre los vecinos."                      (Clemente Álvarez , El País, 10/02/25)

Dario Salvetti y sus 421 compañeros de GKN (Florencia, Italia) fueron despedidos el 9 de julio de 2021 por el fondo de inversión que en 2018 compró esta fábrica de automoción con el objetivo de deslocalizar la producción... ocupamos la fábrica y empezamos lo que en Italia se llama Asamblea Permanente Obrera... Después de producir chasis para Ferraris y Maseratis, están montando una cooperativa para producir bicis eléctricas y placas fotovoltaicas... La función de la Asamblea Permanente es guardar la maquinaria y no permitir que la fábrica sea destruida sin tener un plan de conversión (Gessamí Forner)

"Dario Salvetti y sus 421 compañeros de GKN (Florencia, Italia) fueron despedidos el 9 de julio de 2021 por el fondo de inversión que en 2018 compró esta fábrica de automoción con el objetivo de deslocalizar la producción. En octubre de 2023, Salvetti y sus compañeros volvieron a ser despedidos. Esta vez, por el segundo fondo de inversión que había recomprado GKN, también con la intención de desmantelarla. En ambas ocasiones, los trabajadores han ganado las demandas por despido improcedente en los tribunales, pero ¿qué es una victoria?, se pregunta este sindicalista italiano al que decenas de personas escucharon atentamente el martes en Bilbao.

Vino invitado por el sindicato LAB en el contexto del cierre de la fábrica vizcaína Mecaner. “No sabemos qué es la victoria realmente, pero hemos creado una lucha que va a ser un ejemplo. Y, como mínimo, hemos percibido la existencia de una alternativa”, afirma. Después de producir chasis para Ferraris y Maseratis, están montando una cooperativa para producir bicis eléctricas y placas fotovoltaicas. O, dicho a su manera, han conseguido “converger la lucha obrera con la lucha por la justicia climática”.

¿Qué ocurrió el 9 de julio de 2021?
Nos dijeron que iba a ser un día de vacaciones colectivas por una parada de la producción. A las 10.30h, cuando estábamos en esa pausa y no había obreros dentro de la fábrica, la empresa envió un mail a la organización sindical informando de que todos los trabajadores habíamos sido despedidos y que habían cerrado la fábrica definitivamente.

¿Cómo reaccionasteis?
En media hora, empezamos a agruparnos fuera de la fábrica. En una hora, todos estábamos allí. Era un golpe que estábamos esperando. Llevábamos años intuyendo que intentaban cerrarla, a pesar de que estaba en plena producción y que tenía líneas de producción nuevas con mucha inversión detrás —en concreto, 26 millones de euros—. Pero como obreros, éramos conscientes de la situación actual del sector de la automoción y de que el grupo internacional GKN había sido comprado por un fondo especulativo financiero.

¿Qué encontrasteis al llegar a la fábrica?
La custodiaban guardias privados vestidos sin uniforme, parecían un grupo de fascistas. La ocupamos y, desde ese día, empezamos lo que en Italia se llama Asamblea Permanente Obrera.

¿Cuántos trabajadores ocupasteis la fábrica?
Calculamos que unos 500, incluyendo a trabajadores indirectos. En la fábrica fuimos despedidos 422 obreros y unos 350 participamos activamente en la ocupación. Pero después de tres años de luchas, seguimos 150.

¿De quién es ahora la fábrica?
La titularidad es de otro fondo especulativo financiero. Pero llegó sin plan de producción ni capital, fue un movimiento muy sospechoso. Temíamos que, de nuevo, todo era una trampa para seguir con el desmantelamiento de la fábrica. Y así fue: en octubre de 2023 llegó la segunda ronda de despidos, que nuevamente fueron derrotados por la lucha y por los tribunales. Desde enero de 2024, seguimos sin recibir carga de trabajo ni sueldos, pero no hemos sido despedidos.

¿Las máquinas siguen dentro?
Sí.

¿Todas?
Sí. La función de la Asamblea Permanente es guardar la maquinaria y no permitir que la fábrica sea destruida sin tener un plan de conversión. Si con el nuevo plan llegan nuevas máquinas, las viejas pueden irse.

Habéis decidido constituiros como cooperativa y dejar de producir chasis para Ferraris y Maseratis para pasar a producir bicicletas eléctricas con remolque y placas fotovoltaicas. ¿Necesitáis otra maquinaria?
Sí y no. Alguna se podría reutilizar. La línea productiva de los chasis es muy difícil de reconvertir, porque es una línea de ensamblaje. Queremos construir una nueva línea para los paneles y empezar con soldadores los carro-bike.

¿Qué son los carro-bikes?
Bicis eléctricas que llevan remolque y pueden sustituir a las furgonetas en entornos urbanos.

¿Por qué es necesario que el movimiento obrero converja con el movimiento por la justicia climática, tal y como has defendido en la charla?
El movimiento climático sin abordar la producción no profundiza. Y la lucha contra los despidos sin recuperar la producción, tampoco profundiza. Así se creó esta convergencia, tras abrir la fábrica a los movimientos sociales y empezar a hablar. La primera etapa de la lucha, la de resistir a los despidos, fue la más fácil en realidad. Luego llegaron los meses con sueldo y de Asamblea Permanente en los que los obreros nos lo cuestionamos todo: desde el modelo de familia a por qué éramos una fábrica solo de hombres y por qué ensamblábamos automóviles. Todo lo que hemos aprendido estos años no lo hemos aprendido de un libro. Pero hemos aprendido a desenmascarar al capital: no hay lucha fuera de la lucha, todo converge.

En tres años habéis organizado siete manifestaciones multitudinarias, cinco conciertos y un certamen de literatura de working class. ¿Cómo llegasteis ahí?
Para que pudiéramos dormir, venían solidarios a guardar de noche la fábrica. Muchos eran estudiantes universitarios e investigadores. Mario, mi compañero de cadena de producción que estudió en la escuela, pasaba largas horas hablando con ellos y un día nos dijo: “Si vamos a converger, ¡converjamos del todo!”. Y decidió que había que montar una ‘convergencia cultural’, por lo que pidió a esos investigadores universitarios que organizaran la primera charla de la convergencia cultural: el papel del trabajo en el desarrollo del hombre paleolítico. Fue un éxito.

En aquellas noches teníais sueldos, pero luego ya no…
La lucha tiene un poder pedagógico muy fuerte, pero no debe ser idealizada. El periodo más fácil fue la primera etapa. Pero cuando paramos sin sueldo, algunos obreros empezaron a preguntarse qué comerían mañana. La lucha del fin del mundo será por los salarios, habrá desesperación. A pesar de que éramos obreros, no teníamos la costumbre mental de ser pobres, por lo que para algunos fue algo muy traumático.

¿Qué sueldos tenéis ahora?
Ninguno. El gobierno regional nos ha dado 3.000 euros en julio, es algo que se acaba rápido. Son meses que llevamos sin sueldo. Tenemos una caja de resistencia y el apoyo mutuo, pero es algo que no puede sustituir al salario [en vez de aceptar las donaciones de la caja de resistencia, se prestan el dinero de la caja, con el objetivo de devolverlo cuando la cooperativa funcione]. Nuestro plan industrial necesita siete millones y el objetivo es llegar a uno en septiembre mediante el accionariado popular.

¿Las instituciones os han ayudado en algo más?
El sector público no sabe o no quiere hacer una socialización de la fábrica. El sector público solo sabe socializar las pérdidas del capitalismo. Pero en estos tres años hemos aprendido otra cosa: la lucha obrera no solo radicaliza a los obreros, también a los técnicos de las instituciones, que necesitan sentirse involucrados en un objetivo social. El trabajo es una parte de la vida muy grande y es muy difícil pasar gran parte de la vida sin un objetivo social, aunque ganes un buen sueldo. Si no, te acabas quemando. Hemos presentado una ley para que el gobierno regional declare el suelo de la fábrica como público.

¿Qué habéis aprendido del movimiento feminista durante la convergencia de los movimientos sociales siendo una fábrica de casi solo hombres?
No sé si podemos decir que hemos aprendido algo. En una sociedad patriarcal como la nuestra el hombre nunca aprende realmente. Pero hemos estado escuchando al movimiento feminista y hemos intentado dejar que nos contamine con sus palabras y métodos de lucha. Una fábrica de casi solo hombres en Asamblea Permanente en lucha ha sido algo nuevo también para los movimientos sociales. Así que hemos aprendido algo todos juntos.

¿Cómo sobrelleváis estos tres años de intensidad emocional?
No puedo decir que bien ni mal. La lucha no es solo felicidad. Claramente hay un trauma. Es cómo preguntarle a un boxeador al que le dan golpes en un ring. Los golpes no son buenos, hacen daño. Y nos han hecho daño. Nuestra vida no existe más. A veces no puedo recordar las caras de muchísimos compañeros que se fueron, pero al final uno racionaliza que los despidos existen, que la pobreza existe y que la explotación existe. Así que el problema no ha sido la lucha, el sistema es el problema. Pero por lo menos hemos intentado responder a ese problema con la lucha. Alguna vez nos preguntamos si estábamos bien antes de los despidos, algunos compañeros incluso dicen que ha sido una suerte ser despedidos: por lo menos hemos dado un golpe a esa gente que cierra las fábricas y hemos creado, no una victoria, porque la victoria no se sabe qué es realmente, pero hemos creado una lucha que va a ser un ejemplo. Y, como mínimo, hemos percibido la existencia de una alternativa.

La convergencia de luchas.
Si la defensa de la fábrica no se convierte en una herramienta, se queda en una lucha un poco naïf y por ello hemos presentado un plan industrial que funciona. Una cooperativa es muy fácil de constituir, pero la verdad es un poco más complicada: el capital se expresa a través del mercado, de los bancos y de los precios. Es fácil para el capital vetarte. Porque el capital no solo defiende lo que hace, sino quién lo hace. Y el control obrero no le gusta al capital, por eso no invierten en un plan industrial rentable."                  ( Gessamí Forner , El Salto, 05/09/24)

Cooperativas energéticas: la lucha de David contra Goliat

 "La catalana Som Energia o la vasca Goiener son exponentes de socialización de la energía verde gracias al apoyo de sus socios, mientras en Madrid Ecooo se promueve la economía social.

“Tenemos que funcionar en un mercado transparente, con las mismas normas, pero no estamos en las mismas condiciones ni hemos partido del mismo sitio”. Así resume Alfonso García, presidente de Unión Renovables, la mayor federación de cooperativas de energía en España, por qué la suya es una lucha de David contra Goliat en un mercado, el eléctrico, tradicionalmente dominado por tres, a lo sumo cinco empresas.

“Desde el punto de vista de tamaño y poder, el desequilibrio es obvio. Pero nuestro día a día no es una lucha directa por derrotar a nadie”, apunta Erika Martínez, la presidenta de la cooperativa vasca Goiener, que aboga por “dar herramientas para que la ciudadanía pueda tomar decisiones conscientes. Creemos que esto es lo que realmente provocará el cambio de modelo por el que trabajamos. Lo que solicitamos es que las reglas del juego sean las mismas para todos”, dice Martínez.

El cooperativismo energético tiene una tradición de décadas. A escala europea, en la red REScoop hay inscritas 2.250 entidades de este tipo relacionadas con la energía o la movilidad que dan servicio a 1,5 millones de personas. En la Generalitat Valenciana, donde está la sede de Unión Renovables, que aglutina a 24 cooperativas energéticas con 124.000 personas socias, hay varias centenarias como Enercoop (no adscrita a esa entidad), fundada en Crevillent (Alicante) en 1925 y que incluso tiene una pequeña pata de generación en Portugal; y otras como Eléctrica de Alginet, Eléctrica de Meliana y la Cooperativa Eléctrica de Castellar. En Madrid está la Eléctrica del Pozo, creada en Vallecas en plena dictadura franquista (1957).

A esas entidades de larga trayectoria, muy vinculadas al territorio y previas a la liberalización del sector de 1998, se han sumado en los últimos años otras de espectro más amplio, también sin ánimo de lucro, centradas en comercializar electricidad renovable e impulsar el cambio de modelo energético democratizando su uso. En ellas los socios hacen una aportación obligatoria al capital social de 100 euros, que se les devuelve si se dan de baja, y pueden realizar aportaciones voluntarias para proyectos de generación renovable.

El caso más notable es Som Energia. Empezó a vender luz en 2011 y “ahora mismo somos la cooperativa energética sin ánimo de lucro más grande en número de personas socias de toda Europa: 84.500”, resume su coordinador general Víctor Carreño. Con sede en Girona, su plantilla suma ya 135 personas. Sus socios, el 70% en Catalunya, han aportado en la última década más de 18 millones para proyectos renovables, la mayoría, plantas fotovoltaicas sobre suelo, y algunas muy puntuales de eólica e hidráulica. Ahora tienen en estudio más de 40 y su dimensión es un tema de debate. Han abierto un proceso participativo en colaboración con la asociación Antígona para ver qué se considera un proyecto “normal”, en un momento en el que resuena la polémica por el impacto de las macroplantas, que nunca han promovido.

Los proyectos de Som generaron el año pasado 30 MWh, que solo cubrieron el 8,3% del consumo de sus socios. Bastante más (unos 38 MWh) generaron las placas de autoconsumo de los miembros de la cooperativa. El autoconsumo individual y colectivo “ha tenido un crecimiento exponencial desde 2019”, explica Carreño. Ahora supone cerca del 11% de sus contratos activos, unos 13.000. Hace poco lanzaron su batería virtual, Flux Solar, y organizan compras colectivas de paneles para sus socias.

La segunda cooperativa a nivel estatal es Goiener. Centrada en Euskadi y Navarra, tiene casi 18.000 socios (alcanzó los 10.000 en 2019) y su cooperativa de generación lleva invertidos más de 1,5 millones. Tienen en propiedad una minihidráulica en Fagollaga y un 10% de la sociedad del Ayuntamiento de Oñati (Guipúzcoa), que gestiona saltos hidroeléctricos del municipio.

La presidenta de Goiener reconoce que para superar la crisis de precios de 2021-2022 “el apoyo de las socias fue clave. Solicitamos aportaciones voluntarias al capital social de la cooperativa, lo que nos permitió obtener liquidez de inmediato para seguir operando en el sistema y lo que es más importante, acceder a financiación externa”.

En Som ocurrió algo parecido. Como explica su coordinador general, “nos encontramos que para seguir operando tenemos que presentar unas garantías al operador que pasaron en dos semanas de un millón a 15. Un salto que para la cooperativa supuso un reto y también una fortaleza. En aquel momento pedimos aportaciones voluntarias a las socias y en menos de un mes teníamos 12 millones de nuestra base societaria”.

Ese contexto extraordinario también les obligó a recurrir a dos bancos de la economía social, Coop57 y Fiare. En 2022, con el mercado mayorista eléctrico disparado, sufrieron la primera caída de contratos de su historia, algo en lo que fue determinante la baja forzosa de unas 8.000 personas que no eran socias o carecían de vinculación con alguien de la cooperativa. El ejercicio se cerró con un resultado extraordinario, un beneficio de 7,3 millones, porque el precio de la energía fue finalmente inferior a las coberturas que se habían contratado. 

Hoy la situación de Som Energia es “totalmente diferente” y la tesorería está saneada, explica Carreño. En el último año han aprobado seis cambios de tarifas. Con los dos previstos para 2024 (el próximo en abril), esperan volver a ser tan competitivos como lo eran en 2020. 

En Goiener “es precisamente ahora cuando nos estamos recuperando”, pero “hablar de competitividad en este sector es complicado”, dice su presidenta. “Tenemos claro que nuestra estrategia no es competir por precios sino que sean justos dentro de nuestras posibilidades y atendiendo a los objetivos marcados por la Asamblea General. Además, vemos en el mercado ofertas que solo se pueden ofrecer desde una clara posición de ventaja o privilegio”, dice Martínez.

Alfonso García, también miembro del consejo rector de Goiener y presidente de Unión Renovables, ve en las comunidades energéticas, asociaciones basadas en el autoconsumo energético local, una oportunidad para empoderar a los ciudadanos en el uso de la energía. Muchos nuevos miembros de esa unión de cooperativas son comunidades como Sapiens, en Valencia; EnHerKom, en Euskadi; o las que promueve EnergÉtica, en Valladolid.

En el caso de Goiener, han acompañado la creación de 23 comunidades de este tipo ya constituidas y otras seis que están en ello. Y Som ha impulsado junto a otras cooperativas y empresas Som Comunitats, para pulsar el interés por lanzarlas en Catalunya. Pronto esperan poder conformarla como cooperativa de segundo grado. 

En Madrid, sin la tradición cooperativista de Catalunya y Euskadi, opera desde 2015 La Corriente, que gestiona el proyecto europeo Accting de comunidades energéticas y pobreza energética y comercializa electricidad de forma autónoma desde 2018. Con 1.000 socios y casi 1.100 contratos, esta cooperativa también desarrolla plantas de autoconsumo en la comunidad.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. “En 10 años hemos sufrido dificultades y problemas, el mercado energético tiene muchas barreras de entrada y requiere de un gran desembolso económico; para una gran empresa, 100.000 euros de pérdidas en un mes no supone un gran problema, pero para un proyecto como este, puede suponer la desaparición”, reconoce Diego Algaba, uno de sus socios.

El caso de Ecooo

También en Madrid está Ecooo, cooperativa de trabajo asociado de no lucro centrada en la acción colectiva en sus distintas vertientes. Cerca de cumplir 20 años desde que la fundó en febrero de 2005 el economista Mario Sánchez-Herrero, no tiene actividad de comercialización. Su actividad se distribuye en tres grandes patas: inversiones en energías renovables, instalación de plantas de autoconsumo, y fomento de la economía social y solidaria.

La pata de inversión pasa por animar a los ciudadanos a invertir (a partir de 100 euros) en fotovoltaicas construidas entre 2008 y 2013 y acogidas al antiguo régimen de primas de las renovables a cambio de una rentabilidad de entre el 1,5% y el 4% en función del plazo de la inversión. Hasta ahora han socializado 236 pequeñas plantas sobre cubierta o suelo con algo más de 10 megavatios. En estos años, 4.201 personas han aportado casi 37 millones y han recibido beneficios de 13,55 millones. 

Autoconsumo colectivo

Actualmente tienen tres plantas abiertas a la inversión, una de ellas en Alcarrás (Lleida), donde se rodó la película de Carla Simón. “No tenemos macroplantas y ese es el modelo que estamos fomentando”, explica en su sede en el barrio de Lavapiés Luis Esteban Rubio, responsable de Gestión de Proyectos de Economía Social y Solidaria, Coordinador de la Escuela de Activismo Económico e integrante de Ecooo.

En la pata de autoconsumo, han montado más de 1.000 plantas. Se enorgullecen de haber puesto en marcha en 2017, con el sector completamente paralizado por el impuesto al sol del PP, 100 instalaciones con su campaña Oleada Solar, en un momento en el que solo había 150 en toda España. “Decíamos que la gente se iba a instalar placas como neveras y nos llamaban locos” y ahora “se ha producido una revolución”, dice Esteban. 

Ahora están volcados en autoconsumo colectivo. Lanzaron los primeros en Euskadi y en Madrid, en el edificio que alberga su sede. Y están construyendo el que ha sido calificado como el mayor de toda la UE, La Pablo Renovable, en Rivas Vaciamadrid. Más de 500 familias les eligieron tras un proceso participativo para un proyecto con el que no han notado el parón de 2023 en la instalación de autoconsumo doméstico.

En un momento en el que al mundo cooperativista le está costando encontrar reemplazo generacional a quienes se lanzaron a esta aventura en los 80, Ecooo tiene una escuela de activismo económico que va por su quinta edición y forma durante doce semanas las capacidades cooperativistas de jóvenes profesionales de distintas áreas. Han lanzado una suerte de infojobs de la economía social y solidaria, Up me Up, para competir con los buscadores tradicionales de empleo, seleccionado por el PERTE de economía social del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con 31 personas trabajando, la gran mayoría de la plantilla de Ecooo son socios trabajadores. La política es que, para garantizar el compromiso de los empleados, al cabo de un año se conviertan en socios. “La ambición”, resume Luis Esteban, es pasar de “un modelo hegemónico capitalista a otro con diversidad de formas de propiedad, de producción y de consumo” que sean “sostenibles, ecologistas, feministas y con justicia social”. Se trata de pensar en “cómo mañana se cambia un millón de personas de Iberdrola a Som Energía. El día que eso pase, cambiamos este país, y no tendremos que hacer una revolución”. 

( Antonio A. Vélez, eldiario.es, 24/08/24)

Duralex se convierte en una cooperativa y aspira a ser un modelo ante la desindustrialización... Tras años de constantes cambios de propietarios y ante la amenaza del cierre, los trabajadores se hacen con el control de la conocida cristalería francesa... De los 227 empleados, unos 140 de ellos ya se han convertido en propietarios del capital de la cooperativa. Cada uno de ellos invirtió unos 500 euros —algunos pusieron más dinero— en la compra de acciones... todos estos trabajadores-accionistas podrán elegir el consejo de administración y la hoja de ruta... los trabajadores determinarán las necesidades y las inversiones... se espera que la nueva Duralex se erija en una alternativa a la desindustrialización, a menudo facilitada por la codicia de los accionistas

 "Tras años de constantes cambios de propietarios y ante la amenaza del cierre, los trabajadores se hacen con el control de la conocida cristalería francesa.

Los famosos vasos y platos de Duralex los produce desde hace unas semanas una cooperativa. Los trabajadores de la mítica cristalería francesa se hicieron con el control del grupo tras la decisión judicial del 26 de julio de convertirla en una sociedad cooperativa y participativa (Scop). Sus empleados, y ahora también accionistas, confían en que esta conversión ponga punto final a los problemas económicos, así como los constantes cambios de propietarios en los últimos años. Y sirva como modelo ante la amenaza de la desindustrialización.

La mayoría de los 227 asalariados de esta fábrica en Chapelle-Saint-Mesmin respiran aliviados después de la sentencia del Tribunal de Orléans, en el centro de Francia. “El proyecto de cooperativa no comporta ningún daño social. También servirá para aumentar los sueldos cuando lo permitan los beneficios”, explica a El Salto Suliman el Moussaoui, delegado general del sindicado CFDT en Duralex y uno de los impulsores de la conversión de la empresa en Scop.

Cuando el anterior propietario declaró Duralex en concurso de acreedores, se interesaron por ella dos pequeñas empresas del sector del vidrio. Una de ellas quería suprimir unos 50 puestos de trabajo, mientras que la otra, cerca de un centenar. Esos recortes acabaron de convencer al director general para sumarse al tren de la cooperativa, respaldado por la mayoría de los trabajadores.

“En una de esas reuniones, uno de los posibles compradores le dijo que tenían que bajar el sueldo a las envasadoras, ya que efectuaban un trabajo sencillo y debían pagarlas con el salario mínimo. Esas palabras marcaron al director general y empezamos a preparar el proyecto de Scop”, recuerda El Moussaoui, quien trabaja desde hace 17 años en la planta.

Los beneficios “irán al bolsillo de los asalariados”

Sus empleados confían en que la transformación en cooperativa suponga un punto de inflexión a la declinante trayectoria de los últimos años. Tanto en 2017 como en 2020 la empresa hizo frente a procesos de liquidación judicial. Hace cuatro años la había adquirido el grupo propietario de la marca Pyrex, que no logró catapultarla. La planta prácticamente dejó de funcionar durante cinco meses en el otoño e invierno de 2022 a causa de la crisis energética. A eso se le sumaron las dificultades del sector de la cristalería en Francia, donde las ventas disminuyeron un 19% en 2023 respecto al año anterior.

Pese haber recibido una ayuda de 15 millones de euros por parte del Estado francés, Duralex cerró el ejercicio del año pasado con una cifra de negocios de 24,6 millones, es decir, 6,4 millones menos que el año anterior. Sufrió unas pérdidas de 12 millones. “Aunque tuviéramos una cifra de negocios más que correcta, cada año los accionistas se llevaban siete millones. Ahora este dinero servirá para invertirlo o irá al bolsillo de los asalariados”, asegura El Moussaoui. Este conductor de maquinaria recuerda el hartazgo de los trabajadores con los distintos propietarios: “Nos hacían bellas promesas, pero luego dejaban la fábrica medio abandonada”.

Apoyo de los trabajadores y las autoridades locales

El Tribunal de Orléans se decantó por la conversión en cooperativa gracias al apoyo de las autoridades locales. La región Centro-Val de Loire, dirigida por el Partido Socialista, dio un préstamo de un millón de euros y contribuyó a la recapitalización del grupo, mientras que el Ayuntamiento de Orléans, en manos de la derecha republicana, adquirió por unos cinco millones los terrenos de la planta. Los alquilará a la Scop hasta que pueda adquirirlos. “Se habla mucho de relocalizar y hacer venir las empresas al territorio, pero antes debemos mantener aquellas que ya están aquí”, dijo el socialista François Bonneau, presidente del Ejecutivo regional.

Según la economista Maryline Filippi, experta en la economía social y solidaria, las cooperativas “suelen caracterizarse por durar más tiempo que las empresas convencionales y por despedir mucho menos a sus trabajadores”. Esto hace que sean un modelo interesante para las autoridades locales, sobre todo en aquellos territorios afectados por la desindustrialización. “Cuando grupos conocidos mundialmente como Duralex apuestan por este modelo, esto significa que la economía puede desarrollarse de otra manera”, añade esta profesora en la Universidad de Burdeos y la AgroParis Tech.

De los 227 empleados, unos 140 de ellos ya se han convertido en propietarios del capital de la cooperativa. Cada uno de ellos invirtió unos 500 euros —algunos pusieron más dinero— en la compra de acciones. “Hemos propuesto varias soluciones, como pagar en varios plazos o que esa cantidad proceda de la decimotercera paga o de la prima veraniega”, explica Vasco da Silva, secretario del comité social.

A partir de ahora, todos estos trabajadores-accionistas podrán elegir el consejo de administración y la hoja de ruta. “Hemos acordado con la dirección que actúe de manera transparente, porque hasta ahora los propietarios hacían operaciones de tesorería y maquillaban los resultados”, explica Da Silva. Para este operario de uno de los hornos, esta democratización de la vida empresarial tiene una ventaja evidente: los trabajadores determinarán las necesidades y las inversiones. “Como en los últimos años dirigieron la fábrica a distancia, solían invertir allí dónde no hacía falta y no daban dinero donde lo necesitábamos”, sostiene.

Modelo poco habitual en industrias pesadas

Gracias a esta democratización y el haber evitado despidos, la mayoría de los trabajadores respaldaron la apuesta por la cooperativa. No obstante, unos 80 de ellos prefirieron no invertir en ella. “Cuando vean que los beneficios se distribuyen entre los socios del proyecto, seguro que querrán beneficiarse de esa repartición del pastel”, afirma El Moussaoui, de la CFDT, sindicato mayoritario en la empresa y claramente favorable a la cooperativa.

En cambio, la CGT se mostró mucho más reticente. “Me parece que la presentación de la Scop ante el Tribunal de Comercio fue demasiado política. No confío en ellos (las autoridades locales) para el futuro de Duralex”, criticó François Dufranne, delegado de ese sindicato, en declaraciones a la prensa durante el juicio del 26 de julio. Este sindicalista prefería que hubiera recuperado la fábrica otra empresa tradicional del sector del vidrio. Una apuesta parecida hizo el Gobierno de Emmanuel Macron, quien dio muchas más facilidades a ese posible comprador que al proyecto de cooperativa, acogido con frialdad por el Ejecutivo central.

El cambio de modelo de la famosa cristalería ha repercutido en el debate político en Francia. Lucie Castets, la dirigente propuesta como posible primera ministra por la alianza progresista del Nuevo Frente Popular, hizo uno de sus primeros desplazamientos en esa fábrica. Otros políticos y simpatizantes de izquierdas expresaron, asimismo, su simpatía por el proyecto en las redes sociales. Desde finales de julio, según El Moussaoui, “han aumentado hasta un 300% los pedidos en nuestra página web” y “hemos recibido un gran apoyo por parte del pueblo español en las redes sociales”.

Francia cuenta con 2.635 cooperativas, en que trabajan unas 60.000 personas. Aunque representa un porcentaje muy pequeño de los 21 millones de asalariados del sector privado, la economía social y solidaria va creciendo. Está presente en el mundo de los supermercados, finanzas y de los medios —por ejemplo, con la revista Alternatives Économiques—, pero este tipo de funcionamiento resulta bastante menos habitual en industrias pesadas como la fábrica de Duralex.

“Esperamos seguir funcionando dentro de 30 o 40 años y así mostrar que el cooperativismo funciona”, destaca Da Silva, quien espera que la nueva Duralex se erija en una alternativa a la desindustrialización, a menudo facilitada por la codicia de los accionistas. Para lograr ese objetivo, la cooperativa cuenta con un aliado evidente: la disminución de los precios de la electricidad —actualmente la mitad en comparación con la crisis energética de hace dos años—. Es un contexto propicio para demostrar que otro modelo es posible."      (Enric Bonet, El Salto, 21/08/24)

La lucha de las comunidades energéticas: obstáculos injustificados en la tramitación del autoconsumo colectivo

 "Impulsadas por la creciente conciencia ambiental y la necesidad de diversificar la matriz energética, las comunidades energéticas en España están experimentando un crecimiento significativo.

Decenas de personas han encontrado en esta nueva alternativa una manera más democrática y participativa de convertirse en protagonistas de la transición energética. Desde pequeñas aldeas rurales hasta áreas urbanas densamente pobladas, diversas poblaciones en toda España están adoptando esta modalidad colaborativa para producir, compartir y gestionar energía renovable localmente.

A inicios de este año, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) publicó la primera fase del mapa de comunidades energéticas del programa CE IMPLEMENTA, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Nueve meses después, los datos del mapa revelan que en la actualidad España cuenta con 68 comunidades energéticas que fueron adjudicatarias de la ayuda de CE Implementa 1 y 2. Comunidades Autónomas como País Vasco (14), Cataluña (13) y la Comunidad Valenciana (6) toman la delantera en esta carrera por la sostenibilidad.

Sin embargo, hay quienes aun consideran que el despliegue de las comunidades autónomas en el país ibérico necesita mejores decisiones y más ambición. Pedro Fresco, director general de Avaesen,compartió sus opiniones respecto a la situación actual de las comunidades energéticas en el país y explicó a Review Energy cuáles son las medidas más urgentes para abrir un camino más adecuado en su proceso de desarrollo.

La entrevista completa a continuación:

Review Energy (R.E.): Hace poco el gobierno dio entidad jurídica a las comunidades energéticas. ¿Considera el texto como adecuado? ¿Es un factor de aceleración para las mismas?

Pedro Fresco (P.F.): El texto me parece insuficiente, ya que no pasa de ser una definición de las figuras y poco más. Probablemente fue hecho así por la situación especial que produjo la disolución de las cortes generales y la convocatoria electoral, pero ha dejado sin establecer los mecanismos concretos para impulsar estas figuras y que puedan competir con otros actores.

La mera definición jurídica clara ayudará a evitar problemas que se estaban encontrando los promotores de Comunidades Energéticas, pero deberíamos ser más ambiciosos.

 R.E: La Comunidad Valenciana es uno de los referentes en el desarrollo de las comunidades energéticas. ¿Cuáles han sido los pasos que le ha permitido ir un paso adelante?

P.F.: Han contribuido varias cosas. Tener el pionero en nuestra Comunidad, Enercoop, obviamente ayudó. También hubo un compromiso por parte del anterior Consell para su promoción, donde había una convicción general de que debían ser promocionadas y se les daba bastante visibilidad. Las ayudas que se establecieron fueron varias y eso obviamente ayuda.

Este dinamismo creó un ecosistema interesante. Por ejemplo, nosotros en AVAESEN impulsamos el programa ‘Acelera tu CEL’, un programa mediante el que asesoramos y mentorizamos a ayuntamientos y asociaciones para que puedan impulsar una Comunidad Energética. Es un programa que está funcionando muy bien gracias a que existe mucho interés social en estas figuras.

 R.E.: ¿Qué otras CCAA considera ejemplo de desarrollo de comunidades energéticas en España?

P.F.: Creo que Euskadi está haciendo un buen trabajo de la mano del Ente Vasco de Energía, y también Navarra. Las destacaría porque lo están haciendo a pesar de su menor recurso solar.

 R.E: ¿Qué otros vehículos, además de la fotovoltaica, mueven a las comunidades energéticas?

P.F.: Es normal que las Comunidades Energéticas comiencen por la fotovoltaica, porque es la energía más rentable y su modularidad de adapta bien a cualquier entorno. Lo ideal es que empiecen por ahí, pero con el objetivo de ampliar posteriormente a otras energías o servicios energéticos.

Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos por ejemplo a Alterna Coop. Que ofrece Vehículos eléctricos en carsharing para los miembros de la Cooperativa. Esto también puede ser considerado una Comunidad Energética. Pero podríamos hablar igualmente de eólica, redes de calor o servicios energéticos de cualquier tipo.

 R.E.: ¿Se está pensando lo suficiente en las comunidades energéticas no sólo en cuestión de generación sino también de consumo?

P.F.: Es una buena pregunta. El problema es que la regulación de la generación en autoconsumo está mucho más desarrollada que las cuestiones de demanda flexible y gestión de consumos. Al final los promotores se adaptan a lo que hay, además de ser conceptualmente más sencillo. La figura de la Comunidad de Energías Renovables, además, está como muy pensada para la generación.

En mi opinión las cosas irán poco a poco avanzando también en ese terreno conforme la regulación avance y las comunidades se consoliden. Obviamente es mucho más fácil e intuitivo para los vecinos hablar de un autoconsumo compartido que de cuestiones de demanda.

 R.E: ¿Cuál será el panorama de las comunidades energéticas en España para lo que queda de este año y el siguiente?

P.F.: En principio, los fondos europeos destinados y las ayudas vigentes van a mantener el dinamismo. También es verdad que el relajamiento de los precios eléctricos también puede reducir el impulso, como pasa con el autoconsumo individual. No obstante, aquí hay un gran caballo de batalla para las comunidades energéticas con la tramitación del autoconsumo colectivo, que se está encontrando enormes complejidades administrativas que no están justificadas.

En la Comunidad Valenciana, en el segundo trimestre de 2023, solo el 0,5% de las instalaciones de autoconsumo eran colectivas, dato que no será muy diferente a nivel estatal y que nos muestra que existe un gran cuello de botella administrativo que afecta no solo a las comunidades energéticas sino también a las personas que viven en bloques de edificios, que son mayoritarias en España.

Esa es una de las principales cuestiones a trabajar, porque cuando estos procedimientos sean ágiles la puesta en marcha de las Comunidades será mucho más rápida y su ejemplo será mucho más contagioso. 

 R.E.: ¿Se están aprovechando de manera adecuada los fondos Next Generation y todas las ayudas para acelerar a las comunidades energéticas?

P.F.: Como en todo en la vida, hay ayudas mejor y peor pensadas, más o menos efectivas. Hay ayudas muy costo-efectivas, como creo que es una que creamos en la Dirección General de Transición Ecológica cuando yo era director, aunque quizá no soy la persona más objetiva para decir esto. Luego hay otras que quizá tienen una intensidad demasiado elevada, tramitaciones tediosas u otras cuestiones, y eso hace que abarquen a pocos beneficiarios o se conviertan en subvenciones paralizantes.

No quiero que se me malinterprete: una intensidad de ayuda muy elevada es esencial cuando quieres hacer cosas que todavía no existen y necesitas pioneros. Pero esto evoluciona muy rápido y cada momento es distinto. Mi paso por la administración me demostró que muchas veces es mejor y más incentivador una simplificación de los trámites y una deducción fiscal inteligente que subvenciones maravillosas sobre el papel, pero ingestionables para beneficiarios y administración.

En todo caso, los fondos Next Generation tienen una serie de restricciones que las hacen inherentemente burocráticas y que impiden subvencionar determinadas cosas, y eso también hay que tenerlo en cuenta para que la crítica sea justa.

Finalmente, tengo mucho interés en ver cómo funciona el CE Oficinas, que si se ha acertado con los beneficiarios puede ser más incentivador que enormes subvenciones directas.

 R.E.: ¿Cómo trabajar en comunidades vulnerables y hacerlas parte de esta transición energética?

P.F.: Este es uno de los focos donde las ayudas de mucha intensidad son necesarias, es más, debemos hablar de fórmulas imaginativas. Durante mi tiempo de cargo público ideamos un programa para beneficiar a familias vulnerables de autoconsumos colectivos de edificios públicos, sin coste para ellas. La idea era buena y escalable y la quise extender de la mano de organizaciones sociales, como la propia Cáritas, aunque no me dio tiempo a hacerlo.

En este campo no hay que perder de vista que las energías renovables representan algo más que la mera descarbonización, pueden representar accesibilidad a estándares de consumo mínimos. Ese es el enfoque del desarrollo de la energía solar en determinadas zonas del mundo donde la electrificación no ha llegado mediante las energías tradicionales. En España no tenemos ese problema, pero sí el de la pobreza energética.

La energía debe convertirse en un input más de la política social, pero adaptada a los estándares de generación renovable y eficiencia. Que no se trate solo de pagar facturas de suministros sino de cómo crear estructura energética para que estas facturas sean mínimas y poder destinar el excedente a mejorar otras cuestiones. Creo que ese enfoque es óptimo, es eficiente y además ayudaría a que los segmentos más vulnerables de la sociedad viesen la transición energética como una oportunidad y no como una amenaza."              (Entrevista a Pedro Fresco, Review Energy, 17/09/23)

Qué son y por qué son fundamentales las comunidades energéticas... El camino no es fácil, pero puede lograrse con constancia. “Si lo hemos hecho nosotros lo puede hacer cualquiera, eso está clarísimo. Tienes que implicarte, tienes que hacerlo tú. Esto no se puede dejar en manos de las grandes eléctricas o de los políticos”... “Sin modificar esos hábitos de consumo actuales, el ahorro inicial siempre se plantea en torno al 30-40 % sin modificar nada, luego obviamente teniendo en cuenta cuando estás produciendo y teniendo una monitorización puedes optimizar muchísimo, llegando pues al 60-70 % de tu consumo”

 "Las comunidades energéticas son, según los datos de la UE, cada vez más habituales. Los estados que cuentan con un mayor número de estas asociaciones basadas en el autoconsumo energético local son Alemania, Dinamarca y Países Bajos. En España, hay más de 40 comunidades proyectadas, según datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). Según la proyección de un estudio de la asociación ecologista Amigos de la Tierra, solo con comunidades energéticas basadas en autoproducción se podría llegar a satisfacer para 2030 un 58% de la demanda eléctrica, si se pusieran en marcha ya.

Para concienciar sobre esto, la asociación Amigos de la Tierra ha lanzado una serie documental de tres capítulos que desgrana, con los testimonios de participantes de varias comunidades energéticas, el proceso de estos proyectos, desde el germen y la primera idea hasta que las comunidades son una realidad palpable. La serie documental, que se enmarca en la campaña “Tomemos la Energía” de Amigos de la Tierra, cuenta las experiencias de las comunidades energéticas de Monachil (Granada), Luco de Jiloca (Teruel), Arroyo Alumbra (Huelva), Buchabade (Pontevedra) y Gares Energía y Gares Bide (Navarra). 

 “La mayoría no teníamos ni idea, teníamos ganas”, explica Carlos Urra, presidente de Gares Energía en el primer capítulo. Las motivaciones iniciales no son las mismas para todos, en algunos casos es el miedo a la despoblación, en otros la expropiación de un monte comunal o el cambio climático, pero lo que sí es común son las ganas de cambiar las reglas establecidas y hacerlo en comunidad. “El objetivo era producir energía, autoconsumirla, empoderarnos y generar alrededor de este proyecto otra riqueza en el pueblo, otros proyectos que pudiesen surgir y luego colaborar también de una manera práctica o más activa a esta idea de renovables sí, pero así no”, resume María Navarro, miembro motor de Luco Energía. 

 Y es que ¿qué son las comunidades energéticas? Se trata de grupos de personas que se constituyen legalmente para llevar a cabo un proyecto de energías limpias basado en la descentralización de la energía y con las personas como protagonistas de este cambio energético. Las comunidades energéticas se muestran como elementos clave para democratizar la energía y luchar contra la emergencia climática, pero también son un potente germen que favorece la creación de un fuerte sentimiento de pertenencia a una comunidad. “Lo importante no es llegar al punto y conseguir el hito, sino el camino que uno pasa a través de todas esas fases y las cuestiones que va sorteando, las relaciones que se van trabando, los aprendizajes que uno va adquiriendo”, cuenta Rosario Alcantarilla, de la cooperativa Comunidad Arroyo Alumbra.

El papel de la administración y la burocracia

Para avanzar hacia la comunidad energética es necesario llevar a cabo una serie de pasos, muchas veces de forma paralela, como decidir la forma jurídica, el tipo de instalación que más conviene, las licencias y autorizaciones o con qué instituciones y administraciones hay que hablar. “Al final cada proyecto va a tener que ir aprendiendo y adaptándose a las circunstancias propias de su propio proyecto”, afirma Navarro en el capítulo dos de esta serie, el dedicado al papeleo derivado de este tipo de comunidades.

El camino no es fácil, pero puede lograrse con constancia. “Si lo hemos hecho nosotros lo puede hacer cualquiera, eso está clarísimo. Tienes que implicarte, tienes que hacerlo tú. Esto no se puede dejar en manos de las grandes eléctricas o de los políticos”, asegura Urra. Y Navarro lo tiene claro: “Creo que es la manera de que la ciudadanía pueda dar pasos por sí misma de manera autónoma y empoderándose”, sentencia.

Monitorización y ahorro

Para ser autónomo, y una vez está funcionando la instalación, es fundamental la monitorización para que la optimización sea máxima. “Uno de los puntos fuertes de una comunidad energética y en este caso de un autoconsumo colectivo es que lo que se genera aquí se pueda consumir aquí, es decir, que la exportación a la red sea la mínima posible y que el consumo instantáneo sea lo mayor posible. Para eso es necesaria la monitorización, tenemos que tener datos de cuánto se está produciendo y cuánto estamos consumiendo para así poder, en la medida de las posibilidades, adaptar los consumos a cuando hay generación”, explica Álvaro Fernández, miembro de la comunidad energética del Río Monachil. “Una de las transiciones necesarias que debemos hacer es adaptarnos a las posibilidades físicas de nuestro entorno”, sentencia.

 Y aquí llega uno de los puntos que podría aparecer como clave pero que, a medida que aumenta el sentimiento de comunidad y pertenencia, se revela como algo más secundario: el ahorro. “Sin modificar esos hábitos de consumo actuales, el ahorro inicial siempre se plantea en torno al 30-40 % sin modificar nada, luego obviamente teniendo en cuenta cuando estás produciendo y teniendo una monitorización puedes optimizar muchísimo, llegando pues al 60-70 % de tu consumo”, ejemplifica Carlos Ariñez, del grupo motor de Luco Energía.

¿Lo mejor para todos ellos? Que estas comunidades tienen un fuerte y positivo efecto contagio y se van extendiendo y creando otros proyectos paralelos de gestión común."          (Azahara García, eldiario.es, 27 de julio de 2023)

Dirk Vansintjan, cooperativista energético: “Los ciudadanos deben tener en propiedad parte de las renovables”... Ecopower, la cooperativa que fundó alrededor de una mesa de cocina con un pequeño grupo de amigos en un pueblecito de Flandes en 1991, proporciona electricidad a 70.000 ciudadanos y ofrece una alternativa en un sector casi exclusivo de grandes empresas, y demuestra que los ciudadanos pueden generar, y consumir, su propia energía con éxito... Por ejemplo, en una zona rural de España, no se trataría de dar dinero al ayuntamiento para tener el permiso de usar el terreno, sino que la comunidad tenga en propiedad parte de esos aerogeneradores para que el dinero se reinvierta en la economía local. Quizá no el 100% de la propiedad, pero sí el 25% o el 50%. La transición energética implica reemplazar el sistema centralizado de la nuclear y los combustibles fósiles por otro descentralizado de energías renovables donde tenga más importancia lo local... Por eso decidimos crear una federación con cooperativas de toda la Unión Europea... hemos conseguido que la Comisión Europea reconozca la necesidad de que la ciudadanía participe en la transición energética

 "Dirk Vansintjan (Halle, Bélgica, 64 años) está orgulloso de que hace un tiempo le otorgaran en Bélgica el título de “rebelde energético del año”. Se lo dieron, asegura, por impulsar ideas que amenazan el modo actual de hacer las cosas. Pero también por haber demostrado que las comunidades energéticas tienen la capacidad de realizar un cambio significativo en la vida de muchas personas. 

 La cooperativa que Vansintjan fundó alrededor de una mesa de cocina con un pequeño grupo de amigos en un pueblecito de Flandes en 1991 proporciona hoy electricidad a 70.000 ciudadanos. Al viejo molino de agua que restauraron buscando electricidad limpia en un momento en que las renovables apenas existían se han ido añadiendo adquisiciones de aerogeneradores, turbinas hidráulicas y paneles solares distribuidos por diversos lugares de la populosa región belga. Hoy, Ecopower ofrece una alternativa en un sector casi exclusivo de grandes empresas y demuestra que los ciudadanos pueden generar, y consumir, su propia energía con éxito.

 Para Vansintjan, la transición energética necesita que los ciudadanos tomen el control de la producción de energía y que nuestro sistema recupere el modelo descentralizado que ayudó a establecer, en sus orígenes, la electricidad en el mundo rural en Europa. El motivo es sencillo: quizá a nadie le guste tener un aerogenerador cerca de su casa, pero la cosa cambia bastante cuando el generador es de uno y da beneficios, explica riendo. Con el tiempo, este activista se ha convertido en un experto en comunidades energéticas, tanto por la experiencia en su propia cooperativa como por su labor en Europa. Además de coordinar Ecopower, es presidente de REScoop.eu, la federación europea de cooperativas de energías renovables, donde ayuda a personas en diversos países a implementar sus proyectos. (...)

“En el esquema actual tienes a los jugadores públicos como las compañías de electricidad y los rivales privados. Los ciudadanos son simples espectadores. Pero nosotros pensamos que el mercado debe reformarse para que las comunidades y las cooperativas también tengan su lugar. Queremos dejar de ser simples espectadores o colaboradores para que haya un nuevo equilibrio en Europa. No se trata de elegir entre capitalismo o comunismo, sino que queremos encontrar nuestro propio camino basado más en la cooperación que en la competición, y en introducir la democracia también en la economía”.

¿Cómo se consigue meter a la comunidad de ciudadanos en el campo energético?

Miremos un momento al pasado. Los grupos de ciudadanos, pequeños empresarios, comunidades o municipalidades siempre han actuado cuando ha habido un problema. Las cooperativas de cualquier sector han surgido para hacer frente a una dificultad, como una crisis, una guerra o un accidente como un desastre nuclear. En esos casos, las personas actúan juntas e intentan encontrar soluciones. (...)

¿Qué es lo que están pidiendo cuando hablan de descentralización?

Nosotros queremos parte del pastel. Los ciudadanos consumen directamente alrededor del 25% de la electricidad. Queremos producir esa electricidad nosotros mismos con paneles solares en nuestros tejados, con aerogeneradores, con parques solares. Queremos los medios de producción y tenerlos en propiedad es fundamental. Por ejemplo, en una zona rural de España, no se trataría de dar dinero al ayuntamiento para tener el permiso de usar el terreno, sino que la comunidad tenga en propiedad parte de esos aerogeneradores para que el dinero se reinvierta en la economía local. Quizá no el 100% de la propiedad, pero sí el 25% o el 50%. La transición energética implica reemplazar el sistema centralizado de la nuclear y los combustibles fósiles por otro descentralizado de energías renovables donde tenga más importancia lo local. Es una oportunidad única para encontrar un equilibrio entre lo rural y lo urbano, entre el norte y el sur global y entre la nuestra y las generaciones futuras. Las cooperativas no buscan el beneficio a corto plazo, son estructuras que pueden durar cientos de años.

¿En qué lugar se está favoreciendo un sistema como el que usted defiende?

Uno de los lugares más avanzados para el desarrollo de cooperativas es Escocia. En este país, además de compromisos de energías renovables, tienen también objetivos para alcanzar un número de comunidades energéticas. Tienen un sistema gestionado por una organización, Local Energy Scotland, muy efectivo. Cuando un grupo de ciudadanos quiere, por ejemplo, construir un parque de aerogeneradores, esta organización les ofrece el dinero para realizar los estudios de impacto ambiental. Estos informes, en los que se mira el impacto en las aves o el entorno, pueden ser muy caros, por lo que representan un gran obstáculo. En este esquema, aquellos grupos que no consiguen un informe positivo para establecer el parque, la ayuda se transforma en una subvención que no tienen que devolver. En el caso de que consigan un informe favorable y puedan poner en marcha su proyecto, la ayuda se transforma en un crédito que tienen que retornar con un interés. También ofrecen consultorías técnicas, jurídicas e incluso consejos sobre gestión. Es un servicio que ayuda a reducir las barreras. Los escoceses están muy orgullosos de ello.

Además de un sistema favorable, ¿qué se necesita para crear un modelo con más cooperativas energéticas?

También tiene que ver con el tipo de cultura. En Dinamarca, por ejemplo, hay alrededor de mil cooperativas. Una vez, un profesor de ese país me explicó que en parte tenía que ver con que los daneses tenían una tradición de formar parte de asociaciones, ya sean deportivas, culturales o de cualquier tipo. Un danés medio pertenecía, me dijo, a 13 asociaciones. Yo, por ejemplo, soy miembro de seis asociaciones, pero a medida que te mueves hacia el Este, a los antiguos países comunistas, la participación disminuye. En el sur, aunque en menor medida, también hay menos. (...)

¿Qué tipo de personas son las que más se interesan en este tipo de proyectos?

Uno de nuestros problemas es que atraemos a muchos hombres de pelo gris con perfil técnico. Nos faltan jóvenes y mujeres. En las cooperativas se necesitan todo tipo de personas. Que entiendan de tecnología pero también de contabilidad, o de comunicación, o que ayuden a organizar los aspectos sociales del movimiento. Luego tenemos algunas señales de alarma que empezamos a ver, como cuatro cooperativas, una de ellas en España, que solo aceptan mujeres. Las cooperativas deben estar abiertas a cualquiera, independientemente de su género, religión o color, si no se va en contra de sus principios.

¿Por qué decidieron crear una federación con cooperativas de toda la Unión Europea?

En 2008, mis colegas y yo descubrimos que no estábamos solos y que había cooperativas muy antiguas en España, Italia, Alemania o Portugal. Sin embargo, en Francia apenas había alguna ya que, al tener un sistema monopolista público, a los bancos les parecía una locura que alguien quisiera establecerse como proveedor independiente de energía verde. Un grupo de ciudadanos franceses que querían crear una cooperativa se pusieron en contacto con nosotros para pedirnos ayuda para establecer un banco de garantía. En ese momento, conocimos a alguien de la Comisión Europea que nos habló de ayudas para poner en contacto a ciudadanos de distintos países y así empezó nuestra federación. Ahora mismo, estimamos que hay unas 5.000 cooperativas energéticas alrededor de Europa. Y el número está creciendo. En Países Bajos, por ejemplo, tenían unas 70 cooperativas energéticas hace 10 años y hoy son más de 700.

¿Qué es lo que querían conseguir cuando se unieron?

La Unión Europea empezó como una unión de negocios, del carbón y el acero, pero no como una democracia. Luego se estableció el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros. Lo que necesitamos ahora es que todos los ciudadanos de la Unión Europea tengan las mismas posibilidades para establecer comunidades y tomar el control.

Han conseguido que la Comisión Europea reconozca la necesidad de que la ciudadanía participe en la transición energética. ¿Por qué es importante?

Ha sido importante que nos reconozca como jugadores independientes. Que hayamos ganado derechos y también responsabilidades. Aunque no conseguimos todo lo que queríamos, logramos un 90% de nuestras peticiones. Pero ahora hemos tenido que empezar a pelear para que las compañías públicas no utilicen nuestra definición. Incluso las grandes empresas empiezan a intentar disfrazarse como comunidades energéticas."        

¿Qué les queda por hacer?

La Unión Europea debe minimizar los obstáculos que impiden que los ciudadanos se organicen en grupos a través de una regulación y medidas que los ayuden a organizarse. Para que la promesa de la Unión Europea de apoyar a todos los ciudadanos europeos para constituir este tipo de comunidades sea real, se necesita un sistema que lo apoye y elimine las barreras. Se necesita que los ciudadanos confíen en el Gobierno y que sepan que la legislación no va a cambiar según quién esté en el poder. "                 (Laura Rodriguez, eldiario.es, 01/06/23)

Así arranca la primera aceleradora de Comunidades Energéticas Locales de España

 "Con siete proyectos participantes y con varias sesiones en torno a 3 ejes temáticos: grupos motores y modelo de participación; estudios técnicos y permisos; y financiación, instalación y gestión. De esta forma, los vecinos y ayuntamientos de los que nacen estas iniciativas, una vez formados, dispondrán de todos los conocimientos para desarrollar su comunidad.

La Comunidad Valenciana continúa siendo el motor de la revolución de las comunidades energéticas locales. En esta ocasión, la primera aceleradora de Comunidades Energéticas Locales (CELs) impulsada por la asociación de empresas de energías renovables y otras tecnologías limpias de la Comunitat Valenciana (Avaesen) comenzará a funcionar en los próximos días, con siete proyectos participantes que han sido seleccionados para impulsar, como punto de partida, el autoconsumo colectivo. Entre las iniciativas seleccionadas hay dos que parten de la unión de vecinos en los municipios valencianos de Sagunt y Almoines. Las otras cinco iniciativas parten de los ayuntamientos de Alcoi, en Alicante, Senyera y Albaida en la provincia de Valencia, y Cortes de Arenoso y Onda en la provincia de Castellón. Serán varias sesiones durante los próximos meses con tres ejes temáticos: grupos motores y modelo de participación; estudios técnicos y permisos; y financiación, instalación y gestión. De esta forma, una vez formados, dispondrán de todos los conocimientos para desarrollar su comunidad energética.

Las siete CELs seleccionadas serán asesoradas y mentorizadas por expertos en diferentes ámbitos para que puedan acelerar el proceso de iniciar una comunidad energética desde cero. Juan Sacri, de Sapiens; Arturo Zea, de Valencia Clima i Energía; Emmanuel Silva de la Oficina de Transición Energética; Paula Sánchez de León, de Smart to People; Ramón Gero, de Eiffage Energía Sistemas; Jordi Sarrió, de INEL; Ximo Masip, de ImpactE; Amparo Balbastre de Alfa Globla; y Mariola Guarinos y Sònia Valiente, de Avaesen. La aceleradora de CELs está impulsada por Avaesen, con el apoyo de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, porque "tienen un importante papel en la transición energética de la Comunitat. Con un modelo de democratización en la producción y consumo de energía que empodera a la ciudadanía en tres aspectos: reduciendo la factura de la luz, protegiéndose de las fluctuaciones de precios a la vez que mitiga el cambio climático".

 Mapa de comunidades energéticas

Desarrollado por Avaesen con la financiación de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, este mapa -presentado hace dos meses- permite localizar las 62 CELs existentes en la Comunitat e interactuar con ellas. "No se trata -explican desde la Asociación- de un simple repositorio de instalaciones, sino que permite obtener información sobre la CEL en cuestión, la empresa que la gestiona y unirse a ella". En el caso de no existir una CEL cerca de la persona usuaria, el mapa ofrece además la posibilidad de crear una "y, al recibir la información, en menos de 48 horas -concretan desde Avaesen- el solicitante recibe respuesta de, al menos, tres empresas de experiencia contrastada en este tipo de iniciativas energéticas".                  (Energías renovables, 26/05/23)

Co-op Cycle es una federación de cooperativas de reparto de bicicletas con 60 cooperativas afiliadas en Europa. En esta carta abierta, critican el enfoque del Gobierno francés hacia la Uberización y abogan por unos derechos laborales sólidos para los trabajadores de plataformas en toda Europa

 "Hoy [25 de mayo], Elisabeth Borne, Clément Beaune y Olivier Dussopt se dirigen a la comisión de investigación parlamentaria sobre los expedientes Uber. Nosotros, miembros de la asociación CoopCycle, expresamos nuestra preocupación por la posición que adoptará el gobierno francés sobre esta cuestión, mientras se negocia actualmente una propuesta de directiva en el Consejo Europeo, donde Francia está representada por Olivier Dussopt. Pedimos al Gobierno que no legitime este sistema de externalización. Eso equivaldría a apoyar a empresas que se enriquecen socavando los derechos de todos los trabajadores.

Uber, un modelo nocivo para los repartidores

Desde hace muchos años, los problemas derivados de la uberización están escrupulosamente documentados. Las condiciones de trabajo y la remuneración son pésimas y se deterioran constantemente. Los trabajadores trabajan más horas para mantener sus ingresos, lo que afecta a su seguridad y su salud. El número de repartidores precarios está aumentando, incluidos los trabajadores indocumentados y, a veces, ¡incluso menores!

De los 700 repartidores que la asociación CoopCycle ha encuestado en las Casas de Correos, el 75% trabaja más de 6 días a la semana, el 56% reparte entre 9 y 12 horas al día. Por último, el 84% afirma querer seguir en esta profesión por cuenta ajena, ya que considera que el estatuto es más protector.

Para dar la ilusión de que se actúa frente a un modelo desacreditado, se ha creado la ARPE (Autoridad de Relaciones Sociales de las Plataformas de Empleo). Pero con la participación de menos del 2% de los repartidores, su legitimidad es nula. Su único objetivo es preservar el modelo de plataformas.

El acuerdo firmado el mes pasado por el Sr. Dussopt sólo remunera el tiempo de reparto a 11,75 euros la hora, olvidando el tiempo de espera inherente al modelo de reparto. Es como si a los parlamentarios sólo se les pagara durante la sesión, o a los cajeros sólo cuando el cliente está en la caja. ¿Qué forma más absurda de organizar la remuneración puede existir?

Por otra parte, el modelo Uber no es rentable. Tras acumular 33.300 millones de dólares en pérdidas desde 2014, la empresa sigue viviendo de la captación de fondos. La estrategia de este tipo de plataformas es dominar el mercado vendiendo a pérdida. Una vez en situación de monopolio, la plataforma superviviente de esta guerra de precios aumentará sus tarifas para los consumidores, así como los gravámenes a los restauradores y reducirá la remuneración del personal de reparto. Se trata del esquema "el ganador se lo lleva todo", en el que sólo la plataforma gana a costa de los demás actores.

Un modelo tóxico para los repartidores y la sociedad

 En la última década, la uberización ha cuestionado la forma en que se establecen las relaciones de producción en nuestra sociedad. Uber ha surgido como un actor clave en esta redefinición. Este nuevo enfoque, similar al que prevalecía en el siglo XIX antes de la llegada del trabajo asalariado, sitúa al capital y al trabajo por tareas en el centro de los procesos de producción, relegando al trabajador a un segundo plano. Las decisiones importantes, como el salario y la frecuencia de las asignaciones, son tomadas por algoritmos mientras se ignora la inteligencia y la contribución específica de las personas, lo que conduce a una aniquilación de la humanidad en el trabajo.

Sin embargo, las plataformas Uber no han logrado imponerse solas, sino que han contado con el apoyo de opciones políticas. Las revelaciones de los "Expedientes Uber" y las audiencias parlamentarias han puesto de manifiesto la inacción del Estado frente a prácticas agresivas e ilegales, poniendo en peligro la solidez de nuestro modelo social. Esto es tanto más preocupante cuanto que muchos sectores de la economía están siendo víctimas de la Uberización, ya que este modelo se está extendiendo a ámbitos como el transporte de pasajeros, las cajas de los comercios, así como a tareas antaño consideradas más cualificadas, como el marketing o la contabilidad.

Mientras el Gobierno afirmaba recientemente defender la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones de reparto, para ellos debería ser crucial preservar sus ingresos, es decir, ¡las cotizaciones basadas en la remuneración del trabajo a través de los salarios! Pero los actores que se aprovechan de la generalización del trabajo autónomo han jugado hábilmente con la lentitud inherente a la toma de decisiones democrática. Esto constituye un peligro para la perennidad de nuestro modelo social basado en las cotizaciones sociales, tanto de los asalariados como de los empresarios. En efecto, el estatuto de autónomo elimina la cuota patronal de las cotizaciones sociales y el tipo de cotización es inferior al de un asalariado. Además, el aumento de la competencia entre los trabajadores reduce mecánicamente las cotizaciones sociales al disminuir los salarios.

La Uberización es, por tanto, un ataque a la democracia por parte del capitalismo financiero: nadie votó ni quiso sacrificar a los más vulnerables y nuestro modelo social en el altar del beneficio. Pone en peligro un sistema de protección que los repartidores apoyan, y que CoopCycle apoya a través de su modelo de plataforma alternativa propiedad de los trabajadores. ¡Un modelo social que está siendo atacado y que el gobierno debe defender!

Francia debe apoyar la presunción de asalarización

 Un rayo de esperanza reside en la directiva propuesta por la Comisión Europea y votada por el Parlamento Europeo el 2 de febrero de 2023. Propone una presunción de empleo si la plataforma cumple al menos dos de los siguientes criterios: determina el nivel de remuneración o establece límites máximos; supervisa la realización del trabajo por medios electrónicos; limita la libertad de elección de horarios, vacaciones, rechazo de una tarea o subcontratación; establece normas obligatorias específicas sobre apariencia y conducta hacia el cliente final; limita la posibilidad de trabajar para otros clientes...".

Mientras que los diputados franceses del grupo Renew votaron a favor de la directiva en el Parlamento, el Sr. Dussopt defiende una presunción de independencia que va en contra de esta directiva. Nos resulta difícil comprender las señales contradictorias procedentes de la mayoría presidencial sobre esta cuestión. Nos sigue preocupando la posición del gobierno francés sobre la Uberización.

Pedimos al gobierno francés que aclare su posición y que apoye la directiva europea en los términos propuestos por la Comisión.

Este texto está firmado por los militantes de la asociación CoopCycle, dirigentes de las Casas de Correos y fundador de la federación CoopCycle de cooperativas de reparto en bicicleta."                (Brave New Europe, 25/05/23; traducción DEEPL)

Andalucía da los primeros pasos para su propio grupo cooperativo de energía barata y limpia... Córdoba lidera un proyecto pionero para construir 15 miniplantas fotovoltaicas en régimen de cooperativa y desligarse del oligopolio eléctrico... Más de 14.000 familias, pymes y entidades locales de Córdoba y provincia producirán su propia energía... El objetivo es construir 15 miniplantas solares distribuidas por todo el territorio provincial. Cada instalación fotovoltaica ocupará una hectárea de superficie y generará un megavatio de energía, con capacidad para abastecer a unas 800 familias. Todos los terrenos ya están reservados y las 15 cooperativas constituidas... Cada socio cooperativista hará frente a una inversión máxima de 1.500 euros... Si la iniciativa se culmina con éxito, Faecta ya está pensando en extender el plan a las ocho provincias andaluzas con la creación de un grupo regional de energía. En ese caso, más de 112.000 familias, pymes y entidades locales podrán beneficiarse de la generación de electricidad renovable

 "Más de 14.000 familias, pymes y entidades locales de Córdoba y provincia producirán su propia energía verde y barata, gracias a un innovador proyecto de producción eléctrica bajo un modelo de gestión cooperativa. El plan ha sido impulsado por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, Consumo y Servicios (Faecta), en colaboración con el grupo vasco Mondragón, la mayor cooperativa de Europa.

La de Córdoba será la primera experiencia provincial de generación eléctrica en régimen de cooperativa. En otros puntos de la comunidad autónoma existen otros proyectos comunitarios, pero son puntuales y no integran a miles de familias.

El objetivo es construir 15 miniplantas solares distribuidas por todo el territorio provincial. Cada instalación fotovoltaica ocupará una hectárea de superficie y generará un megavatio de energía, con capacidad para abastecer a unas 800 familias. Todos los terrenos ya están reservados y las 15 cooperativas constituidas. Después del verano, según las previsiones de Faecta, se acometerán los huertos solares.

 Si la iniciativa se culmina con éxito, Faecta ya está pensando en extender el plan a las ocho provincias andaluzas con la creación de un grupo regional de energía. En ese caso, más de 112.000 familias, pymes y entidades locales podrán beneficiarse de la generación de electricidad renovable a buen precio.

Cada socio cooperativista hará frente a una inversión máxima de 1.500 euros, que podría verse reducida a la mitad si, como está previsto, se beneficia de una ayuda ya solicitada al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). En total, las 15 miniplantas han solicitado una subvención de 17 millones de euros. Cada huerto solar exigirá una inversión ligeramente superior a los dos millones de euros.

Faecta hará un estudio personalizado de las necesidades energéticas de cada socio y le reservará la superficie de placas fotovoltaicas que necesite. Para un consumo medio de unos 3.000 kilovatios al año, la inversión requerida asciende a 1.470 euros aproximadamente para un ahorro del 42% en la factura eléctrica. Si el consumo medio se sitúa en 2.000 kilovatios, la inversión desciende a unos 980 euros y el ahorro será de un 35%, según los datos estimativos facilitados por la Federación de Empresas Cooperativas.

El precio del kilovatio no superará los 3,5 céntimos, cuando la media ronda los 16 céntimos en el mercado convencional. Los costes fijos de la factura no variarán. El ahorro por kilovatio consumido roza los 13 céntimos aproximadamente. Los socios deben residir a un máximo de 25 kilómetros de la planta solar. Toda la energía generada durante el día en la instalación fotovoltaica se integra en la red eléctrica y, por la noche, cuando las placas se encuentran inactivas, la cooperativa compra la energía necesaria.

"Lo que nosotros hacemos es construir una empresa energética y se le entrega a 800 familias para que la gestionen democráticamente", asegura Francisco Molina, presidente de Faecta. En el futuro, los socios pueden decidir libremente poner más placas solares para aminorar los costes fijos de la factura. Justo por esa razón, la mayor parte de las fincas adquiridas superan la hectárea de la miniplanta fotovoltaica.

Cada planta ahorra la emisión equivalente a una plantación de 39.000 árboles

Todos los terrenos corresponden a espacios baldíos sin uso agrícola, como es el caso de escombreras o vertederos municipales. El objetivo es minimizar el impacto medioambiental al máximo. Porque la sostenibilidad es otro de los propósitos del proyecto. Cada planta solar ahorrará la emisión de 513 toneladas de gases de efecto invernadero al año, lo que equivale a una plantación de 39.000 árboles. "No queremos que se construyan macroplantas que ocupen nuestro territorio y se lleven la energía fuera de Andalucía para especular", explica Molina. Es, por lo tanto, una iniciativa sin ánimo de lucro, que persigue el "autoconsumo", la generación de energía no contaminante y evitar que los ciudadanos hagan "una transferencia de renta pagando más por la luz que generan las grandes empresas".

Paqui Navarrete es promotora de una de las cooperativas puestas en marcha en Córdoba capital. "Yo no tengo posibilidad de montar placas solares en mi vivienda y esta es una buena solución", afirma. El pasado enero llegó a pagar 128 euros en la factura de la luz, y con este régimen de generación de energía cooperativa espera poder ahorrar casi un 50%. "Nadie se lleva beneficios y seremos socios de un proyecto de energía renovable", subraya convencida de los beneficios económicos y sociales del proyecto.

Tacha el mercado eléctrico actual de "barbaridad". Un sistema energético controlado por un oligopolio, que obtiene gruesos beneficios, gracias a un modelo tarifario que privilegia a los accionistas y penaliza a los consumidores. "Vivimos muy mediatizados por el gasto de la luz", razona, "y hay gente invirtiendo mucho dinero en placas solares" para lograr escapar de una espiral diabólica de precios excesivamente altos. Esta es una salida para "desvincularse" del dominio de las compañías eléctricas y poner en el "eje de la gestión energética" a los ciudadanos.

Además de las 15 cooperativas cordobesas, ya hay constituidas otras 8 en Cantabria, Galicia, País Valencià, Jaén, Granada, Almería y Huelva, según refleja el mapa energético impulsado por la comercializadora Ekiluz, ligada al grupo Mondragón. En total, serán ya 21.000 hogares los que se beneficien de este modelo eléctrico cooperativo. Este parque fotovoltaico generará 48 millones de kilovatios al año y ahorrará la emisión de 9.122 toneladas de CO2."              (Aristóteles Moreno, Público, 14/05/23)