Un estudio de Igualdad cambia el marco de la prostitución en España: el 24% son víctimas de explotación sexual y no el 90% como se manejaba (Isabel Valdés, El País)

 "Hace muchos años que se maneja una cifra, el 90%, para estimar las mujeres víctimas de explotación sexual dentro de la prostitución. Una cifra esgrimida desde hace más de 10 años por cuerpos policiales, instituciones como el instituto andaluz de la mujer, medios de comunicación y representantes políticos. Este miércoles, el primer macroestudio cuantitativo de aproximación, realizado por el Ministerio de Igualdad —Trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa—, aporta una nueva cifra, también estimativa, pero el primer dato que existe en España tras un análisis exhaustivo: el 24,2%. El informe, centrado exclusivamente en analizar los anuncios de prostitución de mujeres en páginas web que ofertan servicios presenciales, contabiliza 114.576 mujeres en situación de prostitución —un 0,56% del número total de mujeres mayores de edad en España—, y de ellas, entre 9.764 y 17.639 son las que calculan que están en riesgo de explotación sexual.

El pasado 23 de septiembre, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, Igualdad hizo público un avance de esos datos en el que ese número era mucho más alto: de las 114.576, se computaron 92.496 en ese riesgo. El porcentaje que suponía esa cifra, el 80,7%, estaba más cerca de ese 90% estimado desde hace tiempo, y la diferencia tiene que ver con el análisis de los datos.

Primero, cómo se cifraron en 114.576 las mujeres en situación de prostitución: ese análisis se hizo sobre más de 645.000 anuncios que, tras limpiar los datos, se quedaron en 204.333 y de los que se logró identificar a 114.576 mujeres, revisando nombre, teléfono asociado y foto. Y una vez llegaron a esa cifra, estudiaron cuántas podían estar sometidas a mafias y redes de explotación.

¿Cómo? A través de variables de riesgo que diversos organismos internacionales establecen, es decir, cuestiones que pueden indicar que esas mujeres en situación de prostitución están siendo obligadas a ejercerla.

Entre esos organismos está la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que las define como “pistas o señales de que un anuncio de servicios sexuales podría presentar o relacionarse con una persona explotada”. Indica también que “hay que tener en cuenta que estos indicadores no son pruebas concretas en sí mismos de la trata de personas, sino más bien un conjunto de ‘banderas rojas’ que pueden proporcionar un punto de partida fundamental para una mayor investigación por parte de las fuerzas del orden”, es decir, que los datos resultantes de aplicar esas variables siempre van a ser una estimación, una aproximación.

Para el estudio de Igualdad, la empresa que realizó toda la extracción y limpieza de datos, Indexa Geodata, usó nueve. De las que “seis se correlacionaban con las de la OSCE”, explican fuentes del ministerio. Nueve que el informe detalla para entender a qué se refieren.

Disponibilidad. Que “señala la disponibilidad ininterrumpida de las mujeres para concertar servicios. Las palabras asociadas para detectar esta variable informan de una disponibilidad de 24 horas y/o 7 días a la semana, todos los días”.

Personalidad. Que “hace referencia a aquellos anuncios donde se describe la personalidad pasiva, complaciente o servicial de las mujeres como recurso para atraer prostituidores”. Se usan palabras en los anuncios como “sumisa”, “obediente”, “manejable” o “dócil”.

Exotismo. Son “las descripciones de referencias a la etnia de las mujeres en términos sexualizados, desde una perspectiva etnocéntrica”, con estereotipos y “perpetuando ideas racistas” y “presentando los perfiles de las anunciantes de una manera exótica como reclamo publicitario”. Esta variable, además de indicar riesgo de explotación sexual, es también indicador de riesgo de trata. Aparecen palabras como “chocolate”, “belleza exótica”, “negrota” o “asiática”.

Corta edad. La edad es, en los anuncios, “un atributo sexual para atraer prostituidores”. La nube de palabras incluye términos que infantilizan a las mujeres o fetichizan a las jóvenes o menores de edad”. Son por ejemplo “colegiala”, “muñequita”, “estudiante” o “inexperta”.

Servicios. Lo que se ofrece se usa como “reclamo” y está enfocado a “generar interés y deseo en los potenciales prostituidores”. Han establecido aquí dos categorías. “Prácticas II”, que son las que “conllevan un peligro o daño añadido para la salud e integridad sexual y/o física de las mujeres y que pueden ser consideradas factores de riesgo ante la trata con fines de explotación sexual”; y “prácticas II”, que son las que “pueden conllevar menos riesgo y no se han tenido en cuenta en el modelo”. Los términos que entran en la primera categoría, la que sí se ha tenido en cuanta, son por ejemplo “a pelo”, “sin goma”, “lluvia dorada”, “bukkake”, “fiesta blanca” o “en mi boca tu leche”.

Fotos. Son “aquellos anuncios donde no se puede discernir la identidad real de las mujeres. Ya sea porque no aparecen sus rostros o su cara está pixelada o tapada total o parcialmente”. Esto lo han encontrado en el 42,92% de los casos (49.175 anuncios). Cuando eso sucede, “es posible suplantar la identidad para atraer prostituidores bajo falsas pretensiones o para ocultar la realidad detrás de las mujeres anunciadas”.

Pluralidad. “Se refiere a los anuncios que publicitan los ‘servicios’ de dos o más mujeres. La presentación de las mujeres como un conjunto homogéneo intensifica su despersonalización y cosificación, y puede indicar que no operan de manera independiente, sino que están vinculadas a una estructura más grande o a personas que coordinan sus actividades”. Se ve en el uso de plurales como “llámanos”, “morenas” o “todas las nacionalidades”.

Novedad. En las presentaciones aparecen cuestiones relativas al tiempo que hace que están en el lugar donde se “ofrecen los servicios”. Son términos como “recién llegadas” o “nuevas”.

Tercera persona. “Alude a los anuncios escritos en tercera persona, lo cual es señal de que no son las propias mujeres las que se publicitan. Esto, a su vez, se puede considerar indicio de la existencia de un “mediador” (tratante, proxeneta, etc.) que interviene en esta actividad”. Por ejemplo, “nuestra masajista”, “te reciben”, “cita con ella” o “te fascinará”.

Aplicando esos indicadores, puede hacerse una aproximación de cuántas mujeres en situación de prostitución están en riesgo de explotación sexual. Pero no es lo mismo aplicar uno que varios. En ese primer dato, cuando se hizo el avance del macroestudio en septiembre, se había cruzado una sola variable, explican desde el Ministerio.

Ahora, ya con el informe completo, “las variables consideradas se han dividido en dos grupos: uno que contiene las tres variables que se consideran que pueden ser más importantes para la identificación de indicios de trata sexual; y un segundo grupo, que contiene el resto de variables que desde el equipo investigador se cree que pueden aportar información acerca del riesgo de explotación sexual”, se lee en el documento.

Así, al aplicar las tres con más peso —pluralidad, presencia de la tercera persona y novedad—, la cifra baja del 80,7% de mujeres en riesgo de ser víctimas de trata al 24,2%. Carmen Martínez, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, matiza un “al menos” para ese 24,2% porque dice que en este ámbito “no puede hablarse de cifras seguras” sino más bien de aquellos casos que se detectan. La cifra, como en el resto de violencias contra las mujeres, no se corresponde “con el número real de víctimas”, “nunca se identifican todas las que son”, como también queda reflejado en el estudio.

E insiste también la delegada en que estas mujeres son solo aquellas que han encontrado en las páginas que han analizado, ya que no han rastreado todas las webs existentes, y están por ejemplo excluidas webs o anuncios de cibersexo y vídeos de contenido sexual; además de otros problemas metodológicos para acercarse lo más posible a la realidad, como que estas mujeres son lo que en estadística se denomina “población oculta o de difícil acceso”. Así, por ejemplo, el estudio marca la cifra de 114.576 pero recuerda Martínez que “son más” y que, a través de metodología estadística y “con toda la prudencia”, los resultados apuntan a que solo el pasado año, podría haber habido en España entre 152.735 y 184.234 mujeres en situación de prostitución.

“Hay una ausencia de datos, este es un espacio de sombras que supone desconocimiento por tanto de lo que sucede y que conlleva la dificultad para implementar políticas. Queremos que este estudio sirva de punto de partida para profundizar y ayudar a las mujeres prostituidas y explotadas, para protegerlas mejor, y para mejorar la persecución y el castigo de estas mafias. Es solo un primer acercamiento para poder seguir profundizando en ello”, ha explicado Martínez. Un recorrido en la investigación de esta forma de violencia machista que podría servir para la ley de trata que el Gobierno recuperó del cajón el pasado marzo pero que no termina de avanzar.

Las mujeres de entre 18 y 24 años, el grupo de edad en el que se dan las tasas más altas de prostitución

Por edades, el macroestudio del Ministerio de Igualdad publicado este miércoles refleja que el 28% de las mujeres que están en situación de prostitución tienen entre 18 y 24 años; de 25 a 36 años el 32%; de 37 a 45 años el 7% y de 46 a 55 años un 1,6%. Además, el estudio señala que en el 31% de los anuncios no se refleja la edad.

En cuanto a la procedencia, el 51% son latinas, el 16% europeas y del 29% no se tienen datos fiables. Si se tiene en cuenta la nacionalidad, Colombia está a la cabeza con el 28%; seguido de España con un 13%, y Brasil y Venezuela con un 5%.

Y por distribución geográfica, las comunidades autónomas con la mayor tasa de mujeres en situación de prostitución por cada 10.000 mujeres mayores de edad son Baleares, con 121 mujeres por cada 10.000; le sigue Cataluña, con 103; Valencia, con 73 y Cantabria, también con 73. La media en España es de 56 mujeres en situación de prostitución por cada 10.000 mujeres mayores de edad.

En números absolutos, Cataluña, con 34.759 mujeres, encabeza las comunidades con mayor número de mujeres en situación de prostitución, seguida de Madrid con 20.549, Valencia con 16.314 y Andalucía con 9.026 mujeres. "

(Isabel Valdés , El País, 30/10/24)

Catálogo de falacias abolicionistas... No vamos a dejar solas a las trabajadoras sexuales mientras se debate una reforma que clandestinizará aún más sus vidas... un modelo verdaderamente despenalizador únicamente recogería los tipos penales de prostitución forzada y prostitución de menores; es decir: la trata de personas... el modelo abolicionista nórdico vulnera los derechos humanos de las trabajadoras y no ha conseguido abolir absolutamente nada, tan solo barrer a las prostitutas de las calles para reubicarlas en espacios clandestinos... el modelo de despenalización neozelandés mejora la vida de las mujeres, es la opción recomendada por Amnistía Internacional, ONU Sida, Human Rights Watch e incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos... Desde hace nueve años la ley mordaza sanciona al cliente que solicita servicios en la calle, y esta medida, lejos de abolir la prostitución, lo que ha conseguido es precarizar a las mujeres, exponerlas a mayores riesgos y desplazarlas a espacios regentados por terceros (Paula Sánchez Perera)

 "El PSOE, alineado con la derecha, ha desempolvado la misma propuesta abolicionista que casos como el de Mediador le obligaron a guardar en el cajón. Desde la investigación académica y el trabajo de campo conocemos el impacto de estas medidas y en 2022 ya escribí un artículo documentando las consecuencias que esta reforma del Código Penal traería para quienes ejercen la prostitución. Sin embargo, los ideales pesan más que los efectos materiales para el añejo debate; por eso hay un sector más preocupado por el uso de términos como ‘trabajadora sexual’ que por que vayan a desahuciarlas en masa. Cuando una postura goza de todo el poder institucional, no asistimos a un debate, sino a un combate dialéctico en el que la hegemonía abolicionista disemina sin obstáculo sus eslóganes, mientras la postura proderechos queda relegada a la caricatura que esta hace de ella. Para contribuir a equilibrar la balanza, en este artículo repaso algunas de las falacias más habituales de nuestro falso debate.

1)    No existe ninguna evidencia que apoye que la regulación mejora la vida de las prostitutas. De hecho, en Alemania y en Holanda ha empeorado.

Más que de una falacia se trata de una falta de formación deliberada y la clase de expresión que demuestra que hay abolicionistas que solo se leen a sí mismas: ninguna organización de trabajadoras sexuales demanda el regulacionismo. De hecho, el propio sindicato holandés Proud denuncia sus inconvenientes y reclama, en cambio, el modelo de despenalización neozelandés. Para muchas “son lo mismo” porque clasifican las normas jurídicas en función de si “legitiman” o no la prostitución, pero, aunque no estemos en un examen de derecho, convendría ser rigurosas, no extender bulos y poner en práctica el pensamiento crítico: ese que comienza cuestionando los propios prejuicios. Verbos como ‘legalizar’, ‘regular’ o ‘despenalizar’ enuncian acciones muy diferentes.

Otra de sus fake news consiste en afirmar que en España la prostitución ya está despenalizada. Sin embargo, lo que despenalizó el PSOE en 1995 fue la tercería locativa, que Franco había penalizado en 1956 cuando declaró la abolición de la prostitución “velando por la dignidad de la mujer”. En nuestro contexto se combina un Código Penal que ya es abolicionista con un alterne reglamentado y un ejercicio callejero prohibido a través de ordenanzas y de la ley mordaza. Mientras el Código Penal español considera irrelevante el consentimiento de las prostitutas, un modelo verdaderamente despenalizador únicamente recogería los tipos penales de prostitución forzada y prostitución de menores; es decir: la trata de personas.

¿Hay evidencias de que el modelo despenalizador mejore la vida de las mujeres? Sí, por ejemplo, la evaluación oficial del gobierno neozelandés, estudios como el de la universidad de Otago con una muestra de 772 trabajadoras sexuales o, si lo prefieren en castellano, el volumen traducido por Virus. De ahí que sea la opción recomendada por Amnistía Internacional, ONU Sida, Human Rights Watch e incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. En cambio, el modelo abolicionista nórdico vulnera los derechos humanos de las trabajadoras y no ha conseguido abolir absolutamente nada, tan solo barrer a las prostitutas de las calles para reubicarlas en espacios clandestinos.

2)    Se legisla para la mayoría, que está obligada a prostituirse, no para las privilegiadas.

Al margen de que desconozco cuál es el privilegio del que goza una persona que carece de derechos –sociales, civiles y laborales–, sufre un estigma y suele estar, de hecho, en posición de opresión con respecto a quien le asigna este adjetivo, no existe ningún estudio cuantitativo que avale que el 80, 90 o 95% de la prostitución es trata. La ONU la cifró en su momento en un 14%, cifra muy similar a la hallada por Carmen Meneses en Euskadi. El reciente Plan Camino la estima en un 10%. Resulta fundamental no olvidar (como tantas veces nos ha reclamado el Consejo de Europa) que existen muchas más modalidades de trata de personas en nuestro país y el último balance del CITCO ha comenzado a dar cuenta de ello. En febrero una operación policial detectó 21 mujeres víctimas de explotación laboral en zonas agrícolas, a las que no dejaban comer ni beber y una de ellas había sufrido un aborto. Lo que tienen en común muchas modalidades de trata es el cierre de fronteras de la Europa Fortaleza que favorece a las redes, así como una ley de extranjería que condena a las personas migrantes a tres años de irregularidad forzosa.

3)    Se requiere de una ley abolicionista del sistema prostitucional junto a la abolición de la ley de extranjería.

El recurso a la ley de extranjería es una especie de comodín de la llamada, pero que en realidad se trata de un cliché vacío. En occidente, las políticas abolicionistas son uno de los instrumentos que emplea la policía para llevar a cabo el control migratorio, desde el enfoque trafiquista y securitario con el que Europa tematiza la trata, hasta las redadas en los clubes que acaban con aquellas mujeres que no pueden o no quieren denunciar en un CIE a la espera de deportación. Como mostró el informe de Mundo en Movimiento, el perfil mayoritario de mujeres encerradas en el CIE de Aluche era el de prostitutas latinoamericanas con cargas familiares. Estas políticas dan cobertura humanitaria a las deportaciones, opacadas detrás de verbos como “liberar” expedientes de expulsión. Por eso, oír a abolicionistas favorables a las medidas punitivas pedir a la vez la derogación de la ley de extranjería es como escuchar al director de un matadero hablar de antiespecismo: no cuela. Más sangrante, sin duda, cuando proceden de las filas del PSOE, partido que votó en contra de la PNL de Regularización Ya; colectivo del que es portavoz Kenia García, también militante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. Este, como otros tantos del movimiento migrante y antirracista, se ha significado como proderechos y obras como Putas migras de Linda Porn y Kali Sudhra dan cuenta de la coherencia de esta alianza.

4)    Ninguna mujer lo hace porque quiere: no existe libre elección en condiciones de miseria.

Estamos de acuerdo: en el capitalismo la clase obrera no suele trabajar porque quiera, sino por necesidad económica. Como tenemos conciencia de clase, entendemos que el hecho de que jornaleras, riders, camareras de piso, trabajadoras del hogar y un largo etc. no tuvieran un amplio abanico de opciones no significa que lo que hagan deje de ser un trabajo. Tampoco tiene mucha lógica sostener que darles derechos a estas personas favorece su explotación, al contrario, pero en dichos casos no existe un estigma nublando el juicio. La patronal del alterne lleva décadas demandando la regulación de la prostitución por cuenta propia y no ajena por algo: porque figurar tan solo como arrendadores del espacio y tener a las mujeres como falsas autónomas trabajando bajo sus condiciones es lo que les sale rentable.

Llamar ‘trabajo’ al trabajo no implica defender el trabajo, al menos desde una perspectiva de izquierda. Para el marxismo, en el modo de producción capitalista el trabajo es el ámbito de la venta de uno mismo como mercancía y, por tanto, se trata del contexto de la explotación. La única herramienta que hemos conquistado en estos últimos siglos para hacerle frente a los abusos y a la explotación, para reducir la vulnerabilidad y proteger a los trabajadores se llama derechos.

5)    Hay que poner el foco en la demanda: sin clientes no hay prostitución.

Como se lleva documentando en tesis doctorales e informes de entidades, con la crisis económica de 2007 primero y con la pandemia después, ha ocurrido más bien lo contrario: más oferta que demanda. Convendría recordar que eso de que “somos el tercer país del mundo en consumo de prostitución” viene de un estudio de 1998 que, a su vez, utilizaba datos de 1990 y solo observó nueve países.

No es que yo crea que la clientela de la prostitución sea el adalid del feminismo (al contrario) ni tampoco que no piense que la prostitución es una institución patriarcal (por supuesto que sí), pero no es la única y ni siquiera la más peligrosa (esa se llama matrimonio). El problema estriba en asumir que la causa de la prostitución es la clientela, porque ese enfoque individualista desresponsabiliza al Estado de las causas estructurales por las que existe, las cuales tienen más que ver con la feminización de la pobreza y el cierre de fronteras. No hay forma humana de “ir a por el cliente” sin perjudicar principalmente a las mujeres. Desde hace nueve años la ley mordaza sanciona al cliente que solicita servicios en la calle, y esta medida, lejos de abolir la prostitución, lo que ha conseguido, de acuerdo con el estudio del Grupo Antígona de la Universidad de Barcelona, es precarizar a las mujeres, exponerlas a mayores riesgos y desplazarlas a espacios regentados por terceros.

Para ser “invisible”, llama la atención que llevemos casi una década sancionándola, que exista una producción académica e incluso audiovisual creciente y que se hayan destinado cientos de millones a pagar campañas contra la demanda. Es como quien sale en la portada del periódico afirmando que ya no se puede hablar de nada, porque te cancelan. Por mi parte, creo que el foco tiene que estar puesto en las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres por la criminalización y la clandestinidad, en la derogación de todas las normativas, en la reforma urgente de la ley de extranjería y en construir alternativas realistas para el abandono del ejercicio. Resulta obsceno gastar tantos millones en campañas contra la demanda cuando las becas para el abandono apenas alcanzan los 400 euros mensuales.

6)    Decir que las mujeres tienen derecho a venderse es lo mismo que decir que los hombres tienen derecho a comprarlas: no es lo mismo pasar la fregona que ser la fregona.

Si dicen que vender servicios sexuales es equivalente a venderse como mujer, entonces también están diciendo que nuestra identidad se reduce a unos genitales. El patriarcado considera que las mujeres somos solo sexo, una subjetividad sexualizada, de modo que nuestra dignidad y reputación se encuentra entre las piernas. Reducidas a ser cuerpos frente a las masculinas mentes cartesianas, hoy se nos pide que “no nos cosifiquemos”, que nos respetemos, que seamos mujeres “de alto valor”. Lo que no entiendo es cómo puede llamarse feminista una narrativa que reproduce esta escala de valores, aunque sea de manera acrítica e inconsciente.

En cuanto al tema de las fregonas y como profesora de Filosofía, me gustaría aclarar una vez más que en el capitalismo a la mercancía humana se le denomina fuerza de trabajo. Estos términos no representan ninguna clase de dicotomía, son sinónimos. Díganle a la camarera de piso que falleció el pasado año en Tenerife por la cantidad de fármacos que tenía que tomar para soportar la jornada laboral que no era su cuerpo lo que el capital ponía en juego. No entiendo la obsesión por idealizar y romantizar el concepto de trabajo para poder así demonizar a la prostitución; de lavarle la cara al capitalismo y olvidar el cuerpo en todas las demás relaciones de producción y reproducción. Ninguna capacidad o facultad humana con la que trabajamos en este sistema es ajena al Yo; ninguna parte del cuerpo es más sagrada que otra: este modo de producción se alimenta de sangre, sudor y músculo.

7)    El sexo no puede ser una relación laboral, son violaciones remuneradas.

En mi tesis doctoral documenté casos donde, al intentar denunciar una agresión sexual, la policía buscaba disuadir a la mujer diciéndole que eran “gajes del oficio”. El machismo considera que una prostituta nunca puede sufrir una violación, porque no tiene la reputación suficiente (se viola a las “puras”, frente a las cuales ellas están “disponibles”). En el otro extremo, el abolicionismo opina que se trata siempre de una violación. Estas dos respuestas antagónicas (nunca/siempre) tienen en común juzgar la violencia a partir de una idea preestablecida y esencialista. En cambio, y de acuerdo con Amnistía Internacional: “El análisis del consentimiento es necesariamente específico de cada caso y cada contexto, y en toda consideración relativa a la cuestión del consentimiento debe darse prioridad a las opiniones, las perspectivas y las experiencias de las personas que venden servicios sexuales”. También esta entidad señala que ambas posturas esencialistas conducen a consecuencias similares, como dificultar la detección de las violencias concretas cuando se producen, mermar la credibilidad del testimonio (que será juzgado a partir de sus estereotipos) y generar, en consecuencia, indefensión jurídica.

Situar al mismo nivel consumir servicios sexuales que agredir normaliza la violencia que puedan sufrir estas trabajadoras, algo especialmente grave para uno de los colectivos que menos recurre a la justicia. Las trabajadoras del sexo internalizan estos discursos, lo que las disuade muchas veces de denunciar, asumiéndose poco creíbles unas veces, y otras como malas mujeres que se merecen lo que les ocurra. Desde mi punto de vista, se debe reconocer la violencia sexual en el contexto de prostitución sin esencializarla en un siempre o en un nunca, y personas declaradas feministas no deberían ser las primeras en denegarles su capacidad de consentimiento.

8)    Deberías leer teoría feminista: feminismo solo hay uno, que es y siempre será abolicionista.

Angela Davis, Judith Butler, Emma Goldman, Nancy Fraser, Silvia Federici o Martha Nussbaum son solo algunos de los muchos nombres de teóricas feministas que demuestran que esto no es cierto. La perspectiva interseccional, de hecho, es diametralmente opuesta a la del feminismo “radical” que considera que solo hay una categoría de opresión fundamental –la de género– y las demás tan solo hacen más pesada esa carga. ¿Que las sufragistas eran abolicionistas? Sí, y también liberales, burguesas, colonialistas, heterosexistas y otros muchos sesgos, ¿reclamamos también todo eso?

Decía Echols que las autodenominadas feministas radicales de los ochenta tenían poco en común con las genuinas, y que eran, más bien, feministas culturales. De hecho, Kate Millet apoyó la huelga de prostitutas de 1975 en Lyon y también firmó, junto a Adrianne Rich, el informe de la FACT que se oponía a la prohibición de la pornografía en Indianápolis; ordenanza ideada por MacKinnon y Dworkin en alianza con Reagan. Como muestra de su “radicalidad”, a favor del abolicionismo también tenemos al papa, Frontex, la UCRIF, Ana Botella o Cuca Gamarra.

Al margen del clasismo que entraña mandar a leer, convendría recordar que nuestros derechos se los debemos al feminismo autónomo y de las bases. Y no, sus asambleas de coordinación, desde la transición hasta el presente, no le pertenecen al abolicionismo. Mujeres como Empar Pineda o Cristina Garaizabal formaron parte de las luchas que conquistaron derechos tales como el del aborto (como se recogía en este episodio de Ciberlocutorio) u otros tantos que rememora la genealogía de Paloma Uría.

El feminismo no ha venido a suturar la muerte de Dios, no es una religión con dogmas sagrados ni la sororidad sustituye al amor romántico; es, como decía Vasallo, ante todo un método y una praxis. Este es un momento crucial para que las proderechos hagamos ruido y abandonemos la tibieza por miedo al conflicto. Tenemos argumentos de sobra y no vamos a dejar solas a las trabajadoras sexuales mientras se debate una reforma que clandestinizará aún más sus vidas. No hemos venido a caerle bien a nadie ni a hacer negocio con el feminismo: sí, somos las malas y estamos orgullosas de romper con el principal mandato patriarcal."

(Paula Sánchez Perera es autora de Crítica de la razón puta: cartografías del estigma de la prostitución.  CTXT, 09/04/24)

El acoso abolicionista a las trabajadoras sexuales es contrario a la ley y al Convenio 190 de la OIT... las campañas dirigidas a convencer a la opinión pública de que el abolicionismo es la mejor opción para la sociedad, han ido acompañadas de una violencia inusitada en contra de toda manifestación en favor del reconocimiento de derechos de las trabajadoras del sexo, así como frente a todo intento de llevar a la luz pública argumentos que rebatan aquella postura, en un afán de abrir un debate que viene siendo negado desde el abolicionismo, empecinado en alcanzar su objetivo a cualquier precio, puede entenderse constitutivo de la conducta de acoso

 "Desde hace unos años el movimiento abolicionista ha iniciado una campaña dirigida a colgar en nuestro país el distintivo de “territorio libre de prostitución”, a pesar de que dicha iniciativa no pueda conseguir el pretendido objetivo de librarse de la prostitución en nuestro entorno, como así se desprende de la situación de otros países en los que se ha abogado por políticas abolicionistas o prohibicionistas (Suecia, Francia, Irlanda, por ejemplo), despreocupándose  -pues nada tiene que ver con su verdadera meta- de cuál sea la situación en la que se deje a las prostitutas, dado que la precariedad no puede ser la alternativa la prostitución.

En los últimos tiempos, ese movimiento ha encontrado el apoyo de diversos grupos políticos, de forma más o menos homogénea, o con importantes discrepancias, como es el caso de Unidas Podemos. Lo cierto es que, en esa situación de poder, las campañas dirigidas a convencer a la opinión pública de que el abolicionismo es la mejor opción para la sociedad, proporcionando una batería de argumentos que arranca de la negativa a reconocer el trabajo sexual libremente prestado y que equipara la prostitución con la trata, han ido acompañadas de una violencia inusitada en contra de toda manifestación en favor del reconocimiento de derechos de las trabajadoras del sexo, así como frente a todo intento de llevar a la luz pública argumentos que rebatan aquella postura, en un afán de abrir un debate que viene siendo negado desde el abolicionismo, empecinado en alcanzar su objetivo a cualquier precio.

En esta tesitura, el movimiento abolicionista se ha visto respaldado, en buena medida, por medios de comunicación e instituciones públicas -con gobernantes abiertamente declarados como abolicionistas-, dando pie a un contexto de descalificación, hostigamiento y censura, que queda fuera de los márgenes legales y constitucionales, incurriendo en arbitrariedades difícilmente justificables en el actual panorama regulador de la prostitución, en la que ésta se encuentra en un limbo de alegalidad, concurriendo en muchas ocasiones con otra actividad, la de “alterne”, que ha recibido el beneplácito de los tribunales en reiteradas ocasiones (la última, STS, Penal, de 25 de enero de 2023, rec. 817/2021).

Pues bien, teniendo en cuenta esta circunstancia de alegalidad de la prostitución, el contexto hostil generado desde el abolicionismo contra las trabajadoras sexuales puede entenderse constitutivo de la conducta de acoso descrita en el artículo 6.4 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Este artículo define como acoso, “cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en la misma, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

Entre tales causas de discriminación no se menciona expresamente el trabajo sexual, si bien la referencia a “otra condición o circunstancia personal o social” permitiría incluir al trabajo sexual como causa discriminatoria, teniendo en cuenta que las trabajadoras sexuales constituyen un colectivo vulnerable, siendo el estigma que las acompaña la principal razón de su vulnerabilidad.

Por otra parte, y si se llegase a negar que el trabajo sexual constituye un factor de discriminación, resulta de todo punto innegable que sí constituiría un criterio aparentemente neutro con efectos discriminatorios, al afectar mayoritariamente a grupos caracterizados por su pertenencia a unos determinados orígenes raciales o étnicos, sexo o situación socioeconómica, factores reconocidos todos ellos en la Ley 15/2022 como criterios de diferenciación discriminatorios.

Por otra parte, el artículo cuarto de la Ley identifica como conducta discriminatoria “el acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de intolerancia, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales, la inacción, dejación de funciones, o incumplimiento de deberes”.

Las muestras de intolerancia y ambiente hostil a que se refieren estas normas han sido reiteradas a lo largo del tiempo frente a la prostitución, motivando la preocupación de las trabajadoras sexuales por encontrarse en espacios seguros cuando han decidido plantear un debate público sobre su situación, en un intento de hacerse oír. Incluso se ha constatado el intento institucional por hacer desaparecer estas voces en sedes universitarias, lo que llevó a la aparición del movimiento #UniversidadSinCensura reivindicando la libertad de expresión tras la suspensión de un acto en A Coruña, por presiones de colectivos abolicionistas.

Semejantes acciones de acoso, por lo demás, no quedarían exclusivamente vedadas a la luz de la Ley 15/2022, sino también en virtud del recientemente ratificado por España Convenio 190 OIT sobre la violencia y el acoso, que entrará en vigor el 25 de mayo de 2023. En este Convenio se identifica la expresión “violencia y acoso” en el mundo del trabajo con “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Junto a ello, el Convenio alude a la expresión «violencia y acoso por razón de género» entendiendo por tal a “la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.”

Es cierto que el Convenio todavía no está en vigor (le faltan pocos meses), pero debería servir desde ya mismo de canon de interpretación de la norma interna, teniendo en cuenta que el mismo identifica como violencia o acoso aquellos comportamientos, aislados o repetidos, que tengan por objeto -o, que, sin tenerlo, causen- un daño físico, psicológico, sexual o económico.

Pues bien, todo el contexto de hostigamiento descrito entraría de lleno en esta definición de violencia o acoso, tanto por los objetivos perseguidos (erradicar la prostitución del espacio público, así como eliminar las opciones de lucrarse con esta actividad); por sus efectos (esto es, profundizar en el estigma que soportan las trabajadoras sexuales, ahondando en el ataque a su dignidad y consolidando el entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo en el que desde siempre se ha movido la prostitución); y por la falta de acción de los poderes públicos para garantizar los derechos fundamentales (vida, integridad física, vivienda, libertad de expresión, derecho al trabajo -habiéndose legislado de forma contraria, prohibiendo la publicidad de las actividades de contenido sexual-…), lo que posibilita la exigencia de responsabilidades administrativas, y en su caso, penales o civiles por el daño causado, y que podrán incluir la indemnización, hasta lograr la reparación plena y efectiva para las víctimas (art. 25 de la Ley 15/2022) además de la nulidad de pleno derecho de las disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación (art. 26) y, en el caso de la  persona física o jurídica que cause discriminación, reparación del daño causado (presumiéndose la existencia de daño moral) proporcionando una indemnización y restituyendo a la víctima a la situación anterior al incidente discriminatorio, cuando sea posible (art. 27).

En el ámbito de la responsabilidad administrativa, las infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación pueden conllevar multas que oscilan entre 300 y 10.000 euros (infracciones leves), entre 10.001 y 40.000 euros (infracciones graves) y entre 40.001 y 500.000 euros (infracciones muy graves) debiendo invertirse lo recaudado por el cobro de las multas en la promoción de sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación y lucha contra la intolerancia.

En cuanto a los sujetos legitimados para actuar en defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, el art. 29 de la Ley 15/2022 reconoce legitimación, además de a las personas afectadas, a  los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, a las que se reconoce legitimación en los términos establecidos por las leyes procesales, para defender los derechos e intereses de las personas afiliadas o asociadas o usuarias de sus servicios en procesos judiciales civiles, contencioso-administrativos y sociales, siempre que cuenten con su autorización expresa.

A la hora de interponer las acciones que se estimen pertinentes por parte de los sujetos legitimados, interesa destacar que lo que deberán aportar son indicios fundados de la conducta discriminatoria (acreditar la reducción de todo espacio para el ejercicio de la prostitución; situación de hostigamiento en la que viven las trabajadoras sexuales, etc.) correspondiendo a aquél a quien se impute la situación discriminatoria aportar la existencia de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 

Sobre este particular, cabe señalar que no resultaría válida la principal argumentación esgrimida por el abolicionismo para la adopción de estas medidas restrictivas, esto es, la lucha contra la trata, ya que la medida resultaría claramente inidónea (y, por consiguiente, desproporcionada, al no superar, cuando menos, uno de los tres juicios integrados en el juicio de proporcionalidad -idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto-), en el sentido de que no se contribuye a acabar con el tráfico aboliendo la prostitución, sino que lo que se consigue es empeorar las condiciones en las que la prostitución se ejerce, y ocultar todavía más la actividad. Tampoco la pretendida defensa de la dignidad de la trabajadora sexual resultaría constituir una justificación válida, pues lo que resulta contrario a su dignidad son las condiciones en las que la trabajadora sexual se ve obligada a prestar sus servicios, no la actividad en sí misma considerada, que no está prohibida en nuestro ordenamiento.

En este sentido, hay indicios más que sobrados de actuación discriminatoria en la misiva recientemente remitida por la consellera de Justicia, Interior y Administración, Gabriela Bravo, a los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, instándoles a sumarse a la lucha para abolir la prostitución mediante la adopción de Ordenanzas Municipales, y que se puede encontrar colgada en la web de la consellería, en el foro abolición de la prostitución, al considerar que la prostitución no es más que humillación, explotación y violencia de género, en un acto voluntarista, que no cuenta actualmente con el respaldo de leyes."                           

(Fernando Fita Ortega,  Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Miembro de la Alianza Pro-derechos de Castellón, Alicante y Valencia (APROCAV), Viento Sur, 23 febrero 2023)

El Supremo condena a seis meses de cárcel a los dueños de un prostíbulo por no dar de alta a 14 prostitutas... la Jurisprudencia de la Sala de lo Social no ha dudado en afirmar el carácter laboral de la actividad de «alterne» siempre que se acredite la ajenidad de la prestación y la dependencia de dicha actividad en el seno de una organización empresarial... el tribunal de instancia establece como hechos probados que “en las diez habitaciones existentes en el establecimiento se ejercían actividades de prostitución y en la zona de bar una actividad de «alterne» con intensos rasgos de laboralidad -marco horario prefijado, previsión del régimen retributivo por número y tipo de consumición servida y normas de vestuario fijadas por los gestores del establecimiento-. Descartándose, al tiempo, tanto la existencia de proxenetismo locativo penalmente relevante, pues la actividad de prostitución se ejercía por cuenta propia de las mujeres que así lo decidían, como toda conexión de continencia o de inherencia entre dicha actividad por cuenta propia y la de «alterne» por cuenta ajena”

 "El Tribunal Supremo ha condenado a seis meses de cárcel y al pago de una multa a los dueños del club de alterne Las Marismas por un delito contra los trabajadores. Ambos no dieron de alta a las 14 prostitutas que ejercían su profesión en este club. Explican los jueces de la Sala Segunda que "el ejercicio de la prostitución por cuenta propia no tinta a la actividad de «alterne» por cuenta ajena de ilicitud causal y, en consecuencia, no diluye las obligaciones del empresario de dar de alta en la Seguridad Social a los o a las trabajadoras por la actividad lícita efectivamente ejecutada”.

El fallo también deja un ‘recado’ a los escritos forenses, a quienes les recuerda que “a la hora de referirse a las personas que ejercen la actividad de «alterne» o de prostitución deberían evitarse términos que reflejan un sesgo valorativo cosificador y discriminatorio, predeterminativo de un rol social de sujeción”.

La sentencia

En la sentencia, dicen los magistrados que 14 mujeres no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, pues solo el gerente, el encargado, la cocinera y un camarero estaban trabajando de forma legal. Estas mujeres ejercían labores de alterne, captando clientes para incentivar el consumo de bebidas y recibiendo una retribución consistente en una comisión por cada copa en función del precio, siendo establecidas previamente estas cantidades por la empresa y pagadas a las chicas por esta, no por los clientes. El club fijaba el horario de las trabajadoras, con la flexibilidad propia de su actividad entre las 17:00 y las 5:00 horas, coincidiendo con el de apertura y cierre del local. Algunas disponían de habitaciones para pernoctar en el establecimiento por las que no pagaban nada si no las utilizaban para realizar algún servicio.  

Sobre los contratos, explican los jueces que no pueden hacerse cuanto existe subordinación a terceros, pero descartado dicho marco de subordinación a terceros en el ejercicio de la prostitución, la Jurisprudencia de la Sala de lo Social no ha dudado en afirmar el carácter laboral de la actividad de «alterne» siempre que se acredite la ajenidad de la prestación y la dependencia de dicha actividad en el seno de una organización empresarial. La razón fundamental estriba en que la actividad de «alterne» genera unos rendimientos económicos, consecuentes a la previa organización de capital y trabajo, que deben estar sometidos a las condiciones tributarias y laborales que protejan a los trabajadores.

Y añaden que, el contrato de trabajo se presume existente siempre que la actividad laboral remunerada se desarrolle por cuenta ajena en el ámbito de organización y dirección de otro.

Pues bien, en el caso, el tribunal de instancia establece como hechos probados que “en las diez habitaciones existentes en el establecimiento se ejercían actividades de prostitución y en la zona de bar una actividad de «alterne» con intensos rasgos de laboralidad -marco horario prefijado, previsión del régimen retributivo por número y tipo de consumición servida y normas de vestuario fijadas por los gestores del establecimiento-. Descartándose, al tiempo, tanto la existencia de proxenetismo locativo penalmente relevante, pues la actividad de prostitución se ejercía por cuenta propia de las mujeres que así lo decidían, como toda conexión de continencia o de inherencia entre dicha actividad por cuenta propia y la de «alterne» por cuenta ajena”.

Por tanto, “en plena coincidencia con lo argumentado por el Tribunal Superior, el hecho de que las personas que desempeñaban la actividad laboral de «alterne» que se declara probada pudieran, además, ejercer eventualmente la prostitución por cuenta propia no tinta a aquella de ilicitud causal y, en consecuencia, no diluye las obligaciones del empresario de darles de alta en la Seguridad Social por la actividad lícita efectivamente ejecutada”. (...)"                    (Loreto Ochando  , El Plural, 07/02/23)

Telmo Irureta o de cómo buena parte del feminismo se equivocó a lo grande... Las redes se llenaron de insultos cuando el actor dijo en la ceremonia de los premios Goya “nosotros también follamos”. El tema de la asistencia sexual no es un tema fácil, pero buena parte del feminismo la ha fastidiado, y mucho, por su reacción hiriente y discriminatoria... El debate “la sexualidad no es un derecho, es un deseo” me parece insustancial... Mi empatía hacia una persona que tiene una situación como la de Telmo es alta. Y lo es porque no me siento con poder de enjuiciarle. No me siento con el poder de decirle como vivir su vida, porque Telmo tiene unas limitaciones motrices que yo no tengo. Antes de nada, quizá se tendría que oír a toda la gente como Telmo

"El 11 de febrero se celebraron los Goya. Un muchacho con discapacidad física grave —parálisis cerebral con alto grado de tetraparesia— ganó una estatuilla y pronunció estas palabras: “Nosotros también existimos, nosotros también follamos. Brindemos por más representación de todos los cuerpos y un cine más inclusivo”.

Y las redes ardieron.

Y ardieron como hacen siempre, con prisas, sin debate, yendo al insulto, al daño, al desprecio, al acoso, sin parar a pensar en nada. Las feministas de bien, las del cartel abolicionista, sacaron las armas: Telmo era un putero explotador de mujeres que había hecho un alegato a favor de la violación y el resto, quiénes veíamos en su discurso una reivindicación legítima, éramos cómplices.

Yo seguía la gala con interés y su momento me pareció muy significativo y necesario. Pude leer el hervidero de comentarios malsonantes en el Instagram de la Academia y luego, cómo la gente osaba ir a su muro a decirle cosas como “violador de mujeres en silla de ruedas”. Yo no dejé de escribir, desde el respeto pero con indignación, mientras me decían cosas como “pon tú el coño para Telmo” y semejantes.

Todo el argumentario abolicionista no me sirve para justificar la vejación a la que sometieron a esta persona. Ni todos esos: “Tiremos de hemeroteca, que dijo que pagó por sexo”. No me sirve, nunca me va a servir. ¿En qué momento el discurso se salta a la persona y se come a la de enfrente a cualquier precio?

Yo no soy abolicionista, pero puedo empatizar con ciertos puntos de la gente que lo es y tengo hasta mis dudas. Pero, por encima de todo, soy una persona que intenta ser prudente y sensible con diferentes causas. La causa que representa Telmo —de forma involuntaria por su papel en La consagración de la primavera y de forma voluntaria por su discurso en los Goya— no es una causa menor al feminismo.

El debate “la sexualidad no es un derecho, es un deseo” me parece insustancial. Como cuando le preguntan a la gente vegana: “Y si te vas a una isla desierta y no hay plantas, ¿te comerías a un animal?”. Pero se repite tanto y se usa tanto que al final una manipulación pretenciosa se convierte en verdad.

Los derechos sexuales y reproductivos los recoge la ONU desde hace tiempo. Algunos de los puntos son el derecho a la autonomía personal y a la libre elección de la sexualidad. En el caso de la gente con discapacidad física grave, el dilema viene porque su autonomía proviene de terceras personas. Por lo tanto, la sexualidad entraría en una esfera a tratar.

En cualquier caso, aunque estos derechos no existieran, negar la importancia de la sexualidad en la conformación de nuestra persona es una completa estupidez. Somos seres sexuales, de diferentes formas y en diferentes grados. El sexo aporta placer pero también salud y autoestima, afecto y comunicación. El sexo también nos ofrece identidad, formas de ser y de auto-denominarnos, de elegir y crecer.

La gente dice que sin sexo se puede vivir. Puede pero, por la experiencia que hemos vivido las mujeres, creo que es fácil entender que no se vive mejor cuando no es tu elección si no una imposición de fuera. En nosotras, la imposición ha venido del patriarcado, mientras que en la gente con una discapacidad física severa por su corporalidad y los tabúes y estigma sobre ella, ha venido por el capacitismo. Nadie se siente bien cuando no puede elegir sobre su deseo, placer, ni nada. Convencernos del resto es solo engancharnos en temas que no van a ninguna parte.

Entiendo que el tema de la asistencia sexual, la prostitución y el trabajo sexual, no es un tema fácil. Y comprendo muchas reticencias, puntos de vista dispares y que el debate se tenga. Pero no comparto tenerlo a costa del insulto. Porque cuando aparece el insulto, el debate se anula.

Buena parte del feminismo la ha fastidiado, y mucho, con Telmo. Han sido profundamente discriminatorias, profundamente hirientes y profundamente faltas de empatía, planteándose escenarios que ni conocían ni tan solo existen. Telmo ha tenido que decir que nunca ha pagado a mujeres, porque es homosexual. Algunas se han apresurado a decir que es lo mismo, pero está claro que en su interior no lo es. El imaginario colectivo abolicionista sobre el putero estilo Torrente (física o mentalmente) aprovechándose de una mujer (a ser posible inmigrante) pobre que no llega a final de mes, se les vino abajo. La realidad es amplia y si no sabemos, mejor callar, primero preguntar o sencillamente escuchar.

Mi empatía hacia una persona que tiene una situación como la de Telmo es alta. Y lo es porque no me siento con poder de enjuiciarle. No me siento con el poder de decirle como vivir su vida, porque Telmo tiene unas limitaciones motrices que yo no tengo. Antes de nada, quizá se tendría que oír a toda la gente como Telmo. A muchas mujeres que por cierto siempre, de forma más que perversa y pretenciosa, se sacan de la ecuación. Ellas tienen sexualidad y ellas también pagan a asistentes sexuales. Ya sé que no todas están a favor, también contemplo esa posibilidad, pero eso no cierra el debate.

El feminismo de hace dos semanas no es mi feminismo, no lo quiero, no me representa y simplemente me espanta. El feminismo de ese fin de semana de febrero le debe una disculpa, sin excusas, sin “peros” a Telmo. Pero ya sé que no va a ocurrir o que ocurrirá de parte de muy poca gente. Porque quien tiene el poder, nunca reconoce sus faltas."                                       (Carmen Godino Megía , El Salto, 26 feb 2023)

Telmo Irureta, ganador del Goya: "No he recurrido a asistentes sexuales pero sí a la prostitución. No puede desaparecer"

"(...) "No se han puesto en nuestra piel"

Telmo Irureta defiende la figura de las asistentes sexuales para las personas con diversidad funcional, si bien precisa que él nunca ha recurrido a ella porque ha optado por la prostitución, que, a su juicio, "no puede desaparecer".

El intérprete, que tiene parálisis cerebral, protagonizó uno de los momentos más aplaudidos de la gala de los Goya por un discurso que terminó con un contundente: "las personas con discapacidad también existimos y también follamos". Se reconoce así su papel protagonista en la película 'La consagración de la primavera', dirigida por Fernando Franco, y que aborda precisamente la sexualidad de una persona con discapacidad a través de una improvisada asistente sexual, una universitaria recién llegada a Madrid.

Irureta asegura en una entrevista con Europa Press que no le sorprendió levantar tantos aplausos y señala que llevaba la idea de su discurso "bastante clara". Después, leyendo comentarios sobre sus palabras, se ha dado cuenta de que "mucha gente" opina como él, pero otros "no han entendido" lo que quiere decir.

"No se han puesto en nuestra piel", lamenta al respecto, para reivindicar la existencia de las asistentes sexuales para personas con diversidad funcional, una figura "importante y necesaria" que el actor conocía pero sobre la que aprendió más gracias a la película 'La consagración de la primavera', con la que ha ganado el galardón y aborda este tema.

Pese a esta defensa, el actor, sobrino de la veterana actriz Elena Irureta, explica que él nunca ha recurrido a esta figura porque ha optado por la prostitución, aunque puntualiza que no siempre ha tenido sexo pagando. "En mi caso es más difícil (tener relaciones sexuales sin pagar) porque cuerpos como el mío no gustan. Entonces, tienes muchas más limitaciones, la gente tiene muchos prejuicios y miedos. Hay que tener una solución, no estar intentando convencer todo el rato o estar con alguien que igual no me gusta", expone.

Sobre las asistentes sexuales, detalla que se ocupan de quedar con las personas "para conocerse, hablar o tomar un café", un proceso que entiende pero sobre el que añade: "Según tu momento, según como estés, igual no quieres tomarte ese café. Igual quieres ir directamente a la cama".

En este sentido, demanda que "exista de todo" y cada uno pueda elegir la "mejor opción". Por ello, cree que la prostitución "no puede desaparecer", aunque reconoce que es consciente de que esta tiene "un lado oscuro". "Lo que yo digo es que las personas con discapacidad tengamos acceso", apunta.

"Es un pacto, un trato, un trabajo. A mucha gente le ayuda, a mí me ayuda", agrega el intérprete, quien asevera que le encanta "visibilizar la sexualidad de las personas con discapacidad", por lo que uno de sus proyectos actuales también gira en torno a ello. Se trata de una obra de teatro titulada 'Sexpiertos'.

Además, relata que antes hablaba de sexo y discapacidad "con un poco de cuidado", intentando "justificarse", pero ahora que ha visto que "no se ha entendido" lo que defiende, considera que tiene "un motivo más" para abordar el tema y "romper esquemas" con trabajos de este tipo.

"¿Y la polémica? Está guay que haya opiniones y que yo pueda decir 'uy, cómo se ha puesto este'", sentencia el actor de 34 años también diplomado en Magisterio y licenciado en Pedagogía."                   (República, 13/02/23)

La prostitución no puede abolirse a golpe de decreto porque no es una norma que se pueda derogar y menos dando la espalda a las condiciones materiales en las que se produce... Si las formas de trabajar al uso se criminalizan, en un escenario económico de crisis galopante tras la pandemia, por mucho que lo desee el abolicionismo la prostitución no desaparecerá, se desplazará a espacios todavía más clandestinos, donde las mafias y las pandillas delictivas aprovecharán el tablero de juego para establecer condiciones abusivas... Sin derechos, actuaciones sociales y una política antirracista en materia de migración tan solo se agudizará la criminalización y la clandestinidad del ejercicio. Si el proyecto civilizatorio consiste en la cronificación de la pobreza, la persecución policial, las deportaciones, la explotación laboral, la indefensión jurídica y el estigma, quizá habría que replanteárselo. Sería conveniente priorizar el impacto de las políticas en las vidas de las personas a las que atañe en lugar de hacerlo con el símbolo que ostenta la prostitución para liderar la campaña electoral y la disputa por el trono de la izquierda. Porque esta manera de comprender el asunto no es ética

 "El pasado 18 de mayo el PSOE retiró la enmienda que recrudecía el delito de proxenetismo para que la ley del “solo sí es sí” saliera adelante. Al día siguiente presentó su contenido en una propuesta de ley abolicionista; una reforma del artículo 187 del Código Penal (CP). En ella, propone una ampliación sin límites del delito de proxenetismo. Es decir, se penaliza la tercería locativa, el proxenetismo no coactivo, a la clientela e, incluso, pudiera dar cabida a la prohibición de la pornografía.

El Código Penal de la democracia –a propuesta del PSOE, por cierto– despenalizó la tercería locativa y el proxenetismo no coactivo. Desde 2003, en la legislación, se considera irrelevante el consentimiento para ejercer la prostitución y, aunque existen diferentes tendencias jurisprudenciales, en la práctica a menudo solo se penaliza el proxenetismo coactivo, la explotación sexual. Por su parte, la tercería locativa cuenta con reconocimiento de la jurisprudencia social desde los años 80 y la patronal fue reconocida en 2003 por el Tribunal Supremo, mientras que las trabajadoras no tuvieron derecho a sindicarse hasta 17 años después.

Penalizar a la tercería locativa supone que, aunque se consienta, cualquier persona que les alquile una habitación o un espacio para ejercer estaría cometiendo un delito. El colectivo de trabajadoras sexuales ya padece de dificultades sustantivas para acceder a la vivienda, porque carecen de nómina de trabajo que les acredite. La propuesta de reforma del CP les complica todavía más el acceso a un derecho que tienen restringido, favoreciendo el que los arrendatarios les rescindan contratos por miedo a la penalización o las desahucien, tal como ocurrió en Argentina tras el cierre de las whiskerías. Aunque por “tercería locativa” la mayoría de la gente tenga en mente los clubes de alterne, esto también significa penalizar el alquiler de habitaciones en hoteles o que se subalquilen entre ellas habitaciones o sus casas; situaciones, todas ellas, donde abunda el trabajo autónomo. El abolicionismo practica una criminalización indirecta, porque busca erradicar el ejercicio, pero desoye que cualquier injerencia termina perjudicando a quienes ejercen.

Además, esta propuesta de reforma del CP contempla la criminalización de la clientela. En rigor, elevaría una sanción que ya existe del nivel administrativo al régimen penal, porque desde hace siete años la ley mordaza multa a la demanda de prostitución en la vía pública mediante su artículo 36.11. Por la misma razón, contamos con una experiencia socializada desde los colectivos de trabajadoras sexuales y las entidades sociales que les atienden sobre los efectos que genera. Para evitar que sancionen a su fuente de ingresos, tienden a ocuparse en lugares más opacos y en circunstancias que las exponen a un mayor riesgo de sufrir violencia y abusos y que recortan su capacidad de negociación. La criminalización da lugar a una lógica reducción de los ingresos y un aumento de la competencia, por lo que bajan las tarifas o filtran menos; es decir, se ocupan con clientes que antes hubiesen rechazado. En contextos criminalizados, las trabajadoras negocian atravesadas por una mayor desesperación económica que beneficia al cliente. Como los clientes asumen correr el riesgo de ser sancionados, a menudo buscan con esa excusa imponer sus condiciones como no usar preservativo, regatear los precios o evitar pagar el servicio.

En cuanto a la penalización del proxenetismo no coactivo, esta se produce al considerar delito no solo la explotación ajena, sino el lucro. Este articulado difumina la distinción entre prostitución forzada y escogida, porque penaliza tanto relaciones comerciales al uso, con intermediarios o con arrendadores, como la coacción, el abuso y la violencia. Viven del lucro de la prostitución ajena tanto compañeros sentimentales en paro como hijos mayores de edad que estudian a partir de sus ingresos, pero también quienes les venden lencería, comida en los espacios de prostitución, arrendatarios, personal de seguridad y de anuncios e, incluso, taxistas con los que mantienen acuerdos. Todas estas realidades complejas, que no necesariamente vulneran la libertad e indemnidad sexuales y la dignidad de la trabajadora, no deberían ser descritas bajo una misma figura penal.

Además, una realidad bastante habitual y documentada en el mercado del sexo es la de extrabajadoras sexuales que gestionan casas de citas y pisos. En las dinámicas habituales del sexo comercial, las mujeres, una vez llegan a cierta edad, ponen en marcha proyectos de movilidad social en su entorno, el que conocen y en el que han aprendido a manejarse, empleando la cartera de clientes que han cosechado con los años para abrir sus propios negocios. Este proyecto se describe como el propio de una victimaria malvada, sin mayores matices y sin atender a la heterogeneidad de factores que entran en concurso, a consecuencia de la narrativa penal que codifica el fenómeno en la dicotomía víctima/victimario. Lo cierto es que entre ellas mismas también suelen darse relaciones de subordinación, y la propuesta de reforma del CP podría criminalizar a las trabajadoras que gestionen las citas, la limpieza del espacio, los materiales y el transporte. Si las formas de trabajar al uso se criminalizan, en un escenario económico de crisis galopante tras la pandemia, por mucho que lo desee el abolicionismo la prostitución no desaparecerá, se desplazará a espacios todavía más clandestinos, donde las mafias y las pandillas delictivas aprovecharán el tablero de juego para establecer condiciones abusivas. Subirán los precios de los arriendos y se les dificultará todavía más lograr una estabilidad económica.

En la literatura académica española asistimos a un vacío importante en la investigación de campo sobre el proxenetismo. Implantar leyes de este calado requiere antes de una investigación exhaustiva a fin de conocer cuáles son las relaciones de poder más frecuentes, las diferentes prácticas de empresarios e intermediarios y la prevalencia de la violencia, de modo que se documente tanto la incidencia de una explotación extrema como la de aquellos casos de control y abuso característicos del trabajo asalariado donde las herramientas del derecho laboral pudieran hacer una mejor labor que las penales.

Cuando el derecho penal se concibe como la herramienta de transformación y justicia social, no solo se deposita en él una excesiva confianza, sino que también implica un compromiso con una racionalidad liberal. Una vez que el derecho penal entra en escena, las desigualdades sociales, como la de género, fruto de factores estructurales, se convierten en el resultado simple de una serie de acciones concretas e intencionales de un individuo o un grupo de ellos. En consecuencia, la responsabilidad deja de ser sistémica para individualizarse. Las deudas coloniales del Sur global, tanto las regulaciones y excepciones fiscales que facilitan el trabajo esclavo como la deslocalización de las fábricas, el cierre de fronteras y la clandestinidad obligatoria en la que se desarrolla la migración laboral, la desregulación creciente del trabajo informal y la desigualdad no solo de género, sino racial; todo este marco complejo desaparece eximiendo al Norte de su responsabilidad en la creación y en el mantenimiento de las condiciones materiales que producen la prostitución forzada. Dichos factores estructurales en España se conjugan con las condiciones restrictivas para el acceso al estatus de ciudadanía que impone la normativa de extranjería y sus mecanismos (controles, redadas, internamientos en el CIE y deportaciones), generando un caldo de cultivo que beneficia a las mafias y a las redes que explotan y extorsionan a las migrantes.

La prostitución no puede abolirse a golpe de decreto porque no es una norma que derogar y, mucho menos, dando la espalda a las condiciones materiales en las que se desarrolla. Sin derechos, actuaciones sociales y una política antirracista en materia de migración tan solo se agudizará la criminalización y la clandestinidad del ejercicio. Si el proyecto civilizatorio consiste en la cronificación de la pobreza, la persecución policial, las deportaciones, la explotación laboral, la indefensión jurídica y el estigma, quizá habría que replanteárselo. Sería conveniente priorizar el impacto de las políticas en las vidas de las personas a las que atañe en lugar de hacerlo con el símbolo que ostenta la prostitución para liderar la campaña electoral y la disputa por el trono de la izquierda. Porque esta manera de comprender el asunto es moral, pero no es ética."                    (Paula Sánchez Perera, CTXT, 11/06/22)

Prostitución: "Aunque sólo fuera un 1%, la prioridad es acabar con la trata, pero también hay que garantizar las condiciones de aquellas que no son víctimas... Primero hace falta un buen plan de salidas para quien necesite salir. Pero, para quien no, es importante ofrecer también alternativas"... Piikara Blood, prostituta y actriz porno, explica que se acercó a la industria del sexo "huyendo de trabajos precarios y buscando mejores condiciones de vida... Sé que hay muchas compañeras que, si hubieran tenido mejores condiciones laborales, no hubieran sido 'trabajadoras sexuales"... la causa que ha llevado a la mayoría de mujeres al "trabajo sexual" es la pobreza, para acabar con la prostitución hace falta dinero

 "Pocos debates existen dentro del movimiento feminista más controvertidos que el de la prostitución. Una disputa donde parece completamente imposible llegar a algún tipo de consenso y que ha enfrentado a dos posturas aparentemente irreconciliables, como son el abolicionismo y el reglamentarismo, que sólo tienen en común su diagnóstico: la causa que ha llevado a la mayoría de mujeres al "trabajo sexual" es la pobreza.

"Sé que hay muchas compañeras que, si hubieran tenido mejores condiciones laborales, no hubieran sido 'trabajadoras sexuales'", explica Piikara Blood, prostituta y actriz porno. Durante una entrevista para Público, Blood asegura que se acercó a la industria del sexo "huyendo de trabajos precarios y buscando mejores condiciones de vida". El contexto cultural y las redes sociales contribuyen a que se piense la explotación sexual como "una actividad normalizada" y ello supone una "banalización del valor de las personas" y una "banalización del sexo", sostiene Charo Carracedo, portavoz de la Plataforma Estatal por la Abolición de la Prostitución.

 En España, cuatro de cada diez personas están en riesgo de exclusión social severa. El desempleo asciende en los hombres hasta el 11,9% frente al 15,3% de las mujeres. Quienes también en la parcialidad de los contratos se llevan el gordo: el 24% de ellas están ocupadas con jornadas reducidas, frente al 7,3% de la tasa masculina. Unos datos que llevan a pensar que quizás no es sólo la falta de alternativas lo que perpetúa la prostitución sino la falta de alternativas generizadas. 

"Los hombres pueden no tener alternativas, pero no se les pasa por la cabeza. Se trata de una mezcla entre pobreza y desigualdad patriarcal", explica Beatriz Gimeno, feminista y exdirectora del Instituto de las Mujeres. Cuando se habla de prostitución se habla de prostitución femenina porque las personas que la ejercen son mayoritariamente mujeres. "Su exclusión social en sus múltiples variedades es el factor determinante de la prostitución", declara Carracedo. Aunque las cifras son difíciles de conocer, la OIT estima que el 90% de la trata de seres humanos son mujeres y niñas. 

El riesgo de caer en la criminalización de las prostitutas

Un elemento clave en cualquier conversación sobre prostitución es la trata. Ambos fenómenos resultan, por ahora, indisociables. "Nadie lo niega a estas alturas", afirma Gimeno. El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual existe para satisfacer un determinado mercado. En este sentido, las posturas abolicionistas sostienen que, si dicho mercado se termina, también lo haría el tráfico y la trata destinados al mismo.

 "Aunque sólo fuera un 1%, la prioridad es acabar con la trata, pero también hay que garantizar las condiciones de aquellas que no son víctimas", declara Blood, que pone de relieve la importancia de distinguir entre prostitución forzada y voluntaria. En la misma línea habla la secretaria del sindicato OTRAS, Conxa Borrell: "Primero hace falta un buen plan de salidas para quien necesite salir. Pero, para quien no, es importante ofrecer también alternativas".

Ambas denuncian el estigma y el paternalismo con el que se trata a las prostitutas por parte de las instituciones. "No luchan por mejoras laborales o salariales, solo les importa que se extingan", explica Borrell. El desamparo es todavía mayor cuando hablamos de mujeres migrantes. El punitivismo de la llamada Ley Mordaza les enreda en multas infinitas e impagables por prostituirse en la calle que se les van acumulando hasta que terminan por arrastrar una enorme deuda imposible de afrontar que, además, les impide acceder a la nacionalidad española cuando logran reunir el resto de condiciones (demostrar tres años de permanencia en el Estado español y tener un contrato de trabajo de un año). Es un proceso absolutamente viciado que genera un cerco delictivo alrededor de la "trabajadora sexual" que acaba criminalizándola a ella. "Me siento más protegida por mis compañeras que por las instituciones", confiesa Blood.

Desde otra óptica, Carracedo asegura que lo que persigue el modelo abolicionista es generar un marco normativo que reconozca derechos a no estar ahí: "Lo que intentamos es construir sociedades que caminen y busquen un programa igualitario del que tú, cuando quieras, te puedas salir". La Plataforma Estatal por la Abolición pone de relieve la importancia de oír las voces de las supervivientes de la prostitución como modelos reales, como ejemplos de mujeres que han logrado encontrar otras oportunidades.

La Ley de Extranjería otro punto caliente en cualquier perspectiva. "Se está incumpliendo el Tratado de Palermo, que dice que hay que proteger a las victimas de trata. Eso no sucede", afirma Borrell. La normativa prevé eximir de responsabilidad administrativa a las mujeres víctimas de trata en situación irregular, es decir, no expulsarlas siempre y cuando cooperen y colaboren con las autoridades competentes testificando contra sus esclavistas y maltratadores. Una acción que supone una exposición directa de sí mismas y sus familias, quienes en muchas ocasiones dependen de sus ingresos para sobrevivir.

Según el último informe de la asociación In Género, el 39,9% de las prostitutas tienen a una o dos personas dependientes de ellas. Además, establece que la Ley de Extranjería llevó a la prostitución al 76% de las trabajadoras sexuales. "Las personas no pueden ser ilegales ni se las puede tener en un limbo social que no les permita enfrentar la vida con la suficiente dignidad y seguridad. Las mujeres que no tienen absolutamente ninguna otra salida deben ser protegidas y no perseguidas", sentencia Gimeno.

Sobre el estigma y el abandono de las instituciones

Durante el confinamiento, el Gobierno amplió el Plan de Contingencia contra la violencia de género para proteger a "las mujeres en contexto de prostitución sin regularizar" y que pudieran acceder al Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, al subsidio sólo pudieron acceder quienes se declaraban víctimas de trata o tráfico con fines de explotación sexual. Aquellas que no quisieron exponerse o no se encontraban en esa situación siguieron desangeladas. "Declararte víctima de trata puede suponer que los servicios sociales te quiten a tus hijos", explica Borrell.​

Desde OTRAS cuentan que "muchas compañeras" se vieron obligadas a irse a casas de sus clientes durante el confinamiento porque los lugares donde ellas residían habitualmente (hoteles, clubes, prostíbulos) estaban cerrados y no se les ofrecieron alternativas habitacionales. "Esa situación pudo generar situaciones realmente violentas. Nadie ofrece nada a cambio de nada", continúa Borrell. Al no existir ningún marco laboral sobre el que operar, tampoco pudieron acceder a los ERTE ni a la prestación por desempleo. "Tampoco tendrán derecho a una pensión por jubilación en un futuro", dice Borrell.

A lo largo de los últimos tres años, la política institucional ha situado en el centro la necesidad de legislar sobre la prostitución en España para acabar con la vulnerabilidad y la violencia a la que se exponen las "trabajadoras sexuales". Pero todas las políticas públicas que se han sacado adelante han hecho caso omiso de los sujetos políticos a los que iban dirigidas.

Beatriz Gimeno: "Para acabar con la prostitución hace falta dinero"

"El problema es que no se soluciona ni la trata ni la voluntariedad. Y, en ningún caso, se nos da voz y voto", asegura Borrell. Algunas posturas feministas ponen en duda esta forma de actuar al considerar que, dado que las mujeres han sido históricamente sujetos invisibles y silenciados, deben tener al menos la posibilidad de estar presentes en aquellos debates que les interpelen. Se reivindica que se recupere el lado humano de las historias, que no se las trate como factores de negocio, como problemática social, sino como lo que son: mujeres y sujetos con capacidad de decisión.

Por su parte, Carracedo hace hincapié en desplazar la representación social y colectiva hacia otros dos elementos que son esenciales: el proxenetismo y los puteros: "Las prostitutas no son los únicos actores. Hay que actuar sobre la raíz del problema y eso consiste en entender por qué los hombres se creen con el derecho que disponer de las mujeres cuando se les antoja".

"Es exactamente lo mismo que ha ocurrido con la propuesta de ley abolicionista del PSOE", afirma Blood, que sostiene que, si finalmente se promulga, sólo empeorará sus condiciones. "Las cosas no terminan porque se prohíban. La mayoría se verá empujada aún más a la clandestinidad", continúa. En el mismo sentido, Gimeno advierte de que "para acabar con la prostitución hace falta una batería de medidas de muy diverso tipo y, sobre todo, hace falta dinero". La activista y teórica feminista cuestiona que se pueda acabar con las redes de prostitución sin medidas que vayan más allá del Código Penal. "Penalizar la demanda lo veo siempre que haya alternativas reales para las mujeres. Y más que como castigo como un mensaje, una manera de hacer pedagogía social", termina. "             (María Martínez Collado , Público, 04/06/22)

Albert Soler: antes de prometer imposibles como abolir (prohibir suena a poco) la prostitución, haría bien Pedro Sánchez en consultar a un especialista. Servidor de usted... Imagino que abolir la prostitución tiene el mismo objetivo que la Ley Seca en EEUU: prohibir el acceso a los pobres, que los otros ya sabrán donde abastecerse. Esto, hasta que bandas organizadas pongan en funcionamiento burdeles clandestinos... Si de abolir se trata, lo proponemos también para las drogas, los crímenes, el racismo y el hambre, que el éxito será el mismo... le comenté a una profesional si no prefiere cobrar 700 euros al mes para trabajar largas jornadas en un supermercado, en lugar de 3.000 para satisfacer a sus clientes. Su carcajada resuena aún, , la buena mujer pensó que era un chiste... (El sindicato de prostitutas denuncia que la propuesta de abolición dejaría en la calle a 400.000 trabajadoras sexuales)

 "No es por presumir, pero en prostitución, soy un experto. No como usuario, válgame Dios, pero conozco puteros, prostitutas, dueños de prostíbulos y un camarero, es lo que tiene frecuentar ambientes adecuados. O sea que antes de prometer imposibles como abolir (prohibir suena a poco) la prostitución, haría bien Pedro Sánchez en consultar a un especialista. Servidor de usted.

 Imagino que abolir la prostitución tiene el mismo objetivo que la Ley Seca en EEUU: prohibir el acceso a los pobres, que los otros ya sabrán donde abastecerse. Esto, hasta que bandas organizadas pongan en funcionamiento burdeles clandestinos -como hubo destillerias- al alcance de todos los bolsillos. Si de abolir (risas) se trata, lo proponemos también para las drogas, los crímenes, el racismo y el hambre, que el éxito será el mismo. 

La cruda verdad es que incluso la simple prohibición antoja difícil, ya que una siempre se puede anunciar como cuando la UEFA prohibió la reventa de entradas:

 - Vendo boli Bic por 300 euros. Fornicar gratis con el comprador. Visa sí. 

 Poco después de que Sánchez anunciara la idea de abolir (más risas) la prostitución, le comenté a una profesional si no prefiere cobrar 700 euros al mes para trabajar largas jornadas en un supermercado, en lugar de 3.000 para satisfacer a sus clientes cuando le da la gana. Su carcajada resuena aún, la buena mujer pensó que era un chiste. Cuando añadí que sería más pobre pero más honrada, de la risa casi se cae de la silla. Temí que se rompiera un brazo y me exigiera daños y perjuicios por no poder ejercer. (...)

Yo de Pedro Sánchez iría cuidado. No sea que le pase como aquel gobernador del franquismo, que durante la celebración de un congreso eucarístico en Barcelona, ​​prohibió ejercer a las prostitutas. Esto provocó una manifestación de protesta de tales señoritas, que culminó con el nombramiento del gobernador como hijo predilecto del gremio."                 (Albert Soler, Diari de Girona, 19/10/21)

 

"El sindicato de prostitutas denuncia que la propuesta de abolición dejaría en la calle a 400.000 trabajadoras sexuales.

 La presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (Otras), Concha Borrell, ha declarado este lunes en una entrevista a Efe que la aplicación de una futura ley abolicionista dejaría en la calle a 400.000 mujeres que están practicando la prostitución a día de hoy.

La propuesta del PSOE de abolir la prostitución y multar a los clientes abre de nuevo el debate entre los partidos de izquierda y dentro del propio movimiento feminista, donde hay quienes abogan por regular esta práctica para garantizar los derechos de las mujeres y otros que apuestan por su prohibición.

Ha sido una de las noticias que ha dejado el 40 Congreso Federal del PSOE, celebrado este fin de semana en Valencia: el partido del Gobierno quiere aprobar esta legislatura una ley integral para abolir la prostitución.

 Días antes, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ya había planteado la cuestión al debatirse en el pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la ley del solo sí es sí, cuando anunció que los socialistas enmendarían el proyecto presentado por Igualdad para que las medidas de lucha contra la explotación sexual vayan más allá y se orienten a la abolición de la prostitución.

Borrell afirma, sin embargo, que el partido socialista ha dado un paso más allá y va hacia el prohibicionismo: "Mientras el abolicionismo quiere eliminar la práctica pero no se olvida de dar ayudas a las afectadas, al prohibicionismo del PSOE, lo que pase con nosotras mañana le da igual", ha asegurado.

Sancionar la tercera locativa 

La propuesta que más ha llamado la atención es la que sancionaría la tercera locativa, es decir, el lucro por el alquiler de espacios como locales, habitaciones o negocios que se utilicen para la prostitución, y afectaría a todas las trabajadoras sexuales que utilicen clubs o su propia vivienda para trabajar, ya que el alquiler de estos espacios sería ilegal.

En referencia a la trata de mujeres, Borrell ha afirmado que esta se da en numerosos sectores que no hacen contratos a sus trabajadores, como la agricultura, el servicio doméstico o el sector textil, pero que por "cuestiones morales e ideológicas" solo se menciona esta realidad en el ámbito de la prostitución, y no, por ejemplo, en las luchas por sus derechos que llevan a cabo cada año las jornaleras de Huelva.

La presidenta de Otras ha confirmado que preparan un comunicado para "pedir que se escuche a las mujeres contra las que se va a legislar", y se abra un camino hacia la regularización basada en el modelo neozelandés y una reforma de la ley de extranjería."                 (20Minutos, 18/10/21)