Para responder a la problemática del exilio fiscal, el argumento dominante en Francia, que defienden el mundo económico, la derecha y una parte del centro-izquierda, consiste en promover una disminución de la tasa tributaria para las categorías más acaudaladas. Así, tras su elección en 2007, el antiguo presidente Nicolas Sarkozy adoptó el escudo fiscal, un dispositivo tributario según el cual no se pueden gravar los ingresos de un contribuyente más de un 50% (5).
No obstante, existe un mecanismo aplicable y eficaz para poner término a la evasión fiscal legal. Actualmente, la imposición está vinculada al lugar de residencia. Así, un exilado fiscal francés que elige vivir más de seis meses al año en Suiza se convierte automáticamente en contribuyente suizo y se beneficia de su legislación ventajosa. Sucede lo mismo para el francés que se instalase en Luxemburgo, Reino Unido o Bélgica.
Para poner fin a este abuso que priva de importantes recursos al Estado francés, y por consiguiente a los ciudadanos, bastaría simplemente con vincular la imposición a la nacionalidad, y no al lugar de residencia, y aplicar una tasación diferencial. Este dispositivo acabaría automáticamente con esta plaga.
Esta práctica existe en países como Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses instalados en el exterior pagan exactamente los mismos impuestos, conseguidos en cualquier parte del mundo, que sus compatriotas que viven en el territorio nacional.
Para contrarrestar este tipo de delito, el Congreso estadounidense adoptó una ley que permite a toda persona –en particular los empleados de los grandes bancos– que ofrezca información sobre los casos de fraude fiscal conseguir hasta el 30% de las sumas que recupera el Estado.