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24.2.26

Periodistas encarcelados por ICE revelan los horrores del encarcelamiento... El periodista británico Sami Hamdi viajaba por el país con una visa estadounidense válida, cuando fue secuestrado por funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un aeropuerto de California... Hamdi soportó el trauma de estar recluido en múltiples cárceles del ICE... describió haber sido tratado como un subhumano durante su detención por parte de funcionarios de ICE... a él y a otros se les negó el acceso a representación legal y tratamiento médico; la gente tenía que fingir emergencias de vida o muerte para tener la oportunidad de ver a un profesional médico. Hamdi también contó cómo se vio obligado a dormir en celdas sucias y superpobladas, y a consumir alimentos podridos que lo enfermaron violentamente... Liam Conejo Ramos, de 5 años, y otros niños pequeños, supuestamente han sufrido reacciones similares a las causadas por la comida contaminada que se sirve en las instalaciones de ICE... Mario Guevara, un periodista que había residido en Estados Unidos legalmente, fue arrestado mientras cubría una protesta, los funcionarios de ICE lo mantuvieron injustamente en régimen de aislamiento y le negaron el debido proceso. Tras su liberación, Guevara declaró que tuvo que buscar tratamiento de salud mental y empezar a tomar medicación psiquiátrica para tratar episodios de depresión y pesadillas recurrentes... Los relatos de personas detenidas por ICE muestran cómo ser retenido durante meses o incluso años antes de tener la oportunidad de impugnar la detención ante un juez conlleva serios costos personales, financieros y sociales. Pero su experiencia no es nueva. Un número significativo de ciudadanos estadounidenses soportan esto diariamente en todo el país (Jeremy Busby)

 "Durante décadas, los medios corporativos y los funcionarios electos han mostrado poco interés en los informes de personas encarceladas sobre el trato inhumano sin control y las condiciones deplorables dentro de las cárceles, centros de detención y prisiones de EE. UU.

Pero como resultado de la escalada de violencia antiinmigrante y los esfuerzos de la administración Trump por reprimir toda disidencia, los periodistas y escritores profesionales, a quienes normalmente se les restringe severamente el acceso a las instalaciones carcelarias de EE. UU., ahora están experimentando ellos mismos las duras realidades a las que están sometidas diariamente casi 2.1 millones de personas encarceladas en este país.

Inadvertidamente, esta visión interna ha reafirmado lo que los periodistas encarcelados han denunciado durante mucho tiempo: una privación generalizada de las necesidades humanas básicas, la denegación del debido proceso, la negligencia médica y una cultura desenfrenada de crueldad descarada. También ha provocado un nuevo escrutinio de las fuerzas del orden estadounidenses, así como del trato que las agencias penitenciarias públicas y privadas dan a quienes están bajo su control.

El periodista británico Sami Hamdi viajaba por el país con una visa estadounidense válida para una gira de oratoria pública cuando fue secuestrado por funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un aeropuerto de California. La administración Trump revocó la visa de Hamdi en respuesta a una campaña de influencers de redes sociales de extrema derecha a quienes no les gustaron las críticas de Hamdi al genocidio de Israel en Gaza. Durante más de dos semanas, Hamdi soportó el trauma de estar recluido en múltiples cárceles del ICE.

"Se sentía irreal, casi como estar en una película", dijo Hamdi a Truthout en una entrevista reciente.

Hamdi describió haber sido tratado como un subhumano durante su detención por parte de funcionarios de ICE. Además de ser mantenido en grilletes dolorosamente apretados durante días, con sus súplicas para aflojarlos ignoradas, Hamdi dijo que a él y a otros se les negó el acceso a representación legal y tratamiento médico; la gente tenía que fingir emergencias de vida o muerte para tener la oportunidad de ver a un profesional médico.

Hamdi también contó a Truthout cómo se vio obligado a dormir en celdas sucias y superpobladas, y a consumir alimentos podridos que lo enfermaron violentamente. Otros le dijeron que esa experiencia era común para los nuevos detenidos cuyos estómagos no se habían adaptado a sus nuevas dietas. Desde que Hamdi estuvo bajo custodia de ICE, muchos otros, incluyendo Liam Conejo Ramos, de 5 años, y otros niños pequeños, supuestamente han sufrido reacciones similares a las causadas por la comida contaminada que se sirve en las instalaciones de ICE. El caso de Ramos llamó especialmente la atención sobre las condiciones en la cárcel de inmigración de Dilley, pero esas condiciones no son únicas, ni dentro de las cárceles de ICE ni en el sistema carcelario estadounidense en general.

La historia de Hamdi también se asemeja al relato de Mario Guevara, un periodista originario de El Salvador que había residido en Estados Unidos legalmente durante más de 20 años. Arrestado por agentes de la ley locales en Georgia mientras cubría una protesta de "No Kings", ICE lo tomó bajo su custodia. Pasó meses en múltiples cárceles de inmigración antes de ser deportado ilegalmente de regreso al país del que huyó décadas antes por persecución política.

"No sé por qué ICE quiere seguir tratándome como a un criminal", escribió Guevara en una carta al medio de noticias The Bitter Southerner durante su detención. Me duele saber que me han negado todos los privilegios y el derecho a ser libre cuando nunca he cometido ningún delito.

Guevara escribió sobre cómo los funcionarios de ICE lo mantuvieron injustamente en régimen de aislamiento y le negaron el debido proceso. Tras su liberación, Guevara declaró que tuvo que buscar tratamiento de salud mental y empezar a tomar medicación psiquiátrica para tratar episodios de depresión y pesadillas recurrentes.

Luego está el atroz secuestro de Rümeysa Öztürk, estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts. Después de coescribir un artículo de opinión para el periódico de su campus, The Tufts Daily, que reconocía el genocidio en Gaza, Öztürk fue arrestada en la calle por agentes de ICE. El caso de deportación contra Öztürk fue finalmente desestimado a principios de este mes, casi un año después de su secuestro, pero la administración aún podría buscar una revisión de esa decisión.

Durante los siguientes cinco meses, Öztürk, becario Fulbright, fue encadenado y trasladado a cárceles del ICE tan lejanas como Luisiana. Aunque no es periodista de carrera, Öztürk también compartió relatos alarmantes de trato tortuoso durante su detención.

"Nunca podría haber imaginado tal calvario cuando llegué por primera vez a Estados Unidos en 2018 para cursar mis estudios de posgrado, aprender y crecer como académica, y contribuir al campo del desarrollo infantil", escribió Öztürk en un ensayo para Vanity Fair titulado "Dios no puede escucharnos aquí: lo que presencié dentro de una prisión de mujeres del ICE".

Estos horrores no están reservados exclusivamente para no ciudadanos como Hamdi, Guevara y Öztürk, quienes, es importante señalar, tenían visas o permisos de trabajo. Los ciudadanos estadounidenses han sufrido el mismo destino.

Steve Held, periodista con sede en Chicago y cofundador de Unraveled Press, fue detenido por agentes federales fuera de una instalación del ICE mientras informaba sobre una protesta en septiembre. Sus captores aparentemente se dieron cuenta de lo que las autoridades de otros lugares no: cuando encierras a un periodista, es probable que informe lo que ve. Su solución, sin embargo, no fue cambiar sus prácticas, sino tapiar las ventanas de la celda de Held para que no pudiera ver hacia afuera.
Culpable hasta que se demuestre lo contrario

Los relatos de personas detenidas por ICE muestran cómo ser retenido durante meses o incluso años antes de tener la oportunidad de impugnar la detención ante un juez conlleva serios costos personales, financieros y sociales. Pero su experiencia no es nueva. Un número significativo de ciudadanos estadounidenses soportan esto diariamente en todo el país.

Organizaciones de libertades civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles han condenado la práctica de mantener a las personas en detención prolongada antes del juicio. El enfoque de "culpable hasta que se demuestre lo contrario" viola los principios fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos.

Al recordar su arresto, Hamdi dijo: "Un agente me agarró por detrás, me arrojó contra el coche, me esposó fuertemente y me metió en el vehículo. Repetidamente afirmé que no había cometido ningún delito... No me dejaron llamar a mis abogados ni a mi familia. Fue una experiencia muy surrealista.

Según un informe de la Prison Policy Initiative, en 2023, casi el 70 por ciento de la población carcelaria nacional eran detenidos en espera de juicio. Ahora hay decenas de miles de personas detenidas por ICE sin orden de deportación. Al igual que otras cárceles estadounidenses, las cárceles de ICE carecen de programación u oportunidades educativas, limitan el acceso de las personas a la representación legal y proporcionan alimentos y atención médica de baja calidad, mientras encierran a los humanos en condiciones de vida deficientes.

Para colmo, las detenciones previas al juicio y a la deportación inducen la pérdida de salarios, la desestabilización de las estructuras familiares, complicaciones de salud física y mental, y los innumerables efectos adversos de ser tratado como un criminal, como declararse culpable de un delito o aceptar la deportación a pesar de supuestamente tener la ley de su lado. La falta de debido proceso combinada con el trato inhumano socava su moral. "Todos estábamos perdiendo la esperanza y partes de lo que somos", escribió Öztürk.

"La carga de estar confinados en interiores y aislados de nuestras vidas cotidianas fue pesada para todos", añadió. "Pasó factura al crecimiento, a las perspectivas profesionales, a los sueños y a nuestro bienestar".

Hamdi describió cómo un anciano de Uzbekistán que había sido destrozado por 13 meses de detención por parte de ICE le confió que estaba listo para ofrecerse como voluntario para la deportación a su empobrecido país, a pesar de saber que podría ganar su caso en los tribunales.

"Puedes tener este país", dijo Hamdi que confesó el hombre uzbeko.
No podemos respirar

Al comienzo de un documental de ABC News llamado No Way Out sobre la fallida respuesta de las prisiones de Texas a la pandemia de COVID-19 (donde he pasado casi tres décadas), se me puede oír decir: "¡No podemos respirar!".

Esas palabras no eran mera hipérbole. Describieron las condiciones de vida asfixiantemente inhumanas y la crueldad descarada dentro de las prisiones de Texas.

Mi clamor fue producto de ver morir a personas sanas en números récord por negligencia médica después de contraer el virus COVID-19; de presenciar suicidio tras suicidio porque se les negaba el acceso a la salud mental a las personas encarceladas; de hacer súplicas de ayuda sin respuesta porque se nos negaban necesidades humanas básicas como papel higiénico, jabón y desodorante; de consumir alimentos incomibles e insalubres día tras día.

Ese documental no logró impulsar ningún cambio significativo en el sistema penitenciario de Texas. Los suicidios y homicidios solo han aumentado anualmente. Las personas encarceladas siguen muriendo o sufriendo problemas de salud de por vida debido a la falta de acceso a servicios adecuados de salud mental y médicos. Se han implementado nuevas reglas punitivas que interrumpen la comunicación con seres queridos y destruyen los lazos familiares saludables. La comida sigue siendo repugnante y las mentalidades de los guardias de la prisión son tan duras como siempre. La gente se muere por salir, literalmente.

"Hace una década, dos asesinatos, una presunta sobredosis de drogas y un suicidio en una sola prisión en menos de dos semanas habrían sido impensables", escribió la periodista de investigación Keri Blakinger para el Houston Chronicle en septiembre sobre los acontecimientos en una prisión de Livingston, Texas.

Esas mismas condiciones que alimentan la crisis en Texas existen en prisiones y cárceles de todo el país, incluidas las instalaciones de ICE.

Öztürk escribió que la gente llegó "en relativa buena salud, pero sus condiciones se deterioraron día a día debido al acceso inadecuado a la atención médica, alimentos nutritivos, sueño, luz solar y aire fresco".

Los agentes federales ni siquiera brindan tratamiento a los periodistas a los que disparan, como al reportero de TikTok de Los Ángeles, Carlitos Ricardo Parias. Los cargos de que Parias embistió su vehículo contra el coche de un oficial de inmigración antes del tiroteo en junio pasado fueron desestimados posteriormente porque la versión del gobierno no era creíble. Pero su abogado le dijo a un juez que se le negó medicación para el dolor por sus heridas durante horas. Adam Rose de la Fundación para la Libertad de Prensa (quien también es el presidente de derechos de prensa del Club de Prensa de Los Ángeles) dice que Parias necesitaba morfina pero se le negó incluso ibuprofeno, y el abandono continuó incluso después de que un juez ordenara tratamiento.

Hamdi describió cómo los funcionarios de ICE deshumanizaban a las personas detenidas hasta el punto de que algunas tenían que tomar medicamentos para la salud mental solo para sobrevivir. "Respirar dentro del centro de detención era difícil, tanto simbólica como físicamente", expresó Öztürk en su ensayo.
La Gran y Hermosa Mentira

La pregunta molesta ahora es por qué, como nación, Estados Unidos permite que existan tales modelos de crueldad.

Una teoría es el fenómeno llamado "pánicos morales". Los pánicos morales ocurren cuando figuras de autoridad, incluidos miembros de las fuerzas del orden y políticos, seleccionan un puñado de anécdotas verdaderas sobre un tipo particular de comportamiento de un grupo particular de personas y trabajan con los medios para crear un frenesí en toda la sociedad.

Por ejemplo, durante la administración Biden, personalidades de medios de extrema derecha y medios tradicionales centraron su cobertura en incidentes aislados de inmigrantes indocumentados que cometían crímenes horribles, creando una narrativa engañosa de que los inmigrantes indocumentados eran los únicos responsables de la delincuencia en Estados Unidos.

A pesar de la aparente cantidad ilimitada de datos para refutar esta noción, esta narrativa falsa se convirtió en una piedra angular para la campaña presidencial de Donald Trump y lo impulsó de regreso a la Oficina Oval.

Después de su elección, el presidente Trump y sus representantes siguen difundiendo la misma falsedad con la ayuda de los medios de comunicación. Llamaron a los inmigrantes indocumentados asesinos, violadores, miembros violentos de pandillas y traficantes de drogas que debían ser expulsados del país a toda costa.

Esa gran y hermosa mentira llevó a la creación y aprobación del primer logro legislativo de Trump, el Gran y Hermoso Proyecto de Ley (BBB).

En lugar de asignar fondos para ayudar a las personas que luchan por obtener necesidades básicas como vivienda, alimentos y atención médica, el BBB destinó la cifra récord de 170 mil millones de dólares a criminalizar a los inmigrantes. Cuarenta y cinco mil millones se reservan exclusivamente para construir más cárceles de inmigración. Esta legislación aumentó el presupuesto de ICE en un 265 por ciento y su capacidad de camas de 40,000 a 160,000. Según The Marshall Project, el 85 por ciento de las camas actuales y futuras se alojarán en prisiones privadas, que un informe de 2026 de la Prison Policy Initiative reveló que recaudan 2.4 mil millones de dólares anuales de dinero de los contribuyentes.

Estas pánico morales también sirven para generar consentimiento para algo más siniestro: la criminalización, el proceso por el cual las poblaciones son consideradas indignas de sus derechos y merecedoras de castigo. El Estado utiliza la criminalización para desviar su responsabilidad por los problemas sociales que causa —crisis económica, pobreza, desplazamiento, guerra— hacia poblaciones que a menudo son víctimas de las políticas estatales, y para justificar los daños de la vigilancia y el encarcelamiento.

La presentación de los inmigrantes indocumentados como criminales ha permitido a los agentes de ICE desatar tácticas violentas sin precedentes contra todos los inmigrantes, o simples visitantes del extranjero, incluidos periodistas como Hamdi.

Se le debe recordar al público estadounidense que esta es la misma estrategia retórica utilizada por la fallida "guerra contra las drogas" de las administraciones Reagan y Bush y la farsa de los "superdepredadores" para demonizar a los jóvenes negros perpetuada por los Clinton.

Estas administraciones contribuyeron a que Estados Unidos se convirtiera en el líder mundial en encarcelar a sus propios ciudadanos y resultaron en la desensibilización general del público sobre cómo se trata a los humanos enjaulados. Ahora, más periodistas lo están viendo por sí mismos.
Queremos ser vistos como humanos de nuevo

El enfoque de la administración Trump para sofocar la disidencia con fuerza bruta es un territorio inexplorado, pero el trato inhumano de quienes están bajo custodia estadounidense es rutinario.

Por eso, como periodista encarcelado que ha dedicado los últimos 20 años a intentar educar a la sociedad sobre la cultura de crueldad desenfrenada que existe dentro de estos muros de las cárceles, centros de detención y prisiones de la nación, me siento alentado por la asistencia que estas dignas causas están recibiendo de mis colegas como Hamdi, Guevara, Held y Öztürk, y por los medios de comunicación que están proporcionando espacio para estas historias. Como dijo Öztürk, todo lo que queremos es "ser vistos como humanos de nuevo".

Lo que está sucediendo dentro de estos lugares no solo debería alarmar a la sociedad en su conjunto, sino que debería movilizarnos a la acción, especialmente a aquellos que quieren promover la causa de la liberación. Eso incluye unirse y apoyar a organizaciones de libertades civiles, grupos de ayuda mutua liderados por presos, campañas contra la construcción y expansión de cárceles, grupos de apoyo legal y medios de comunicación como la organización sin fines de lucro que fundé para empoderar a los periodistas encarcelados y destacar su trabajo, JoinJeremy.

"Saben que está mal", dijo Hamdi a la Fundación para la Libertad de Prensa durante un evento en línea en noviembre. Saben que si el público estadounidense se entera de la realidad de lo que está sucediendo, el ICE será desmantelado en un instante.

Hamdi puede que nos haya sobreestimado. Las condiciones en Dilley han sido ampliamente reportadas últimamente, pero hasta ahora no ha habido desmantelamiento. En cambio, la administración planea expandir la capacidad de ICE para albergar a personas. Esperemos que los talentosos escritores que ahora conocen de primera mano los horrores que traerá la expansión puedan ayudar a persuadir al público para que finalmente reconozca las injusticias actualmente ejemplificadas por las cárceles de ICE, pero igualmente prevalentes en todas las instituciones carcelarias." 

( , truthout, 20/02/26, traducción Quillbot, enlaces en el original) 

12.11.25

La congresista Yassamin Ansari, de Arizona, describió las terribles condiciones que presenció en el Centro de Detención del ICE en Eloy, incluyendo el caso de un paciente con leucemia que vomitaba sangre, quien fue detenido en febrero y obligado a esperar ocho meses antes de poder ver a un oncólogo. También detalló cómo los gigantes de las prisiones privadas CoreCivic y The GEO Group están “ganando miles de millones” mientras a los detenidos se les niega agua, atención médica y dignidad. “Lo que sucede dentro de estas prisiones con fines de lucro es la imagen que el mundo tiene ahora de Estados Unidos” (Drop Site News)

 "(...)  La congresista Yassamin Ansari, de Arizona, describió las terribles condiciones que presenció en el Centro de Detención del ICE en Eloy, incluyendo el caso de un paciente con leucemia que vomitaba sangre, quien fue detenido en febrero y obligado a esperar ocho meses antes de poder ver a un oncólogo. También detalló cómo los gigantes de las prisiones privadas CoreCivic y The GEO Group están “ganando miles de millones” mientras a los detenidos se les niega agua, atención médica y dignidad. “Lo que sucede dentro de estas prisiones con fines de lucro es la imagen que el mundo tiene ahora de [EE. UU.]”, concluyó. (...)"

(Drop Site news, 11/11/25, traducción google) 

13.11.20

Florentino Pérez también saca tajada del negocio migratorio...

 "La Industria del Control Migratorio (ICM) es un conglomerado de empresas que hace negocio con las políticas migratorias y se financia por completo con dinero público. En España, una de sus grandes beneficiarias es Clece, filial de ACS, empresa presidida por Florentino Pérez y con un repertorio de productos y servicios diversificado. 

ACS entra de lleno en dos de los negocios más lucrativos de la ICM: los perímetros fronterizos, el sector que genera más gasto público, y la detención y expulsión de migrantes, en el que la empresa provee servicios de seguridad y gestión. 

Entre 2014 y 2019, el gobierno de España adjudicó a Clece más de 5,5 millones de euros por los servicios de alimentación, limpieza y vigilancia interna de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, según se extrae de los más de 1.700 contratos públicos del ámbito migratorio analizados por la Fundación por Causa.

Ni Clece ni el Ministerio del Interior, principal responsable de estos centros, responden para aclarar cuántos contratos públicos para control migratorio fueron adjudicados a esta empresa en total. A esta falta de transparencia se suma el veto del Gobierno al acceso de los periodistas a estos centros de detención de migrantes, que han sido objeto de múltiples denuncias por malos tratos, hacinamiento e insalubridad.

Clece tuvo unos ingresos 1.504 millones de euros en 2018 y tiene su mira puesta sobre todo en Portugal y Reino Unido, donde su negocio creció por encima del 15% ese año, según sus últimas cuentas de resultados. Sus principales intereses están hoy lejos de Ceuta y Melilla, aunque estos durante años fueron lo suficientemente poderosos como para que la empresa ingresara dinero regularmente por trabajar en los CETI, lugares cuyas condiciones de vida han denunciado instituciones como el Defensor del Pueblo o el Consejo de Europa en reiteradas ocasiones.

«Los responsables del centro han admitido que las instalaciones no reúnen las condiciones para el aumento de población«, asegura Amnistía Internacional en un informe de 2016 que describe la vida en los CETI y que denuncia “las condiciones de hacinamiento y suciedad en la que debían vivir las personas que allí se encontraban, así como las pobres condiciones higiénicas y sanitarias existentes». 

Un año antes, Clece ya había recibido 894.975 euros (impuestos incluidos) adjudicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a cambio del servicio de limpieza en el CETI de Melilla en 2015. Al año siguiente repitió, siéndole adjudicados 767.855 euros por la mismas labores, pero esta vez al CETI de Melilla se añadió el de Ceuta. 

Cuando el Estado subcontrata a una empresa como Clece para gestionar residencias de ancianos, centros de menores o centros de detención de migrantes, la fórmula habitual es adjudicar a una misma compañía la gestión integral del centro: limpieza, seguridad, alimentación… El caso de Clece es distinto. La empresa realiza todas estas tareas en los CETI a través de contratos separados y de menor cuantía.

Ese mismo año, por ejemplo, percibió 83.767 euros a cambio de encargarse también del servicio médico de atención primaria del CETI de Melilla, del que Amnistía Internacional afirmó: «Recibimos quejas, en todas las visitas realizadas, sobre la asistencia sanitaria que se prestaba dentro del CETI. […] Otro solicitante de asilo contó a Amnistía Internacional: “No nos dan medicinas, el médico viene cuatro horas al día, pero hay días que no viene. No nos mira, solo nos hace algunas preguntas”. 

En el mismo informe, un solicitante de asilo de nacionalidad siria contó: “Muchos niños tienen piojos, sufren enfermedades de la piel, dermatitis, picores». La empresa no responde a ninguna de las preguntas formuladas desde por Causa acerca de esta denuncia, y tampoco aclara qué medidas aplica para evitar la vulneración de derechos de los internos en los CETI.

Clece tampoco responde sobre la seguridad de estos centros, tarea de la que se encargó tras recibir casi 1,5 millones de euros en 2015. Esto decía la representante en España de ACNUR, Francesca Friz-Prguda, sobre la cuestión en 2016: “Los CETI no ofrecen ni lo más básico, que son las mantas. Están pensados para hombres jóvenes trabajadores, no mujeres y niños traumatizados”. Amnistía también aborda el tema en su informe: «Zayed (nombre ficticio), de 23 años, viajaba solo. Dormía en una tienda de campaña. Manifestó estar preocupado por su seguridad: ‘Nos marchamos de la violencia y seguimos encontrando violencia. Hay gente aquí que tenía salida y les han robado por el camino. Hay unas 20 personas a las que han robado’”.

En los últimos años, mientras Clece siguió recibiendo adjudicaciones públicas, como la recogida y el transporte de mercancías del CETI de Ceuta (tarea por la que percibió más de 160.000 euros en 2018), la vida en estos recintos no ha hecho sino empeorar, especialmente tras la llegada de la pandemia. “Hubo meses en que el centro se cerró y la gente no podía salir ni a por tabaco. El personal de seguridad ha requisado móviles de chicos que grabaron la situación. La vulneración de derechos es constante”, relatan Nina González y María Guillamet, trabajadoras de Solidary Wheels, una de las ONG que trabaja sobre el terreno."                  (David Vázquez, yoibextigo, 27/10/20)

14.11.16

Los grandes detractores de la legalización de la marihuana son las empresas que gestionan cárceles… porque la guerra contra la droga y las deportaciones dan muchos beneficios a las empresas penitenciarias, que se enriquecen con el encarcelamiento masivo de gente

"(...) Los grandes detractores de la legalización de la marihuana son las empresas que gestionan cárceles…
 
Las empresas de defensa y tecnología forman parte de una industria que rentabilizó la Guerra Fría y el estado de guerra permanente que ha vivido Estados Unidos desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Ahora se hace lo mismo con la seguridad interna, el estado penitenciario y la militarización de la frontera.

 La guerra contra la droga y las deportaciones dan muchos beneficios a las empresas penitenciarias, que se enriquecen con el encarcelamiento masivo de gente; la mayoría, pobres afroamericanos e hispanos. O indocumentados que esperan a ser deportados a su país. El pastel se lo reparten sobre todo dos grandes empresas que cotizan en bolsa. 

Por cada cama ocupada en sus cárceles cobran al Estado y llegan a venderlas como habitaciones de hotel o como si fueran empresas inmobiliarias en los informes que elaboran. Y en realidad en muchas de esas cárceles hay condiciones inhumanas. De ahí las guerras contra la droga y contra los indocumentados. 

O la obsesión con proteger la frontera… Las empresas de cárceles, tecnología y seguridad, entre muchas otras, financian a los partidos y tienen lobbies muy potentes en Washington que consiguen legislación favorable a sus intereses económicos de los miembros del Capitolio. Es el negocio perfecto en la ‘dolarocracia’.

Pero las cosas empiezan a cambiar en algunos estados…
 
Hemos llegado a un punto de inflexión en los últimos años hay estados que han despenalizado la marihuana, han caído las deportaciones y se han dejado de construir cárceles privadas en California… y empieza a haber críticas a este modelo. 

California es ahora muy progresista y ha reducido el número de presos de forma radical. Sobre todo en delitos menores como posesión de drogas. Además, en noviembre se votará sobre la despenalización de la marihuana o techos en los precios de algunos fármacos. (...)"                 (Entrevista a Andy Robinson, Iñaki Pardo Torregrosa , La Vanguardia, en Rebelión, 24/10/16)

16.3.14

El “complejo industrial carcelario” norteamericano

"(...) La mayor empresa de cárceles en Estados Unidos, Corrections Corporation of America (CCA), fue también la primera de esta innovadora industria.

Creada en 1983, fue ideada por Jack Massey, el mismo hombre que a fines de los años 60 fundó Hospital Corporation of America, hoy la mayor empresa de hospitales y centros de cirugía privados de Estados Unidos.

Al año siguiente, Wackenhut Corrections Corporation apareció en el mercado, una empresa que más tarde sería comprada por el Grupo Geo, la segunda compañía más grande del complejo industrial.

“La industria surgió en un contexto dominado por la mentalidad conservadora de la época de Ronald Reagan y por políticas de mano dura, que crearon la suficiente demanda para convencer a un grupo de inversionistas de que existía una oportunidad empresarial”, explicó a Télam Donald Cohen, director ejecutivo de la organización In the Public Interest.
Según relató por teléfono desde su oficina en Washington, las empresas comenzaron construyendo “cárceles especulativas”, es decir que lo hacían pese a no tener contratos con los gobiernos locales o estaduales.

Las primeras cárceles fueron construidas en pueblos pequeños y pobres con la promesa de garantizar empleos, aumentar la recaudación y abaratar los costos que provocaba la creciente población carcelaria a los gobiernos.

Cumplían las mismas reglamentaciones que las prisiones públicas y una vez en funcionamiento estaban bajo el control de los mismos entes gubernamentales, pero, como toda empresa, su objetivo último era el lucro.

Según Cohen, desde el principio la expansión de esta industria se basó en el “cortejo a los funcionarios”.

Primero fueron los municipios, luego los gobiernos de los estados, principalmente en el sur del país, cerca de la frontera con México, y finalmente, con la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca, el Estado nacional.

Clinton endureció aún más la política criminal del país, pero fue su compromiso con el fin de “la era del gran Estado” la que redujo dramáticamente la burocracia pública y abrió la puerta a que el Departamento de Justicia comenzara a contratar cárceles privadas para decenas de miles de inmigrantes indocumentados y criminales.

“Para mediados de los 90, CCA era una de las empresas que mejor cotizaba en Wall Street”, destacó Judy Green, directora de la organización Justice Strategies, una organización especializada en política criminal con base en Brooklyn, Nueva York.

Pero el mayor boom para el incipiente complejo industrial carcelario llegó después de la declaración de la “guerra contra el terrorismo” en 2001 y, especialmente, con la política para frenar la inmigración del segundo mandato del republicano George W. Bush.

Para fines de 2010 el complejo industrial carcelario concentraba el 8% de los presos en los sistemas federal y estadual, y se había instalado con distinta fuerza en 30 de los 50 estados del país, según la Oficina de Estadísticas de Justicia estadounidense. (...)

El porcentaje parece pequeño, pero lo que llama la atención es el ritmo al que creció la industria en relación al aumento de personas detenidas en el país.

Entre 1999 y 2010, la población carcelaria en Estados Unidos creció un 18%, pero el número de presos en cárceles federales y estaduales privadas aumentó alrededor de un 80%.

CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91.000 presos, mientras que el Grupo Geo tiene 65 prisiones y puede albergar más de 65.700 detenidos. Sus ganancias anuales en 2011 fueron de 1.700 millones y 1.600 millones de dólares, respectivamente.

A nivel federal este crecimiento se basó en la privatización de gran parte del sistema de detención de inmigrantes indocumentados, mientras que a nivel de los estados se consiguió gracias al “cortejo” de las autoridades locales, que permitió la firma de contratos poco convencionales.

Un informe de 2012 de In the Public Interest analizó 62 contratos de empresas de cárceles con gobiernos estaduales y reveló que más del 65% contiene cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80 hasta el 100% de “las camas”, incluso si la tasa de criminalidad disminuye.

Por ejemplo, en Colorado, el número de crímenes se redujo en un tercio en la última década y eso permitió el cierre de cinco cárceles públicas desde 2009.
Originalmente, el gobierno de Colorado había defendido la firma de contratos con prisiones privadas argumentando que el sistema carcelario público estaba desbordado.

Sin embargo, en 2012 y tras el cierre de cinco prisiones, el gobierno local firmó un acuerdo con CCA para garantizar durante 2013 al menos 3.300 presos en las tres cárceles que la empresa tiene en ese estado, con un costo anual de 20.000 dólares por preso.
Como el complejo industrial militar, la industria carcelaria adquirió sus dones de negociación a fuerza de millones de dólares invertidos en lobby y consiguió parte de su influencia gracias al grupo ALEC (Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense). (...)

Medios estadounidenses, entre ellos el diario The New York Times y la revista The Nation, vincularon a ALEC con leyes de mano dura, como la que permite a los ciudadanos disparar cuando sienten que su vida está en peligro, y las principales normas que permitieron la privatización del sistema penitenciario.

“Las empresas de cárceles no crearon las leyes, pero ayudaron a que sean aprobadas… y tiene sentido. Si cotizás en Wall Street, tenés que crecer. Y para que tus acciones suban, tu mercado tiene que agrandarse”, sintetizó Judy Green.
Los últimos 30 años demostraron que la única forma que tiene el complejo industrial carcelario de aumentar su mercado es con políticas criminales más duras."         (Rebelión, 03/03/2014)

23.1.14

El sucio negocio de las cárceles privadas en Estados Unidos... y caro

"La tasa de crímenes se ha reducido un tercio en Colorado en los últimos 10 años, lo que ha provocado que desde 2009 este estado de Estados Unidos haya cerrado cinco de sus cárceles; pero paradójicamente las prisiones privadas están cada vez más llenas.

 El motivo es que disponen de una cuota mínima de ocupación acordada con el Gobierno estatal, que, con tal de garantizarla, se vio obligado hace unos meses a trasladar a 3.330 reclusos de las instalaciones públicas, que tenían camas vacías, a las privadas. El de Colorado no es, sin embargo, un caso aislado.

 Se repite en otras zonas del país y revela los entresijos detrás del auge de la privatización carcelaria en EE UU, así como la perversa disputa entre el interés público de rehabilitar a los presos y reducir la población carcelaria, y el objetivo inherente a toda empresa de maximizar sus beneficios. (...)

La privatización de las cárceles no ha cesado de crecer desde los años 80, cuando nació el primer operador, pero ha sido en la última década cuando se ha disparado con vigor. Entre 1999 y 2010, el número de reclusos en prisiones privadas aumentó un 80%, muy por encima del 18% que registró el conjunto de la población carcelaria, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

 Takei tiene muy claras las causas de este fenómeno: “EE UU vive una epidemia de encarcelación masiva. Entre 1970 y 2010, la cifra de presos creció un 700% y eso ha impulsado a las compañías privadas”, esgrime. (...)

Sin embargo, el documento del ITPI considera “ilusorio” pensar que las cuotas mínimas de ocupación de las cárceles acaben beneficiando a los contribuyentes. La entidad asegura que, por ejemplo, en Arizona las prisiones privadas han acabado costando 33 céntimos más al día por recluso que las públicas, mientras que en Colorado el traslado de los 3.330 presos para cumplir la base mínima ha acarreado una factura de dos millones de dólares. (...)

Como es previsible el auge privatizador ha engrosado las cuentas de resultados de CCA y del otro gigante del sector, Geo Group. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2013 CCA registró un beneficio neto de 51,8 millones de dólares en comparación con los 42,3 millones del mismo periodo del año anterior. 

Ambos grupos cotizan en bolsa y su elevada rentabilidad ha atraído a grandes entidades financieras y bancos a invertir en ellas, según explica el activista Takei. En sus informes públicos, las compañías admiten que el aumento de la población carcelaria repercute positivamente en sus resultados, y que, en cambio, pueden suponer riesgos para sus negocios que se relajen los procedimientos de detención de inmigrantes y las leyes que rigen la duración de las penas.

En este sentido, según el informe de In the Public Interest, tanto CCA como Geo Group hacen intensamente lobby para tratar de que endurezcan las leyes con el objetivo último de aumentar —o como mínimo mantener— la población carcelaria. La primera destinó 17,4 millones de dólares en influenciar a políticos entre 2002 y 2012, mientras que la segunda gastó bastante menos (2,5 millones) entre 2004 y 2012, según datos del Center for Responsive Politics, una entidad civil. 

En paralelo, también hicieron generosas donaciones a las campañas de líderes políticos clave: entre 2003 y 2012, CCA destinó 1,9 millones, mientras que Geo Group 2,9 millones.

“Mantienen relaciones muy desarrolladas con las autoridades políticas para tratar de obtener más contratos”, apunta, por su parte, Shar Habibi, directora del departamento de investigación de ITPI. Y, en paralelo, en busca del mayor beneficio empresarial, ambas compañías intentan reducir al máximo los “costes operativos” de sus prisiones para convertir en ganancia las aportaciones que reciben de los gobiernos.

 Esto se traduce, critica, en tener el personal estrictamente necesario o ahorrar en mantenimiento de las instalaciones, seguridad y sueldos, lo que suele derivar en contratar a trabajadores sin la cualificación necesaria. Y todo ello puede generar un cóctel explosivo que, en algunos casos, ha desencadenado en malos tratos a los presos, un aumento de la conflictividad o incluso en fugas de reclusos. (...)

Habibi asegura que, en general, los estados mantienen una severa supervisión de las condiciones de las prisiones privadas, pero que, cuando ésta se relaja o deja de ser regular, los operadores privados tienden a tratar de gestionar las cárceles “por debajo de los estándares” con tal de rebajar aún más sus costes.

 Y en algunos casos la situación se les acaba yendo de las manos, como acaba de pasar en una prisión de CCA en el estado de Idaho. A principios de enero, las autoridades anunciaron que iban a retirarle la concesión después de múltiples denuncias de violencia y negligencias de los trabajadores. CCA reconoció el año pasado que falsificó los informes que proporcionó al Gobierno sobre la jornada laboral de sus empleados al notificar que estaban trabajando en momentos en que en realidad sus puestos estaban completamente vacantes.

 No se trata de un episodio aislado, pues el informe del ITPI incluye ejemplos muy parecidos en otras cárceles del país. Y en casos como el de Idaho el rescate público acaba disparando el presupuesto de gestión de la prisión y son los contribuyentes los que pagan los platos rotos.(...)"                     (El País, 23/01/2014)